1. Introducción

En este artículo vamos a exponer cómo en la actualidad hay una parte de la población mundial infantil, procedente de países empobrecidos o con conflictos políticos, que está siendo enajenada para ser destinada a la trata de seres humanos (TSH) con el objetivo de obtener beneficios por parte de las redes criminales y de las familias de las víctimas. Para ello, comenzaremos por ofrecer una panorámica general de la TSH con fines de explotación sexual. En este sentido, nos parece relevante aclarar la relación entre el tráfico irregular de personas y la TSH, pues no constituyen asuntos independientes. Por el contrario, están estrechamente vinculados, a pesar de que en el primero pueda existir cierta voluntariedad y en el segundo no. En ambos casos una persona puede ser trasladada ilegalmente a través de las fronteras. Sin embargo, la trata no implica necesariamente el cruce de fronteras (aunque así ocurra frecuentemente), sino el engaño y la coacción para controlar a las víctimas (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2020). Por ese motivo, pondremos el acento en las migraciones de menores que viajan solas (no acompañadas) o con personas que resultan ser cómplices de las mafias organizadas, cuyo propósito es traficar con ellas o destinarlas a la trata sexual o de otra índole (y, por tanto, viajan mal acompañadas). Esto se ha podido observar en las fronteras del sur de España, donde niñas y adolescentes (principalmente de origen subsahariano) con destino a la trata sexual, han sido interceptadas junto a personas adultas que se hacían pasar por sus madres u otros familiares (Melgar-Alcantud et al., 2021), lo que ha propiciado medidas de prevención mediante la separación hasta la confirmación de las pruebas de ADN. También las políticas europeas de fronteras abiertas han incidido en la trata en la Europa del norte. Los tratantes se sitúan en los límites fronterizos de países como Ucrania, Polonia o Rumanía para reclutar a jóvenes y adolescentes, con frecuencia solas y en situación de vulnerabilidad, mediante nuevos mecanismos de captación basados en la violencia y la humillación. Estas menores tienen dos veces más posibilidades de sufrir violencia por parte de los tratantes que las personas adultas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022).

Más adelante, justificaremos la necesidad de vincular las teorías sobre los movimientos migratorios con la perspectiva de género, pues de otro modo se proyecta una imagen superficial, sesgada e invisibilizadora de este fenómeno con tintes patriarcales muy marcados y claros. De hecho, hasta hace escasas décadas, las mujeres y las niñas estaban subrepresentadas en las estadísticas sobre las migraciones internacionales, ya fueran forzadas o no. No obstante, la importancia que han cobrado las teorías migratorias con perspectiva de género ha sacado a la luz una realidad que difiere de la de los hombres, tanto en cuanto a la naturaleza de sus proyectos migratorios como en sus resultados (García-Cuesta y Hernández-Corrochano, 2015).

La posibilidad de migrar para las mujeres (sean menores o adultas) que, por lo común, proceden de sociedades que limitan su movilidad es escasa y, cuando esta se produce, se relaciona con la vulnerabilidad socioeconómica y con decisiones familiares en pro de la subsistencia. Todo ello es propiciado por la demanda sexual de los países europeos, pues a la mayoría de ellas las aguarda la explotación sexual. En algunas ocasiones, cuando se trata de una decisión de tipo individual, suele estar relacionada con proyectos de búsqueda de autonomía o huida de normas patriarcales, aunque ineludiblemente terminan por quedar después atrapadas por esas mismas normas patriarcales de la mano de las redes internacionales de la trata y las deudas que contraen con ellas (Torrado-Martín-Palomino, 2012).

La importancia y extensión de la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual queda plasmada en estudios internacionales recientes (European Commission, 2020; Organización Internacional del Trabajo, 2017; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020) cuyos datos señalan, sin dejar espacio a las dudas y como veremos más adelante, que la trata con fines de explotación sexual está representada por las mujeres y las niñas mayoritariamente y que, además, los casos de niñas y adolescentes van en ascenso (Save the children, 2018; Women’s Link Worlwide, 2018). Al mismo tiempo, estos informes nos llevan a concluir con la misma rotundidad la incapacidad de los Estados para la prevención, detección e intervención ante estas graves violaciones de los derechos humanos y de la infancia. Todo ello guarda relación, no solo con la habilidad de las redes para vulnerar los controles, sino también con la escasez de los medios dirigidos primero a la identificación de las víctimas y después a su atención y reparación (Amnistía Internacional, 2020).

Las dificultades de detección son mayores en el caso de las mujeres y niñas, especialmente en el caso de víctimas extranjeras. No todas las personas traficadas o trasladadas de forma irregular entre fronteras son víctimas de trata, pero la mayoría de ellas son de origen extranjero. Por eso, también incidiremos en la invisibilización de las víctimas, que tiene que ver, como ya hemos señalado, con esa falta de perspectiva de género en los estudios sobre las migraciones forzosas; aunque también con las políticas migratorias de los países europeos, más interesados en el control de fronteras que en la protección de las víctimas (European Commission, 2013, 2020). En este sentido, aportaremos algunos datos, sobre todo de nuestro país, que ilustran la especial invisibilización de las niñas y mujeres sometidas a explotación sexual.

Se finaliza con unas conclusiones que ponen de relieve la importancia de adoptar una perspectiva de género en el análisis de los fenómenos migratorios, insistiendo en la gravedad de la vulneración de los derechos humanos de las niñas y las mujeres víctimas de trata para su explotación sexual, ya que no están en absoluto siendo debidamente detectadas ni protegidas.

2. Hacia un cambio de tendencia en el estudio de las migraciones de niñas y adolescentes con enfoque de género

La investigación acerca de las migraciones ha demostrado que existen muchas diferencias económicas, jurídicas, políticas, sociales, culturales e incluso personales en la movilidad humana. A pesar de ello, en el pasado los estudios se dirigían, sobre todo, a una simple cuantificación numérica de flujos migratorios mayoritariamente masculinizados (Hondagneu, 1994; Lim, 1993). En las primeras décadas del siglo XX algunos de esos estudios empezaron a cuestionar la tendencia a homogeneizar las migraciones, ya que adolecían de déficits analíticos y de una importante invisibilización de las realidades de las mujeres; en muchos casos radicalmente diferenciadas a la de los hombres (Lim, 1993; Sassen, 1988; Torrado-Martín-Palomino y González-Ramos, 2009).

Por ello, a partir del siglo XX se comenzó a introducir una visión (no exenta de tensiones) que aplica el enfoque de género al análisis de los flujos migratorios. Esta nueva perspectiva está orientada a visibilizar las múltiples discriminaciones de las mujeres migrantes, permitiendo analizar los sistemas de género que se producen en las migraciones y su conexión con las desigualdades y la violencia (Gregorio-Gil, 2012). Así, gracias a este enfoque sensible al género, un fenómeno escasamente estudiado como el de las migraciones de niñas y adolescentes no acompañadas o mal acompañadas ha conseguido suscitar recientemente un interés creciente por parte de los organismos internacionales y de la academia.

Por tanto, fue solo a partir de que se estudiaran las migraciones desde una perspectiva de género, cuando se pudo evidenciar la importancia del sexo de las personas, así como de los roles y expectativas de género que se representan tanto en las sociedades de origen como en las de destino. Desde este enfoque, se revela con nitidez cómo todo ello influye notablemente en los resultados migratorios, especialmente caracterizados por la violencia en el caso de las mujeres. En ese sentido, el informe del relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes muestra que, si bien las mujeres y hombres suelen migrar por razones similares, las normas sociales y culturales afectan a las experiencias de las mujeres y niñas migrantes, siendo objeto de abusos, discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales (ONU, 2019).

Asimismo, el informe Mothers in Human Trafficking Networks Robbed of their Rights recoge las realidades de mujeres, adolescentes y niñas, solas o mal acompañadas, que han sido víctimas de trata para ser explotadas en Europa; aunque adoptando un enfoque particular centrado en las experiencias de las mujeres y las niñas desde el inicio de la captación, con diversas violencias en muchos casos ya en origen y en otros solo en los viajes migratorios. De este modo, estas movilidades suelen estar marcadas por una especial vulnerabilidad y un control permanente ejercido por lo general por un varón, ya sea de la familia, del entorno social o de las redes de tráfico y trata; un control que se mantiene, no solo en las sociedades de origen altamente patriarcales, sino también en los trayectos y el destino (Women’s Link Worldwide, 2018).

En esta línea, es fundamental destacar el control de la movilidad derivado de causas culturales-estructurales patriarcales en las sociedades de origen. Se trata de restricciones a las mujeres en general, y a las niñas y adolescentes en particular, que producen efectos limitadores de su propia autonomía o bien son generadores de proyectos de huida de las normas y constricciones patriarcales. Estas limitaciones se manifiestan con violencias de todo tipo y constituyen un indicador relevante del grado de implantación del patriarcado en los lugares de origen y destino (Salinas y Liberona, 2020). Por ello, el periplo de violencia y explotación sobre las víctimas de trata sexual puede comenzar en origen a través de los denominados “castigos de género”, cuyo objetivo es incrementar la vulnerabilidad y el control a través de la violencia.

Sin embargo, estas restricciones a la movilidad se desvanecen con frecuencia ante la posibilidad de obtener ingresos a través de estas jóvenes o adolescentes que, a la postre, pueden convertirse en proveedoras de la economía familiar (Torrado-Martín-Palomino, 2017). Las personas conocidas, o incluso de sus propias familias, pueden participar activamente en todo el proceso de captación, al entender que las víctimas pueden ser un buen medio para la obtención de ingresos (Torrado-Martín-Palomino, 2015). La posibilidad de migrar solas o mal acompañadas, el papel de la familia y las nuevas situaciones económicas que se producen, se traducen en profundos cambios culturales en los ejercicios de roles e incluso en la concepción patriarcal de lo que supone ser mujer (Hondagneu, 1994). De esta forma, muchas limitaciones patriarcales respecto a la movilidad de las mujeres y niñas en sus países de origen quedan supeditadas a los intereses de las redes criminales y de las familias, que ven en estas migraciones forzosas la posibilidad de obtener pingües beneficios o procurar simplemente su subsistencia respectivamente.

De esta forma, las normas patriarcales y la vulnerabilidad económica y familiar actúan como una pesada espada de Damocles en la captación de las víctimas a quienes también se mantiene en un estatus de sumisión económica, jurídica y laboral que se impone mediante una severa disciplina de violencia o castigos de género (Torrado-Martín-Palomino, 2012). Las condiciones básicas que deben darse para esta captación están determinadas por el sexo, la minoría de edad y la pobreza. De hecho, la minoría de edad actúa como instrumento facilitador del traslado y la permanencia en Europa, aunque también responde a la demanda en Europa de mujeres cada vez más jóvenes para la industria de la explotación sexual (Romero, 2015).

Algunas teorías, como la de los factores socioeconómicos y de sistemas, ponen de manifiesto la estrecha relación entre las migraciones (forzosas o no) y la globalización económica, al entender que las migraciones actuales son el resultado de las demandas del capitalismo (Lim, 1993; Sassen, 1988). Desde este paradigma se podría explicar el incremento de las migraciones no autorizadas de mujeres jóvenes y niñas en las sociedades de economía neoliberal y la íntima relación que existe entre el tráfico de seres humanos y la trata sexual que, como ya se ha mencionado, aun siendo fenómenos diferentes, se tienden a confundir (García-Cuesta y Hernández-Corrochano, 2015).

A ello se suma la influencia de los procesos de globalización y de las tecnologías de la información y la comunicación como elementos que facilitan e incentivan la demanda sexual de los varones adultos. Una demanda notablemente pedofilizada y colonial, lo que contribuye de modo decisivo a estos procesos de enajenación de la infancia para la trata sexual (Torrado-Martín-Palomino, 2012). Estas tecnologías son ampliamente empleadas para la captación de niñas y mujeres víctimas de explotación sexual para diversos usos como el reclutamiento a través de falsas promesas de empleo, el contacto y la seducción por parte de “novios falsos”, la captura de imágenes y vídeos íntimos que se usan para amenazar con exponer a la familia y amistades… Así como para, una vez captadas, ofrecer sus servicios sexuales, controlarlas y amenazarlas (Hughes, 2014).

Por otra parte, en el estudio de las migraciones, junto a la demanda de las sociedades capitalistas globalizadas y la participación de las familias con el objetivo de mejorar su calidad de vida, se debe aludir a la teoría de los factores legales (Massey et al., 1993), que ayuda a comprender cómo en aquellos países con fuerte tradición migratoria generalmente solo se han contemplado las migraciones de varones. Por ello, a las mujeres, a no ser que fuera con fines de reagrupación familiar, apenas se las ha contemplado jurídicamente, ignorando sus migraciones autónomas, de exilio por cuestiones de género y, especialmente, las migraciones de menores solas o mal acompañadas que, además, no son en general vistas como un colectivo objeto de especial protección.

Esto ha influido notablemente en la percepción social, en la opinión pública y en las políticas sociales y migratorias, pues históricamente se ha facilitado la selección de las personas a las que se permite migrar, favoreciendo a los varones en detrimento de las mujeres, recurriendo solo a las mujeres como última alternativa, para cubrir ofertas laborales precarizadas (Massey et al., 1993) y para la industria de la explotación sexual, donde la mayoría son mujeres y niñas de origen extranjero (Women’s Link Worldwide, 2018).

Todas estas teorías explicativas de las migraciones están íntimamente relacionadas, si bien en las migraciones de niñas y adolescentes, es de particular relevancia la teoría de la nueva economía (Massey et al., 1993). De acuerdo con esta teoría, las migraciones de mujeres, niñas y adolescentes son el resultado de una estrategia familiar de subsistencia que pretende minimizar riesgos. Por ello, la decisión de migrar dependerá de la situación económica familiar. Si es necesario, la familia debe elegir a uno de sus miembros a quien sacrificará para obtener recursos de resistencia o supervivencia ante las crisis en el mercado local o foráneo. Y, por tanto, la posibilidad de sacrificar a una mujer o a una niña será mayor cuanto peor sea la situación económica de su familia (Torrado-Martín-Palomino, 2017).

En realidad, seleccionar mujeres y niñas para garantizar los medios de subsistencia familiar constituye en sí misma una estrategia más de control de las mujeres pues, al mantener en general una mayor vinculación afectiva con sus miembros dependientes, ofrecerán más garantías en el compromiso de envío de ingresos con el fin de mantener la calidad de vida de toda la unidad familiar que permanece en el país de origen (Guest, 1993). Siguiendo esa lógica, las redes criminales captan a mujeres jóvenes, en muchos casos en complicidad con sus familias y, en otros casos, desconociendo la actividad a realizar en destino; en ambos casos el objetivo es obtener remesas para el núcleo familiar (Torrado-Martín-Palomino, 2012; 2014).

No nos gustaría dejar de mencionar aquellos estudios que han situado su foco en la decisión individual de migrar y en las características personales que lo propician, como la baja autoestima o el estrés postraumático por abuso sexual en la infancia (Vrubliauskaité, 2018). Pero en la actualidad este enfoque se ha modificado, vinculándolo a las características de la familia en su conjunto (Lim, 1993). Desde esta nueva perspectiva, que va más allá de lo individual respecto a la decisión de migrar, podemos observar que en las sociedades patriarcales tradicionalmente se han favorecido las migraciones masculinas y, cuando no ha sido así, las femeninas por matrimonio o reagrupación familiar (Torrado-Martín-Palomino, 2017). Por eso, las migraciones de mujeres, niñas y adolescentes conforman un claro indicador del estatus de sus familias y también de la formulación de lo que se considera socialmente aceptable.

Debido a ello, las llamadas migraciones “autónomas” de las mujeres han sido minoritarias, siendo percibidas como transgresoras y punibles, limitando así mediante ese control familiar y social sus posibilidades de decisión; salvo en grupos socialmente excluidos o en familias de capas socioeconómicas muy bajas donde, al estar fuera del sistema social, existe mayor facilidad para eludir el control social (Lim, 1993). Sin embargo, podemos afirmar que la migración como vía de huida y liberación puede generar efectos contrarios a los deseados (Guest, 1993), pues la movilidad de estas jóvenes y adolescentes no acompañadas incrementa su desarraigo, así como su vulnerabilidad y las violencias de las que son objeto (Quiroga-Raimundez y Chagas-Lemos, 2021). Sin olvidar que puede generar efectos sumamente perniciosos cuando las jóvenes o las adolescentes “en un intento de huir del fuego, caen en las brasas”: en las redes de trata con fines de explotación sexual.

La migración de estas mujeres y niñas, producto de su decisión individual para huir de normas patriarcales o de la decisión de su familia para buscar su subsistencia, dependerá también de la etapa de su ciclo vital o de la existencia de otras mujeres en posición de ejercer poder sobre ellas que puedan condicionar tal elección. Por eso, no es de extrañar que los estudios de niñas y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual revelen que el reclutamiento se inicia a edades tempranas y antes de la etapa del matrimonio, así como que las intermediarias o captadoras son con frecuencia mujeres adultas referentes de su comunidad (Torrado-Martín-Palomino y González-Ramos, 2009).

En síntesis, para que la industria de la explotación sexual, en pleno auge, siga generando esos beneficios (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020) es preciso que coexistan varias condiciones que propician el reclutamiento: ser una mujer joven o una niña en sociedades profundamente patriarcales y empobrecidas o con crisis sociopolíticas, una situación de vulnerabilidad económica y familiar, una demanda sexual de naturaleza colonial patriarcal y, por último, unas políticas migratorias más centradas en el control de fronteras y la inmigración irregular que en la protección de las mujeres y la violencia de la que son objeto (García-Cuesta y Hernández-Corrochano, 2015; Romero, 2015).

3. Principales estudios internacionales sobre la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas

En los datos generales de las migraciones internacionales las mujeres y las niñas son minoría, pero como estamos comprobando, presentan historias de vida y trayectorias muy diferentes a las de los hombres. Como veremos a continuación, los datos sobre la trata con fines de explotación sexual a nivel mundial alertan de que esta afecta casi exclusivamente a mujeres y niñas. Estas mujeres y las niñas víctimas de trata para su explotación sexual, ya sea mediante el acompañamiento de familiares u otras personas o a través del control a distancia de las redes, siempre están controladas. Por eso, aún en la actualidad, estas mujeres y niñas son invisibles en las fronteras. Todo ello lo iremos ilustrando, destacando datos relevantes de los informes más recientes elaborados por organismos internacionales de reconocido prestigio. Los dos primeros informes tienen un alcance mundial y los dos últimos se centran en el ámbito europeo:

• Global report on trafficking in persons (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020).

• Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna. Trabajo forzoso y matrimonio forzoso (Organización Internacional del Trabajo, 2017).

• Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Eurostat, 2020) y Data collection on trafficking in human beings in the EU (European Commission, 2020).

• Annual Report on Migration and Asylum 2021 (Eurostat, 2022).

Según el informe de Naciones Unidas Global report on trafficking in persons (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020), de cada 10 personas detectadas como víctimas de TSH en el mundo, 5 son mujeres y 2 son niñas. En este sentido, se observa un preocupante aumento del 30% de las cifras de explotación de menores. El perfil de las víctimas depende de su lugar de procedencia. Por ejemplo, en los países subsaharianos predominan las víctimas infantiles. Por el contrario, en el este de Europa y Asia Central se detecta sobre todo tráfico de personas adultas. En cifras globales el 50% de la TSH tiene como finalidad la explotación sexual y el 38% los trabajos forzados (incluyendo servidumbre doméstica), siendo el resto de los fines la actividad criminal, el matrimonio forzoso (de niñas y mujeres), la venta de bebés y la extracción de órganos.

Si solo consideramos a las mujeres, es preciso señalar que el 77% son destinadas a explotación sexual (frente al 17% de los hombres víctimas de TSH) y el 14% a trabajos forzados. Y, si tenemos en cuenta que la servidumbre doméstica y el matrimonio forzado también incluyen la explotación sexual, el porcentaje de trata con fines sexuales se podría elevar considerablemente. En síntesis, la forma más común de TSH es la explotación sexual y el perfil más habitual es ser mujer (67% de los casos) o niña (25%). Todo ello nos indica con claridad que ser mujer es un factor de riesgo para la vulneración de derechos humanos y de la infancia, y que la principal motivación de la TSH es el uso del cuerpo de las mujeres para fines sexuales. Además, la mayoría de las niñas traficadas (72%) son destinadas a la explotación sexual (frente al 23% de los niños víctimas de TSH). 

Estas mujeres y niñas, víctimas de explotación sexual, tienen como procedencia más habitual Centroamérica (Guatemala, El Salvador, etc.), Caribe y el este de Asia (Mongolia, Tailandia, etc.) y suelen ser enviadas a otros países. Aunque también se produce explotación dentro del mismo país, siendo un típico ejemplo el de las niñas reclutadas en zonas suburbanas para ser explotadas sexualmente en clubes y moteles. El 88% de las víctimas de TSH son mujeres y niñas, mientras que el 62% de las personas procesadas por TSH son hombres (62%).

Las víctimas son reclutadas principalmente a través del engaño (94%), teniendo un papel protagonista en alza las redes sociales (Facebook, Myspace, Skype, Whatsapp, Vkontakte, etc.) como medio para localizar a las personas que por su perfil pueden ser objetivos fáciles para la TSH (en situación de pobreza, aisladas socialmente, sin familia o con familias disfuncionales, etc.). Además, en el caso de las mujeres con frecuencia el engaño se vehicula a través de personas en las que las víctimas han depositado previamente su confianza (parejas románticas, familiares, etc.). Estas niñas y mujeres generalmente han sido ya víctimas de violencia machista antes de ser traficadas. Posteriormente, son explotadas mediante la sumisión por violencia explícita (59%), control (16%), amenazas (13%) y abuso (10%).

De acuerdo con el informe Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna. Trabajo forzoso y matrimonio forzoso (Organización Internacional del Trabajo, 2017), la esclavitud hoy en día hace referencia a situaciones de explotación que no se pueden rechazar ni abandonar en razón de amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder. Las dos formas de esclavitud más comunes son el matrimonio y el trabajo forzosos (tanto en la economía privada, como el impuesto por el Estado, así como la explotación sexual). La explotación sexual incluye la utilización de personas para la prostitución o para la producción de pornografía. Este informe ofrece cifras realmente alarmantes sobre la explotación sexual de mujeres y niñas. Solo durante el año 2017, 40.3 millones de personas fueron víctimas de esclavitud, pero las mujeres y las niñas están sobrerrepresentadas en este recuento, alcanzando un 71% del total de las víctimas. Además, las mujeres y las niñas suponen el 99% de las víctimas en la industria sexual y el 84% en el matrimonio forzoso (el 96% niñas).

Esta desproporción también refleja patrones de empleo y migración y de violación de los derechos humanos altamente diferenciados según el sexo, afectando de forma desproporcionada a las mujeres y a las niñas. En 2016 se registraron 3.5 millones de mujeres y niñas explotadas sexualmente de Asia y el Pacífico (73%), 700 000 de Asia y Europa Central (14%), 400 000 de África (8%), 200 000 de las Américas (4%) y menos de 100 000 de los Estados Árabes. Esta explotación se produce durante unos dos años (un promedio de 23.1 meses) antes de poder ser liberadas o conseguir escapar.

Una gran parte de las víctimas es sometida a explotación sexual fuera de su país de origen (74%), lo que implica un alto riesgo de vulnerabilidad asociado a la migración ilegal. Sufren violencia y coacción de distinto tipo, en el caso de la explotación sexual la más habitual es la retención del salario, seguida de las amenazas de actuaciones judiciales, violencia física y sexual contra las víctimas o familiares, la obligación de saldar deudas, el encierro en el lugar de explotación, la lejanía del hogar, los castigos mediante multas u otras penas pecuniarias, la privación de la comida, el sueño, etc., la retención de la documentación y el sometimiento mediante consumo de alcohol o drogas. El método de coacción más empleado contra las mujeres es la violencia sexual (98%).

En los informes Third report on the progress made in the fight against trafficking inhuman beings (Eurostat, 2020) y Data collection on trafficking in human beings in the EU (European Commission, 2020) se destaca que desde el 2008 (año en el que se empezaron a registrar las víctimas de TSH), se ha constatado que el 60% de las víctimas lo son con fines de explotación sexual, siendo el 90% mujeres y niñas para todas las formas de explotación. Los entornos de alto riesgo son la prostitución, las agencias y servicios de acompañantes, los servicios de masaje, los bares y los clubes nocturnos.

Las ONG informan, asimismo, de un aumento de la trata con fines de explotación sexual a través de internet, que se utiliza para captar y vender a las víctimas, principalmente mujeres y niñas. Según la Comisión Europea, el número total de víctimas de TSH registradas en la Unión Europea (UE) durante los años 2017 y 2018 fue de 14 145. Casi tres cuartas partes eran mujeres y niñas víctimas de explotación sexual. Estas víctimas provienen tanto de la UE (principalmente de Rumanía, Hungría, Francia, Países Bajos y Bulgaria) como de otros lugares (principalmente Nigeria, China, Ucrania, Marruecos e India).

El informe Data collection on trafficking in human beings in the EU aglutina los datos de TSH registrados en la Unión Europea durante el periodo 2017-2018 haciendo hincapié en que el número de víctimas reales es mucho mayor que el de las identificadas, así como en la disparidad de métodos de identificación en cada país, lo que condiciona los datos resultantes. Estos datos indican que en la UE el 72% de las víctimas de trata son mujeres y niñas y que el 60% del tráfico tiene como finalidad la explotación sexual. Este tipo de explotación está claramente dirigido hacia las mujeres (el 64% de las víctimas) y las niñas (el 23%), frente a un 5% de hombres y un 3% de niños. Un dato de interés es que en algunos países como Malta o Suecia el 100% de las víctimas de TSH son mujeres o niñas. 

En cuanto a su procedencia, el 68% de las víctimas son de una nacionalidad de la Unión Europea (UE) y el 55% de otro origen. Los países de la UE con mayor porcentaje de víctimas de explotación sexual, respecto a los totales de TSH, fueron Malta (100%), Eslovenia (100%), Hungría (92%), Austria (82%) y Estonia (80%). Y de fuera de la UE, Nigeria (68%), Albania (58%), China (52%), Irak (15%) y Pakistán (14%). Paralelamente, tres cuartas partes de las personas condenadas como traficantes son varones (74%) de una nacionalidad de la UE (71%). Sus actividades delictivas se han centrado sobre todo en la explotación sexual, aglutinando al 77% de las personas sospechosas (68% hombres), aunque solo al 55% de las condenadas por TSH (68% varones). Los países con mayor número de condenas por TSH son Francia, Rumanía, Alemania, España y Bélgica. 

En el informe Annual Report on Migration and Asylum 2021 (Eurostat, 2022) se indica que el país con mayor número de víctimas de explotación sexual identificadas fue Francia, con 107 mujeres o niñas y 22 hombres o niños, procedentes fundamentalmente (por este orden) de Nigeria, Marruecos, Perú y República Dominicana. Muy cerca se halla España, con 108 mujeres y niñas y 5 hombres o niños, cuyo país de origen era Colombia, Paraguay y Venezuela, y Suecia, con 99 mujeres y niñas y 9 hombres o niños, sin determinar el origen. A mayor distancia se destacan Eslovenia, donde se encontraron 31 mujeres procedentes de República Dominicana, Serbia, Ucrania y Paraguay; seguida por Estonia con 27 víctimas de explotación sexual: 21 mujeres y 6 hombres con origen de Ucrania, Brasil y Colombia; e Irlanda con 22 víctimas (sin especificar su sexo) procedentes de Nigeria, Ghana y Brasil. Por último, se incluye a Bélgica, con 8 mujeres y 2 varones de Vietnam, Ucrania y Marruecos. Respecto a estos datos se precisa que se puede ser víctima de varias formas de explotación simultáneamente, por lo que el número total de víctimas identificadas no coincide con la suma de víctimas de las diferentes formas de explotación.

También se reseña que países como la República Checa, Alemania, Italia, Lituania, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, República Eslovaca y Noruega no ofrecen datos de la trata por explotación sexual (aunque algunos de ellos sí que los tienen de explotación laboral y otras formas de explotación). Noruega, por ejemplo, no dispone de una autoridad nacional para la identificación, por lo que no puede ofrecer el número de víctimas. Y en Finlandia las víctimas de TSH son localizadas solo mediante un sistema de asistencia social, pero no por la policía, la guardia de fronteras o la administración de justicia.

Por tanto, los datos internacionales son claros y muestran un escenario donde la mayoría de la trata sexual está representada por mujeres y niñas de origen extranjero y en el que las cifras de las menores van progresando. Todo ello está conectado con las demandas sexuales de las sociedades europeas y con la emergencia y buena salud de la industria para la explotación sexual, que en la actualidad constituye el segundo negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de armas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020). Estas crecientes demandas precisan además de la oferta de una mercancía cada vez más joven y variada (Torrado-Martín-Palomino, 2017). En definitiva, este negocio millonario pone su foco de interés en las niñas y adolescentes para su explotación sexual; un “producto” fácilmente exportable entre fronteras, que apenas conlleva riesgos (por su escasa detección) y del que, por si fuera poco, se obtiene una importante plusvalía económica mediante el tráfico ilegal a través de las fronteras y la explotación sexual a través de la trata.

4. Invisibilización y desprotección de las niñas y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual. El caso de España

En España la trata con fines de explotación sexual mantiene una estrecha relación con las migraciones. Nuestro país se ha convertido en un territorio de tránsito y destino y, por tanto, en receptor y colaborador en una de las más graves violaciones de los derechos humanos (INE, 2014). Las estimaciones que establece el INE para calcular estos beneficios proceden de fuentes sobre la TSH con fines de explotación sexual del Ministerio del Interior, informes de seguimiento del Plan Integral de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual elaborados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encuestas de hábitos sexuales del INE y encuestas nacionales de salud sexual del Ministerio de Sanidad. Según estos cálculos, el impacto económico de la prostitución en España equivale al 0.35% del PIB, en comparación con el 0.50% de impacto del tráfico de drogas. Es decir, en cifras del año 2010, representarían entre unos 3700 y unos 4000 millones de euros (INE, 2014). No obstante, en todos los informes se resalta la dificultad de conseguir datos que revelen la verdadera magnitud de este lamentable problema de derechos humanos, especialmente invisible en el caso de las menores (Melgar-Alcantud et al., 2021).

El vínculo entre la trata de seres humanos y la migración en el marco de los movimientos masivos internacionales de población afecta muy especialmente a las niñas y adolescentes. Las políticas migratorias restrictivas contribuyen a fomentar la trata y la explotación de migrantes, facilitando que muchas niñas y adolescentes en situaciones de riesgo pasen inadvertidas. Esto impide que, si son víctimas de trata, puedan beneficiarse de los derechos a su asistencia y protección, así como del acceso a la justicia y la reparación, independientemente de su condición migratoria o de si los autores de esos delitos son identificados, investigados o procesados judicialmente (Amnistía Internacional, 2020).   

A pesar de que la demanda sexual de menores va en alza a la par del aumento de los casos de trata con fines de explotación sexual, existen dificultades para compilar los casos y detectarlos. El informe Cadenas invisibles (Amnistía Internacional, 2020) apunta como causa, sobre todo, a los problemas de coordinación internacional, enfatizando la especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. Otro obstáculo para conocer las cifras reales es la escasez de datos desagregados y sistematizados que informen de la verdadera magnitud del problema. Además, estos problemas de identificación, especialmente referidos a las menores de edad, mantienen relación con enfoques rígidos y estereotipos sobre las víctimas, así como con la ausencia de enfoques con perspectiva de género y de derechos humanos.

La falta de ese enfoque integral es responsable de que solo se detecten aquellos casos que son resultado de una investigación oficial, lo que no refleja en absoluto la dimensión global del problema. Por ejemplo, en España de las 75 000 personas en riesgo de trata con fines de explotación sexual, solo se identificaron finalmente a 1000 personas entre los años 2003-2009. Asimismo, en el primer semestre del año 2019 llegaron a España 11 345 menores y adolescentes migrantes, incluyendo a 956 niñas no acompañadas de las cuales solo 10 fueron identificadas como víctimas de trata (Amnistía Internacional, 2020).

Esta desprotección de los y las menores migrantes no acompañados/as, es per se una violación de sus derechos humanos y también ha sido denunciada con frecuencia por organismos nacionales. Ya en el año 2003 el informe del diputado del común de la comunidad autónoma de Canarias (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, 2004) alertaba de que esa vulneración de derechos promovía violencias de todo tipo, advirtiendo de la situación de desprotección y vulnerabilidad de las y los menores migrantes. Lo que deriva en un continuum de violencias y en un desamparo institucional, propio de la descoordinación de las instancias gubernamentales correspondientes y de un déficit de recursos destinados a la protección de las víctimas. En este sentido, es obvio deducir que el interés superior del menor y su concepción como sujeto de derecho quedaba anulado por apatías institucionales.

Por otra parte, cuando se hablaba de esa vulneración de los derechos humanos, apenas se hacía mención de las migraciones de las niñas ni a sus circunstancias, no existiendo noticias, referencias bibliográficas o estudios sobre ellas. Esta ausencia de información ha servido para fortalecer la creencia social generalizada de que las migraciones de menores son homogéneas y masculinizadas. A su vez, se ha contribuido así a invisibilizar a las mujeres y a las niñas, estigmatizándolas por partida doble: como mujeres y como migrantes no autorizadas, sin importar que en muchos casos sean víctimas de la TSH con fines de explotación sexual, siendo sometidas a múltiples y acumuladas violencias en origen, tránsito y destino (Torrado-Martín-Palomino, 2014).

En las migraciones de estas niñas aparecen cuatro elementos claves que generan esa invisibilidad: la escasa representación estadística, la ausencia de visibilidad social debido a los espacios ocultos donde son confinadas, el androcentrismo científico y unas políticas sociales que minimizan la otredad femenina (Torrado-Martín-Palomino y González-Ramos, 2009). Otra cuestión relevante que contribuye al aumento de las vulnerabilidades y del ejercicio de la violencia es el déficit de datos en los instrumentos de recogida de información de las instituciones gubernamentales, con unos modelos unificados y centralizados de recogida de información en España y Europa (Save the children, 2018). Tal es así, que en muchos casos se desconoce incluso el lugar y fecha de llegada de las migrantes y sus perfiles sociodemográficos.

Por tanto, el enfoque de género no es una opción sino una imperiosa necesidad. Constituye una herramienta fundamental para mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres no solo estriban en lo biológico, sino que tienen que ver con distinciones culturales asignadas según el sexo. Por eso, cuando no se aplica esta perspectiva, se está analizando a las potenciales víctimas desde estereotipos de género que dificultan su identificación. En algunos casos se busca un perfil de víctima de acuerdo con ciertos clichés (personas sin documentación administrativa, secuestradas en zulos o atadas a cadenas) y, si no existe esa coincidencia, se tiende a descartar el posible delito. En otros casos, cuando las niñas se declaran mayores de edad, existe una gran falta de diligencia para determinar si son víctimas de trata o no (European Commission, 2013, 2020).

Pero, más allá de esos déficits analíticos y de visibilidad estadística, lo cierto es que ser menor, migrante y mujer son factores que contribuyen a la violencia acumulativa y, especialmente, a la violencia sexual. En ese sentido, las redes criminales han entendido que, en un mundo mercantilizado y global, las menores pueden convertirse en una mercancía transnacional muy lucrativa. Para ello se precisa de sofisticados procedimientos de captación, así como de la aplicación de castigos de género para “docilizar” a lo que las redes de trata ven como una “mercancía” sumamente productiva que entraña pocos riesgos (Torrado-Martín-Palomino, 2017).

5. Conclusiones

La movilidad humana en los estudios clásicos de las migraciones se ha caracterizado por una tendencia a la mera cuantificación de los flujos, así como por una carencia de enfoques de género, lo que ha provocado que se proyecte una imagen en la que se infrarrepresentan a las mujeres y a las niñas (Hondagneu, 1994; Lim, 1993). A partir de finales del siglo XX, las migraciones de mujeres y niñas no acompañadas o mal acompañadas comenzaron a ser analizadas desde enfoques sensibles a la perspectiva de género, centrados en favorecer la visibilidad de las mujeres y de las niñas víctimas. Gracias a ello se ha podido empezar a comprender la heterogeneidad en las motivaciones, los proyectos migratorios y los trayectos, y a evidenciar la importancia del sexo de las personas, así como de los roles y las expectativas de género que se representan en las sociedades de origen y de destino (Gregorio-Gil, 2012).

Los resultados de estas migraciones tienen que ver con las expulsiones generadas por factores socioeconómicos, con la globalización económica y con las demandas del capitalismo. Estas expulsiones en el caso de las mujeres y las niñas se vinculan con la trata sexual como respuesta a la demanda de prostitución por parte de los países más desarrollados económicamente (García-Cuesta y Hernández-Corrochano, 2015). Una industria cuyo beneficio procede del abuso, la coacción y la explotación de las mujeres y niñas. Y, para su funcionamiento, es preciso que se den una serie de condiciones en la captación y reclutamiento que tienen que ver con los rasgos patriarcales de las sociedades, altamente empobrecidas y la vulnerabilidad personal y familiar de las mujeres, así como con unas políticas migratorias que sitúan el foco más en el control de fronteras y en la inmigración irregular que en la protección de las mujeres y en la violencia de la que son objeto (García-Cuesta y Hernández-Corrochano, 2015; Romero, 2015).

Las restricciones patriarcales a las migraciones de las mujeres por causas culturales se disipan cuando prevalecen los intereses de las familias para garantizar la supervivencia familiar (Torrado-Martín-Palomino, 2017), alineándose con los objetivos de las redes criminales que solo buscan incrementar sus lucrativos beneficios a costa de la explotación de niñas y mujeres. Aspectos como la socialización diferencial, las normas restrictivas, el control a la movilidad y la violencia afectan con mayor intensidad a las mujeres y a las niñas y promueven que incluso puedan ver la migración como una vía de refugio o defensa de sus vidas y de sus derechos humanos. Sin embargo, al tratarse de un proyecto de huida desesperado son presas fáciles para las redes tráfico y trata, que las someterán a un control permanente (Guest, 1993). Se trata de un mantenimiento ad itinere del control patriarcal iniciado en origen y que se mantendrá en destino (Women’s Link Worldwide, 2018).

También se ha puesto de manifiesto que la violencia ejercida en el origen, los trayectos y el destino influye notablemente en los resultados migratorios. Estas violencias y vulnerabilidades tienen relación con el sexo de las personas y con las múltiples opresiones de las que son objeto, viéndose reflejadas en la alta representación estadística de las víctimas de trata sexual en los estudios internacionales. Específicamente, en las migraciones de niñas y adolescentes solas o mal acompañadas, que suelen estar marcadas por una gran vulnerabilidad y por el control permanente de un varón, ya sea de la familia, del entorno social o de las redes de tráfico y trata.

Su vulnerabilidad no solo procede de la minoría de edad y del hecho de ser mujeres, sino que aumenta ante la exposición al riesgo de circular entre fronteras interiores y exteriores en condiciones de extrema dureza física y emocional. Sin personas adultas de referencia, solas, o mal acompañadas por personas adultas que pueden ser traficantes o proxenetas, o ambas cosas a la vez. Todo ello conforma su enorme vulnerabilidad que las hace objeto de múltiples violencias, toda vez que influye en los resultados migratorios, particularmente subyugados por la violencia en el caso de las mujeres (Amnistía Internacional, 2020).

Los datos de los principales estudios internacionales reflejan que la mayoría de la trata sexual está conformada por mujeres de origen extranjero y que la cifra de menores va experimentando un ligero aumento. Este incremento de la trata sexual la sitúa como uno de los negocios más lucrativos del mundo (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020). La representación de las mujeres y niñas en la trata sexual es mayoritaria, pero puede ser incluso mayor si le añadimos la TSH para matrimonios forzados o servidumbre doméstica, donde el componente sexual y de género es central. Todo ello responde a una demanda sexual patriarcal globalizada en las sociedades de destino y a una ausencia o ineficacia de los mecanismos legales para la prevención y detección de esta grave vulneración de los derechos humanos, lo que produce y reproduce que frecuentemente las niñas no sean interceptadas o simplemente desaparezcan de cualquier dispositivo de atención y protección (Save the children, 2018).

La invisibilidad de estas migrantes y su infrarrepresentación en las estadísticas generales ha influido, no solo en la percepción ciudadana, sino también en el establecimiento de políticas sociales con medios y recursos más precarios y débiles que los destinados a otros colectivos. Todo ello a pesar de que el número de mujeres y niñas víctimas va en aumento en consonancia con la demanda de prostitución de los países de destino, que precisan de mercancía variada y joven. Si el fenómeno de la trata sexual de mujeres y niñas (mayoritariamente de origen extranjero y con destino a Europa) va en aumento, debemos suponer que existe un proceso de normalización de la demanda sexual y de los daños que produce en estas víctimas, la mayoría procedentes de países con graves crisis económicas, políticas y sociales.

De ahí la importancia de comprender los orígenes de estas migraciones y su importancia, pues son un claro indicador del estatus de sus familias y también de la formulación de lo que se considera socialmente aceptable en los países de origen y destino (Torrado-Martín-Palomino, 2017). Por tanto, parece evidente la aceptación social implícita de que el deseo de los hombres de acceder a los cuerpos de las mujeres es una necesidad naturalizada que debe satisfacerse y prevalecer por encima de los derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias. Se trata, en definitiva, no solo de una vulneración de “los derechos humanos de las humanas” sino también de la normalización de un tipo de colonialismo sexual que explota a miles de mujeres y niñas de distintas procedencias para que formen parte habitual del cortijo sexual de los varones, sobre todo de los occidentales (Torrado-Martín-Palomino, 2012).

La alternativa ante el crecimiento de los reclutamientos de estas menores no consiste solo en la desincentivación de la demanda de prostitución y en la intervención decidida contra las brechas de género existentes y las vulnerabilidades. También es preciso que se adopten ciertas medidas en las actuales políticas migratorias, más preocupadas por el control y seguridad de fronteras que por la protección de las víctimas. Muchas de estas víctimas se encuentran en estado de indefensión ante las redes y sus amenazas o ante el miedo a la expulsión del país por encontrarse en situación administrativa irregular o conseguida con documentación falsa. Asimismo, se subraya la importancia de la mejora de los protocolos para la identificación de los posibles casos, ya que las llamadas políticas antitrata no están dando los mejores resultados en la actualidad (Amnistía Internacional, 2020).

Lo que queda claro es la evidente interdependencia entre la globalización y el aumento de los circuitos ilegales, así como la feminización de estos circuitos transfronterizos para la explotación sexual. Abordar la trata desde la agencia y el empoderamiento, y en desacuerdo con el reconocimiento del estatus de víctimas, resultaría un tanto lejano a las realidades de los relatos de las mujeres; unos relatos que siempre exceden al dato. Y es que las mujeres en situación de alta vulnerabilidad y violencia difícilmente pueden empoderarse y tener elección cuando se encuentran en espacios altamente desempoderantes per se. Incluso la supuesta elección libre no está exenta de cierta clase de violencia, ya sea por la fuerza de la necesidad o por la coacción. Otra cuestión que inmediatamente surge es la necesidad de reconocer el estatus de víctima y el dolo que implica, pues sin ello ni los estados ni el victimario serán obligados a repararlo y, por tanto, se impedirá así reconocer la trata como un delito que debería ser de lesa humanidad: Un ataque generalizado y sistemático contra la mitad de la población mundial.

Referencias

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