1. Introducción

Los/as adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados/as tienen una doble condición jurídica: menores de edad que hay que proteger y extranjeros/as que hay que controlar. Esta doble condición produce un conflicto de intereses en el seno de los propios estados, un enfrentamiento entre dos formas de gobierno que se contradicen: la lógica de gobierno de protección de la infancia que propugna los derechos, frente a la lógica del derecho de extranjería, que los recorta de distintas formas (Jiménez, 2019).

A lo largo de estas más de dos décadas de presencia de este fenómeno en el territorio español, se ha puesto de manifiesto que las prácticas administrativas han construido a los/as menores migrantes no acompañados/as (MMNA) como sujetos de gobierno con un reconocimiento y acceso desigual a los derechos. En este trabajo analizamos cómo experimentan los/as profesionales en diversos territorios autonómicos la ambivalencia implícita en esta doble condición de los/as MMNA y las contradicciones del sistema de protección de la infancia y adolescencia (SPIA). El enfoque de protección integral de la infancia fricciona con las lógicas imperantes que excluyen a estos/as niños/as y adolescentes. Para ello, atendemos, en primer lugar, cómo experimentan los/as profesionales estas contradicciones a través de las limitaciones que encuentran en el desempeño de su tarea profesional. En segundo lugar, indagamos en los malestares y dilemas que atraviesan su cotidianidad y las formas en que se construye el conocimiento en el ámbito de la intervención social. En tercer lugar, identificamos algunos de los dilemas éticos a los que se enfrentan los/as profesionales y que atraviesan su identidad profesional.

Nos centramos en el análisis de los grupos de discusión producidos en tres territorios: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Su elección radica en la diferente trayectoria en la acogida y atención de los/as MMNA a lo largo de estos años de presencia en los sistemas de protección autonómicos. Siendo las tres comunidades regiones de llegada y establecimiento de MMNA su evolución presenta particularidades. La Comunidad de Madrid fue uno de los primeros territorios de establecimiento y, paulatinamente, ha ido expulsando a estos/as adolescentes y jóvenes convirtiéndose en territorio de tránsito. La Comunidad Valenciana pasó de territorio de tránsito a territorio de destino, tanto por los dispositivos habilitados como por la dificultad de asentarse en comunidades vecinas. El País Vasco ha sido y continúa siendo territorio de tránsito y de destino por su emplazamiento geográfico, así como por la solidez de un sistema propio de servicios sociales (Quiroga y Chagas, 2020).

2. Tecnologías de gobierno y gestión de la infancia

2.1. Infancias: vulnerabilidad, agencia y control

Bajo los presupuestos teóricos y las ideas provenientes del imaginario adulto, la infancia es considerada una etapa preparatoria, donde niños y niñas son vistos como “aún-no-ser” adulto (Casas, 1998). En la representación hegemónica occidental, la infancia se delimitará “como una fase de desarrollo hacia la maduración y como el ámbito privilegiado para introducir primariamente valores y formas de conducta socialmente aceptables, que refuerzan y legitiman la consideración de los niños como seres dependientes, modelables, controlables” (Gaitán, 2006, p. 16). La infancia queda así despojada de las características de madurez, racionalidad y autonomía, monopolio del mundo adulto, y relegada a un estatus inferior en la estructura social (Marco y Gómez, 2020).

A pesar de estas concepciones, las infancias y adolescencias participan activamente del espacio social, se apropian de los diversos elementos y códigos culturales y los (re)interpretan. Los nuevos enfoques de la Sociología de la Infancia nos permiten aproximarnos a la infancia como un fenómeno socialmente construido e históricamente cambiante (James y Prout, 2010), como elemento estructural de la sociedad (Qvortrup, 1992) y que concibe a niños y niñas como actores sociales (Mayall, 2002). No obstante, a pesar de reconocer su agencia, la infancia se ve afectada, de manera particular, por condicionamientos estructurales y coyunturales y está sometida a decisiones, no siempre acertadas, de personas adultas y Estados (Marre, 2014). La infancia ostenta una posición contradictoria en la sociedad, objetos de protección y sujetos de derecho/actores sociales (Gaitán, 2006). En el caso de la infancia migrante se añade la doble posición implícita en la categoría jurídica del “menor extranjero/a no acompañado/a (MENA)”: sujetos de protección y objetos de control.

Son muchos los estudios que, al tratar de comprender la movilidad autónoma de estos/as adolescentes y jóvenes, han puesto de manifiesto las lógicas de la intervención social, jurídica, policial, e institucional que insisten en su criminalización y exclusión, construyéndolos como problema y amenaza social (Quiroga, 2003; Suárez, 2006; Monteros, 2007; Jiménez, 2011; Empez, 2015; Marco, 2016; Horcas, 2016). La comprensión de los procesos migratorios infantiles de forma autónoma “está raptada por la territorialidad del sistema de protección” (Jiménez, 2011) y las políticas de protección de la infancia. Las dinámicas que motivan su movilidad se ocultan tras la categorización jurídica de “MENA” y los discursos homogeneizadores. Del modo de reconocimiento desaparecen las condiciones estructurales que hay detrás de los desplazamientos, las expectativas y motivaciones que impulsan sus proyectos migratorios. Sin estos elementos que dan cuenta de la multidimensionalidad de un fenómeno atravesado por las políticas neocoloniales y neoliberales, la narrativa que subyace a la categorización de esta infancia es la de niños y niñas errantes y problemáticos/as, que no ocupan el lugar pensado y socialmente aceptado para la infancia (Marco y Gómez, 2020).

2.2. El Sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia

La entrada en vigor de la Convención de Derechos del Niño de 1989 (CDN) supuso una nueva forma de concebir la infancia, su relación con el Estado, la familia y la comunidad. Esta reconoce a los/as niños/as como ciudadanos/as con derechos y con capacidad para exigir su cumplimiento, actores sociales capaces de opinar y tomar decisiones. La doctrina de la protección integral se enfoca en el interés superior del niño y tiene su fundamento en la dignidad del ser humano, en las características propias de niños/as y adolescentes, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con el máximo aprovechamiento de sus capacidades y su naturaleza (Campos, 2019).

Los sistemas de protección como dispositivos jurídico-burocráticos están imbricados en un entramado legislativo internacional, nacional y autonómico, cuya pieza angular es la CDN (Maldonado et al., 2020). El Estado se erige como garante del bienestar social de los/as niños/as en situación de vulnerabilidad, dotado de instrumentos, procedimientos y expertos/as. El SPIA forma parte de uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar, los Servicios Sociales. En el caso de España, la delegación de competencias a las autonomías en materia de Servicios Sociales ha promovido desarrollos legislativos territoriales que son susceptibles de originar desequilibrios y desigualdades de acceso desplegando concepciones ambivalentes de los Servicios Sociales según territorios autonómicos e, incluso, comarcales. Como señala Alguacil (2012), conviven aquellos modelos que tienen un enfoque más universalista orientado a la lucha contra la marginación y exclusión social, con otros que tienen un enfoque más subsidiario orientado a mantener prestaciones dirigidas a colectivos específicos en exclusión social o riesgo de exclusión.

En este contexto, el SPIA es un campo en el que se enfrentan intereses encontrados “fruto de un determinado contexto sociohistórico caracterizado por un sistema-mundo capitalista, eurocéntrico y colonial” (Maldonado et al., 2020, p. 12). Así, pensamos el sistema de protección como una tecnología de gobierno y gestión de la niñez, estructurado en torno a la tríada Infancia-Estado-Familia y focalizado sobre niños/as como sujetos de derecho universal.

Como señala Barna (2014), el enfoque de derechos del niño y su singular cristalización en la CDN se ha convertido en algo más que una exitosa normativa global. Múltiples actores en cada contexto de implementación han ido configurando una retórica propia de los derechos de la infancia. A raíz de la estandarización en las tres últimas décadas del menor de edad “sujeto a proteger” y con titularidad plena de derechos, la movilidad no prevista de los/as MMNA los convierte en los/as migrantes más “incómodos”. Frente a personas migrantes objeto de control se impone la consideración de menores de edad titulares de derechos y sujetos a proteger, una doble condición que los construye como “intrusos” (Jiménez, 2011). Esta movilidad transgresora, no sólo interpela a las políticas migratorias, sino que pone de manifiesto las contradicciones de los sistemas de protección pensados y diseñados para la infancia “autóctona”, así como también a los supuestos derechos universales de la infancia.

3. Metodología

Este artículo forma parte del proyecto de investigación: “Menores Migrantes No Acompañados/as (MMNA). Situación actual, circuito de atención y modelo de intervención social y educativa para la inclusión”, llevado a cabo en el periodo 2018-2022. Con una metodología mixta, se han diseñado e implementado técnicas cualitativas —entrevistas y grupos de discusión—, y se han complementado con un cuestionario de contraste para analizar tanto las experiencias de los/as chicos/as que circulan en el sistema de protección, como las percepciones y opiniones de los/as profesionales que trabajan en su acogida, protección y emancipación en diversos territorios del Estado español.

En este trabajo nos centramos en el análisis de los discursos producidos en seis grupos de discusión con profesionales del SPIA en el ámbito de protección y emancipación, en tres territorios: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Nuestro propósito es analizar cómo se experimenta la ambivalencia implícita en la doble condición de los/as MMNA sujetos de protección y objetos de control. El criterio diferencial del diseño de los grupos es el ámbito de intervención: “Protección” engloba a profesionales y recursos en el ámbito de intervención desde la acogida hasta la llegada de los 18 años y “Emancipación” engloba el ámbito de intervención desde los 18 años. Para garantizar la heterogeneidad en los grupos se incluyeron en todos a hombres y mujeres con diversas trayectorias profesionales provenientes de diversas entidades y recursos presentes en los territorios.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el Grupo de Protección estuvo constituido por profesionales de cinco centros, cuatro de ellos de gestión privada y uno público. Cuatro son centros de acogida y uno cumple funciones de recepción. En el Grupo de Emancipación participaron seis profesionales de cinco entidades del Tercer Sector. En la selección se tuvo en cuenta el volumen de recursos y plazas que gestionan y su presencia en las tres provincias. En el caso del País Vasco, el Grupo de Protección contó con profesionales de seis centros de protección, gestionados por entidades del Tercer Sector, siendo uno de ellos un centro de acogida de urgencia. Contó con un profesional del sistema educativo y otro del Servicio de Asesoramiento Técnico (SAT) y dos de programas estructurales de la sección de acogimiento residencial. En el Grupo de Emancipación, participaron profesionales de diversos programas de emancipación y una profesional del Servicio Municipal de Acogida de Urgencia, además de una representante de un Servicio Público de Inserción y dos profesionales de programas de inserción sociolaboral. En la Comunidad de Madrid, el Grupo de Protección contó con la participación de profesionales pertenecientes a tres centros de gestión pública, un centro público externalizado y dos entidades del Tercer Sector. El grupo de Emancipación contó con cinco profesionales que trabajan en programas de distintas entidades del Tercer Sector, al no existir en esta Comunidad dispositivos de titularidad pública que trabajen con jóvenes migrantes extutelados/as.

El impulso inicial de los grupos de intervención requería que los y las profesionales abordasen la realidad de los MMNA una vez acceden al sistema de protección, mientras que los grupos de emancipación se les requería que abordasen la realidad de los MMNA a partir de la mayoría de edad. Los principales temas tratados incluyen: evolución del fenómeno, tipo de recursos y programas, características y necesidades específicas, particularidades de la intervención y retos profesionales. Los grupos se transcribieron literalmente y se analizaron con la ayuda del programa Atlas.ti 9. Realizamos un análisis temático a través del uso de un sistema de códigos para posteriormente implementar un análisis interpretativo de los textos identificando las principales líneas convergentes de los discursos que identifican las contradicciones del sistema de protección, sus malestares compartidos y los dilemas que atraviesan su quehacer profesional.

El número de grupos es limitado ya que se ha realizado únicamente un grupo de protección y otro de emancipación en cada comunidad autónoma, hecho que no permite realizar análisis más profundos relacionados con los roles y las posiciones laborales de los y las profesionales. Cabe destacar que cuatro de los seis grupos se hicieron durante la pandemia provocada por la COVID-19, hecho que nos obligó a realizarlos de manera telemática, contexto en que la discusión es más pautada que en los grupos presenciales.

4. Resultados: profesionales en la encrucijada

Del análisis de los 6 grupos de discusión nos centramos, en primer lugar, en los elementos que, fruto de las contradicciones del SPIA en los modos de gestión de las infancias migrantes —los tiempos de la protección, el circuito de atención y la complejidad del concepto de autonomía—, atraviesan las prácticas profesionales y les posiciona frente a las políticas públicas. En segundo lugar, nos focalizamos en los malestares fruto de la burocratización, la precarización, la gestión afectiva y la injusticia del sistema. Finalmente, destacamos los dilemas éticos que también son experimentados como malestares pero que vertebran con cuestiones vinculadas a la identidad profesional.

4.1. Contradicciones: retórica y práctica de las políticas públicas

4.1.1. Infancia, tiempo y derechos

Una de las primeras cuestiones que aparece en los grupos de discusión del ámbito de protección tiene que ver con el procedimiento de determinación de la edad. En torno a ello, emergen posiciones discursivas que ponen de manifiesto la contradicción inherente al propio concepto universal de infancia. Algunos discursos plantean la arbitrariedad en la aplicación de estos procedimientos y su vínculo con el control de flujos de entrada al SPIA. Otros, usan argumentos técnico-jurídicos que apelan a la necesidad de adecuar saberes y prácticas expertas, así como las características de los dispositivos, a la edad y perfil de los sujetos susceptibles de ser intervenidos. Argumentos que remarcan la existencia de un “perfil migrante”.

Nos interesa aquí señalar el procedimiento de determinación de la edad y su papel en el acceso al sistema de protección dado que la primera contradicción que emerge en los grupos se refiere al tiempo de intervención del que disponen.

La ausencia de familia de origen en el territorio y la escasa red social en el caso de los/as MMNA toma especial relevancia en los discursos profesionales, que sitúan en el centro de las intervenciones con estos/as jóvenes el acceso a la documentación y el itinerario de inserción laboral, elementos que serán indispensables una vez cumplida la mayoría de edad.

Las limitaciones derivadas del tiempo de intervención se intensifican con la burocratización. En los discursos, por una parte, se abunda en los densos procesos burocráticos, criterios y trámites que implica regularizar la situación documental de los/as MMNA. Por otra parte, se apunta a la creciente burocratización del trabajo que hace que el tiempo de atención directa y acompañamiento sea menor del necesario o deseable. Un problema cada vez más significativo en las profesiones sociales y del trabajo social en particular (Ballestero et al., 2012) y que, como veremos, guarda relación directa con los malestares profesionales cotidianos.

Fruto de la experiencia de los equipos e instituciones a lo largo de estos años de presencia del fenómeno en el SPIA, los/as profesionales perciben una mayor capacidad para acompañar y dar respuesta individualizada:

No obstante, la mejor adecuación de los procesos socioeducativos se enfrenta a una mayor dificultad en los criterios, trámites y plazos para documentar a los/as MMNA.

Se vislumbra la sensación de arbitrariedad en las oficinas de extranjería para la regularización documental¹. Las facilidades o dificultades para realizar ciertos trámites varían en función del momento, la comunidad autónoma o la provincia.

La falta de claridad en los procedimientos atraviesa su quehacer cotidiano y cuestiona su saber profesional. Este contexto legislativo y burocrático cambiante no solo impide que tengan el control sobre los procedimientos, sino que empeora las posibilidades de sus actuaciones. Los y las profesionales afrontan el fin del proceso de intervención social sin cumplir con los objetivos fundamentales: mejorar las condiciones de vida, autonomía y bienestar de las personas.

4.1.2. Integrar la diferencia

La segunda contradicción que atraviesa los discursos guarda relación con el circuito de atención diseñado para la atención de los/as MMNA y sus posibilidades para dar respuesta a las necesidades y demandas de estos/as chicos/as y promocionar su integración social: la improvisación de recursos, la segregación y la gestión privatizada.

La estancia, muchas veces dilatada, en recursos improvisados o en dispositivos de primera acogida que no están dotados del proyecto educativo y herramientas para atender cuestiones indispensables para este perfil de menores de edad, vulnera sus derechos y se convierte en un factor decisivo de exclusión social cuando alcanzan la mayoría de edad.

El tiempo de estancia en estos recursos es producto de la lógica de especialización, esto es, la segregación de los/as MMNA en el circuito de acogimiento residencial y la falta de plazas para su derivación a los dispositivos adecuados para iniciar sus itinerarios individuales. Una segregación que, encubierta bajo la lógica técnico-jurídica, da pie al ejercicio del control y la vigilancia (Empez, 2015; Marco, 2016).

Los y las profesionales encuentran contradictorio promocionar la integración social y la igualdad de oportunidades desde la segregación institucional. Aunque aparecen diversas opiniones en torno a la segregación, el análisis permite intuir que las posiciones que abogan por la especialización se enuncian desde la experiencia de la sobrecarga y la masificación de los recursos, atendiendo al tipo de respuesta y modelo territorial: tipología de recursos y número de plazas, infraestructura de los dispositivos, ratios profesionales y herramientas para atender de forma adecuada la diversidad de perfiles atendidos.

Por otro lado, señalan que la segregación residencial se traslada a otros ámbitos, destacando las limitaciones que supone en la promoción de itinerarios de inserción social y la ampliación de redes sociales. Además, también contribuye a la homogeneización y estigmatización de los y las MMNA. Finalmente, junto al acompañamiento socioeducativo y las trabas burocráticas, los/as profesionales han de afrontar obstáculos en la intervención fruto de los estereotipos y prejuicios racistas.

Otra cuestión que aparece y que guarda relación con el circuito establecido para atender a los MMNA, es el desplazamiento de la gestión de estos recursos a agencias y entidades del Tercer Sector. Los/as profesionales apelan a la precarización de los servicios y a las malas prácticas de ciertas instituciones y entidades.

Las y los profesionales encuentran contradictorio el programa de intervención individual autonómico diseñado para los/as MMNA con el modelo de recursos y la dinámica institucional que resulta en la práctica.

Algunos malestares y dilemas profesionales son producto de este modelo de gestión privada de lo social, tanto en cuanto refiere a las condiciones laborales, como respecto a la mercantilización de la intervención que, no exenta de intereses político-económicos, impone procesos educativos que interpelan su identidad profesional.

Los y las profesionales experimentan de forma contradictoria la eficacia y eficiencia de este modelo de gestión:

La falta de un plan integral de protección, así como la multiplicación y diversificación de recursos, sumado a la derivación a la gestión privada, afecta a los modos en que los/as profesionales perciben el sentir de su trabajo.

4.1.3. Autonomía e independencia

La tercera contradicción presente en los discursos es la falta de adecuación entre los cambios legislativos y la puesta en marcha de acciones pertinentes en el diseño del circuito, infraestructuras de las residencias y hogares, y plazas disponibles en emancipación.

Resulta contradictorio para los/as profesionales promocionar la autonomía en recursos de carácter específico para MMNA alejados de los núcleos urbanos. La ubicación en el extrarradio, rasgo constitutivo de las instituciones totales estudiadas por Goffman (1961), dificulta la movilidad autónoma y el aprovechamiento de todo tipo de recursos (formativos, deportivos, laborales, etc.) y genera mayor dependencia de los/as adolescentes al equipo educativo y a la dinámica institucional.

Los/as profesionales viven con contradicciones la obligación de desarrollar itinerarios individualizados de intervención en proyectos educativos homogéneos.

Por otro lado, la promoción de la autonomía y la participación se enfrenta a la legislación de extranjería y las barreras de acceso a la regularización documental y a recursos como el empleo. A la falta de medios materiales necesarios para desarrollar sus proyectos vitales de manera autónoma en la adultez, se añade la falta de recursos de emancipación. En este sentido, el concepto de autonomía es el que define el sistema protector dominante que no responde a los intereses de los/as MMNA.

La falta de plazas en recursos de emancipación refuerza los procesos de normalización y selección. Los/as MMNA no sólo deben adaptarse adecuadamente a la normativa y desarrollar un recorrido “ideal” configurado por el propio sistema, sino que, además, suya es la responsabilidad sobre el éxito o el fracaso de su inserción.

Desde las instancias y parámetros adultos se instruye un único itinerario “validado” a través del que alcanzar el estatus de sujeto (autónomo, maduro, racional), cuestión que desoye las múltiples situaciones, factores y ejes de estructuración (género, etnia, marco cultural, territorio) que atraviesan la infancia y que hace que el modelo no sea válido para todas las personas. Estos itinerarios prefijados tienden a la reproducción de las desigualdades y revictimizan (Marco, 2017).

Mientras que la media de edad de emancipación juvenil en España se sitúa en torno a los 29,5 años, para los/as jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en el SPIA, la transición a la vida independiente deviene forzosa. La adultez inmediata exigida a estos/as jóvenes incrementa el riesgo de sufrir procesos de exclusión social (López et al., 2013).

4.2. Malestares y frustraciones

4.2.1. La agonía de vivir en la trampa burocrática

El malestar central que se explicita en los grupos de discusión proviene de las trabas burocráticas para conseguir la documentación que permite el acceso a los recursos laborales y comunitarios. La sensación compartida de impotencia se manifiesta de manera clara:

Los/as profesionales se sienten frustrado/as ante el aparato burocrático, ante la rigidez y complejidad de los procedimientos que se interponen, ralentizan o, incluso, paralizan los itinerarios individuales de estos/as adolescentes, condicionando sus trayectorias y el acompañamiento profesional adecuado. La consecución de los objetivos de intervención se encuentra comprometida y lejos de los deseos profesionales de dar respuesta a las necesidades de los/as adolescentes a través de la escucha y el acompañamiento centrado en la persona, quedando abocados a la gestión de recursos que parece se ha convertido en la razón de ser de su acción profesional.

Una segunda dimensión del malestar advierte la implicación que va más allá de lo estrictamente profesional y que responde a los límites de la intervención social: tiempo y calidad del acompañamiento, la llegada de la mayoría de edad y falta de recursos de emancipación. A esto se le suma la responsabilidad asumida con los/as jóvenes y sus itinerarios vitales. Ante las carencias del sistema, muchos/as profesionales asumen funciones de protección social.

El estrés producido por la sobrecarga laboral y tensión emocional puede ocasionar el síndrome de burnout, situación incapacitante para trabajar. En este sentido, Castillo (2016) señala la fatiga por compasión cuando la simpatía, confundida con la empatía, impide la toma de perspectiva y la autorregulación emocional.

4.2.2. Condiciones laborales y extensión de la precariedad

El trabajo de campo muestra otros elementos que están en el epicentro de los malestares y que giran en torno a la gestión de dispositivos del SPIA y las condiciones laborales. En el caso de la Comunidad de Madrid, tal como apuntan Castillo y García (2020), se pone de manifiesto las carencias del SPIA para atender a los/as MMNA, las características inadecuadas de los centros de carácter específico y las malas condiciones laborales.

El trasvase de la gestión de lo social a la empresa privada precariza los servicios de protección y conlleva riesgos en la calidad de la atención de las personas acogidas y las intervenciones. La rentabilidad de estos dispositivos opera, en muchas ocasiones, en detrimento de las condiciones laborales. Esto tiene especial impacto en el volumen de bajas laborales, producto del estrés, el burnout y la fatiga. Además, la gestión y las estrategias de contratación que utilizan las empresas repercute en la estabilidad de las plantillas, empobreciendo los proyectos socioeducativos, limitando y condicionando la experiencia profesional individual y de equipo.

Así, se convierte en una responsabilidad individual de cada profesional gestionar la precariedad y los malestares que acarrea.

4.2.3. Gestión afectiva y establecimiento de vínculos

El acompañamiento como metodología de intervención social orienta la acción profesional hacia los procesos de cambio, con la persona y con el entorno (Raya y Caparrós, 2014). En el caso de la educación social y del trabajo social, es una tarea inherente a la identidad profesional. Acompañar supone reconocer a quienes acompañamos y promover el derecho propio para reconocerse.

El acompañamiento conlleva el establecimiento de vínculos que pueden ser fructíferos en la intervención. Cabe plantearse si el establecimiento de vínculos responde más a una preconcepción propia de la cultura profesional o a una opción personal. La disposición de los/as MMNA no es solo una elección personal, sino que está atravesada por sus experiencias desde la llegada al territorio español, la acogida en el SPIA y su recorrido por los distintos dispositivos o territorios.

En un contexto institucional y burocrático hostil, la desconfianza se torna una estrategia de supervivencia para muchos/as adolescentes. Un desafío profesional añadido es la gestión de la frustración cuando los/as chicos/as no muestran el interés esperado. En el caso de los/as MMNA, las experiencias previas y el bagaje cultural propio puede derivar en una concepción diferente de la naturaleza del vínculo. A pesar de las diversas realidades, la búsqueda de mejores condiciones de vida está presente de forma común en sus aspiraciones. Resulta obvio que la cobertura de las necesidades básicas, la regularización documental y el acceso al mercado laboral están entre sus prioridades.

Consideramos que el carácter funcional de las demandas puede coexistir con una intervención reparadora y basada en el acompañamiento efectivo del sujeto. No obstante, el punto de partida para la relación es difícil teniendo en cuenta las limitaciones idiomáticas y la existencia de diversos códigos sociales y culturales que mediatizan el encuentro.

En el fragmento se vislumbra un sentimiento de incapacidad para conectar con los/as MMNA. Es cierto que adoptar una perspectiva en la intervención de acompañamiento y reconocimiento mutuo conlleva una apuesta técnica donde la confianza no se centre en los contenidos de la intimidad compartida (Gutiérrez y Estalayo, 2020), sino más bien en la presencia y referencia significativa, tanto en la convivencia como en la relación concreta. No obstante, no podemos menoscabar cómo la rigidez administrativa, la mercantilización de la intervención y las condiciones laborales de los/as profesionales mediatizan las relaciones y la convivencia.

4.2.4. Sufrimiento ante las injusticias del sistema

La mayor parte de los malestares profesionales conectan con la injusticia del sistema, su arbitrariedad y su violencia. Retomando la cuestión de la regulación administrativa, esta se vive como una barrera para hacer efectivos derechos humanos elementales.

A pesar de la activación de distintas políticas y reformas legislativas, el sistema sigue sin ser efectivo. Especialmente, cuando las reformas adquieren un carácter instrumental, adaptado más a las necesidades del mercado laboral que a las necesidades de las personas vulnerabilizadas. Hablamos de un colectivo fuertemente estigmatizado y discriminado y expuesto a múltiples situaciones de explotación y vulnerabilidad, tratados como “infrasujetos” (De Lucas, 1996).

El contexto de protección se convierte en un contexto, también, de opresión y de vulnerabilidad compartida. Las narrativas de los/as profesionales no se limitan a cuestionar el funcionamiento del sistema, cuyas puertas quedan blindadas por una amalgama de condiciones administrativas estratégicamente diseñadas para mantener su interconexión y, por tanto, el “viaje a ninguna parte”. Ante este maltrato institucional (Navarro, 2007), exponen experiencias de dolor que emana de decisiones institucionales y del intento personal y profesional de hacer frente a la desesperanza. Un sufrimiento que vincula con las escasas posibilidades a las que acceden estos/as jóvenes y las condiciones en las que estas se presentan.

4.3. Dilemas éticos en la cotidianidad laboral

Un primer tipo de dilema ético que aparece en los grupos de discusión está relacionado con el tiempo de intervención profesional. Si bien el tiempo de estancia en el SPIA se percibe como una de las principales limitaciones para el desarrollo profesional, aparecen otros conflictos derivados de presiones administrativas para la gestión de las plazas, como ocurre en el ámbito de emancipación. Los/as profesionales deben finalizar un itinerario de intervención individual sin la seguridad de que se producirá en las condiciones propicias de autonomía y bienestar.

Otro de los dilemas está relacionado con la autonomía. El respeto a la toma de decisiones de las personas en sus itinerarios es básico en la práctica profesional. Sin embargo, no siempre resulta fácil dirimir situaciones en las que se limita o se promociona esta autonomía. Especialmente significativos resultan los dilemas que aparecen cuando el respeto a la autonomía entra en conflicto con ideas y principios de los/as profesionales.

El denso proceso burocrático mediatiza la toma de decisiones de los/as jóvenes respecto a sus propias trayectorias. Decisiones que no siempre son compartidas por los/as profesionales cuando, además, no cuentan con herramientas para poder influir o evitar decisiones precipitadas.

Un tercer tipo de dilema atañe a conflictos vinculados con la incompetencia profesional de otros/as profesionales y con modelos socioeducativos de intervención impuestos por la normativa de las instituciones o las entidades.

Este fragmento describe comportamientos que evidencian la falta de compromiso social y profesional de algunos colegas que podrían considerarse negligentes. También nos encontramos con dilemas que atañen a modelos socioeducativos concretos incapaces de subvertir la relación sujeto que interviene - objeto de intervención, hecho que refuerza la autoridad adulta y la distancia relacional.

Cuando aparecen situaciones donde entran en conflicto las convicciones personales y las profesionales con relación al modelo de intervención impuesto o a las lógicas institucionales dominantes, emergen situaciones que afectan a la integridad profesional. La percepción profesional es que, con los procesos de privatización, se han perdido algunos elementos clave de crítica sistémica.

Por último, en los discursos emerge el dilema de sentirse cómplices de un sistema social violento y excluyente y que reproduce las desigualdades sociales. Las exigencias en materia de extranjería, los rígidos criterios aplicados a las personas migrantes y a los/as empleadores para obtener la autorización laboral, junto con la imperiosa necesidad de contar con medios materiales, tiene como consecuencia la búsqueda y puesta en marcha de estrategias e itinerarios de inserción que, en muchas ocasiones, se producen bajo condiciones precarias o incluso de explotación. Condiciones que los/as jóvenes se ven obligados a aceptar con el fin de conseguir su propósito, esto es, el acceso a la regularización documental y al empleo, independientemente de sus condiciones. Estas dificultades llevan a que, frecuentemente, los/as profesionales, conocedores de la vulneración de derechos laborales, se vean incapaces de desestimar o denunciar dichas prácticas empresariales por no frustrar los objetivos y las limitadas oportunidades de los/as jóvenes.

Los tres primeros tipos de dilemas —autonomía, tiempo de intervención e incompetencia de otros/as profesionales— están presentes en el ámbito del trabajo social en general (Ballestero et al., 2012). En el caso de la intervención social con MMNA y jóvenes migrantes, emerge un tipo de dilema propio fruto de un sistema social, económico y político excluyente que reproduce las desigualdades sociales y donde la experiencia de ser cómplices atraviesa la identidad profesional.

5. Discusión

El análisis de los grupos de discusión nos permite señalar tres aspectos comunes de la intervención con MMNA que mediatizan la experiencia profesional en el SPIA: la edad y su cercanía a los 18 años, la condición de extranjeros/as, y la ausencia de familia de origen en el territorio y la escasa red social. La protección acotada a la minoría de edad, la falta de recursos en el ámbito de emancipación y el necesario y difícil acceso a la regularización documental hace que la intervención se centre en la cobertura de necesidades básicas, conseguir documentación y la preparación laboral. Esto conlleva una homogeneización de los/as MMNA que se materializa en un circuito cerrado con vías de intervención estandarizadas. A pesar de que no puede negarse una condición común de estos/as adolescentes (vinculada a trayectorias migratorias y ausencia de redes familiares, especialmente), la preparación para la autonomía y emancipación se erige como proyecto educativo único por su condición migrante (Bravo y Del Valle, 2009).

La falta de tiempo para preparar el tránsito a la adultez y la salida del sistema a la que apelan los/as profesionales señala el carácter asistencialista y familiarista que permea las actuaciones en el SPIA. Por una parte, mientras protege a estos/as adolescentes durante su minoría de edad no duda en abandonarles a su suerte una vez alcanzada la mayoría de edad, para la desesperación y frustración tanto de los/as profesionales como para los/as jóvenes que se topan con una realidad alejada de sus expectativas (Quiroga et al., 2021). Por otra parte, la centralidad que toma la regularización documental y la inserción laboral en los itinerarios de intervención refuerza el carácter familiarista del Estado de Bienestar (Añón y Miravet, 2005) que obvia la dimensión comunitaria, relacional, identitaria y afectiva en el marco de la intervención.

Los discursos demuestran un mayor conocimiento y comprensión de las trayectorias, necesidades y demandas de los/as MMNA fruto de la experiencia adquirida a lo largo de los años de presencia de juventud e infancia migrante en el SPIA. No obstante, las mejores competencias adquiridas no son suficientes para lidiar con la creciente complejidad y rigidez burocrática que interrumpe o paraliza los itinerarios de estos/as adolescentes, su participación y promoción a la autonomía y que compromete los objetivos de la intervención, limitando el papel de los/as profesional acorde con los principios y valores profesionales. Coincidimos con Maribel Martín (2016) en que la burocracia parece hacer mella en la identidad profesional, generando ansiedad y paralización en la intervención. La frustración de los/as profesionales es producto del difícil equilibrio entre las necesidades y demandas de los/as MMNA y las respuestas efectivas que se les puede ofrecer a la luz de la legislación vigente (Peláez, 2018) y la dinámica institucional.

Resulta significativo que los/as profesionales consideren que las respuestas activadas frente al aumento de flujos de llegada de MMNA sean “improvisaciones” (como los albergues, centros de emergencia, campamentos, etc.) y que las medidas administrativas sean “arbitrarias”, o que los tiempos de acogida en recursos que no disponen de proyecto educativo y herramientas adecuadas para atender sus necesidades se consideren “excesivos”. Tras más de 25 años de presencia de este fenómeno en el SPIA y aun tratándose hoy de un fenómeno estructural, la falta de previsión y planificación sigue siendo una constante en los territorios estudiados. Ya algunos de los primeros estudios sobre este fenómeno analizaban las diversas prácticas administrativas que dificultaban la integración de estos/as chicos/as en el circuito de protección a pesar de las obligaciones del ordenamiento jurídico estatal e internacional (Arce, 2000; Aja, 2002, en Quiroga, 2003), así como las carencias y limitaciones del circuito segregado establecido y de los dispositivos de acogida (Empez, 2015; Marco, 2016). Estas cuestiones tienen un especial impacto en el fracaso de la intervención desde la fase de acogida (Quiroga y Chagas, 2020) y, al tiempo, contribuyen a que los/as MMNA desarrollen itinerarios alternativos, produciéndose situaciones de desprotección y riesgo social e incluso, numerosas desapariciones, como señala Mercedes Jiménez (2019).

Asociado al circuito de atención, parte de las contradicciones, malestares y dilemas que los y las profesionales experimentan guardan relación con el modelo de gestión de los recursos de protección destinados a este colectivo. Los/as profesionales reniegan de la existencia de entidades con una lógica puramente mercantilista, que conlleva la precarización de los servicios de protección y la calidad manifiestamente mejorable de la atención de las personas acogidas. Entidades que, a través de un sistema de subvenciones, acuerdos y convenios, se convierten en proveedoras de servicios baratos en connivencia con gobiernos autonómicos y municipales (Gil Araújo, 2006). Un sistema que, no solo es maleable y dócil, con gran capacidad para extender o eliminar nuevos recursos, sino que impone un concepto hegemónico y occidental de la infancia que ignora los contextos estructurales sociopolíticos, al tiempo que adultera la capacidad crítica de las entidades y profesionales ante los discursos y prácticas de dominación (Maldonado et al., 2020). Tal y como hemos observado, la rentabilidad de estos dispositivos opera, también, en detrimento de las condiciones laborales y la estabilidad de las plantillas, limitando la experiencia profesional individual y de equipo.

En esta dinámica de desprofesionalización —precarización del mercado de trabajo y en la provisión de servicios sociales, burocratización, estandarización de la intervención (Hernández-Echegaray, 2018)—, los/as profesionales asumen riesgos con incertidumbre. La cultura laboral posmoderna oscila entre el riesgo y la flexibilidad sometiéndoles a niveles de estrés difícilmente soportables (Martín y Nogués, 2022). Además, se convierte en responsabilidad de los/as profesionales gestionar la precariedad y los malestares producto de este modelo de gestión y de las tácticas empresariales. No hay instancias institucionales que den respuesta al estrés y la sobrecarga laboral, o que minimicen las frustraciones dotándolos de herramientas para el desempeño profesional. Esto nos lleva a repensar el paradigma de “autocuidado” que se extiende al ámbito de lo social. De acuerdo con Barudy (2001) el autocuidado debe considerarse a dos niveles: la capacidad de autocuidado del/la profesional y la necesidad de protección de los recursos profesionales por parte de la institución. En contraposición, el carácter neoliberal desde el cual se entiende el paradigma del “autocuidado” promueve programas formativos enfocados a la gestión sobre uno mismo: cómo mejorar la gestión del estrés, de las emociones, etc. Saberes que, sin negar aquí su utilidad, refuerzan el giro psicologicista (Gill, 2019) del neoliberalismo en el que la gestión de uno mismo pasa por invertir en la mejora, no ya de habilidades profesionales, sino de las características y rasgos de personalidad que nos harán ser empleables en el mercado laboral.

Otro elemento central que subyace a las posiciones discursivas analizadas es la importancia que tiene hoy en la normativa, en las políticas y programas de protección a la infancia y adolescencia la promoción del rol activo de los/as chicos/as en el diseño y desarrollo de sus itinerarios individuales y el papel del acompañamiento socioeducativo. Los/as profesionales recalcan la centralidad del vínculo y la relación socioeducativa como instrumento de intervención. Sin embargo, al explorar las contradicciones, malestares y dilemas, vemos que esto plantea varios desafíos: la generación de vínculos con escaso tiempo de intervención; la promoción del reconocimiento en un contexto rígido o la vinculación emocional en entornos asistencialistas. Frente a las carencias del sistema para apoyar las trayectorias de estos/as jóvenes, algunos/as profesionales ponen en marcha estrategias de protección social que trascienden su responsabilidad laboral o profesional. Estas estrategias, en parte motivadas por un sistema injusto que vulnerabiliza a estos/as chicos/as, conviven con sentimientos de impotencia y malestar profesional. La violencia e injusticia del sistema interpela su identidad profesional y se expresa en forma de dilemas que generan más malestar producto de la distancia entre los ideales y las prácticas, es decir, entre la teoría estudiada y la práctica real que, en numerosas ocasiones, se contradicen (Barbero, 2002).

Finalmente, tal como hemos observado, los dilemas que afrontan los y las profesionales de lo social se vinculan con valores y principios éticos comunes y vertebran la identidad profesional y el papel socialmente reconocido en la lucha por la igualdad y la justicia social. En la cotidianidad profesional, la ética se convierte en un elemento estructural (Uriz y Salcedo, 2017) y ante nuevas situaciones de desigualdad y precariedad social surgen nuevos retos éticos y políticos. De hecho, la revisión de la literatura científica permite constatar una creciente atención a los dilemas éticos en estas profesiones, producto de conflictos y tensiones sociales, económicas y políticas propias del capitalismo tardío (Ballestero et al., 2012; Vilar, 2001).

6. Conclusiones

Las contradicciones que experimentan los y las profesionales en el ejercicio de su encargo profesional dan cuenta de que el SPIA, a pesar de los esfuerzos por consolidar el paradigma de protección integral, mantiene prácticas y dinámicas que se acercan al asistencialismo, al tiempo que se alejan de reconocer la agencia infanto-juvenil, convirtiendo este paradigma y el enfoque de derechos de la infancia y adolescencia en pura retórica.

En el caso de la intervención con MMNA, y a pesar de más de dos décadas de presencia en los sistemas de protección, aún hoy la falta de planificación y evaluación refuerza un carácter asistencial que imposibilita el desarrollo de medidas preventivas y respuestas más creativas y acordes a las demandas de estos/as chicos/as. Las reformas legislativas profesan una concepción de la infancia y adolescencia y un relato de protección que no se materializa en la práctica en la preparación de la transición a la vida adulta. La segregación institucional y la falta de recursos de emancipación recrudece el carácter proteccionista, paternalista y selectivo y restringe el enfoque de autonomía y emancipación. Estas cuestiones confrontan a los/as profesionales quienes, a pesar de disponer de competencias para realizar acompañamientos más adecuados e individualizados, se encuentran con obstáculos que limitan sus posibilidades de acción, producto de un sistema que impone y reproduce el orden social.

Los malestares que hemos analizado son fruto de las contradicciones del sistema y el contexto en el que los/as profesionales trabajan. Así, el estrés y sobrecarga laboral, el desgaste profesional y emocional, las frustraciones y los sufrimientos son expresión misma de los límites de la intervención social en el SPIA y del carácter injusto y arbitrario del sistema para con los/as adolescentes y jóvenes migrantes. Esta violencia que ejerce el sistema está en la base de los dilemas que afrontan, bien porque están atravesados por las lógicas hegemónicas y sus fronteras morales y se reproducen en sus propias prácticas y discursos, bien porque siendo conscientes, se sienten incapaces de subvertir las lógicas dominantes y se sienten cómplices del sistema.

Finalmente, a pesar de la diversidad de miradas, el discurso profesional emergente en los grupos de discusión se articula sobre la idea de compromiso con las problemáticas de la adolescencia y juventud migrante. Cuestiones como el vínculo en la intervención, la dimensión relacional y comunitaria, la lucha por la igualdad y justicia social, y la participación social, subyacen tanto en sus aspiraciones, como en las frustraciones y malestares. Estas cuestiones no son simples parámetros o normativas que cumplir, sino que operan interrelacionados con sus valores personales y profesionales producto de la interacción cotidiana.

Agradecimientos

Este artículo se ha realizado en el marco de la investigación Menores Migrantes No Acompañados/as (MMNA). Situación actual, circuito de atención y modelo de intervención social y educativa para la inclusión (Ref. PGC2018-100944-B-I00), liderada por la Universitat de Barcelona y financiada por el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades.

Las autoras queremos expresar nuestro agradecimiento a Emma Gómez Nicolau por sus valiosos comentarios y sugerencias, así como al equipo editorial y a las personas revisoras anónimas de la revista Migraciones. También agradecemos la colaboración de todos y todas las profesionales que participaron en los grupos de discusión.

Referencias

Alguacil, Julio (2012). La quiebra del incompleto sistema de Servicios Sociales en España. Cuadernos de Trabajo Social, 25(1), 63-74. https://doi.org/10.5209/rev_CUTS.2012.v25.n1.38434

Añón, M.ª José y Miravet, Pablo (2005). Paradojas del familiarismo en el Estado del bienestar: mujeres y renta básica. Cuadernos de Relaciones Laborales, 23(2), 101-121.

Ballestero, Alberto, Uriz, M.ª Jesús y Viscarret, Juan Jesús (2012). Dilemas éticos de las trabajadoras y los trabajadores sociales en España. Papers, 97(4), 875-898. https://doi.org/10.5565/rev/papers/v97n4.283

Barbero, J. Manuel (2002). El Trabajo Social en España. Mira Editores.

Barna, Agustín (2014). Relaciones entre dispositivos administrativos y arreglos familiares en la gestión de la infancia “con derechos vulnerados”. Una aproximación etnográfica. Revista de Estudios Sociales, 50, 57-70. https://doi.org/10.7440/res50.2014.08

Barudy, Jorge (2001). Maltrato Infantil - Ecología Social: Prevención y Reparación. Galdoc.

Bravo, Amaia y Del Valle, Jorge (2009). Crisis y revisión del acogimiento residencial. Su papel en la protección infantil. Papeles del Psicólogo, 30(1), 42-52.

Campos, Shirley (2009). La Convención sobre los Derechos del Niño: el cambio de paradigma y el acceso a la justicia. Revista IIDH, 50, 351-376.

Casas, Ferran (1998). Infancia: Perspectivas psicosociales. Paidós.

Castillo, Aurora (2016). La enseñanza y el aprendizaje de la empatía para el trabajo social (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/id/eprint/36915/

Castillo, Aurora y García, Teresa (2020). De las demandas, respuestas y tensiones en la Comunidad de Madrid. En Violeta Quiroga y Eveline Chagas (dirs.), Empuje y Audacia. Migración transfronteriza de adolescentes y jóvenes no acompañados/as (pp. 231-258). Siglo XXI.

Empez, Núria (2015). ¡Solo valiente! Los menores que migran solos de Marruecos a Cataluña (Tesis Doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona. https://hdl.handle.net/10803/287989

Gaitán, Lourdes (2006). Sociología de la Infancia. Síntesis.

Gil Araújo, Sandra (2006). Las argucias de la integración. Construcción nacional y gobierno de lo social a través de las políticas de integración de inmigrantes. Los casos de Cataluña y Madrid (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid.

Gill, Rosalind (2019). Cuando la propia vida es el campo laboral. Aspectos clave en la gestión de la vida en los empleos vinculados con tecnologías digitales. Recerca: revista de pensament i anàlisi, 24(1), 14-36. https://doi.org/10.6035/Recerca.2019.24.1.2

Goffman, Erving (2009[1961]). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu.

Gutiérrez, Raúl y Estalayo, Ángel (2020). La confianza básica en la relación de apego seguro con adolescentes en contextos de protección de menores y justicia juvenil. Clínica e Investigación Relacional, 14(2), 449-457.

Hernández-Echegaray, Arancha (2017). El proceso de (des)profesionalización del Trabajo Social en España (1980-2015). Déficits, riesgos y potencialidades (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Horcas, Vicent (2016). Entre el control y la protección. Los dispositivos de atención de los Menores Migrantes no Acompañados (MMNA) en el País Valencià (Tesis doctoral). Universitat de Valencia. http://hdl.handle.net/10550/50818

James, Allison y Prout, Alan (eds.) (2010[1997]). Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. Routledge.

Jiménez, Mercedes (2011). Intrusos en la fortaleza, menores marroquíes migrantes en la frontera sur de Europa (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid. http://hdl.handle.net/10486/6842

Jiménez, Mercedes (2019). Desapariciones de menores extranjeros no acompañados (MENA) en España: una primera aproximación a sus significados. En Anuario CIDOB de la Inmigración (pp. 168-188). https://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2019.168

López, Mónica, Santos, Iriana, Bravo, Amaia y Del Valle, Jorge (2013). El proceso de transición a la vida adulta de jóvenes acogidos en el sistema de protección infantil. Revista Anales de psicología, 29(1), 187-196. https://doi.org/10.6018/analesps.29.1.130542

Lucas, Javier de (1996). Puertas que se cierran. Europa como fortaleza. Icaria.

Maldonado, Manuel Jesús, Gutiérrez, Myriam y Yubero, Santiago (2020). El sistema de protección a la infancia y adolescencia (re)pensado desde las Epistemologías del Sur. Revista de Paz y Conflictos, 13(1), 7-33. https://doi.org/10.30827/revpaz.v13i1.11177

Marco, Elisabet y Gómez, Emma (2020). Ni villanos ni heroínas: discursos sobre la infancia vulnerabilizada. Revista Sociedad e Infancias, 4, 123-133. https://doi.org/10.5209/soci.67826

Marco, Elisabet (2016). Temps prestats. Joves d’origen marroquí que migren en solitari al País Valencià (Tesis Doctoral). Universitat de València. http://hdl.handle.net/10550/50599

Marco, Elisabet (2017). Dispositivos de control y reproducción de desigualdades en la intervención con jóvenes migrantes. RASE. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 10(1), 50-63. https://doi.org/10.7203/RASE.10.1.9268

Marre, Diana (2014). De infancias, niños y niñas. En Valeria Llobet (comp.), Pensar la infancia desde América Latina. Un estado de la cuestión (pp. 9-25). CLACSO.

Martín, Maribel y Nogués, Luis (2022). La (des)profesionalización del Trabajo Social: posmodernidad y mercado. Miscelánea Comillas, 80(156), 111-126. https://doi.org/10.14422/mis.v80.i156.y2022.007

Martín, Maribel (2016). Burocracia e identidad del Trabajo Social. En Domingo Carbonero, Enrique Raya, Neus Caparrós y Gimeno Chabier (dirs.), Respuestas transdisciplinares en una sociedad global: aportaciones desde el Trabajo Social (pp. 1-19). Universidad de La Rioja.

Mayall, Berry (2002). Towards a sociology for childhood. Thinking from children's lives. Open University Press.

Monteros, Silvina (2007). La construcción social de un nuevo sujeto migratorio: los menores migrantes no acompañados. Condiciones de posibilidad para la agencia (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid. http://hdl.handle.net/10486/1934

Navarro, Jordi (2007). El maltrato institucional: protesta con propuesta. RES, Revista de Educación Social, 6.

Peláez, Palmira (2018). Estado de la cuestión sobre los derechos de los MENAS en España: entre la protección y el abandono. RES, Revista de Educación Social, 27, 48-70.

Quiroga, Violeta y Chagas, Eveline (coords.) (2020). Empuje y Audacia. Migración transfronteriza de adolescentes y jóvenes no acompañados/as. Siglo XXI.

Quiroga, Violeta, Chagas, Eveline, Camerota, Natalia, Molero, Laura y Moral, Irene (2021). Adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados/as: de la discriminación al reconocimiento de los saberes. Quaderns del’Institut Català d’Antropologia, 37(1), 87-108.

Quiroga, Violeta (2003). Els petits “Harraga”. Menores immigrats no acompanyats d ́origen marroquí a Catalunya (Tesis doctoral). Universidad Rovira y Virgili, Tarragona. http://hdl.handle.net/10803/8417

Qvortrup, Jens (1992). El niño como sujeto y objeto: ideas sobre el programa de infancia en el Centro europeo de Viena. Infancia y sociedad. Revista de estudios, 15, 169-186.

Raya, Esther y Caparrós, Neus (2014). Acompañamiento como metodología de Trabajo Social en tiempos de cólera. Cuadernos de Trabajo Social, 27(1), 81-91. https://doi.org/10.5209/rev_CUTS.2014.v27.n1.42645

Suárez, Liliana (2006). Un nuevo actor migratorio: jóvenes, rutas y ritos juveniles transnacionales. En Alberto Olmos, Francisco Checa y Ángeles Arjona (eds.), Menores tras las fronteras. Otra migración que aguarda (pp. 17-50). Icaria.

Suárez, Miguel Ángel (2017). El autoconocimiento: una herramienta para la calidad en la «relación de ayuda». En Cinta Guinot y Ane Ferran (eds.), Trabajo Social: arte para generar vínculos (pp. 397-408). Universidad de Deusto.

Uriz, M.ª Jesús y Salcedo, Damián (2017). Presentación del monográfico: Ética y Trabajo Social. Cuadernos de trabajo social, 30(1), 17-21.

Vilar, Jesús (2001). L’ètica en la pràctica quotidiana de les professions socials. Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa, 17, 10-25.