1. Introducción

La pandemia del covid-19 y las medidas tomadas por los gobiernos han impactado de manera transversal a la economía, la política nacional e internacional, los flujos migratorios y la vida cotidiana a nivel global (CEPAL, 2020; Freier y Castillo Jara, 2020; Fuchs, 2020; Mahía, 2020). Sin embargo, su impacto no ha sido el mismo para todos o todas. En este sentido, un tema de investigación pendiente es aquel que indaga a profundidad sobre las experiencias vividas de las mujeres migrantes en situaciones de traumas múltiples como lo son la migración forzada para el caso venezolano, el peligro e incertidumbre en tierra nueva, y una emergencia de salud como lo es el covid-19.

El 15 de marzo del 2020, Perú estableció un estado de emergencia e inmovilización social obligatoria en todo el país por medio del Decreto Supremo (DS) No. 044. En principio dicha situación fue prevista por 15 días, pero duró más de tres meses. Dada la situación crítica que se enfrentaba en ese período empezamos a recibir llamadas de algunas mujeres que habíamos entrevistado entre 2018 y 2020 en el marco de una investigación sobre las experiencias sociales y laborales de venezolanas migrantes (Pérez y Freier, 2020). Se dirigían a nosotras en un alto estado de ansiedad, por un lado, y por el otro, esperanzadas de que pudiéramos vincularlas a alguna organización auxiliadora o a un puesto de trabajo. Pues, como muchas peruanas y peruanos, habían quedado desempleadas. Y para ellas, por barreras burocráticas y, muchas veces, xenofobia, el acceso a servicios se les hacía muy difícil (Blouin, 2019; Freier, Luzes y Castillo-Jara, 2020).

El DS N.º 044 también había declarado que solo aquellas actividades declaradas como “esenciales” podían operar durante la cuarentena. Así, los servicios de salud, alimentos, agua, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios y farmacéuticos, entre otros, permanecían operativos. Mientras, por otro lado, los comercios y restaurantes quedaban inoperativos hasta nuevo aviso. La mayoría de migrantes venezolanas había logrado insertarse en el mercado laboral por medio de oficios de atención al público y comercio informal (Pérez et al., 2019; Sánchez et al., 2020). Es decir, hasta antes de la pandemia habían estado trabajando en los rubros que fueron interrumpidos por el estado de emergencia. En un país donde el 72% de la población trabaja en el sector informal, la mayoría de las venezolanas en Perú pertenecían a este sector (Koechlin et al., 2019; INEI, 2019).

Dicha informalidad viene de la mano con inseguridad laboral y desprotección social que ubica a los y las trabajadoras migrantes en una posición más vulnerable frente a la pandemia del covid-19. Las migrantes venezolanas en Perú tienen poca capacidad de ahorro por su trabajo precario y los múltiples compromisos que tienen con sus familias en Perú y Venezuela. A ello, Freier, Luzes y Castillo Jara (2020) agregan que, a diferencia de los y las trabajadores locales, a la población migrante se le suman otros obstáculos para enfrentar esta crisis global: no tienen acceso a servicios básicos como el de salud, ni cuentan con los bonos entregados por el Estado en esta coyuntura. Además, carecen de redes de apoyo y familiares con los que puedan sostenerse ante esta situación.

En aras de las llamadas que recibimos, y buscando entender mejor cómo la pandemia y las medidas de inmovilización social obligatoria tomadas por el Estado peruano han incidido en la situación sociolaboral de las mujeres venezolanas, aplicamos un cuestionario a 159 mujeres venezolanas —siendo la mayoría madres de un menor de edad— en septiembre de 2020, meses después de que acabara el período de aislamiento obligatorio y en el cual comenzaba el plan de reactivación económica, permitiendo así la reincorporación de algunas industrias comerciales.

En este artículo buscamos comprender qué retos laborales enfrentaban las mujeres venezolanas a inicios de la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19 y responder a las siguientes preguntas: ¿qué factores les impiden salir a trabajar durante la pandemia? ¿De qué manera se enfrentan a las nuevas condiciones del mercado laboral peruano durante la emergencia sanitaria? Damos a conocer los resultados del cuestionario compuesto de preguntas abiertas y cerradas y nuestro análisis mixto del mismo basándonos en métodos cuantitativos y cualitativos. De cara a los datos recabados, encontramos que, en consonancia con otros estudios sobre las experiencias de mujeres migrantes en el sur global (Cerruti, 2009; Magliano, 2017; Stefoni, 2002), las mujeres migrantes terminan en el último escalafón de los posibles empleos laborales. Sostenemos que el caso venezolano en Perú es una muestra más de cómo la migración coloca a mujeres en posiciones laborales segmentadas por el género y la condición de migrante. Al mismo tiempo, sugerimos que, a medida que el entorno se vuelve más precarizado —en este caso por la pandemia— las mujeres quedan aún más relegadas a raíz de su género y los trabajos masculinizados son prioritarios en el mercado laboral.

2. La literatura: migración, trabajo precario y género

Con las reformas neoliberales mundiales que priorizan la privatización y desregularización destituyendo la intervención del Estado en el mercado, las condiciones laborales se han flexibilizado y precarizado (Siegmand y Schiphorst, 2016; Standing, 2011). A diferencia de lo que sucedía en el norte global, en Latinoamérica había un precedente de exclusión social en el mercado laboral a través de la marginalización de ciertas clases trabajadoras —principalmente migrantes internos— y la profundización de la informalización de algunos sectores laborales (Añez, 2009; Munck, 2013). Dicha exclusión supone que los o las trabajadoras informales se encuentran fuera de los parámetros del proceso capitalista al no contar con un contrato ni los derechos sociales y laborales que este asegura. En ese sentido, como diría Munck (2013, p. 756), gran parte de la clase trabajadora del hemisferio sur siempre ha pertenecido al “precariado”, en términos de Standing (2011).

Sin embargo, es importante notar que la precariedad de las condiciones laborales de las y los trabajadores puede variar no solo por la región en la que se encuentran sino también por el origen étnico, la condición de migrante, el género, entre otras condiciones (Anderson, 2010; Pajnik 2016). En esa línea Pajnik (2016) estudia la segmentación laboral para la población migrante en Europa y la denomina “precariado desperdiciado” [wasted precariat]. Basándose en los aportes de Standing (2011) sobre el “precariado” y de Bauman (2004) sobre los “humanos desperdiciados” como aquellos que son relegados a hacer el trabajo “sucio” de las diversas industrias económicas, Pajnik sostiene que la población migrante tiene una precariedad laboral particular que también depende de su estatus legal, su nacionalidad, las políticas migratorias y laborales, y las jerarquías sociales basadas en raza, etnia y género de la nación que los recibe (Pajnik, 2016, p. 161). Así, la población migrante suele verse limitada a los sectores agrícolas, de construcción, servicios o trabajo doméstico (Hondagneu Sotelo, Estrada y Ramirez, 2011; Loayza, 2020; Maurizio, 2014; Pajnik, 2016). Por tanto, en un flujo migratorio sur-sur y de sobrevivencia, como el estudiado en este artículo, podríamos decir que la población migrante se integra a un mercado laboral informal a ocupar espacios inferiores a los de la población nacional que ya se encuentra en una situación precaria.

En América del Sur, según Maurizio (2014) en su estudio de las poblaciones migrantes en Argentina y Chile, hombres y mujeres migrantes suelen estar bajo un régimen informal sin acceso al sistema de protección social y ajenos a cualquier beneficio laboral, además de recibir un salario menor al trabajador nativo. De acuerdo con el autor, esta precarización del trabajo reduce significativamente el bienestar de los y las migrantes en un contexto en el que ya se encuentran desprovistas de protección social no-contributivo (2014, p. 212). De manera similar, Souto (2020) presenta a la poblacion migrante trabajadora como un subgrupo de los trabajadores informales en Perú. Perú resalta por su alto índice de informalidad: 72.4% de sus trabajadores se encuentran en la informalidad sin contrato, sin acceso a seguros sociales y de salud y privados de otros derechos laborales (INEI, 2019). La población migrante venezolana entra a un mercado laboral primordialmente informal caracterizado por la flexibilidad laboral y una mínima seguridad laboral que resulta en altos grados de ansiedad para los y las trabajadoras. En ese sentido, la última encuesta de Equilibrium CenDE (2020) señala que el 87% de los y las venezolanas que se encontraban trabajando al momento de la encuesta no contaba con un contrato.

Los estudios sobre la experiencia laboral de la mujer migrante en el circuito sur-sur aún son escasos (Bastia y Piper, 2019). Las investigaciones que se han ocupado de este fenómeno se han centrado en el flujo migratorio del sur- al norte global, enfocándose sobre todo en las cadenas de cuidado (Anderson, 2000; Ehrenreich and Hochschild, 2002; Hondagneu Sotelo et al., 2011; Morokvasic, 2015; Parreñas, 2015). Asimismo, la percepción y representación de la mujer migrante desde la academia ha pasado de ser entendida como una acompañante pasiva del migrante varón a ser vista como una agenta activa y empoderada (Bastia y Piper, 2019; Morokvasic, 2015). A partir de los estudios sobre las cadenas de cuidado en un flujo sur-norte, se ha argumentado que el proceso migratorio es un impulsor del empoderamiento femenino al ser una oportunidad para obtener independencia económica y acceder a sociedades con ideologías menos conservadoras (Bastia y Piper, 2019; González y Sassones, 2016; Parreñas, 2015).

Similar a la experiencia global, dentro del circuito sur-sur, las migrantes experimentan una segmentación laboral ocupando trabajos altamente feminizados como el trabajo doméstico, de cuidado o en el sector de servicios en atención al público (Acosta, 2013; Fernandez Labbé et al., 2020; Loayza, 2020; Maurizio, 2014; Magliano, 2017). Pero difiere en las características de las sociedades receptoras con mercados laborales informales y que pueden ser igual o más conservadoras y patriarcales que su país de origen (Loayza, 2020; Pérez et al., 2019). Ello incide en el proceso de integración social y laboral de las mujeres migrantes. Por ejemplo, Fernandez Labbé y otros (2020) indican que en Chile hay una tendencia a excluir a las migrantes colombianas del trabajo doméstico debido a la racialización y sexualización que existe en el imaginario chileno sobre la “mujer negra colombiana” como disruptiva y amenazante de la esfera privada, a contrapelo de los imaginarios sobre la “mujer peruana”, asociada a una actitud servil y de sumisión que sí resultaría adecuada para el trabajo doméstico (Fernandez Labbé et al., 2020, p. 32). Así, las migrantes en Chile se ven ante una segmentación laboral por género y nacionalidad donde las peruanas son más requeridas para servicios domésticos, mientras las colombianas son empujadas hacia los puestos para atención al público.

Los estudios que analizan las condiciones laborales de mujeres migrantes durante una crisis económica en el país receptor son aún más escasos. Algunos sostienen que los efectos ante una crisis económica están diferenciados por género y también por su condición de migrante (Gálvez y Rodriguez, 2012; Moreno-Colom y López Roldan, 2016; Pollock y Aung, 2010). Desde la economía feminista señalan que el efecto de las crisis económicas está diferenciado por género. Históricamente, como señalan Gálvez y Rodríguez (2012), la mujer se ha visto más afectada que el hombre durante una crisis económica puesto que (i) el trabajo —remunerado y no remunerado— de la mujer se intensifica, y (ii) el empleo asociado a la masculinidad suele recuperarse antes que el femenino. Esto se repite en el caso de mujeres migrantes que afrontan una crisis económica en la sociedad que las acogen (Moreno-Colom y López Roldan, 2016; Pollock y Aung, 2010).

Para el contexto particular de las mujeres venezolanas en Perú, Pérez y Ugarte (2021) señalan que, desde antes de la pandemia, las migrantes venezolanas se ven expuestas a un triple peligro (triple jeopardy) por su nacionalidad, género y condición de migrante. Loayza (2020, p. 185) también sostiene que “Las mujeres venezolanas serían objeto de crítica sostenida dada su presencia de mujer sin la moral y decencia de la mujer peruana, según implica la construcción del género en un país conservador y patriarcal como el Perú”. Sánchez y otros (2020) analizan cómo estas condiciones acotan las oportunidades laborales de las mujeres venezolanas. Similar a las colombianas descritas por Fernández Labbé y otros (2020), las mujeres venezolanas en Perú son hipersexualizadas y, por consiguiente, más solicitadas en puestos de atención al público donde se les busca por su “buena presencia” al ser percibidas como “enganche” para atraer a más clientes (Aguilar, 2019; Sánchez et al., 2020). Asimismo, vemos que esta segmentación laboral por género, condición de migrante y nacionalidad se ve reforzada por las percepciones negativas que tiene la sociedad peruana sobre las mujeres venezolanas como “sangronas”, “quita-maridos” o ladronas (Freier y Pérez, 2021; Pérez y Freier, 2022; Sanchez et al., 2020). Finalmente, Ugarte (2020) agrega que su estatus de maternidad también puede afectar negativamente el proceso de inserción laboral de la migrante venezolana en Perú.

Por tanto, vemos que en la migración sur-sur el mercado laboral de la mujer migrante no se ciñe al sector doméstico o de cuidados. No obstante, su participación en el sector de servicios sigue siendo precaria y segmentada no solo por género sino también por origen étnico y nacionalidad.

3. Antecedentes: la migración venezolana en el Perú

La migración venezolana en América del Sur es un fenómeno inédito para las sociedades de esta región que, históricamente, han sido grupos migrantes en vez de sociedades receptoras. Hacia finales del 2020, 5,4 millones de venezolanos había dejado su país de origen¹, volviéndose el flujo migratorio más grande en la historia latinoamericana. En ese contexto, Perú había recibido más de un millón de migrantes a inicios del 2020 (Banco Mundial, 2020; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2020). De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2020) la población de migrantes venezolanos en Perú corresponde al 85.3% de la población migrante en Perú.

Los estudios realizados en la frontera de Tumbes y Tacna de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2018, 2019a, 2019b, 2020), señalan que la población venezolana entrante está altamente calificada como profesionales y cuentan con un alto nivel educativo para poder trabajar en Perú. Asimismo, señalan que la población venezolana que llegó a Perú entre el 2019 y el 2020, se caracterizaba por ser, en su mayoría (61.4%), adultos en edad productiva entre 18 y 34 años (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2020; OIM, 2020). Más de la mitad (55%) ha culminado los estudios de secundaria y alrededor del tercio de la población cuenta con estudios superiores, teniendo el 21% un grado universitario,1% estudios de posgrado y 8.7% ha recibido educación técnica (OIM, 2020). Es importante resaltar que la mujer venezolana tiende a portar un nivel educativo mayor en comparación con su par hombre (OIM 2019B; 2020). La OIM (2020) indica que el 61.2% de las mujeres encuestadas cuenta con estudios superiores frente al 38.1% de los hombres. No obstante, al igual que en el casos de sus pares varones, las dificultades y altos costos para homologar sus títulos en Perú les han generado un reto adicional para ejercer su profesión y poner en práctica sus conocimientos (Blouin, 2019; BBVA research, 2019; Sánchez et al., 2020). Como consecuencia, encontramos que las y los migrantes suelen estar aislados en el mercado laboral informal y precario donde deben competir por un trabajo con la mayoría de peruanos. Las mujeres venezolanas han logrado insertarse al mercado laboral en sectores como alojamiento y servicios alimentarios, actividades administrativas y comerciales (Pérez et al., 2019; Sánchez et al., 2020).

Desde mediados del 2019, se ha notado una feminización de la población migrante (OIM, 2018, 2019a, 2019b, 2020; Sánchez et al., 2020). En base a los registros de la OIM, notamos que en setiembre del2019 las mujeres representaban la mayoría de la población, con 58%, y se han mantenido como mayoría, siendo el 55.2% hacia febrero del 2020 (OIM, 2018, 2019a, 2019b, 2020). Esto se debe, en parte, a que muchas mujeres y madres de familia han venido en una segunda etapa para reunirse con su familia (Sánchez et al., 2020). En paralelo, cerca de la mitad (45%) de los migrantes declaraban ser responsables de un menor o haber dejado un menor en Venezuela bajo el cargo de algún familiar (INEI, 2019; OIM, 2020). Dentro de este grupo, el 75% de las responsables de un menor son mujeres (OIM, 2020, p. 24).

El proceso de integración social para la mayoría de migrantes venezolanos en Perú ha sido un proceso retador para sociedad peruana y los y las migrantes venezolanas. En especial las mujeres suelen ser discriminadas por su condición de género, migrante y origen étnico como argumentan Pérez y Ugarte 2019. Asimismo, otras investigaciones indican que la integración de los y las migrantes venezolanas se ve dificultada por el estigma que cae sobre ellos como personas “peligrosas”, “criminales” (Berganza y Solórzano, 2019; Pérez et al., 2019; Sánchez et al., 2020).

4. El contexto actual: pandemia, trabajo y mujer

Los efectos de la pandemia por covid-19 y de las medidas de inmovilización social obligatoria son recientes por lo que no es posible identificarlos por completo. No obstante, ha habido intentos por conocer el impacto de la pandemia en las opciones de trabajo en la población migrante y el de las mujeres en general, cuestiones que discutimos a continuación.

Durante el primer año de la pandemia, en Perú, el mercado laboral fue fuertemente afectado y el trabajo se precarizó aún más. Para julio del 2020, el salario promedio cayó en un 13% (INEI, 2020). Considerando la alta tasa de informalidad en el sector laboral peruano, una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras han quedado desempleados, y sin seguridad social al empezar el estado de emergencia. En general, el desempleo entre las trabajadoras mujeres ha sido mayor que el de sus pares hombres (INEI, 2020; Jaramillo y Ñopo, 2020). Para el caso de los y las migrantes, ACNUR (2020a, p. 1) indicó que más del 80% de refugiados y migrantes venezolanos en Perú trabajaba en el sector informal y no iba a percibir ingresos durante la cuarentena. Ademaás, Guerrero Ble y Graham (2020, p. 8) indican que las mujeres migrantes venezolanas pueden haber sido más afectadas que sus pares hombres, y también más afectadas que las mujeres peruanas ya que aproximadamente el 78% de ellas estaban trabajando en sectores altamente impactados, frente al 67% de los hombres venezolanos y el 67% de las mujeres peruanas empleadas debido a que el trabajo de las mujeres venezolanas estaba más concentrado en los sectores con un impacto económico alto por la pandemia.

Además, la vulnerabilidad de las y los migrantes ante la crisis económica se ve agravada por haber estado laborando antes de la pandemia en las industrias que se consideran “no esenciales”. En esa línea, la OIT (2020) ha señalado que las industrias más afectadas por el covid-19 a nivel global han sido las de alojamiento y servicios alimentarios, manufactura, bienes raíces, actividades administrativas y comercio mayorista y minorista. En segundo lugar, se encuentran las industrias de entretenimiento y otros servicios, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Esto coincide con los sectores en los que las migrantes trabajaban antes de la pandemia (Guerrero Ble y Graham, 2020, p. 7; Pérez et al., 2019; Sánchez et al., 2020). Incluso, podemos notar que los sectores de servicio donde se concentraban las mujeres venezolanas (Pérez et al., 2019; Pérez y Ugarte, 2020; Sánchez et al., 2020) han sido más afectados que los sectores de almacenamiento, transporte y otros donde se concentraban los varones venezolanos. Guerrero Ble y Graham (2020, p. 8) indican que las mujeres venezolanas pueden haber sido más afectadas ya que aproximadamente el 78% de ellas estaban trabajando en sectores altamente impactados, frente al 67% de los hombres venezolanos y el 67% de las mujeres peruanas empleadas.

Por lo tanto, durante la primera etapa de la inmovilización social obligatoria entre marzo y junio del 2020 la población migrante se vio fuertemente impactada al perder su trabajo y no contar con los recursos necesarios para abastecer sus necesidades. En base a una encuesta a la población migrante realizada en las primeras semanas de inmovilización social obligatoria, CenDE (2020) concluye que un 77% de la población migrante venezolana no disponía de recursos económicos suficientes para abastecer sus hogares de alimentos ni bienes básicos.

Conforme la cuarentena se fue prolongando —llegando a tener una duración de tres meses y medio— la vulnerabilidad y necesidades de la población venezolana continuaron aumentando. Según CenDE (2020) para abril del 2020 —a un mes de confinamiento— el 51% de los venezolanos encuestados estaban en amenaza de desalojo. Esta situación es incluso más grave si contemplamos que el 40% de los albergues de acogida para personas migrantes o desamparadas en Perú han reducido su capacidad y el 44% ha cerrado sus puertas a nuevos usuarios por motivos de bioseguridad (Guerrero Ble y Graham, 2020, p. 9). Asimismo, para mayo del 2020, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2020b) calculó que alrededor de 200 000 venezolanos en Perú requerían urgentemente asistencia alimentaria.

Estas grandes dificultades afrontadas por la población venezolana se suman a la discriminación y al rechazo que este grupo migrante recibía desde antes de la pandemia (Berganza y Solórzano, 2019; Blouin, 2019; Freier y Pérez, 2021). Freier (2021) ha argumentado que la tendencia a criminalizar a la población venezolana en los discursos oficiales y medios de comunicación peruanos se ha mantenido, si no agudizado, presentándola como responsable de la delincuencia y propagación del covid-19. Al mismo tiempo, no ha habido una política pública migratoria coherente. Freier y Castillo Jara (2020) explican que al inicio de la migración hubo una acogida inicial, pero decisiones posteriores, como aumentar los requisitos para que la población venezolana pueda ingresar al país, sumado a la incapacidad del Estado peruano de ampliar sus servicios a incluir personas migrantes, resultó en que las y los venezolanos tuvieran más dificultades para acceder a servicios oportunamente. En especial, los apoyos económicos brindadas por el Estado peruano para paliar los efectos económicos y laborales de la población nacional no han sido extendidos a las y los migrantes venezolanos ya que se requiere de un documento nacional de identidad para tener acceso (Freier Luzes y Castillo Jara, 2020, p. 59). Desde antes de la pandemia, las y los migrantes venezolanos han tenido mayores dificultades para acceder a los servicios sociales como la atención médica (Luzes, Freier y Bird, 2020). En la actualidad, el 80% de los albergues de Lima Metropolitana no cuenta con servicios médicos regulares a los que la población albergada podría recurrir ante emergencia (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y ACNUR, 2020). Por todo lo anterior, muchas y muchos venezolanos están padeciendo problemas de salud mental durante la pandemia (Bird et al., 2020; Luzes et al., 2020).

Al estudiar la experiencia de la mujer durante la pandemia, la situación es aún más agravada. Como han desarrollado otros estudios, los efectos ante una crisis económica están diferenciados por género y también por su condición de migrante (Gálvez y Rodriguez, 2012; Moreno-Colom y López Roldan, 2016; Pollock y Aung, 2010). Ante la crisis actual, ocasionada por el covid-19, PNUD (2020) sostiene que esto se ve intensificado para el caso de América Latina y el Caribe donde los niveles de desigualdad y la brecha de género en el sector laboral son mayores. Algunos estudios señalan que, a nivel global, la mujer ha sido la más afectada por la pandemia como consecuencia de su rol en las labores de cuidado y del hogar (Chavez, 2020; Chitiga et al., 2022; Ham, 2021; PNUD, 2020; Martin et al., 2020). La asociación naturalizada de la mujer con estas actividades la ha ubicado en una posición aún más vulnerable al verse forzada a responsabilizarse más horas en las actividades domésticas, aumentando su triple carga (McLaren et al., 2020). Además, PNUD (2020, p. 7) indica que las mujeres migrantes enfrentan mayor posibilidad de exposición al mantener su actividad económica y estar sometidas a relaciones de poder desiguales y normas sociales discriminatorias que pueden suponer riesgos adicionales ocasionados por la discriminación y la xenofobia.

Para el caso peruano, Sánchez y otros (2020) estudian la inserción laboral de las mujeres venezolanas en tres ciudades del Perú e informan sobre los efectos de la pandemia en este proceso. Señalan que, como respuesta a la crisis, muchas han optado por el autoempleo como una manera de evitar los maltratos y actos discriminatorios que recibían en el ambiente laboral. Además, agregan que dada la precariedad laboral y de vivienda a las que se enfrentan, muy pocas han podido pasar a un teletrabajo desde casa (Sánchez et al., 2020, p. 65). Ugarte (2020) analiza los efectos de la crisis sanitaria en la organización del cuidado para las madres venezolanas en Perú. La autora sostiene que las medidas preventivas tomadas por el gobierno peruano refuerzan los roles de género y crean mayor carga sobre las madres. En ese sentido, el incremento en las labores del hogar y de cuidado son un factor excluyente para que las madres venezolanas participen del mercado laboral peruano.

Por otro lado, algunos estudios señalan que en las poblaciones migrantes y de refugiados, la violencia de género suele ocasionarse hacia las mujeres dentro de sus relaciones de pareja y, por tanto, las medidas de inmovilización social pueden ser perjudiciales (Cone, 2020; Dempster et al., 2020; Comité Internacional de Rescate, 2020). En América Latina el Comité Internacional de Rescate (2020) señala que los casos de violencia de género o feminicidios se han triplicado en varios países siendo El Salvador y Venezuela donde más han aumentado las denuncias con un incremento de 70% y 65%, respectivamente. En Perú, las denuncias aumentaron en un 43% en los primeros meses de cuarentena (Abizanda, 2020). Casos de violencia basada en género también se reportaron por mujeres migrantes en albergues para refugiados y migrantes en Lima Metropolitana (R4V y ACNUR, 2020).

Todo lo anterior sugiere que la combinación de la condición de migrante, nacionalidad y género ubican a la mujer venezolana en una posición más vulnerable tanto en el mercado laboral como en la seguridad. Por tanto, el nuevo contexto de la pandemia agudiza la precariedad de las migrantes venezolanas en Perú y sus posibilidades laborales.

5. Metodología

La presente investigación se basa en los resultados de conversaciones informales con mujeres venezolanas durante la inmovilización social obligatoria y un cuestionario aplicado en septiembre del 2020 a 159 migrantes venezolanas en Perú. Empezamos contactando por WhatsApp a las mujeres que habíamos entrevistado en el estudio anterior y les enviamos un enlace para responder el cuestionario online utilizando Google Forms. Ellas a su vez, como bola de nieve, compartieron el link con algunas compatriotas. De las 159 mujeres, 18% habían sido entrevistadas previamente en el marco del proyecto más amplio.

Las mujeres que llenaron el cuestionario se encontraban en las ciudades de Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Trujillo. Sin embargo, es importante señalar que la muestra tiene un sesgo de ubicación y condición de maternidad. El grueso de la muestra es madre (92%) siendo la mayoría madres de infantes menores de 18 años (81%). Asimismo, la mayoría residía en Trujillo. Esto se debe a que la mayoría de las mujeres contactadas en Trujillo en el marco del estudio anterior pertenecía a grupos de madres venezolanas y tenían redes de comunicación muy fluidas entre ellas.

El cuestionario estaba dividido en tres secciones. La primera buscaba datos descriptivos sobre el perfil sociodemográfico de las mujeres a través de preguntas cerradas. A continuación, seguían las preguntas en torno a su situación laboral actual y los cambios en su experiencia en el mercado laboral antes y después de la pandemia. En tercer lugar, buscamos comprender el grado de vulnerabilidad en el que se encontraban las mujeres encuestadas preguntando por su condición de salud, riesgos de desalojo, exposición a hambre o algún tipo de violencia, entre otros. En las últimas dos secciones combinamos preguntas cerradas de opción múltiple para marcar una sola opción con preguntas abiertas donde se invitaba a las mujeres explicar la opción seleccionada y profundizar en su respuesta si así lo deseaba.

Finalmente, para procesar las respuestas cerradas y abiertas realizamos un análisis mixto. El análisis cuantitativo se basó en elaborar estadísticas descriptivas con el apoyo de los programas de EXCEL y STATA. El análisis cualitativo estuvo centrado en las respuestas abiertas y conversaciones informales. Para ello, buscamos patrones en las respuestas y a través de un método inductivo buscamos comprender la problemática desde el punto de vista de las mujeres migrantes. Al momento de publicar la información, se le adjudicaron seudónimos a cada participante, para respetar su privacidad. Asímismo, se estudiaron fuentes secundarias como los informes elaborados por la OIM (2020), el INEI (2019) y otros estudios sobre el trabajo de mujeres venezolanas en Perú para poder identificar los cambios en las condiciones laborales y acceso al mercado durante la pandemia.

6. Resultados y discusión

6.1. Perfil y experiencia laboral de las mujeres venezolanas encuestadas en Perú

Similar a lo señalado por la OIM (2020) el 75% de las mujeres encuestadas en nuestro estudio tenía entre 18 y 39 años, encontrándose en una edad económicamente activa. Además, destacaban por su alto nivel educativo; 72% contaba con estudios superiores. Asimimo, la gran mayoría de las mujeres encuestadas era madre (92%) y responsable de un menor de edad; el 83% tenía entre 1 y 3 hijos y el 81% tenía hijos menores de 18 años.

Gráfico 1. Nivel de estudios (%)

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario aplicado

La experiencia laboral de la mayoría de las encuestadas empezó en su país de origen, con el 78% habiendo ejercido su profesión y oficio antes de salir de Venezuela. Destacan profesiones “feminizadas” como las de educadora (16%), secretaria (10%) y enfermera (8%). También había un grupo no menor que se dedicaba al comercio ya sea como vendedora (14%) o como empresaria (15%). Es decir que, desde su país de origen, su desarrollo profesional ya estaba condicionado por una segmentación laboral por género en la que las mujeres son vinculadas con oficios de servicio o cuidado, aunque de alta cualificación.

Sin embargo, al llegar a Perú dicha segmentación se agudizó por el alto nivel de precariedad en los trabajos a los que pueden acceder (Pérez y Ugarte 2021; Sanchez et al., 2020). Muchas de ellas llegan con profesiones, pero rápidamente experimentan una movilidad laboral y social descendente debido a la dificultad para apostillar sus diplomas, y al acceso laboral por su nacionalidad y condición de género y de migrante de supervivencia. (Pérez y Ugarte 2021). Al momento de la encuesta, la mayoría (80%) tenía aproximadamente dos años de experiencia en el mercado laboral peruano y no había podido ejercer su profesión. Dentro de los trabajos que las encuestadas indicaron haber tenido antes de la pandemia se encontraba en primer lugar el comercio informal o ambulante (24%), seguido por puestos de atención al público como mesera o recepcionista (18%), y en menor medida el trabajo de hogar (13%) y trabajo de cuidado (8%). Todas las anteriores son ocupaciones que en Perú suelen encontrarse en la informalidad con acuerdos laborales precarios que no cuentan con contrato ni beneficios laborales.

A partir del establecimiento de la cuarentena, el desempleo entre las encuestadas aumentó notoriamente. Antes de la pandemia solo el 13% de las encuestadas había estado desempleada. En contraste, 69% de las mujeres encuestadas estuvo desempleada durante el confinamiento y un 55% continuaba estando desempleada al momento de contestar la encuesta en setiembre. Esto tuvo fuertes repercusiones en la vida de las mujeres venezolanas y sus familias. Casi un 90% de las encuestadas no contaba con los recursos para pagar su renta. Por consiguiente, la mayoría (78%) estaba bajo amenaza de desalojo por parte de sus arrendatarios. Y cerca de la mitad (47%) reportaron que ellas o alguien en su hogar había pasado hambre entre julio y setiembre, después de que se levantó la cuarentena.

6.2. Ser mujer migrante y las (im)posibilidades de salir a trabajar durante la pandemia

En el marco del estudio más amplio sobre la experiencia de mujeres venezolanas migrantes en Perú (Pérez y Freier, 2020), ante la pregunta si era más fácil conseguir trabajo para hombres o para mujeres en Perú, la mayoría indicaba que era más fácil para las mujeres por la demanda en actividades altamente feminizadas como servicios de limpieza y atención al público. Bajo esa premisa, al terminar la cuarentena estricta, muchas de las mujeres con las que conversamos tenían la ilusión de que los restaurantes y tiendas comerciales se reactivarían rápidamente y ellas podrían volver a trabajar, pero la realidad fue distinta. Los trabajos tanto formales e informales se vieron paralizados, en su mayoría, durante la inamovilidad social obligatoria (Jaramillo y Ñopo, 2020). El impacto económico de la pandemia y el paulatino programa de reactivación económica no han permitido hasta inicios del 2021 que los rubros mencionados vuelvan a la actividad acostumbrada ya sea en el sector formal o informal (Jaramillo y Ñopo, 2020).

En el contexto de la crisis después de la inmovilización social obligatoria no fue tan marcada la diferencia para conseguir trabajo según el género. A diferencia de lo hallado anteriormente (Pérez y Freier, 2020), bajo estas nuevas circunstancias ya no había una preferencia del mercado laboral por las mujeres venezolanas frente a sus pares hombres. En esta ocasión, el 30% de las encuestadas señalaban que el hombre tiene mayor facilidad de conseguir trabajo, frente al 27% que respondió que aún es más fácil para la mujer. Así, notamos un cambio de tendencia en la que las mujeres que respondieron el cuestionario perciben que después de la inamovilidad social obligatoria es más fácil acceder al mercado laboral para los hombres. Como una primera explicación, encontramos que ahora los rubros a los que tienen acceso y demandan mayor fuerza laboral son la construcción o el sector comercial como cargadores en mercados y almacenes (Guerrero Ble y Graham, 2020). De acuerdo a diversos estudios, las industrias de alojamiento y servicios (comercio mayorista y minorista y entretenimiento y otros servicios) han tenido un impacto negativo alto a nivel global por el covid-19, mientras que las industrias de construcción y minería y extracción han sufrido un impacto medio a nivel mundial (Guerrero Ble y Graham, 2020; Jaramillo y Ñopo, 2020; OIT, 2020). Es decir, aquellas industrias o sectores laborales que concentraban mano de obra de migrantes femeninas están más golpeadas por la crisis global, frente a aquellos rubros que buscan trabajadores varones. Esto corresponde a lo expuesto por Galvez y Rodríguez (2012) que señalan que ante una crisis los trabajos masculinizados, como aquellos en el sector de la construcción, de carga en almacenes y minería, son más demandados que los feminizados.

En resumen, vemos que el mismo principio de segmentación laboral por género que las limitaba a trabajos altamente feminizados previo a la pandemia, se suma nuevamente a su condición de nacionalidad o migrante en tiempos de pandemia. Tras el confinamiento y durante la crisis posterior, ellas se perjudican por la comparativamente mayor oferta de trabajos “masculinizados” para sus pares hombres. En otras palabras, aquello que antes de la pandemia resultaba una “ventaja” para las mujeres migrantes, ahora supone un mayor obstáculo para su integración social e inserción al mercado laboral peruano.

Aparte de la segmentación laboral por género y nacionalidad expuesta líneas arriba, las mujeres encuestadas explicaron que otros factores asociados a su identidad de género, como la maternidad y la ausencia de seguridad también influían en la dificultad experimentada para salir a trabajar. La explicación más resaltante entre las mujeres sobre la dificultad para salir a trabajar eran sus responsabilidades como madres. Varias argumentaban que “por lo general [los hombres] no tienen niños que cuidar, casi siempre es responsabilidad de las mujeres”. Antes de la pandemia, era común escuchar a una madre decir que se le dificultaba trabajar por no tener con quien dejar a sus hijos. En este nuevo contexto, esto se torna más difícil porque los nuevos protocolos de bioseguridad impiden que las mujeres vayan acompañadas de sus hijos al trabajo. La compañía de los menores es riesgoso, incluso para aquellas que se estaban dedicando al comercio ambulante en las calles. Ana —34 años— (empresaria en Venezuela, vendedora ambulante) cuenta cómo, ante la necesidad, tuvo que salir a vender a la calle con su bebé, pero no pudo seguir haciéndolo por sentirse insegura en el espacio público y con temor a que le quiten a su hijo:

De manera similar, otras mujeres argumentaban que antes podían salir a vender o trabajar con sus hijos, pero con la pandemia esto suponía exponerlos a un riesgo de contagio. Recibimos comentarios como, “Aunque me cuido, me aterra infectar a mi hijo y a veces ni siquiera vendo nada y es rudo así”. Este miedo al contagio se ve agravado porque saben que no tienen mayor acceso a servicios de salud para tratarse en caso fuese necesario. En ese sentido Ugarte (2020) documenta los sobre-esfuerzos de las madres venezolanas en Perú para garantizar cierta estabilidad emocional a sus hijos, acompañando los estreses de los menores, lidiando con la constante incertidumbre de conseguir alimentos para el día siguiente, entre otros. Además, indica que, después de migrar, la mujer venezolana carece de redes de apoyo que puedan servir de contención para situaciones como estas. La autora argumenta que es una labor emocional desapercibida social y políticamente. Por tanto, la falta de trabajo, la desprotección social y la imposibilidad de compatibilizar el trabajo remunerado con el cuidado en esta situación puede aumentar el estrés emocional.

6.3. ¿Al mal tiempo, buena cara? Respuestas frente a pocos y pobres trabajos

Ante las mayores dificultades para conseguir un trabajo remunerado, las mujeres encuestadas ampliaron sus posibilidades de trabajo considerando algunos oficios que antes rechazaban o aventurándose a la incertidumbre del autoempleo. En ese sentido, 64% de las mujeres encuestadas señalan que desde que empezó la pandemia ha considerado aceptar un trabajo que anteriormente no estaba dispuesta a realizar “siempre y cuando sea decente”, comentaba la mayoría. Antes de la pandemia, las mujeres venezolanas en Perú se concentraron en puestos de atención al público (Pérez y Ugarte, 2021; Pérez et al., 2019) y preferían evitar el trabajo doméstico por la relación altamente jerárquica y la carga discriminatoria que trae sobre las mujeres que se dedican a ello (Pérez y Ugarte, 2021). En cambio, ahora encontramos que las mujeres encuestadas están más dispuestas a tomar estos trabajos sin reparar en las condiciones laborales (ver gráfico 2).

Gráfico 2. ¿Ha considerado tomar un trabajo que antes no hubiese tomado? (%)

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario aplicado

Entre las mujeres que sí han considerado tomar trabajos antes impensados, 37% había considerado o realizado venta ambulante, y 23% estaba dispuesta a realizar trabajo de limpieza o del hogar. En menor frecuencia mencionaron considerar trabajos nocturnos de entretenimiento en bares o restaurantes como meseras o anfitrionas. En ese sentido, Rosana —33 años— educadora de profesión, nos cuenta que, “hasta he salido a limpiar parabrisas en la calle”. De manera similar, Karina —37 años— que trabajaba en Venezuela como analista legal y de cocinera en un restaurante antes de que empezara la pandemia, indica que, “Me he abierto a toda posibilidad hasta de cuidar niños, limpiar casa, lavar ropas”. Nótese cómo la palabra hasta denota que eso era un trabajo inconcebible de aceptar previamente. Sin embargo, no habían logrado conseguir trabajo y seguían desempleadas al momento de la encuesta.

Aquellas que han logrado trabajar durante la pandemia se han dedicado principalmente (25%) a la venta informal ambulante y en segundo lugar (20%) al trabajo del hogar por día. Es importante notar, que la mayoría de las mujeres que encontramos trabajando en el momento de aplicar el cuestionario, se encontraban en rubros con mucha informalidad y poca regulación. Como en el caso argentino de vendedores callejeros analizado por Hopp et al. (2020, p. 9), la falta de reconocimiento de su trabajo, las ha dejado fuera de las medidas de apoyo y seguridad brindadas por el gobierno nacional destinadas a los distintos sectores económicos. Asimismo, el trabajo del hogar ha sido uno de los más afectados por la pandemia al estar sometidas a las decisiones de cada hogar particular y no contar con protocolos universales que protejan a las trabajadoras (Defensoría del Pueblo, 2021; Pérez García, 2020). Por tanto, al considerar que las mujeres venezolanas son hipersexualizadas en la sociedad peruana y víctimas frecuentes de actos discriminatorios (Blouin, 2019; Pérez y Freier, 2022), aumentar su tiempo en la vía pública dedicándose a la venta ambulante o trabajar en espacios poco regulados como la vivienda personal aumenta su vulnerabilidad y exposición a hechos discriminatorios o de acoso sexual. Asimismo, exponerse a trabajos nocturnos, como los que algunas han considerado ante las nuevas circunstancias, las expone más a ser víctimas de trata o trabajo forzoso “ya que se presentan situaciones de acoso, u ofrecimiento de trabajos de anfitrionas, meseras, etc., pero que en el fondo tendrían una connotación sexual” (Blouin, 2019, p. 48). Así, frente a la poca oferta de trabajo y la posibilidad de discriminación o acoso dentro de ellos, vemos que la mayoría de las mujeres venezolanas encuestadas son aún más acorraladas hacia trabajos y condiciones de vida altamente precarizadas.

Al preguntarles cómo percibían su actual experiencia laboral en comparación a la que tenían antes de la pandemia, el 61% considera que las condiciones de trabajo al momento de la encuesta eran peores (ver gráfico 3). Las razones son variadas, pero resaltan que el salario ofrecido era menor y las jornadas más largas. También ‘se vende menos’ en el caso de aquellas dedicándose al comercio. En segundo lugar, notamos la preocupación a ser expuestas a algún peligro. Este puede ser el mismo virus y, con ello, exponer a sus familiares, o algún acto de discriminación o violencia como el descrito líneas arriba por Ana. Por último y en menor medida, argumentaban que las condiciones laborales eran peores al no contar con las herramientas para poder hacer trabajo virtual. Este era el caso de Rosa —64 años, artista plástica— y de Betty —35 años, docente—, que estaban trabajando como profesoras particulares antes de la pandemia y al no contar con computadora o un buen acceso al internet no pudieron continuar con su trabajo durante la inmovilización social obligatoria.

Gráfico 3. Considera que sus condiciones laborales son_____que las condiciones laborales que recibía antes de la pandemia (%)

Fuente: elaboración propia basada en el cuestionario aplicado

Por otro lado, consideramos importante señalar que un pequeño grupo (6%) ha iniciado un nuevo emprendimiento durante la cuarentena generándose a sí mismas un empleo. Entre ellas destaca Aranza —37 años— quien se había estado dedicando a la venta ambulante antes de la pandemia y frente a las nuevas circunstancias empezó a vender postres desde casa. Ella señala que las cosas ahora están mejores: “Estoy vendiendo desde casa y haciendo conocer mi emprendimiento, ya no tengo que salir a vender en la calle como ambulante”.

Así como Aranza, la mayoría de estos casos se basaban en la venta de comida desde casa. A pesar que no siempre supone una mejora en sus condiciones laborales², sí valoraban poder trabajar desde casa sin descuidar a sus hijos. Como señalan Sánchez et al. (2020), el autoempleo es una manera de trabajar donde encuentran mayor flexibilidad y les permite conciliar mejor con sus responsabilidades de cuidado. Si bien el autoempleo identificado en las encuestas ha devenido en una manera de resistir, es importante notar que también responde a las condiciones impuestas por un mercado laboral segmentado. Su condición de migrante y las políticas de homologación en Perú, las imposibilita de usar otros recursos como sus estudios y experiencia profesional para competir en el mercado laboral. A la vez, bajo esta modalidad de empleo, las mujeres no solo seguían dedicándose a actividades feminizadas como la cocina, sino que también podían seguir encargándose de las labores de reproducción social en su hogar. Es decir, las posibilidades de resistencia o reinvención ante la crisis económica están ceñidas por la segmentación laboral por género y los roles de género establecidos, asi como por su condición de migrante.

7. Reflexiones finales

La experiencia laboral de las mujeres migrantes durante los primeros meses de la pandemia que hemos podido conocer en este estudio refuerza los argumentos de Pajnik (2016) sobre la población migrante como “precariado desperdiciado” por la segmentación laboral que restringe las posibilidades laborales de dicha población a los trabajos “sucios” de los distintos sectores económicos nacionales que se ven particularmente afectados por su condición de migrante, etnia y género. Asimismo, confirma lo observado por Galvez y Rodriguez (2012) para las crisis latinoamericanas de los 80 y 90, donde señalan que la mujer es la última en reintegrarse al mercado laboral como causa de la segmentación laboral y el orden de apertura de puestos de trabajo primero en oficios “masculinos”, y luego en aquellos considerados “femeninos”. En el presente caso, encontramos que las mujeres venezolanas reciben un mayor golpe en el mercado laboral peruano cuando este las coloca con base en la interseccionalidad de sus condiciones: nacionalidad, género, migrante y maternidad (Pérez y Freier, 2021; Ugarte, 2021). Esto se encrudeció durante la crisis causada por la pandemia. De acuerdo con las mujeres encuestadas, notamos que ante la crisis sanitaria y económica ellas perciben una mayor dificultad para reintegrarse al mercado laboral por su condición de madres o cuidadoras del hogar y la tendencia en el mercado laboral que demanda trabajos más masculinizados como la construcción y la minería.

Todo ello tiene un fuerte impacto en la vida de las mujeres venezolanas en Perú y sus familias ubicándose ahora en una situación más vulnerable. Como se ha presentado, casi todas las mujeres encuestadas y sus familias estaban teniendo problemas para cubrir sus necesidades básicas de vivienda y comida, y la mayoría estaba bajo amenaza de desalojo. Además, en el caso de las mujeres ello trae una mayor carga emocional pues suelen ser las mujeres y madres de familia quienes cargan con el estrés emocional de estas preocupaciones e intentan proteger a sus hijos. Este nuevo contexto sumado al ser frecuentes víctimas de maltrato ha resultado en que las mujeres sean más propensas a altas tasas de ansiedad y desestabilidad emocional, intensificadas durante la pandemia, que sus pares varones (Bird et al., 2020; Ugarte, 2021).

No obstante, las mujeres venezolanas intentan buscar y generar nuevas oportunidades para hacerle frente a la crisis y las circunstancias del mercado laboral. Las decisiones de las mujeres encuestadas pueden agruparse en tres tipos. Primero, la mayoría ha optado por ampliar su espectro de posibilidades laborales incluyendo actividades como el trabajo del hogar y la venta ambulante que antes no consideraban, exponiéndose a condiciones laborales aún más precarias o abusivas que las que tenían antes. Un segundo grupo ha buscado incursionar en nuevos emprendimientos como la venta de comestibles desde casa que les permite responder a la constante tensión entre sus necesidades laborales y responsabilidades de cuidado. Finalmente, hay un grupo que busca quedarse al cuidado de sus hijos pues no tienen con quien dejarlos y temen exponerlos a una enfermedad, sobretodo ante la falta de recursos para su tratamiento. No obstante, las respuestas indentificadas frente a las nuevas condiciones laborales están ceñidas por la segmentación laboral del mercado y los roles de género donde la mujer es indisociable de la responsabilidad del cuidado del hogar y la familia.

Los resultados de esta investigación nos permiten tener una mayor comprensión del impacto que tiene la pandemia por covid-19 en las condiciones y posibilidades laborales de las mujeres venezolanas migrantes que ya estaban en posiciones vulnerables antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, es necesario continuar estudiando la experiencia de las mujeres en el contexto de la migración de supervivencia y la nueva crisis sanitaria contemplando el impacto que puede tener no solo laboralmente, sino también en su vida cotidiana y familiar y los efectos sobre su salud emocional. Conocer los diversos impactos desde una perspectiva de género resalta la importancia de generar políticas sociales acordes a las necesidades de cada grupo. CenDE (2020a) señala que la situación irregular de una gran porción de las y los migrantes venezolanos, sumado a su ubicación en el mercado laboral y exclusión de los seguros de salud, dificulta la identificación de las familias migrantes en situación de vulnerabilidad y, con ello, su inclusión en las políticas públicas de prevención del covid-19. En este contexto, como argüimos aquí, la posición de la mujer migrante resulta una de particular precariedad y requiere de la atención de estudiosos y decisores de políticas públicas.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo técnico de Marta Luzes, investigadora afiliada del CIUP y Daniela Ugarte, magister en sociología de la Universidad de Albany, NY.

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