Estimados lectores:
Damos la bienvenida al primer número de la Revista icade, publicada por la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Este número que presentamos como 109 surge tras cerrar una fructífera etapa multidisciplinar, tal como lo demuestra el centenar de números que nos preceden, donde la revista fue fruto de la estrecha colaboración entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Derecho. Gracias a todas las personas que desde 1984 se han encargado de la misma (equipos de dirección, consejos de redacción, consejos académicos) hoy hemos llegado hasta aquí. En tiempos de tanta incertidumbre como los vividos con la actual crisis del COVID-19, la investigación científica se convierte en una referencia para contribuir a la construcción de la sociedad. La revista que hoy presentamos pretende ser un espacio que aliente la reflexión en el ámbito jurídico. No obstante, la decidida vocación interdisciplinar que nos anima permitirá que en su contenido se aborden distintos temas relacionados con el mundo del Derecho, planteando aspectos novedosos, en diálogo con otras disciplinas y poniendo especial atención a los problemas éticos suscitados en este ámbito.
Este número de la nueva época de la Revista icade, arranca con cambios que apuestan por incrementar su impacto. No solo se continúa con la publicación en abierto, como ya ocurrió en los números de 2018 (y en todo el histórico que está disponible desde el número 61 en la web https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/issue/archive), sino que a partir de este número los artículos podrán consultarse en formato PDF y en formato XML, lo que facilitará la búsqueda de las materias a través de los distintos buscadores de internet. Además, la periodicidad de la revista pasa a ser semestral. Precisamente el hecho de publicarse online nos permite disponer de flexibilidad a la hora de publicar los artículos según nos lleguen, y que tras la revisión ciega por pares, sean aceptados para su publicación. Aunque en el presente número el lector encontrará artículos de distintas temáticas (todos ellos relacionados con la actualidad y la innovación que precisa el mundo en el que vivimos), habrá otros números monográficos centrados en un tema. De hecho, ya hemos lanzado el call for papers del número 110 sobre el COVID-19: Challenges for Bussiness Law.
Quien se acerque a leer y consultar este número 109 encontrará referencias a los cambios jurídicos que observa un mundo en constante transformación en todos los aspectos de la vida social. La versatilidad del Derecho se comprueba de nuevo en su capacidad de ordenar la convivencia social, pese a sus múltiples limitaciones.
El ciberespacio es el lugar más poblado del planeta. En ese entorno sin fronteras difícilmente encajan las categorías jurídicas tradicionales. La interdependencia generada por la vida digital supone nuevos retos, además de la aparición de riesgos y amenazas. Sin fronteras físicas, la ausencia de soberanía y jurisdicción de los Estados obliga a reflexionar sobre la futura regulación. La actual normativa se muestra claramente insuficiente y, a pesar de que el Estado lleva a cabo una actividad cada vez más intensa en esa dimensión, todavía se desenvuelve mal en ella. A esta cuestión responde el artículo de Francisco Martínez Vázquez, “Ciberseguridad y Estado autonómico”, que aborda la delimitación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de ciberseguridad, tomando como eje la respuesta del Tribunal Constitucional en la sentencia 142/2018, de 20 de diciembre, a la creación de la llamada Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. La ciberseguridad aparece estrechamente ligada al concepto de seguridad nacional. El Tribunal Constitucional vincula las políticas públicas sobre ciberseguridad con las competencias sobre régimen general de las telecomunicaciones y concluye que la gran complejidad de la protección del ciberespacio impide la delimitación excluyente de competencias. Por el contrario, se precisa la convivencia de funciones y políticas públicas de distinto alcance territorial. En este contexto las estructuras autonómicas se circunscriben a proteger la seguridad de las infraestructuras y redes de la Administración autonómica.
Con propuestas de lege ferenda, y en un ámbito regional europeo, se abordan las consecuencias de la automatización en el empleo y, por lo tanto, en el bienestar de los ciudadanos. Máximo Plo Seco aborda en su artículo “A contribution to a European Strategy for the Well-Being of Citizens in the Face of Automation” un tema fundamental en todas las épocas en las que se vive una transformación de los medios de producción. La tecnología se hace omnipresente en la vida cotidiana y en el desempeño de la mayor parte de las tareas. La combinación de inteligencia artificial, robótica y big data alteran el panorama laboral y fuerzan una revisión de las normativas y políticas aplicadas hasta el momento. La necesidad de adaptación se hace más acuciante ante el panorama que la crisis de la COVID-19 ha sacado a la luz. ¿Cómo influirá la tecnología en el empleo? A una pregunta tan amplia, directa y aparentemente simple, intenta aportar alguna respuesta el autor. Para ello realiza en primer lugar un análisis de los diferentes factores implicados. Observa entonces el impacto asimétrico que la automatización tendrá en las personas con diferentes niveles de educación. Preocupado por el consiguiente aumento de las desigualdades, pues un porcentaje significativo de trabajadores se verá desplazado fuera del mercado laboral, hay que aportar posibles salidas desde un punto de vista normativo, en particular por lo que refiere a la protección social y la educación.
En un estilo directo, desde una perspectiva internacional y con un amplio estudio de la jurisprudencia española, Luis Lafont Nicuesa —“La prueba financiera en la jurisprudencia sobre el delito de trata de personas”— afronta la lucha contra la trata de seres humanos desde una estrategia que se hace eco de las propuestas de Naciones Unidas: arruinar a la trata, convertir en ruinoso un negocio lucrativo. La trata de personas es también un proceso comercial y, en cierto modo, se comporta como una empresa. Por lo tanto, lleva un registro de su actividad que es susceptible de convertirse en una prueba en un proceso de persecución contra este delito. ¿Cómo lograrlo? El autor deja la impronta de su visión como Fiscal de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado y recurre a la investigación financiera y patrimonial para un fin último concreto: quitar el dinero a los tratantes y revertirlo en las víctimas. La prueba financiera sirve para reforzar la declaración de la víctima y pone de manifiesto otros delitos diferentes a la trata (contra la Hacienda Pública, de blanqueo). Las dificultades de este análisis surgen desde un primer momento. Así, a la confusión que provoca la íntima relación con la inmigración en situación irregular y con la prostitución, se une la necesidad de una estrecha cooperación internacional para tener acceso a las estructuras financieras de las redes de trata.
Rafael Bernad Mainar se adentrar en el pensamiento de Joaquín Costa en “La utilidad y la justicia según Joaquín Costa, una visión anticipada del Análisis Económico del Derecho (AED)” y consigue transmitirnos las ventajas del enfoque histórico en un intento de mirar hacia delante. Una figura histórica española del siglo XIX tan relevante nos permite reflexionar sobre los vínculos entre el Derecho y la Economía. Joaquín Costa surge como un personaje polifacético, con un interesante recorrido vital, dedicado a diferentes disciplinas; de esa dedicación extrae una visión amplia que le permite avanzar en el Derecho y la Economía. El autor aporta los elementos de juicio precisos para conectar la obra de Joaquín Costa con el Análisis Económico del Derecho. Desde ese enfoque actual, el Derecho sería un elemento central en el proyecto de reforma económica para un nuevo Estado regeneracionista. El Derecho se deslinda de la religión y de la moral y enlaza con la noción de utilidad. Así, no hay Derecho sin prestación de medios útiles para satisfacer una necesidad y cumplir con una finalidad. Joaquín Costa, visionario, alerta ya de un posible conflicto entre justicia y utilidad en los problemas más acuciantes de su época. Algunos de esos problemas siguen vigentes hoy en día: desde la agricultura, al cuidado de la salud en la vejez y en las enfermedades incurables, la infancia, la discapacidad o el sistema penal.
Por último, Fernanda Valencia Rincón se suma en “Derechos animales, solidaridad y derechos emergentes” a la propuesta que reivindica la protección de derechos de los animales no humanos. Estos siguen invisibilizados en los procesos de reconocimiento de derechos, que abordan la materia desde un enfoque limitado y antropocéntrico. Tras una presentación del debate teórico generado por este tema, se concluye que la solidaridad es, en este contexto de derechos emergentes, el recurso más idóneo para ampliar el círculo que constituye el “nosotros” en el que tiene lugar ese reconocimiento de derechos. La propuesta de un cambio de paradigma nos implica en la construcción de una comunidad más justa, por medio de la institucionalización de los derechos animales.
Este número 109 se cierra con dos interesantes recensiones. Sobre "La mentira os hará libres. Realidad y ficción en la democracia" de Fernando Vallespín Oña escribe José Luis López González en lo que es toda una relectura crítica de la obra a la luz de las circunstancias actuales; mientras que Laura Moussa García nos presenta "Protecting Animals Within and Across Borders. Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of Globalization", de Charlotte E. Blattner, un libro que analiza la protección animal a un nivel supraestatal.
Esperamos que el contenido presentado sea satisfactorio para todos nuestros lectores y para quienes han colaborado en hacerlo posible. Queremos agradecer su apoyo y confianza en esta nueva andadura.
El equipo de dirección de la Revista icade