1. Introducción

La figura de trabajador transfronterizo, entendido como aquel que reside en un país y desarrolla su actividad laboral en otro, está presente en varias fronteras españolas. Sin embargo, este trabajo tiene características diferentes según la frontera estudiada; mientras que estas movilidades se suceden con fluidez en fronteras con los países europeos —como en los casos de Francia, Andorra o Portugal—, las movilidades hacia y desde Marruecos son más complejas en la llamada Frontera Sur¹. Estos desplazamientos laborales cotidianos (commuting) se producen en un contexto marcado por evidentes tensiones e intereses políticos, y entre zonas económicas tan diferenciadas como son Europa y África. Estas desigualdades han generado un contexto de alto nivel de securitización, pero, a pesar de ello, durante décadas ha existido un flujo dinámico transfronterizo de la población con residencia en la provincia de Nador y Tetuán hacia las ciudades de Melilla y Ceuta, respectivamente. En el caso de Melilla, este enclave, con una extensión de solo 12 km cuadrados y poco más de 85 000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2023), suponía una oportunidad laboral y vital para los marroquíes que se desplazaban cada día para trabajar allí tanto con permiso de trabajo como sin él. Además, había otro tipo de cruces a la ciudad por razones no laborales, como estudiar, realizar compras, visitar familiares o la ciudad (López-Guzmán et al., 2007; Ananou y Jiménez, 2016).

Esta dinámica de interacción entre territorios cambió radicalmente con la llegada de la COVID-19, ante la cual ambos países decidieron cerrar sus fronteras como medida de contención sanitaria. Esto supuso que miles de personas perdieran su fuente de ingresos y provocó un gran impacto en ambos territorios, los cuales eran económicamente interdependientes (Granda y Soriano-Miras, 2023a). Tras más de dos años, esta frontera se reabrió en mayo de 2022, pero ya nada volvió a ser igual: desde entonces están en vigor nuevas restricciones para el cruce entre territorios, hay más requisitos para tramitar las autorizaciones de trabajo, y se ha prohibido el paso de mercancía (Delegación de Gobierno de Melilla, 2022; Orden INT/424/2022, de 13 de mayo). Este último creaba una parte importante del empleo transfronterizo, en gran medida para mujeres “porteadoras” que transportaban esta mercancía sobre sus espaldas.

Tal y como refieren Ferrer-Gallardo y Gabrielli (2018), a pesar de ser mucho más importante a nivel cuantitativo, este flujo ha recibido muy poca atención en comparación con las estrategias de blindaje y control de la inmigración irregular. Así, los estudios empíricos sobre los trabajadores transfronterizos en la Frontera Sur son escasos (Andreo, 2023; Burgos-Goyé, 2011; Ramírez, 2020). Si bien algunos recogen la situación de estos trabajadores durante el cierre fronterizo (Arnet Rodríguez, 2022; Granda y Soriano-Miras, 2023b), ninguno ha explorado el impacto en estos trabajadores tras las nuevas condiciones de reapertura en 2022. Además de ser el primero que estudia el trabajo transfronterizo en este periodo, esta investigación también es pionera al explotar una base de datos que permite cuantificar con exactitud este fenómeno y su evolución en Melilla. Estas movilidades se han estudiado sin tener claro su magnitud o dinámicas, contando con estimaciones de cruce desde las 20 000 hasta las 28 000 personas a pie al día (Ananou y Jiménez, 2016; Calderón-Vázquez, 2023), y entre 6000 y 8400 trabajadores transfronterizos antes del cierre (Calderón-Vázquez et al., 2023; El Salto, 2022), aunque sin contar a las personas que trabajan en el porteo.

Así, los objetivos de este estudio son: a) cuantificar y describir el perfil de personas marroquíes que acuden a diario a Melilla para trabajar; b) analizar la evolución del mercado de trabajo transfronterizo de Melilla en el periodo 2014-2023 para establecer tendencias de movilidad laboral pre y postpandemia; y c) estudiar el impacto del cierre fronterizo de 2020 en estos trabajadores. Este estudio contribuye a entender el fenómeno de trabajo transfronterizo en la Frontera Sur y los impactos aún latentes de la COVID-19, así como a explorar los procesos de agencia de la población migrante en situación de vulnerabilidad; concretamente, a cómo la población marroquí atrapada en los enclaves españoles tras el cierre ha desarrollado esta resistencia (Gutiérrez-Torres, 2023; Floristán, 2022).

2. Movilidad entre regiones fronterizas: la desigualdad económica como motor

En un mundo con un cada vez mayor flujo de capitales, mercancías, turistas, etc., se restringe de forma diferencial la movilidad humana según el país de origen o criterios económicos. Así, mientras experimentamos una globalización de las migraciones, las personas procedentes de países del Sur Global cada vez ven más limitadas sus opciones de destino (Czaika y de Haas, 2014). De esta forma, a pesar de encontrarnos en un proceso de globalización, el Estado-nación sigue ejerciendo su soberanía dentro de su territorio a través de la restricción de la circulación de personas, siendo la frontera el aparato más inmediato de control y protección (Sassen, 2007).

Estos espacios fronterizos desarrollan dinámicas locales concretas mediadas por las disposiciones de los países implicados y desigualdades económicas; así, mientras que hay fronteras en las que se transita sin control, como en el caso del espacio Schengen, en otras regiones se restringe o incluso se imposibilita el paso a raíz de estas desigualdades. Los casos de diferencias más extremas se dan en aquellas regiones en las que se unen el Norte Global con el Sur Global, como es el caso de Marruecos-España o México-Estados Unidos, dos de las fronteras más estudiadas por esta brecha (Tapia-Ladino, 2015).

A pesar de que la diferencia de salarios es una de las razones con mayor peso para movilidades al otro lado de la frontera (Orraca-Romano, 2023; Tapia-Ladino y Chacón, 2016), estos trabajadores no reciben necesariamente el mismo salario o tienen las mismas condiciones laborales que las personas del país de destino. Las personas migrantes asumen con frecuencia trabajos “sucios” en condiciones de explotación especialmente en sectores precarios como la agricultura, el trabajo doméstico y la construcción (Palumbo, 2022), sectores que se ven particularmente afectados por su condición de migrante, etnia y género (Pajnik, 2016). Así, las fronteras se constituyen como un lugar ambivalente de desigualdad y oportunidad (Magalhães, 2021).

Respecto a estas diferencias por género, en diferentes regiones fronterizas una proporción significativa de mujeres transfronterizas se dedican a los cuidados y trabajo de limpieza, (López, 2020; Leiva y Ross, 2016), un fenómeno que también se da en las migraciones de mayor duración. De hecho, Hochschild (2000) acuñó el término cadena global de cuidados para hacer referencia a las dinámicas de movilidad globales en la que las mujeres migrantes sustituyen el rol tradicional de otras mujeres en el cuidado del hogar y la familia mientras dejan atrás su país de origen y el cuidado de los suyos. Sin embargo, diversos estudios señalan que los cuidados realizados a partir de movilidades entre regiones fronterizas deben estudiarse desde un enfoque transfronterizo y no transnacional, considerando que muchas de estas mujeres compaginan el trabajo de cuidados con sus propias cargas familiares al otro lado de la frontera (Magalhães, 2021; Gonzalvez at al., 2021).

Además de los trabajos de cuidados y del hogar, otros estudios han encontrado patrones similares en las fronteras México-Guatemala, México-EE. UU. y España-Marruecos para las mujeres que residen en regiones fronterizas, como el empleo en el transporte y comercio de mercancías —un trabajo con estigma social— como la estrategia de supervivencia más accesible para ellas (Fuentes-Lara y Quesada, 2019; Solís et al., 2023). Así, entendemos que los patrones de movilidad, la situación laboral, el acceso a los trabajos más devaluados en el país de destino y las estrategias individuales que se desarrollan están fuertemente condicionadas por el género. Por este motivo, las investigaciones en este campo deben aplicar una perspectiva de género para identificar patrones de movilidad diferenciales por sexo.

Por último, estas fronteras no solo son mecanismos utilizados por los Estados para controlar su territorio. Este dispositivo también es un elemento simbólico que configura imaginarios colectivos creando un “ellos” y un “nosotros” (Firpo, 2019), y que contribuyen a una peor inserción laboral y discriminación étnica al otro lado de la frontera (Gonzalvez at al., 2021).

3. Los trabajadores transfronterizos en la Frontera Sur

Ante la falta de mano de obra de trabajadores en algunos sectores, la normativa española contempla la figura del trabajador transfronterizo, el cual dispone de un contrato de trabajo que no genera derecho para residir en el territorio (artículo 182 del Real Decreto 557/2011). En España, hay varias fronteras por las que transitan estos trabajadores: Francia, Portugal, Gibraltar, Andorra y Marruecos. Como indican Ananou y Jiménez (2016), esta última simboliza una separación entre zonas económicas, países con tensas relaciones diplomáticas y un conflicto religioso, principalmente entre cristianismo e Islam. Además, hay un reciente pasado colonial español que ha reforzado actitudes racistas, violencia y excepcionalidad en la aplicación de la legislación hacia la población marroquí (Lo Coco, 2023). Así, estos trabajadores están sujetos a procesos de etnización que no operan en otras fronteras, asociándose estos trabajadores a mano de obra barata y flexible (Ramírez, 2020).

A pesar de estas diferencias, en las últimas décadas se han desarrollado políticas y acuerdos en aras de mantener un flujo dinámico entre la población de las ciudades autónomas y los territorios marroquíes próximos, que profesan una fuerte interdependencia económica (Castán-Pinos, 2014). A nivel individual para estos trabajadores, pese a realizar trabajos precarios, esta movilidad suponía tener acceso a trabajos con mejores salarios que en Marruecos y mejorar sus condiciones de vida. En el caso de Melilla, prueba de este interés es la alta densidad de población marroquí asentada en torno a los pasos fronterizos (Ponce y Martí, 2019).

Para las mujeres que trabajaban en la frontera de Melilla-Nador con baja cualificación, su única opción laboral en Nador eran otros trabajos feminizados, por días y mal pagados en el sector de limpieza y cuidados, en fábricas de confección o de limpieza de pescado (Granda y Soriano-Miras, 2023b). Por su situación fronteriza, también existe en Tánger como opción para estas personas las fábricas de productos de exportación, relocalizadas allí por su situación próxima al Norte Global. Sin embargo, estos sueldos seguían siendo inferiores a los que podían encontrar en Ceuta; en el caso de la industria de la confección, las trabajadoras marroquíes podían llegar a cobrar 250 euros al mes (Trinidad et al., 2019). Por ejemplificar estas diferencias, el salario mínimo interprofesional mensual subió en Marruecos hasta 2970,05 dirhams (288,35 €), mientras que es España ese mismo año era de 1080 € al mes (Ministerio de trabajo y economía social, 2023).

Respecto a los permisos de trabajo transfronterizos, estas autorizaciones exigen el regreso diario a la zona fronteriza con el territorio español²; es decir, estos trabajadores debían cruzar la frontera de vuelta tras su jornada laboral. Estas autorizaciones pueden darse tanto por trabajo por cuenta ajena como por cuenta propia. La autorización inicial tiene una duración de entre tres meses y un año, y, al fin de la vigencia de esta autorización, se podría prorrogar en la medida que se mantenga la relación laboral o actividad y se mantengan las mismas circunstancias.

Aparte de la expedición de permisos de trabajo transfronterizos, una de las medidas clave en esta movilidad entre las ciudades es la incorporación de España en el Instrumento de ratificación del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1985. A través de este, se decretaba la exención de visado para el “pequeño tráfico fronterizo”. Esto permitía que la población de las regiones fronterizas realizase múltiples entradas y salidas entre Ceuta y Melilla y sus provincias adyacentes: Tetuán y Nador. Por el contrario, el resto de los ciudadanos marroquíes no residentes en estas provincias sí debían presentar un visado en los puntos de control fronterizo.

Esta exención de visado suponía que no era requisito indispensable tener un permiso de trabajo para cruzar la frontera, por lo que muchas personas que cruzaban a diario a Melilla se empleaban en la economía sumergida. Esto constituía uno de los principales problemas a la hora de cuantificar el flujo de trabajadores, y más teniendo en cuenta la variabilidad diaria en los 4 pasos fronterizos de la ciudad: Farhana, Beni Enzar, Barrio Chino y Mariguari. Mientras que el paso de Mariguari se reservaba para alumnos que asistían al colegio en Melilla y sus acompañantes, por los tres primeros cruzaban a diario miles de personas sin un control estricto más que enseñar el pasaporte (Solís et al., 2023).

Ilustración 1. Mapa de situación y detalle sobre los pasos fronterizos

Fuente: elaboración propia a partir de Google My Maps

Así, más allá de esta aparente férrea seguridad, el modelo que se sigue en este enclave corresponde más al modelo de comunidad cerrada (Gated Community) que a la narrativa de la creación de la “Europa Fortaleza” en la que los países más ricos del Norte Global se protegen siendo totalmente impenetrables (Ferrer-Gallardo, 2008b). Este modelo alternativo señala que si bien existe un control fronterizo que separa Europa del continente africano, hay una “permeabilidad selectiva” que ha permitido que exista el trabajo transfronterizo entre ambas regiones (Anderson, 2001).

Estos trabajadores —tanto los que disponían de autorización como los que no— se emplean sobre todo en el sector doméstico, la construcción, la hostelería y el comercio irregular o “atípico” (Ferrer-Gallardo y Gabrielli, 2018). Respecto a este último, se basaba en gran medida en el trabajo de las mujeres porteadoras, las cuales residían en las provincias adyacentes de Ceuta y Melilla y cruzaban a diario la frontera cargando con mercancía sobre sus espaldas para venderla al otro lado de la valla (Fuentes-Lara, 2019).

A pesar de la indudable importancia del comercio, estudios anteriores apuntaban a que esta movilidad se debía principalmente a mujeres trabajadoras en el sector del hogar, pero únicamente contaban con estimaciones basadas en investigaciones etnográficas y cualitativas (López-Sala, 2012; Soto Bermant, 2014). Asimismo, se han hecho esfuerzos por estimar el número de cruces a pie por las fronteras de ambos enclaves, calculado en torno a las 20 000 y 28 000 (Ananou y Jiménez, 2016; Calderón-Vázquez et al., 2023), e incluso estimaciones de 20 000 personas en un día solo en la frontera de Ceuta (Fuentes-Lara, 2019). Respecto al fenómeno de trabajadores transfronterizos, las estimaciones varían entre 6000 y 8400 trabajadores antes del cierre (Calderón-Vázquez et al., 2023; ElSalto.es, 2022).

Esta cifra resulta muy compleja de calcular dado que la mayoría trabajaba sin contrato y la existencia de otras movilidades que no eran para trabajar en la ciudad vecina: el paso de porteadoras, las cuales podían realizar hasta 4 veces al día en el caso de Melilla (Granda y Soriano-Miras, 2023a), menores que asistían al colegio, estudiantes universitarios, o personas que iban a realizar compras, visitar familiares o la ciudad. Por ende, estudiar el fenómeno del trabajo transfronterizo ha sido siempre un asunto sumamente complejo.

En el caso de Ceuta sí hay un precedente claro, la investigación de Andreo (2023), en la que describe cuantitativamente el servicio doméstico transfronterizo a partir de datos proporcionados por la Oficina de Extranjería de Ceuta hasta 2019. En este año, estaban vigentes 2548 autorizaciones para trabajar en Ceuta, siendo el sector que más trabajadores transfronterizos comprende (86,15% del total de permisos transfronterizos). Por otro lado, hay que señalar que, si bien ambas ciudades comparten características similares, hay dinámicas diferenciadas que afectan al cruce de los trabajadores transfronterizos. Por ejemplo, la existencia de una aduana comercial en Melilla hasta 2018 (Acosta, 2022) o la política desplegada por Marruecos en Ceuta en 2019 para acabar con el porteo, un proceso que no se llevó a cabo en Melilla (Fuentes-Lara y Rosado Caro, 2022) hasta después de la COVID-19.

4. Cambios en la normativa del trabajo transfronterizo

Como comentábamos previamente, a pesar de que la figura de trabajador transfronterizo está presente en otros territorios de España, en la Frontera Sur con Ceuta y Melilla tienen sus propias particularidades. Así, no todos los trabajadores que pertenecen a esta categoría están en las mismas circunstancias, y es que se rigen por distintos reglamentos según sean ciudadanos de la EU o extracomunitarios. En esta última categoría entran los marroquíes transfronterizos que cruzan a diario a Melilla para trabajar. Estos sufren una clara desprotección en comparación con el régimen más favorable de la aplicación de la normativa comunitaria referente a la Seguridad Social (Burgos-Goyé, 2011), o por el hecho de que deben cotizar por el desempleo sin tener derecho a esta prestación debido al requisito de residencia para poder ser beneficiario de esta. Esto no ocurre en el caso de los transfronterizos comunitarios, los cuales están al amparo del Derecho de la Unión Europea bajo el Reglamento 883/2004 y 1231/2010 (Sánchez-Rodas, 2023).

Por otra parte, todos los acuerdos bilaterales y la negociación se han llevado a cabo en un contexto de las relaciones bilaterales tensas dada la reclamación de la soberanía de las ciudades de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos (Del Valle, 2011) y presiones políticas a través de la creación de crisis migratorias (Sánchez-Montijano y Zaragoza, 2013; Ferrer-Gallardo y Gabrielli, 2022). En este escenario, un nuevo proceso de negociaciones se abrió con la llegada de la COVID-19 y el consiguiente cierre de fronteras³, tras lo cual la vida de las personas de estos territorios cambió radicalmente. Y es que, el trabajador se tuvo que enfrentar a una situación nueva según el lado en el que estuviese en el momento del cierre: en Marruecos, miles de personas vieron de la noche a la mañana cómo perdían su medio de vida, y en Melilla, muchas de estos trabajadores marroquíes se quedaron atrapados y se encontraron ante la situación de que, si volvían a Marruecos con sus familias, perderían su empleo (Granda y Soriano-Miras, 2023b).

En ambos casos, era imposible saber cuándo iba a abrir la frontera y los trabajadores se encontraron con sucesivas prórrogas del estado de alarma, una falta de acuerdos entre países tras el desconfinamiento y medidas que no proporcionaban una solución a largo plazo. Es el caso de las prórrogas automáticas de los permisos de trabajo y la expedición de cédulas de inscripción⁴, las cuales fueron emitidas durante este período ante la imposibilidad de estas personas de renovar el pasaporte, ya que la frontera permanecía cerrada. En marzo del 2022, tras dos años en esta situación, se cesó en dicha práctica ante la inminente reapertura de fronteras y asumiendo que las personas con el pasaporte caducado podrían volver a Marruecos para renovar esta documentación (El Faro de Melilla, 2022).

Dos meses más tarde, en mayo de 2022, la frontera reabrió con unas condiciones notablemente distintas, aunque únicamente el paso de Beni Enzar. El cambio más sustancial fue la eliminación de la exención de visado para la población residente en los territorios fronterizos, lo que suponía que ya no era suficiente con el pasaporte de Nador, sino que se necesitaba un visado⁵. Esta reforma, junto con la prohibición del paso de mercancías, la imposibilidad de ver a familiares al otro lado de la frontera con facilidad o visitar la ciudad, ha supuesto el fin de la economía sumergida en las ciudades autónomas. Sin embargo, se mantuvo la posibilidad de tramitar autorizaciones de trabajo transfronterizo, aunque bajo otras condiciones mucho más restrictivas.

En el caso de las nuevas autorizaciones iniciales, reguladas a través del artículo 183.5 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011 que regula el trabajo transfronterizo, se dispone en su artículo 64 para las autorizaciones de residencia y trabajo que: “En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser igual o superior al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual”. Por lo tanto, se exige que el contrato de trabajo sea, ya sea a jornada completa o parcial, con un salario mínimo equivalente al SMI (1134€), de un único empleador, y que en caso de superar los 1000 euros netos deberían percibirse mediante transferencia bancaria. Además, como ya sucedía antes, la oferta de trabajo debe gestionarse previamente ante los servicios públicos de empleo para obtener un certificado de insuficiencia de demandantes de empleo para demostrar que no era posible contratar a un trabajador local (Jimeno Jiménez, 2019).

Frente a estas nuevas condiciones para las nuevas contrataciones, existían empleadores que deseaban continuar la relación laboral que se había interrumpido como consecuencia del cierre transfronterizo. En estos casos, y de forma excepcional hasta septiembre de 2022, se permitió que los empleadores presentaran una solicitud de prórroga de la autorización de sus empleados de la que disfrutaban en el momento del cierre fronterizo. Una vez obtenida esta autorización, los trabajadores debían solicitar un visado específico para las Ciudades Autónomas, que una vez expedido, les permitía entrar a trabajar. Una vez en territorio nacional, los empleadores pudieron volver a tramitar el alta en Seguridad Social y los trabajadores realizar los trámites de expedición de su tarjeta de identidad de extranjero (Delegación de Gobierno de Melilla, 2022). Así, a través de todos estos requisitos, se ha generado un nuevo marco legal y un modo de vida más hostil para las personas que a diario transitan la frontera o desean trabajar al otro lado de las vallas.

5. Fuentes y método

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se ha utilizado como fuente principal la base de datos de permisos de trabajo transfronterizo entre el año 2014 y 2023 solicitada a la Oficina de Extranjería de Melilla. Disponemos a través de esta base del número de autorizaciones tramitadas en los últimos 10 años, el tipo de permiso, sector y el sexo y edad de los trabajadores (ver tabla 1). A través de la explotación de estos datos con un análisis estadístico descriptivo y en relación con los objetivos de la investigación, esta base de datos nos permite analizar los perfiles y características del mercado de trabajo transfronterizo, evaluar el impacto del cierre y de las nuevas reformas normativas. La elección del periodo estudiado se debe al interés de establecer tendencias estables prepandémicas y evaluar con más precisión dicho impacto. Previamente no se habían explotado estos datos para el caso de Melilla, por lo que supone un avance relevante en el conocimiento del fenómeno.

De manera complementaria, se consultaron otras fuentes, y se llevó a cabo un análisis complementario de los datos de Afiliación de Trabajadores al Sistema de Seguridad Social (2014-2023) y del Observatorio permanente de migración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2018-2023) para ayudar a analizar las características de este mercado de trabajo y los cambios tras la reapertura. Respecto a esta última fuente, concretamente se ha empleado para estimar si se produjo un cambio de estatus de trabajadores transfronterizos a trabajadores extranjeros con residencia de la ciudad.

6. El trabajo transfronterizo en Melilla: la evolución en los últimos 10 años

6.1. ¿Quiénes son los trabajadores transfronterizos?

En los últimos 10 años, se han concedido en Melilla un total de 12 786 permisos de trabajo transfronterizos a ciudadanos marroquíes, incluyendo nuevas altas y renovaciones anuales. La primera tendencia clara que se aprecia en la explotación de datos es que la mayoría de estos permisos fueron para mujeres (9041). Así, aunque se hable de “trabajadores transfronterizos” en masculino genérico, estos datos dejan claro que se trata de un fenómeno profundamente feminizado. En cuanto a los sectores y ocupaciones de los trabajadores transfronterizos, el sector del trabajo doméstico es el que ha registrado el mayor número de autorizaciones en los últimos 10 años (71%), seguido con una brecha muy considerable por las actividades comerciales (9%) y la construcción (8%) (ver tabla 2).

Estos datos se corresponden con lo descrito en otros estudios, que sugieren que las personas migrantes son las que trabajan en sectores precarios como el trabajo doméstico y la construcción (Palumbo, 2022) al ser considerados trabajos “sucios” que se llevan a cabo en condiciones de explotación.

Si bien otras investigaciones (p. ej. Ferrer-Gallardo y Gabrielli, 2018; López-Sala, 2012) o reportajes periodísticos (Euro Press, 2014) ya señalaban estos sectores como los más relevantes, estos datos dejan claro que no se pueden poner al mismo nivel con estas diferencias entre el sector de limpieza y trabajo del hogar respecto al resto. Además, como se observa en la tabla, el mercado de trabajo se caracteriza por una media de edad bastante elevada, una cuestión que no se ha observado en investigaciones previas (45,8 en el caso de las mujeres y 48,7 en el de los hombres). Las altas desviaciones típicas en muchos sectores de actividad se explican fundamentalmente por la elevada edad de algunos trabajadores. De hecho, se siguen renovando permisos a trabajadores con edades que sobrepasan claramente la edad de jubilación en España, de forma que el 2% de estos permisos se conceden a personas por encima de los 65 años.

Como hallazgo central, se ha encontrado que el 70% de los permisos de trabajo transfronterizo en los últimos 10 años se han tramitado para mujeres que trabajan en servicios de limpieza y trabajo del hogar, un sector tradicionalmente muy feminizado. Esta elevadísima proporción corrobora la necesidad de aplicar una perspectiva de género al estudio de las trayectorias laborales transfronterizas. La tendencia a la transnacionalización de empleos tradicionalmente asignados a roles femeninos también ha sido detectada en países sudamericanos (Magalhães, 2021). De hecho, las mujeres no tienen prácticamente presencia en el resto de los sectores (ver figura 1), y pese a ello son la mayoría en el conjunto.

Figura 1. Diferencias de ocupación en los sectores por número de permisos y género

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina de Extranjería de Melilla

Por otro lado, este sector en Melilla no se encuentra solamente feminizado, sino que está ocupado de forma dominante por personas extranjeras, incluyendo transfronterizas. Si complementamos la información con los datos de afiliación a la Seguridad Social, se aprecia que, en los últimos 10 años, el porcentaje de extranjeros respecto al total de afiliados en el Sistema Especial para Empleados de Hogar se ha mantenido en torno al 90%, y nunca inferior al 80% en la ciudad autónoma. La alta presencia de personas procedentes de otros países no es una anomalía local, sino algo generalizado en nuestro país; de las 372 117 personas afiliadas a la seguridad social en el Régimen Especial de Empleados del Hogar en diciembre de 2023 en España, el 45,35% de las personas eran extranjeras. Así, España se ha convertido en un país receptor de mujeres migrantes que con frecuencia tienen como única opción el trabajo del hogar dentro de las cadenas globales de cuidado (Díaz Gorfinkiel y Martínez-Buján, 2018). Aun así, esta proporción en Melilla es destacablemente más alta de los estándares nacionales, siendo evidente el impacto que tiene la cercanía de la ciudad al territorio marroquí. Esto no es un fenómeno exclusivo de Melilla, sino que en otras regiones fronterizas una proporción significativa de mujeres que realizan movilidades transfronterizas se dedican a los cuidados y trabajo de limpieza, especialmente cuando hay desigualdades económicas entre territorios (López, 2020; Leiva y Ross, 2016).

Como ya ha sido estudiado, el trabajo desempeñado en este sector es un trabajo socialmente infravalorado y asociado al desempeño de mujeres o grupos más excluidos a los que no se les reconoce su valor económico de producción (Tronto, 2020). En el contexto español, la legislación ha obviado el bienestar de las trabajadoras y hay un trasfondo cultural que asume que es legítimo por parte de los empleadores no regularizar la relación laboral (Poblet, 2022). De hecho, estas trabajadoras están afiliadas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, un sistema que reconoce esta desigualdad de trato y que hasta la ratificación del Convenio 189 de la OIT en 2022 les ha otorgado menos derechos, como negarles la ayuda por desempleo, o acceder a indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) si su empleador se declaraba insolvente (Ayala del Pino, 2023). A pesar de este avance en el reconocimiento de estos derechos, estas mujeres siguen sin poder acceder a muchos recursos de protección social, dado que ejercen su trabajo en un país diferente al que residen, por lo que no perciben muchas prestaciones vinculadas al requisito de residencia, como es el desempleo (Díaz Mordillo, 2023). Así, hay una doble barrera para estas mujeres para acceder a los derechos laborales que sí reconocidos en otros sectores y puntos del territorio nacional.

Por otro lado, si bien este tipo de empleo es ocupado por mujeres en situación de precariedad como trampolín para la regularización administrativa y la búsqueda de un empleo en mejores condiciones (Lebrusán et al., 2019), es muy difícil en el caso de Melilla debido a que, como transfronterizas, no pueden empadronarse para optar a la regulación administrativa y su búsqueda de empleo está limitada por la demanda de la ciudad. Tal y como lo define López-Sala (2012), estas circunstancias crean un mercado de trabajadores cautivo y condicionado por las necesidades de la ciudad, lo que permite su contratación en términos mucho más ventajosos para los empleadores.

Respecto al tipo de autorizaciones tramitadas, es destacable que el 96% de estos permisos son por cuenta ajena, lo que incide en una mayor dependencia a añadir a lo ya comentado sobre los patrones de género y sector de actividad. En esta “cautividad burocrática”, se agrava la incapacidad de las trabajadoras del hogar para negociar sus condiciones laborales, una característica unida al trabajo del hogar (Díaz Gorfinkiel, 2016).

Hay que sumar a estas cuestiones legales y económicas la dimensión simbólica de este fenómeno. Como ya encontró Ramírez (2020) en Ceuta, los trabajadores procedentes del Sur Global están sujetos a procesos de etnización que legitiman contratar a bajo coste y con altos niveles de precariedad. La concepción de estas personas principalmente como mano de obra se refleja en las desafortunadas declaraciones de la delegada del Gobierno de esta ciudad, que, al ser preguntada por la reapertura de la frontera, señaló que los locales —y especialmente las amas de casa— estaban “deseando que vuelvan las muchachas⁷” (ElDiario.es, 2022). Como ya señalaba Firpo (2019), la frontera es un dispositivo que configura estos imaginarios colectivos en los que las mujeres que cruzan la frontera son consideradas como apropiadas para este trabajo feminizado.

Asimismo, el 87% de estas autorizaciones en estos últimos 10 años son renovaciones anuales frente a un 13% de autorizaciones iniciales. Estos datos dan cuenta de que se trata de una fuerza de trabajo principalmente asalariada y relativamente estable en el tiempo. Tras la COVID-19 y los profundos cambios en la frontera, esta tendencia parece haberse roto y comienza un nuevo modelo de trabajo transfronterizo.

6.2. Impacto de las reformas normativas: el cierre fronterizo y la “nueva normalidad” tras la reapertura

Uno de los resultados a tener en cuenta es que los datos sobre Melilla no coinciden con la evolución descrita por Andreo (2023) en Ceuta, donde se produjo un incremento histórico de permisos de trabajo transfronterizos en 2019 a causa de la obstaculización de Marruecos en su frontera y la búsqueda de agilización del cruce con estos permisos. En el caso de Melilla se mantiene estable; de hecho, se redujo en 14 casos en 2019. Esto refuerza la idea de que, si bien ambas ciudades comparten dinámicas parecidas y cambios normativos, no siempre los fenómenos fronterizos son similares ni extrapolables.

El cierre de la frontera el 14 de marzo de 2020 causó un lógico desplome del número de permisos en vigor en 2020 (ver figura 2). Con un promedio de 1.810 trabajadores transfronterizos desde 2014, en 2020 el número se redujo a 598. Estas no se extinguieron debido a que se prorrogaron las autorizaciones. Un año más tarde, la cifra caería hasta las 224 autorizaciones en vigor, la cifra más baja. Pese a mantenerse las concesiones a mujeres por encima en número, su descenso es mayor durante el cierre de la frontera, alcanzando el 90% frente al 85% en el caso de las autorizaciones a varones.

Figura 2. Evolución del número de permisos de trabajo transfronterizo por género

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina de Extranjería de Melilla

Durante la pandemia, muy pocos trabajadores transfronterizos tuvieron derecho al ERTE, y en ningún caso para empleadas del hogar (ElDiario.es, 2020). Así, y en relación con la doble discriminación de las trabajadoras del hogar transfronterizas antes comentada, si bien el Gobierno de España aprobó ayudas para empleadas del hogar que aprobó en abril de 2020, aquellas con condición transfronteriza no fueron incluidas (Parella, 2021).

Por otro lado, a pesar de la reapertura de la frontera en mayo de 2022, las cifras previas a la pandemia no han vuelto a recuperarse. Relacionamos este hecho con la dureza de las nuevas condiciones para la concesión de nuevas contrataciones; por ejemplo, antes las empleadas del hogar, que recordemos que son el perfil predominante, podían tener varios empleadores y trabajar en varias casas a lo largo de la semana. Desde 2022, la contratación de este tipo de trabajadoras es prácticamente inviable, ya que deben tener un único empleador y un contrato de 40 horas semanales por el salario mínimo interprofesional (Delegación de Gobierno de Melilla, 2022). Con estos requisitos, muy pocas familias son capaces de afrontar la contratación de una empleada del hogar transfronteriza. De hecho, si bien las contrataciones iniciales siempre habían supuesto una minoría frente a las renovaciones (sólo alcanzaba el 12%), prácticamente desaparecen con estas nuevas condiciones, produciéndose únicamente 6 desde la reapertura de la frontera (ver tabla 3).

Por otro lado, dado que el número de empleados transfronterizos se ha reducido y se ha eliminado la exención de visado, sólo se ha abierto un único paso fronterizo: Beni Enzar. En este cruce los trabajadores deben enseñar su permiso de trabajo y sellar pasaporte en el lado marroquí. Esta última acción se incorpora con la reapertura de la frontera en 2022, y supone la espera de horas de cola para cruzar el paso en ambas direcciones (Melilla Hoy, 2024). Observando la dificultad creciente para acceder a un trabajo, las largas horas de espera en el cruce y la edad avanzada de los trabajadores transfronterizos, parece que esta figura está destinada a desaparecer a medio plazo, ya que esta población no se irá renovando.

Otra cuestión es cómo se están produciendo en esta “nueva normalidad” estas renovaciones. El análisis realizado revela que las tramitaciones se han realizado en periodos de tiempo específicos (ver figura 3). Lo más significativo es el incremento a partir de la reapertura de la frontera de estas concesiones hasta septiembre de 2022, momento en el que terminaba el plazo para las renovaciones de las autorizaciones en vigor antes de la pandemia. Un año más tarde, la tramitación de las autorizaciones se concentra en los mismos meses, previsiblemente por tratarse de las renovaciones anuales. Se estima, por tanto, que la solicitud de tramitación se produzca en oleadas anuales viendo los escasos permisos iniciales tramitados.

Figura 3. Evolución de renovación de permisos de trabajo transfronterizos 2020-2023

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina de Extranjería de Melilla

Hay que tener en cuenta también que la evolución no ha sido igual en todos los sectores (ver tabla 4). En el último año, el sector del hogar abarcaba el 77% de las autorizaciones. Muy por detrás, la construcción con un 8%, y algunos como la hostelería o transporte y almacenaje, están prácticamente extintos. Sí llama la atención la cantidad de valores perdidos en 2022, puede que por la avalancha de solicitudes entregadas al abrirse el plazo hasta el 1 de septiembre para prorrogar los permisos vigentes en el momento del cierre. En definitiva, con respecto a antes de la pandemia, el mercado de trabajo transfronterizo ha perdido prácticamente tres cuartas partes de sus componentes.

6.3. Hacia el fin del trabajo transfronterizo y nuevas formas de resistencia

¿Debemos interpretar los datos asumiendo que se han perdido más de mil puestos de trabajo? Sin duda, hay muchas personas que se han quedado esperando durante los dos años de cierre para poder volver a su trabajo y no han podido lograrlo. No solamente algunos con permiso de trabajo, sino también todos aquellos que trabajaban en la economía sumergida. En el caso de las mujeres porteadoras, uno de los grupos más afectados, sus opciones de supervivencia se vieron muy reducidas; además de que solo podían acceder a trabajos feminizados y precarios, había miles de mujeres buscando trabajo tras el cierre para un número reducido de puestos. Para aquellas que no encontraron una alternativa laboral en Nador, la migración interior, pedir ayuda a la red familiar y comunitaria, la venta de propiedades personales o la mendicidad han sido estrategias para subsistir (Granda y Soriano-Miras, 2023a).

Sin embargo, una de las ideas que propone esta investigación es que la caída del número de permisos de trabajo no significa necesariamente que estas personas hubiesen dejado de trabajar. Una de las opciones es que estas personas no hubiesen vuelto a Marruecos con el cierre fronterizo y se encuentren a día de hoy trabajando en situación irregular. Por otro lado, puede ser que se quedasen, pero tras más de tres años en la ciudad hayan podido regularizarse administrativamente vía arraigo social, familiar, laboral o para la formación⁸.

En el caso de Melilla, estas autorizaciones por arraigo tradicionalmente han sido mucho menos habituales que en la Península. Esto se debe, especialmente, a la dificultad de acreditar la permanencia mínima en el territorio español para solicitar el arraigo por las dificultades que tienen las personas migrantes en empadronarse en este territorio, una medida de control fronterizo que impide a las personas en situación irregular acceder a servicios sociales o a intentar regularizar su situación (Sahraoui, 2023). Sin embargo, el cierre de fronteras facilitó acreditar la permanencia sin el empadronamiento y, por otro lado, la reforma del reglamento de extranjería de 2022, además, de introducir el arraigo por formación, flexibilizó los requisitos para los tres tipos de arraigo ya existentes, y, muy especialmente, del arraigo familiar. En el caso del arraigo laboral, con la exigencia de dos años en el territorio nacional y un contrato, ya se podía empezar a tramitar incluso antes de la reapertura. De hecho, los datos coinciden con esta hipótesis, y se ve un incremento considerable desde finales de 2022 de autorizaciones de residencia por arraigo (ver figura 4).

Figura 4. Evolución del número de permisos de residencia por arraigo en Melilla (2018-2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Observatorio permanente de las migraciones

Estas autorizaciones se conceden de forma mayoritaria a mujeres: 69% en los últimos 5 años respecto al total, nunca por debajo del 66%. En una aproximación para explorar este posible traspaso, se ha analizado el sector de las empleadas del hogar y cuidados por ser el más significativo. Señalamos que el porcentaje de mujeres en los últimos años ha estado siempre por encima del 95%, y del 98% en los dos últimos años. Además de la continua feminización y el hecho de que el sector está principalmente copado por personas extranjeras, parece haber habido un trasvase desde trabajadoras del hogar transfronterizas a afiliadas extranjeras no transfronterizas (ver figura 5). Este trasvase se puede observar a partir de agosto de 2022 y aún con mayor claridad en el 2023.

Por lo tanto, parece que este cierre ha supuesto una oportunidad para muchas personas para regularizar su situación administrativa —como por ejemplo, aquellas que tenían un contrato transfronterizo pero trabajaban de internas o no querían abandonar a las personas mayores que cuidaban durante la pandemia (Granda y Soriano-Miras, 2023b)—, o buscar ventajas a una situación de inmovilidad y separación familiar como modo de resistencia. Con este término, hacemos referencia a la activación de recursos existentes para superar situaciones de crisis o de pérdida, muy manifiesta en la población migrante que intenta mejorar sus condiciones de vida en situaciones de vulnerabilidad o políticas migratorias contrarias a su regularización (Salcido González y Calderón Morillón, 2020).

Figura 5. Número de personas afiliadas nacionales, extranjeras y recuento anual de transfronterizas en la Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, Melilla 2014-2023

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación de Trabajadores al Sistema de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y datos de la Oficina de Extranjería de Melilla

Dentro de la búsqueda de superar la irregularidad, estas nuevas condiciones de contratación abrirán la puerta a otras estrategias de supervivencia y formas de circunvalar esta normativa. Por ejemplo, en el caso de las empleadas del hogar y cuidados transfronterizas, ya que muchas trabajan por horas en diferentes casas, podrían recurrir a nuevas estrategias para conseguir permisos iniciales, como firmar con un empleador y trabajar en diferentes hogares con un acuerdo entre ellos. Respecto a las personas que aún siguen buscando la forma de regularizar su situación, de forma repentina su estilo de vida transfronterizo se ha convertido en una migración, lo que de facto supone subvertir los procesos habituales de toma de decisión. Esto suscita el debate de hasta qué punto estas experiencias y resistencias deben estudiarse desde un punto de vista transnacional o transfronterizo (Magalhães, 2021).

7. Conclusiones

Nuestra investigación nos permite afirmar que el perfil predominante del mercado de trabajo transfronterizo es el de mujer en el sector de limpieza, trabajo del hogar y cuidados. Así, se trata mayoritariamente de una forma de movilidad laboral transnacional feminizada, de baja cualificación y con condiciones precarias propias del sector. Si bien es característico por su alto nivel de trabajadoras extranjeras en el territorio nacional, la tendencia es aún más acuciada en Melilla por la proximidad territorial de Marruecos y las diferencias económicas entre el Norte y el Sur global, tal y como sucede en otros territorios fronterizos (Leiva y Ross, 2016; López, 2020).

En segundo lugar, se observa que, si bien era un fenómeno con inercia impulsado por las renovaciones más que por la continua incorporación de nuevos trabajadores en el mercado laboral transfronterizo, se ha producido un cambio de tendencia a partir de 2020, aprovechando el cierre de la frontera durante más de dos años. En este año tiene lugar una caída de más de dos tercios del número de estos trabajadores, aunque algunos se mantienen por las renovaciones de sus empleadores. A pesar de su reapertura en 2022, no se han recuperado las cifras anteriores a la pandemia y se ha configurado un nuevo modelo de mercado laboral transfronterizo. Esto lo relacionamos con la dureza de las nuevas condiciones para la concesión de nuevas contrataciones, como es el pago del SMI a pesar de que el contrato sea a tiempo parcial o la contratación por un único empleador. Teniendo en cuenta que la mayoría de las autorizaciones siguen siendo del trabajo del hogar y cuidados, se complica para estas trabajadoras que las contraten con estas condiciones, a no ser que encuentren formas de circunvalar la nueva normativa.

Respecto al futuro, la elevada media de edad de los trabajadores transfronterizos (46,7) y la tendencia descendente de las solicitudes de autorizaciones iniciales frente a las renovaciones, dada la dificultad de la nueva normativa para los nuevos permisos, sugieren la extinción del trabajo transfronterizo a medio plazo. Sin embargo, en esta investigación señalamos que el descenso del número de permisos transfronterizos no necesariamente significa que las personas que no hayan renovado estas autorizaciones no hayan podido volver de Marruecos. Tras dos años, algunas de las personas que se habían quedado en Melilla encerradas, vieron la oportunidad de regularizar su situación a través del arraigo. El número ha crecido considerablemente, llegando prácticamente a cuadruplicarse en 2023 el número de arraigos concedidos antes de la pandemia.

Esto comprende lo que consideramos resistencia por parte de esta población, la cual aún sigue buscando alternativas ante esta situación sobrevenida. Y es que, sabemos que la construcción de fronteras o normativas más restrictivas no frenan a las personas migrantes que buscan una vida mejor. La incertidumbre derivada del cierre, a pesar de ser producido por motivos sanitarios, ha sido aprovechada para hacer cambios legislativos con mayor facilidad a favor de una política orientada al control migratorio. Estas nuevas políticas, que habrían generado una fuerte contestación social en condiciones normales, se implementaron sin ocasionar especial polémica, un ejemplo del uso de la doctrina de shock (Klein, 2007), estrategia con la que los poderes económicos y políticos implementan medidas controvertidas en momentos de desastres y confusión.

En respuesta a estos cambios, se desarrollarán en los próximos años nuevas estrategias de resistencia y clandestinidad por parte de la población transfronteriza que no se ha podido reincorporar a su puesto de trabajo o intenta desde Melilla regularizar su situación administrativa. Bajo esta asunción, es necesario seguir investigando sobre este nuevo escenario para conocer cómo evolucionan estas dinámicas laborales y migratorias, tanto a nivel político y económico, como conocer el impacto de esta nueva realidad en las vidas de la población a ambos lados de la frontera.

Agradecimientos

La participación en esta investigación de la autora Lucía Granda está financiada por el Ministerio de Universidades de España a través del programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) de la convocatoria 2020.

Nuestro agradecimiento a Ricardo, Samara y Elena por sus valiosos comentarios e ideas para desarrollar esta investigación, y a los/as revisores/as por sus acertadas sugerencias que nos han permitido mejorar el manuscrito.

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