1. Introducción

España ha sido uno de los principales países europeos receptores de jóvenes migrantes no acompañados/as (Quiroga et al., 2021), dándose en las últimas décadas fases de mayor ascenso o descenso del número de llegadas, pero siempre con cifras significativas en cuanto al número de menores no acompañados que llegaban al país. Haciendo un balance histórico en 1993 se acogieron en España un total de 40 menores migrantes no acompañados/as, número que se incrementó exponencialmente llegando en el año 2007 a 6475 menores y en el 2021 hasta los y las 9246 menores no acompañados/as acogidos en España procedentes de países del Magreb, en particular de Marruecos y Argelia, África Subsahariana, Europa del Este y Oriente Medio con una edad media entre 15 y 17 años, es decir, jóvenes adolescentes (Accem, 2022; Save the Children, 2018).

Esta cuestión ha conllevado la implicación de la Administración Pública para elaborar legislación que amparara la situación irregular de estos/as jóvenes y facilitar la obtención de los permisos de trabajo en el nuevo contexto. Asimismo, ha sido necesaria la implicación de las instituciones para cubrir las necesidades básicas, educativas y psicosociales de aquellos/as menores de edad que llegaban sin responsables adultos a España, los cuales pueden presentar problemas de salud mental y carencia de apoyo social en el nuevo contexto (Sierau et al., 2019), siendo importante, proporcionarles las herramientas necesarias para la transición a la vida adulta, de manera que, tras cumplir la mayoría de edad, puedan emanciparse. Además, en los últimos años se ha ido desarrollando una red de apoyo institucional y creando recursos para estos/as jóvenes una vez alcanzan la mayoría de edad.

Tras solventarse, en la legislación, la primera cuestión sobre la regularización administrativa de su situación en España es relevante conocer los procesos de intervención que se llevan a cabo con jóvenes migrantes no acompañados desde los recursos de atención mientras son menores de edad, para conocer si son suficientes para conseguir que estos/as jóvenes, cuando llegan a la mayoría de edad, cuenten con las herramientas y las oportunidades para una plena emancipación. Además, se profundiza en la oferta formativa y las trayectorias académicas de estos/as jóvenes en el nuevo entorno, así como en los canales con los que cuentan para acceder a un empleo y la tipología de empleos que ocupan. De manera trasversal, se evidencian las principales barreras que se dan en cada uno de esos ámbitos. En definitiva, se espera contribuir a enriquecer el conocimiento para mejorar las políticas sociales y las prácticas profesionales que en materia de transición a la vida adulta de la juventud migrante no acompañada se desarrollan en España.

Para ello, se han realizado entrevistas y grupos de discusión a profesionales expertos en la materia, ex jóvenes tutelados mayores de edad e infancia migrante no acompañada actualmente tutelada por el Estado, en pro de indagar en las acciones que se realizan en los recursos y reflexionar sobre como las barreras que existen en las intervenciones llevadas a cabo limitan que estos/as jóvenes consigan un empleo que les proporcione recursos económicos suficientes y una solución habitacional que les permitan su emancipación y en consecuencia su plena integración en España.

2. Marco Teórico

2.1. Legislación y empleo: situación actual de la infancia migrante no acompañada en España

Dado el impacto que ha supuesto a lo largo de los años la llegada de jóvenes migrantes no acompañados/as a España se han emprendido acciones desde las instituciones públicas para regular su situación en España. A lo largo del tiempo, se han ido desarrollando o modificando la normativa para favorecer su inclusión social. Inicialmente, la situación de los menores extranjeros no acompañados se regularizaba mediante la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social, pudiendo acceder a ámbitos como el sanitario y el educativo. Asimismo, esta normativa ponía de manifiesto que cualquier menor que llegara a España en situación irregular y no acompañado/a deberá ser tutelado por la Administración Pública, no pudiéndose privar del reconocimiento y disfrute de los derechos que le corresponden por su situación. Tras esto, como destaca Lorca (2022), con la reforma y las modificaciones recogidas en la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, se especifican cuestiones como la determinación de la edad, competencias para la repatriación, la determinación del periodo de pruebas para conocer la edad, la residencia del/la menor, además, distingue las situaciones al alcanzar la mayoría de edad cuando es o no titular de una autorización de residencia.

Actualmente el reciente Real Decreto 903/2021 de 19 de octubre contempla un elemento esencial como es la agilización de los trámites para la regularización de su situación administrativa, suprimiendo los obstáculos que impiden la obtención de la documentación al acceder a la mayoría de edad, concretamente el permiso de trabajo, facilitando con ello el acceso a un empleo. Así, según los datos recogidos por la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA, 2022) sobre el impacto de la reforma del reglamento tras la entrada en vigor del citado Real Decreto 903/2021, procedentes de la valoración de las entidades que trabajan con juventud migrante no acompañada, se observa un aumento en la agilidad y la rapidez en los trámites para obtener la documentación y el permiso de trabajo, lo que sin duda contribuye a facilitar los procesos de emancipación de jóvenes migrantes no acompañados/as.

No obstante, entre los retos que se plantean se indica la necesidad de apoyar a la infancia migrante no acompañada en la transición a la vida adulta, para lo que resulta clave la formación, la disponibilidad de vivienda y la inserción laboral. En esa dirección, aunque España presenta problemas estructurales para la obtención de un empleo estable y de calidad para los jóvenes nacionales debido a la crisis económica de las últimas décadas y al modelo de relaciones laborales existente (Borrás et al., 2012), es preciso destacar que la juventud migrante no acompañada afronta obstáculos adicionales, como son el desconocimiento del idioma que afecta, entre otras cuestiones, a su proceso de formación (Velásquez, 2020), los problemas de salud mental debido al estrés postraumático producido tras la travesía (Spaas et al., 2022) y las dificultades legales (Gimeno-Monterde et al., 2021) especialmente cuando se alcanza la mayoría de edad.

2.2. Preparación para la vida adulta de jóvenes migrantes no acompañados/as

La transición a la vida adulta se define como un proceso biopsicosocial que, en el caso de personas en riesgo o vulnerabilidad como la infancia migrante no acompañada, requiere planificar intervenciones multidisciplinares desde las instituciones públicas, en ámbitos como la escuela, la comunidad y la empresa (Cáceres, 2006). De acuerdo con López et al. (2013) la transición a la vida adulta es un proceso donde jóvenes-adolescentes van asumiendo nuevos roles y adquiriendo competencias para fomentar su autonomía, culminando esto al completar el sistema educativo, encontrar trabajo, mantener lazos sociales estables y construir su propio hogar, siendo clave que se les prepare para ello antes de la mayoría de edad.

En relación con la infancia migrante no acompañada, es necesario ahondar sobre la preparación para la vida adulta de jóvenes migrantes no acompañados/as en materia de formación y empleo. Concretamente, se confirma la relevancia de conocer qué se está haciendo desde los recursos de atención con los jóvenes migrantes no acompañados/as para su preparación en aspectos como la educación, la formación ocupacional o la inserción laboral, a la que se puede llegar por varios caminos, por ejemplo, las prácticas profesionales que se desarrollan desde los 16 años y pueden proporcionar experiencias diversas en el mundo del trabajo (Arnau-Sabatés y Giligan, 2015; Kenny y Loughry, 2018). Asimismo, es importante reconocer las limitaciones que experimentan al cumplir la mayoría de edad, que pueden abocar a una situación de calle, con distintos grados de exclusión social (Radjack et al., 2021).

Respecto a la transición a la vida adulta, se debe entender como un proceso complejo, para el que la mayoría de los y las adolescentes necesitan apoyo. Cuando se añade la condición “migrante sin compañía”, además, requieren que se les proporcionen ayudas concretas para superar sus dificultades particulares (Gimeno-Monterde et al., 2021). Para ello, es necesario una planificación individual que implique a la propia persona y sus expectativas, en parte relacionadas con su proyecto migratorio (Fernández-Simó et al., 2022). Llevarla a cabo, implica la colaboración y la coordinación entre la escuela, la familia, la comunidad y la empresa, puesto que con el apoyo de estos agentes existen mayores probabilidades de éxito para superar los desafíos, como por ejemplo la finalización de los estudios, que es determinante al tratarse de un grupo en extrema vulnerabilidad (Rana et al., 2011). Se trata por tanto de un proceso de intervención planificado e intencionado mientras se acompaña el proceso madurativo de menores y adolescentes bajo tutela. En este caso, un proceso de transición y preparación para la desinstitucionalización y los factores que inciden en el mismo, como “los planes formativos, el seguimiento y la evaluación, que se llevan a cabo en los centros residenciales donde se encuentran acogidos con el objetivo de favorecer su inserción sociolaboral una vez deben abandonar los recursos residenciales” (Ortega, 2019, p. 77).

En todo caso, cabe añadir que la transición a la vida adulta va más allá de la obtención de un empleo, es la suma de subprocesos que se deben completar y desarrollar de forma simultánea, cuya planificación implica la visión a largo plazo, para obtener el resultado esperado: personas adultas e independientes que puedan desarrollar su proyecto de vida y compensar sus necesidades particulares con los apoyos del entorno (Cáceres, 2006). Esta transición significa que quienes están cerca de la mayoría de edad, tienen muy poco tiempo para prepararse para llevar una vida autónoma. Son menores entre los 16 y los 18 años acogidos en los recursos de protección, en los que la intervención profesional se centra en la preparación para el cumplimento de la mayoría de edad, especialmente en la formación académica y laboral para la futura inserción sociolaboral una vez estos/as menores se conviertan en jóvenes extutelados/as (Liras, 2021).

Asimismo, es necesario reiterar que estos/as menores por su condición de migrantes no acompañados/as encuentran más obstáculos en su ruta hacia la vida adulta, como son la falta apoyos jurídicos (los permisos de residencia), sociales, educativos y de empleo (Gimeno-Monterde et al., 2021; Jiménez-Franco et al., 2021). Esto, unido a la creciente heterogeneidad que presenta esta población, conlleva la necesidad de realizar un trabajo específico y adaptado a las características individuales de cada persona, pues se ha constatado que, con una formación alta, estas jóvenes personas tienen mejores habilidades para su integración, más perseverancia y asertividad, entre otras cualidades (Ruiz-Mosquera et al., 2019; Sala-Roca et al., 2009).

2.3. La situación de jóvenes extutelados/as en procesos de emancipación en España: algunos datos

La Fundación Amigó (2019) indica que para comprender la situación de la juventud migrante no acompañada que tras cumplir la mayoría de edad deja de estar tutelada por el Estado, la que se encuentra en proceso de emancipación, es necesario tener en cuenta las condiciones que inciden en la vida de la juventud española en general. Así, la edad media para la emancipación son los 29 años (en Europa los 26 años), la tasa de paro es del 29,7% para los menores de 30 años y entre los 18-24 años se dan altos niveles de abandono escolar (hasta un 60% en el 2017). Asimismo, el riesgo de exclusión social entre los 16 y 29 años es del 37,6% (riesgo de pobreza) y el 92,4% de las contrataciones a jóvenes son de carácter temporal. Sin embargo, Santana-Vega et al. (2016) indican que los/as jóvenes migrantes no acompañados/as en comparación con los/as jóvenes nacionales, tienen proyectos de vida más claros y elaborados, finalizan los programas de inserción laboral con un nivel alto en términos de competencias de empleabilidad y afrontan la transición a la vida adulta con una mejor formación.

Respecto de la oferta de programas de apoyo a la transición a la vida adulta en España, existen diferencias en los modelos de actuación entre distintos territorios (Santamaría y Berganza, 2006). Al mismo tiempo, se ponen en evidencia las dificultades para suministrar servicios y programas, por parte de las administraciones públicas, que garanticen la intervención y el apoyo necesarios para que el paso a la vida autónoma no sea un salto al vacío (Bravo y Santos-González, 2017). Además, los programas de apoyo a la transición a la vida adulta carecen de una organización estable y estandarizada, con suficientes recursos económicos y técnicos, siendo en su mayoría gestionados por organizaciones no gubernamentales (Gimeno-Monterde et al., 2021).

En cuanto al número de jóvenes extutelados/as que reciben apoyo para la emancipación en España, solo se dispone de los datos proporcionados por la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) que agrupa organizaciones que ofrecen diversos proyectos y actividades en distintos lugares del país, financiados por la administración pública (mediante subvención, contratos o convenios de colaboración), dirigidos a favorecer la transición a la vida adulta de jóvenes migrantes no acompañados. En los mismos se priorizan los itinerarios hacia la emancipación, la promoción de la participación activa de los/as jóvenes, la formación digital y el acceso al empleo. A título ilustrativo, durante el año 2020, los programas de emancipación gestionados por las entidades asociadas a la FEPA han atendido a 4030 jóvenes tutelados y extutelados (13% más respecto al 2019) (FEPA, 2021).

3. Método

Los datos utilizados en este estudio se seleccionaron del conjunto de la información recopilada en el proyecto “Menores Migrantes no Acompañados (MMNA) en España. Situación actual, circuito de atención y modelo de intervención social y educativa para la inclusión”. Dirigido, entre otros objetivos, a la detección de los modelos de intervención que se han desarrollado y a la identificación de las necesidades de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en España. El trabajo de campo se llevó a cabo en distintos momentos y lugares a lo largo del año 2020. Se ha empleado una metodología cualitativa adecuada para análisis exploratorios que permite capturar la subjetividad de las personas participantes que relatan en primera persona su experiencia (Denzin y Lincoln, 2011). Así, el análisis de sus discursos permite ahondar en los significados que atribuyen a su vivencia y con ello, lograr cierto nivel de interpretación de los temas tratados (Denzin y Lincoln, 2005; Ruiz-Olabuénaga, 2003; Strauss y Corbin, 1998; Vallés, 1997). 

3.1. Participantes

Para la selección de las personas participantes que cumpliesen los perfiles preestablecidos se utilizó un muestreo intencional. En este caso, profesionales de los servicios encargados de garantizar la protección y seguridad de la infancia migrante y jóvenes migrantes mayores de edad que fueron tutelados/as por el sistema de protección durante su minoría de edad. Las personas participantes se localizaron y reclutaron a través de las entidades públicas y de organizaciones sociales de distinto tipo. A partir de sus narraciones y experiencias se pretende explorar la realidad combinando perspectivas de distintas posiciones.

En el proyecto donde se enmarca este estudio han participado 7 de las 17 comunidades autónomas de España y la ciudad autónoma de Ceuta (ver tabla 1), en las que se realizaron: 163 entrevistas individuales a menores, jóvenes y profesionales y 23 grupos de discusión con profesionales, 7 jornadas con profesionales, 5 mesas técnicas con profesionales y 4 grupos de discusión y talleres con jóvenes.

3.2. Técnicas e instrumentos

Se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas y grupos de discusión, que se complementaron con mesas técnicas y jornadas con profesionales y talleres con jóvenes extutelados (ver tabla 1).

Las entrevistas individuales a jóvenes se organizaron en torno a cinco tópicos: situación en origen, en trayecto y en destino, emancipación (solo en el caso de mayores de edad) y valoración de la trayectoria y expectativas de futuro. Las entrevistas a profesionales se estructuraron en distintos tópicos según la persona entrevistada estuviera en servicios de acogida, de intervención o de inclusión. Las categorías de interés para este estudio fueron: documentación de residencia y de trabajo, intervención desde el ámbito socioeducativo, jóvenes en situación de calle, acogida en entorno familiar, red de recursos residenciales y propuestas de mejora. Los guiones para los grupos de discusión se elaboraron partiendo de los mismos tópicos empleados en las entrevistas individuales a profesionales.

3.3. Procedimiento

Tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión, previo al comienzo de estos, se informó de forma oral y escrita de los objetivos del estudio. Todas las personas participantes firmaron el consentimiento informado para participar en la investigación. Las sesiones, entrevistas y grupos de discusión, fueron grabadas en vídeo y audio. Las trascripciones de las grabaciones se codificaron de acuerdo con las preguntas asociadas a las categorías preestablecidas.

Teniendo en cuenta los objetivos de este estudio se seleccionaron, del conjunto del material disponible, tres códigos: preparación para la mayoría de edad, formación y situación laboral (en todos se incluyen propuestas de mejora). El primero permite identificar la forma en que se lleva a cabo la intervención socioeducativa, en qué consiste (o en que se centra), incluyendo la manera en que se trabaja para completar la educación obligatoria; el segundo, provee información sobre la forma de facilitar el acceso a la formación, especialmente la ocupacional; y el tercero, proporciona una base para indagar sobre los apoyos que existen para el acceso a un empleo y sus características.

Una vez seleccionado el material de interés, se llevó a cabo un análisis de contenido siguiendo las teorías de Strauss y Corbin (1998) y haciendo uso del software Atlas.ti. V9. En una primera fase, dos personas del equipo de manera independiente realizaron una lectura atenta y ordenada de cada uno de los códigos elegidos e identificaron las informaciones redundantes en los discursos de las personas participantes. En una segunda fase, se pusieron en común las conclusiones preliminares y se identificaron las coincidencias en la atribución de significados. Partiendo de esta base se construyó el relato que responde a cada uno de los objetivos del estudio y que proporcionan una visión de conjunto de lo descubierto.

Los resultados se presentan utilizando algunas citas literales de las personas informantes. Para distinguir la fuente se ha creado un código específico, según se trate de profesionales o menores, combinado con la comunidad o ciudad autónoma de procedencia.

4. Resultados

4.1. La intervención socioeducativa que se realiza con los/as jóvenes migrantes no acompañados/as

Los relatos coinciden en reconocer que los y las jóvenes migrantes no acompañados/as que se atienden en los centros son adolescentes y tienen las mismas necesidades que cualquier ser humano que atraviesa esa etapa. Sin embargo, en su caso, no tienen la oportunidad de madurar al mismo ritmo que los/as menores locales hasta los 30 años en sus hogares familiares, de ahí la importancia de dirigir esfuerzos a prepararlos mínimamente para afrontar las consecuencias del fin de la protección institucional y la tutela a los 18 años.

De los resultados obtenidos, se extrae que el sistema se centra más en proteger que en preparar para la independencia, lo que parece una consecuencia del desajuste entre los recursos disponibles (profesionales especialmente) y el número de adolescentes y jóvenes que hay que atender en los centros, lo que, junto con la falta de tiempo, provoca que toda la atención se dirija a resolver lo básico y lo urgente. Ahondando en el tema, dentro de los centros, las acciones se centran en aprender hábitos que ayuden a desarrollar cierta autonomía personal, así aprenden rutinas de la vida diaria (cocinar, limpiar, lavar…), contemplándose estas acciones dentro de los proyectos educativos individuales, resaltándose la importancia de dominar el idioma o aprenderlo para poder intervenir

Asimismo, la intervención socioeducativa que se orienta a la preparación para la vida adulta, hasta los 18 años, se focaliza en garantizar la escolarización en las edades más tempranas (14-16 años) y en proporcionar formación ocupacional, bien como continuación de la escolaridad obligatoria completada en España o bien como opción para mejorar la cualificación laboral previa adquirida en el país de origen.

En algunos centros, esto se complementa con ciertos programas de entrenamiento en habilidades sociales, mejora de la autonomía personal, conocimiento del entorno y, en casi todos los casos, con cursos de español, catalán o eusquera.

Además, se observa una oferta amplia de actividades cotidianas que incluye salidas que pueden favorecer la integración comunitaria

También, el tamaño del centro determina el nivel de individualización y la profundidad de la intervención. En los centros con menos plazas resulta menos complejo desarrollar actuaciones integrales a la vez que personalizadas.

Sin embargo, la intervención socioeducativa con los mayores de 18 años es muy heterogénea. En principio, parece que dependerá de si la persona puede permanecer en el centro más allá de los 18 años o si está en situación de calle. En el primer caso, según sean los objetivos de los centros en los que son atendidos, se continúan las acciones de formación o inserción laboral, algunos restringen la posibilidad de seguir estudiando, porque solo provee alojamiento para quienes ya tienen empleo, en otros se continúan acciones socioeducativas con distintos objetivos e intensidad.

En el segundo caso, cuando las personas cumplen 18 años y se ven obligadas a tener que abandonar los centros donde han sido acogidas, se quedan viviendo en la calle, cuando es posible y las personas así lo demandan se les proporciona apoyo desde algunos de esos centros. La mayoría de las veces, la atención a estos/as jóvenes se centra en asistir para que puedan seguir cubriendo sus necesidades básicas (alimentación, aseo, etc.), principalmente derivándolos a servicios o programas de entidades sociales. Al carecer de una solución habitacional estable se interrumpe el proceso de intervención. En cierto sentido tanto los/as profesionales de los centros como los/as propios/as jóvenes perciben que se quiebra el proceso iniciado en los centros, se acrecientan la frustración personal de los jóvenes (algunos/as cortan totalmente la relación con el centro donde estuvieron acogidos/as) y los obstáculos (consumo de sustancias, economía informal, delincuencia, etc.), dificultando el progreso del proyecto de vida.

Por el contrario, de las narraciones se desprende que no existen programas estructurados y sistemáticos de apoyo al desarrollo madurativo necesario en esta etapa. No obstante, en las mismas se destaca que ahí radica la clave de la preparación para la transición a la vida adulta. Para varios informantes, esta transición es un “proceso progresivo de dar cada vez más autonomía (relacionado con ir aprendiendo a desenvolverse en la comunidad y reconocer las normas de la cultura de “acogida”)”, lo que implicaría tener definido un itinerario dirigido a mejorar los niveles de independencia, cuyos objetivos se conozcan desde el principio, con recursos suficientes, individualizado y flexible, en el que queden especificados los derechos y las responsabilidades de cada parte. Una secuencia posible sería: observación, “aclimatación” y autonomía.

En esa dirección, en algún caso, a pesar del incremento del número de personas que llegan, se ha intensificado la atención individual frente a la grupal. Además, según los relatos de los profesionales, parece crucial que se les entrene para poder desenvolverse en la administración (altamente burocrática) española, pues deberán gestionar la documentación, bien para renovarla, bien para obtenerla por primera vez (permiso de trabajo).

Asimismo, del análisis del conjunto de los discursos se desprende que las barreras a las que se alude se podrían agrupar en: estructurales y personales. Las primeras, además de los problemas la documentación que atraviesan todo el proceso, se relacionan con las condiciones de los centros, especialmente la escasez de profesionales, la falta de tiempo, la imprecisión y la heterogeneidad de los marcos de referencia para la intervención, (se trabaja de manera distinta en los distintos recursos, incluso cuando tienen el mismo objetivo y dependen de la misma administración), la falta de coordinación entre las distintas administraciones o entre los recursos del propio sistema (se interrumpen los procesos de intervención al no existir un plan que articule el proceso a partir de los logros anteriores), el alto número de menores migrantes no acompañados/as que hay que atender en cada centro y la falta de plazas, tanto residenciales como formativas.

Las segundas, las barreras personales, hacen referencia a las características de partida de adolescentes y jóvenes, como la educación obligatoria en origen incompleta o diferente, que condiciona el proyecto educativo/formativo en España, limitado, a su vez, por el desconocimiento del idioma, que como se dijo supone un obstáculo en el proceso de intervención socio educativa. Y, en general, las dificultades que se derivan de las diferencias culturales que exigen más tiempo de trabajo para que puedan incorporar las habilidades socio personales y para la búsqueda de empleo mínimas para afrontar la vida independiente.

Quizás, la diferencia más notable entre los distintos relatos radique en la red de recursos disponibles en cada territorio que ofrece más o menos oportunidades para desarrollar intervenciones socioeducativas, más o menos, completas, continuas y orientadas a la transición a la vida adulta. Lo que se muestra como una consecuencia de la forma en que las administraciones autonómicas afrontan la creación de recursos especializados más allá de la edad de 18 años.

4.2. La oferta formativa (reglada y no reglada) y las trayectorias académicas

Respecto a la oferta formativa (reglada y no reglada) y las trayectorias académicas de los/as jóvenes migrantes no acompañados/as, de los discursos analizados se deduce que dependiendo de cómo se haya finalizado el proceso de educación obligatoria, habrá más o menos opciones. La mayoría de los relatos coinciden en afirmar que las posibilidades más típicas de formación pueden ser: Escuela para Adultos (EPA), Cualificación Profesional Inicial (CIP), Formación Profesional (FP) y Universidad. Estas, en muchas ocasiones, se combinan con cursos y talleres de corta duración de entidades sociales (como Cáritas, Cruz Roja y otras con ámbitos de actuación limitados a territorios concretos).

Además, se alude a las prácticas no laborales (formación en situación), vinculadas a algunas de estas formaciones, especialmente CIP y FP, que favorecen el aprendizaje y mejoran los resultados. Como ventajas, queda claro, que, aunque la formación cursada no sea la ideal o la elegida, aumenta las probabilidades para acceder a un empleo.

Se forman en ocupaciones como peluquería, cocina, mozo de almacén, camarero, cerámica, monitor de tiempo libre, comercio, carnicería, reposición de mercancías en supermercados, carpintería, jardinería, electricidad, agricultura, carrocería, entre otras. Todas relacionadas con oficios de baja cualificación que constituyen una base frágil para el empleo, pero proporcionan un nivel mínimo para avanzar en la formación a lo largo de la vida. Suelen hacer varias durante el tiempo que están vinculados a los servicios, lo que podría ampliar sus posibilidades de acceder a su primer puesto de trabajo.

Como limitaciones, aparecen los recurrentes problemas con la documentación, en este caso vinculada más al empadronamiento y los problemas temporales para la matrícula en la oferta reglada (parece que, actualmente, resueltos en parte debido a la modificación de la ley) y las barreras idiomáticas (no todas las personas consiguen fácilmente y en poco tiempo un nivel de castellano, catalán o euskera, suficiente para seguir la formación ocupacional).

Destaca la interrupción de los itinerarios formativos cuando finaliza la estancia en los centros, en ocasiones por traslado, en otras por cumplir los 18 años; la falta de adaptación de la oferta formativa (catálogo de cursos), tanto en lo relativo a los mecanismos de seguimiento del alumnado migrante y los sistemas de evaluación como la amplitud de esta y la poca conexión con la demanda de trabajo (más especialidades que den respuesta a las ocupaciones emergentes o más demandadas).

También se alude a las limitaciones de acceso por la escasez de plazas que se restringen en función de la formación de origen (menos plazas para CIP, por ejemplo) y las notas de corte para acceder.

De los discursos de los profesionales se desprende que los retos pasan por garantizar que se pueda terminar la formación dentro del sistema de protección y que esta se adecúe a la demanda de trabajo en los mercados locales. Para esto, sería necesario que se combinaran medidas desde la administración educativa, que debe mejorar la adaptación de su oferta, y desde los centros que lideran los proyectos formativos, que pueden identificar oportunidades laborales en su entorno cercano.

4.3. Canales de acceso al empleo y tipologías de empleos que ocupan

El acceso al empleo, de acuerdo con la mayoría de los relatos, tiene lugar a partir de los 18 años. Asimismo, se indica que hay problemas para promover la inserción laboral de los/as jóvenes migrantes no acompañados/as entre los 16 y los 18 años. De hecho, y dado que la edad legal para trabajar en España son los 16 años, se reivindica que se abra esa opción como sustrato para ir creando experiencia laboral e iniciar la vida laboral regular, altas en la seguridad social, etc.

De igual manera, las prácticas en empresas asociadas a las distintas formaciones que realizan son una puerta de entrada al empleo. En algunos casos consiguen un contrato temporal, que no siempre pueden formalizar al no disponer permiso de trabajo. Algunos centros también realizan acciones de prospección en el mercado local, orientadas a captar pequeñas empresas, más sensibles a la contratación, que ofrezcan empleo vinculado a oficios en riesgo de extinción, normalmente localizados fuera de los núcleos urbanos donde se concentra una mayor demanda de mano de obra (especialmente en el sector primario). En otros casos, los contactos de las redes sociales construidas por los/as jóvenes migrantes no acompañados/as durante sus etapas previas son una fuente de ofertas concretas para contratos de corta duración (como sustituciones). Además, los propios centros donde fueron acogidos pueden ofrecer oportunidades de empleo.

Cabe destacar que cuando estos/as jóvenes se encuentran en situación de calle, el acceso a la economía informal es la manera de acceder a unos ingresos mínimos. Por ello ofrecen su mano de obra en el mercado de abastos o en la agricultura. Cuando viven estas situaciones se sienten muy presionados por la sensación de inseguridad, se sienten vigilados y temerosos de ser descubiertos. Los/as jóvenes son conscientes de que esta opción no es “correcta” pero consideran que es la única que tienen cuando no se les ha protegido, ni se han cubierto sus necesidades por el sistema.

En conjunto, de los relatos se desprende que los y las jóvenes tienen algunas habilidades básicas para la búsqueda de empleo, son capaces de hacer un curriculum, de utilizar las aplicaciones online para la búsqueda de trabajo y de presentar candidaturas directas en empresas concretas que identifican por sí mismas. Asimismo, se pone en evidencia la disposición a la movilidad laboral, hay experiencias de creación de grupos para desplazarse a las zonas donde se mueven más ofertas de empleo.

Una vez acceden al mercado de trabajo, la corta duración de los contratos conlleva cierta rotación laboral, cambian de contrato y de ocupación, encadenado experiencias laborales más o menos dispares.

Con todo, se podría afirmar que la ocupación, en general, se concentra en empleos de baja cualificación, vinculados a la hostelería, como ayudantes de cocina o camareros; otras como peluquería y oficios auxiliares en la industria como soldadura; o auxiliares educativos en los centros de protección. Buena parte de estos/as jóvenes aspiran a seguir formándose para encontrar mejores empleos y poder estructurar sus proyectos de vida autónoma y ayudar a sus familias de origen.

Cabe destacar que, tras cumplir la mayoría de edad, en los últimos años se está produciendo un incremento de pisos de emancipación (o recursos similares) desde los que se promueven los proyectos de inserción laboral y se les apoya en la tramitación de la documentación con experiencias piloto que están dando buenos resultados.

Aun así, son muy escasas las opciones para atender a toda la población joven no acompañada que necesita apoyo para acceder a un empleo.

En resumen, las situaciones descritas reflejan la heterogeneidad de los resultados en materia de acceso al empleo, de ahí que se puedan observar los dos extremos, por un lado, quienes tienen la documentación, el idioma y la formación y les falta el empleo, y por otro, quienes llegan a la mayoría de edad sin la documentación, sin dominio de la lengua y sin formación ocupacional. En medio están quienes consiguen un empleo desde el centro donde están ubicados.

Respecto a las barreras, éstas giran en torno al poco tiempo disponible para trabajar verdaderos proyectos de inserción laboral, a veces llegan a los centros a pocos meses de cumplir los 18 años. A lo que se añade la escasa cualificación profesional, las barreras lingüísticas, el desconocimiento de las normas y usos laborales, los prejuicios de las empresas, la falta de ingresos regulares que proporcionen los mínimos para la “subsistencia” y la fragilidad de sus redes familiares y sociales (apoyo social débil). Pero, sobre todo y especialmente, no disponer de permiso de trabajo (también cuando lo tienen los tiempos de renovación en la administración son tan largos que quiebran las trayectorias laborales) ni de un lugar seguro en el que habitar. Todo tropieza con los problemas estructurales del mercado de trabajo español, escasez de empleo y alta temporalidad.

Para enfrentar estas barreras, en los discursos se propone un cambio legislativo, que facilite el acceso al empleo, equiparando las condiciones con las de la juventud española, incluyendo incentivos a la contratación. En clave de intervención, desde las posiciones profesionales, se reivindican más tiempo para hacer proyectos integrales que no se quiebren por los condicionantes del sistema y más recursos de emancipación, que nadie se quede en la calle y que al abandonar el sistema de protección cada persona tenga los mínimos para afrontar su vida independiente. También, que se asuma que la migración seguirá siendo una constante y se arbitren fórmulas para la contratación en origen. Al final, según informan los/as profesionales, quizás, lograr un sustrato más o menos sólido en el que anclar su proyecto de vida como personas jóvenes-adultas autónomas e independientes, dependa de la suerte.

5. Discusión

De las contribuciones de profesionales y jóvenes migrantes no acompañados/as que han sido tutelados por el sistema de protección en distintas comunidades autónomas de España, se desprende que la preparación para la vida adulta con la que llegan a la mayoría de edad es frágil. Los resultados los podemos agrupar en tres grandes dimensiones: la intervención socioeducativa que se realiza con jóvenes migrantes no acompañados/as, la oferta formativa (reglada y no reglada) y las trayectorias académicas y los canales de acceso al empleo y la tipología de empleos que ocupan.

En relación con los procesos de intervención socioeducativa que se desarrollan con los y las jóvenes migrantes no acompañados/as, se centran prioritariamente en la cobertura de las necesidades básicas de estos/as jóvenes (alojamiento, aseo o vestimenta), en el aprendizaje de hábitos para la vida diaria, el aprendizaje del idioma (español, catalán o euskera) y en la regularización de la situación administrativa-legal en el nuevo contexto. Asimismo, se constata la existencia de acciones dirigidas a la formación ocupacional y con menor énfasis orientadas a preparación para el empleo, tal y como se ha evidenciado en otros estudios (Gimeno-Monterde et al., 2021; Jiménez-Franco et al., 2021).

No obstante, de los resultados se deriva que existen inconvenientes que no permiten a los y las educadores/as llevar a cabo acciones más integrales que permitan la adquisición de habilidades y recursos que faciliten, más aún, la transición a la vida adulta de los/as menores con los que intervienen. Entre otros, se citan la falta de personal, la saturación de los centros y los cortos periodos de estancia en los recursos de protección de estos/as jóvenes. Lo que implica limitaciones para el desarrollo de intervenciones integrales, en coordinación con otros ámbitos como las escuelas, las empresas, y con la sociedad en general, en pro de fomentar y desarrollar competencias personales de los/as jóvenes migrantes no acompañados/as para la emancipación (Cáceres, 2006; López et al., 2013). En todo caso, se pone de manifiesto que los equipos profesionales desarrollan las estrategias socioeducativas que les posibilita el sistema de protección, y en cierto sentido, las convierten en amortiguadores de las deficiencias del propio sistema (Fernández-Simó et al., 2022).

Respecto al segundo objetivo del estudio, explorar la oferta formativa y las trayectorias académicas de los/as jóvenes migrantes no acompañados/as, del discurso se desprende que la oferta formativa suele tener dos respuestas, finalizar la educación secundaria obligatoria (reglada) o acceder a la formación ocupacional (no reglada) lo cual normalmente da acceso a empleos de baja cualificación, poco reconocimiento social y bajos ingresos, que deja a quienes los ocupan en una situación de fragilidad para afrontar la vida de manera autónoma (Gimeno-Monterde et al., 2021). Sin embargo, debido al poco tiempo que muchos/as los/as jóvenes migrantes no acompañados/as suelen estar en los centros, antes de cumplir la mayoría de edad, no finalizan sus estudios o los dejan sin completar, lo que puede aumentar su riesgo de exclusión, pues se ha constatado que una formación completa puede funcionar como un factor de protección que aumenta sus probabilidades de inserción laboral (Rana et al., 2011; Sala-Roca et al., 2009).

En cuanto al tercer objetivo del estudio, conocer los canales para acceder al empleo y sus tipologías, se pone en evidencia la escasez de oportunidades de los jóvenes migrantes no acompañados/as para conseguir un empleo. En ese sentido, la realización de prácticas no remuneradas que realizan en los cursos de formación ocupacional, como peluquería, cocina o jardinería, sería una alternativa para lograr una experiencia laboral mínima (Arnau-Sabatés y Giligan, 2015; Kenny y Loughry, 2018) y en ocasiones acceder a empleos temporales, aunque resulten insuficientes para permitirles su emancipación. En todo caso, se confirma que, en general, acceden a empleos de baja cualificación, escasos ingresos y poco reconocimiento social.

Además, hay que destacar la disposición a la movilidad laboral que muestra esta población, pues no dudan en trasladarse a los lugares donde en determinadas temporadas del año aumenta significativamente la demanda de mano de obra (ejemplo: zafra u hostelería en algunos lugares de España). La capacidad para buscar alternativas, pues ante la falta de otras posibilidades recurren a la economía informal para obtener un mínimo de ingresos, aunque esto conlleve estrés (Pastor et al., 2022). Y, su resiliencia pues a pesar de las dificultades que viven, la mayoría de estos/as jóvenes aspiran a seguir formándose para encontrar mejores empleos, poder llevar una vida autónoma y ayudar a sus familias de origen.

Para terminar, además de las barreras especificas señaladas en cada uno de los ámbitos estudiados, se podrían señalar algunas que afectan transversalmente a los procesos de emancipación de jóvenes migrantes no acompañados/as, como son: la escasez de tiempo y de recursos humanos para desarrollar proyectos de inserción laboral, los cortos periodos temporales que normalmente están estos/as jóvenes en los recursos de protección (Liras, 2021), la falta de especialización profesional (Gimeno-Monterde et al., 2021), la dificultad idiomática (Velásquez, 2020), la insuficiencia de ingresos para sustentar su vida (Juaristi, 2017) y los prejuicios sociales (Barba del Horno, 2021). Además de la carencia de apoyos formales e informales en el país de acogida, a lo que se suma, la heterogeneidad de acciones que se realizan, carentes, en general, de un enfoque integral que dé respuesta a las distintas necesidades que exige un proceso planificado para la transición a la vida adulta (Bravo y Santos-González, 2017; Gimeno-Monterde et al., 2021).

6. Conclusiones

Del análisis realizado, se desprende en primer lugar que hay dos barreras claras que condicionan el proceso de transición a la vida adulta desde su inicio en distintas medidas y con diferentes consecuencias: el idioma y la documentación. Son aspectos transversales que modulan los logros de la intervención, dependen tanto de las características personales como de cuestiones estructurales como la legislación en materia de extranjería. Nuestros resultados sugieren también que es necesario reforzar los marcos de referencia de modo que las intervenciones socioeducativas para promover la transición a la vida adulta de la infancia migrante no acompañada se planifiquen desde que entran en el sistema de protección, de manera que la estrategia socioeducativa no se reduzca a facilitar oportunidades (Fernández-Simó et al., 2022).

La preparación para la emancipación se debe considerar un eje transversal en los itinerarios de estas personas en el nuevo contexto desde que están en recursos como menores de edad, donde se ha constatado que se deben fomentar las habilidades sociales claves para el desarrollo personal, relacional y social. Dada la diversidad de los perfiles observados, es indispensable que las intervenciones sean individualizadas, basadas en las potencialidades, ajustadas a las expectativas (razonables y realistas) y las características de cada persona (Fernández-Simó et al., 2022; Laiz, 2011). Lo que implica, entre otras cosas, disponer de profesionales especializadas, en número suficiente, en los distintos centros para que la ratio de menores se reduzca hasta hacer viables las intervenciones aludidas (ver figura 1).

Asimismo, es clave alargar todo lo posible la trayectoria académica (reglada), y cuando esta opción es limitada potenciar la formación profesional u ocupacional. Esto debe prolongarse más allá de los 18 años, toda vez que las probabilidades, escasas por defecto, de obtener un empleo “con potencial para sostener la emancipación”, aumentan con la calidad de las credenciales educativas. Profundizando en ello, llegados a los 18 años, debe haber una cartera de recursos habitacionales con servicios de apoyo sociopsicoeducativo, que garantice los mínimos para que ninguna persona quede fuera del sistema sin haber completado sus itinerarios. Con los cambios legislativos, ya se observan mejoras en los trámites para obtener el permiso de trabajo, con lo que es razonable aspirar a que se pueda situar el fin de la intervención directa cuando logran un empleo con un salario que permita la subsistencia. En todo caso, lo ideal es disponer de algunos servicios de seguimiento y apoyo a largo plazo que den soporte en las crisis de transición propias de cualquier ciclo vital, más probables en la primera adultez de la juventud migrante no acompañada. Al final, la protección del sistema dejará de ser necesaria cuando logren “gestionar” su propio proyecto de vida incluidos los impedimentos y baches que pueden ir surgiendo en el proceso.

En esta dirección, aunque se están comenzando a desarrollar experiencias que empiezan o continúan la intervención con el objetivo de apoyar la transición a la vida adulta de los/as jóvenes migrantes no acompañados/as tras quedar desprotegidos al cumplir la mayoría de edad, aún resultan insuficientes para dar cobertura al alto número de personas que necesitan atención. Asimismo, es pronto aún para estudiar si estas acciones dan respuestas efectivas en la preparación, búsqueda y capacitación de estos/as jóvenes, para afianzar un empleo y lograr unos ingresos mínimos para su emancipación y, por ende, la integración plena en el nuevo contexto. En todo caso, sería necesaria una mayor dotación de recursos (sobre todo tras cumplir la mayoría de edad, 18+1) estructurados y estandarizados (Gimeno-Monterde et al., 2021), desde los que se promuevan intervenciones integrales y coordinadas entre las distintas administraciones involucradas en la atención de la juventud migrante, que permitan desarrollar los proyectos educativos individuales basados en las potencialidades de cada una de estas personas.

Figura 1. Propuesta para promover la transición a la vida adulta

Además, en la medida en que estas necesidades, como se vislumbra en este trabajo, son similares, teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad y de equidad interterritorial, las intervenciones deberían disponer de un marco de referencia estatal, que salvando las especificidades y el marco competencial de las comunidades autónomas, contribuya a dar una respuesta similar a las personas jóvenes migrantes no acompañadas que llegan a los diferentes territorios españoles en busca de mejorar su existencia y la de su familia en origen.

Para finalizar, es necesario señalar que este estudio debe ser entendido como una aproximación a un tema complejo y escasamente estudiado, de ahí que sea necesario profundizar en el análisis de los procesos de transición a la vida adulta de la infancia migrante no acompañada y de las necesidades de estos/as jóvenes para afrontar con éxito su emancipación, ello permitirá contar con más evidencias científicas en las que sustentar unas mejores prácticas profesionales. Concretamente, tal y como sugiere Wade (2011), sigue siendo necesaria la realización de estudios longitudinales que proporcionen una visión más amplia y comparable de la transición hacia la vida adulta de la infancia migrante no acompañada.

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