1. Introducción: la participación en su interrelación con el entorno barrial

Investigar en el campo de la participación es una tarea compleja, pues se trata de un concepto poliédrico que abarca diversos ámbitos y múltiples definiciones. El objetivo del artículo es estudiar la participación en su interrelación con el entorno barrial, preguntándonos por los impactos de los procesos participativos en las relaciones vecinales y en el territorio. El análisis compara iniciativas participativas en dos barrios de la ciudad de Valencia, sus efectos en la trama relacional, en la convivencia y en las dinámicas de inclusión-exclusión de la diversidad vecinal en el Cabanyal y en Russafa.

El Cabanyal es un barrio marítimo, afectado por una operación urbanística que generó degradación y un gran conflicto urbano en el siglo XXI. El nuevo consistorio de izquierdas anuló esta operación en 2015 y desarrolló procesos participativos durante años para la renovación del barrio que, en la actualidad, con un Ayuntamiento conservador, combina elementos de precarización, gentrificación y turistificación. Por su parte, Russafa es un barrio central, heterogéneo socialmente, en declive al final del siglo XX, en dinámicas de gentrificación y turistificación desde 2012, y con una larga trayectoria de campañas vecinales en demanda de servicios y mejoras impulsadas por asociaciones barriales.

Nuestros resultados se basan en los estudios previos que se citan y el trabajo de campo realizado entre octubre de 2022 y abril de 2024. La metodología utilizada es fundamentalmente etnográfica con observación participante y entrevistas semidirigidas en profundidad. El criterio de selección de las personas entrevistadas se ha basado en el cruce de cuatro variables para abarcar una diversidad de voces: origen étnico-cultural, género, clase social y “perfil” (vecinos y vecinas, miembros de asociaciones y colectivos, comerciantes, profesionales socioeducativos y personal técnico en procesos participativos). Se han realizado 29 entrevistas, 15 en Russafa y 14 en el Cabanyal, 5 de ellas grupales. En total se han entrevistado a 20 mujeres y 14 hombres. Las entrevistas han sido analizadas desde una perspectiva sociohermenéutica, que interpreta los discursos de los actores en su contexto social, a la luz de sus intereses, las representaciones que se movilizan y la historicidad específica de cada lugar (Alonso, 1998). También se ha trabajado con fuentes secundarias, fundamentalmente datos de la Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia y análisis de la prensa local.

Ilustración 1. Mapa de los barrios Cabanyal y Russafa

Nuestro planteamiento se inscribe en el cruce entre las reflexiones sobre convivencia vecinal, el modelo de ciudad neoliberal y los estudios críticos sobre participación. En este marco, hablamos de participación vecinal concretada a partir de dos ejes cruzados: el carácter normativo (participación informal o formal) y el origen del impulso (desde arriba o desde abajo). Son extremos de dos continuos, aunque en la mayoría de veces adopta una forma híbrida que combina uno y otro aspecto en el mismo proceso vecinal. Contamos con una amplía literatura sobre procesos participativos desde arriba, particularmente como gobernanza, y desde abajo, con protagonismo de movimientos urbanos. Sin embargo, con la excepción de los proyectos de desarrollo comunitario, son escasos los estudios que abordan las implicaciones de las iniciativas participativas en las relaciones vecinales y la convivencia de los barrios en que se desarrollan. Nuestro análisis pretende contribuir a estos estudios, aportar factores relevantes y abrir nuevas líneas de investigación.

2. Marco de análisis: urbanismo neoliberal, participación y convivencia

Nuestro marco de análisis se articula alrededor de cinco conceptos clave: urbanismo neoliberal, participación, convivencia, desarrollo comunitario y derecho a la ciudad. La noción de urbanismo neoliberal abarca un conjunto de fenómenos que mercantilizan las ciudades con principios de la economía capitalista, como desregulación, privatización, fragmentación y precarización (Harvey, 1989). Se trata de una gobernanza urbana que privilegia el “urbanismo empresarial” por encima de la gestión del territorio y de la calidad de vida de sus habitantes (Hall y Hubbard, 1998; Smith, 1996). Para ello despliega una doble política de inversión/desinversión en el espacio urbano que genera beneficios económicos (Lees y Phillips, 2018; Smith, 1996). Esta doble lógica dual produce una injusticia socioespacial creciente con dinámicas de elitización en unas áreas de la ciudad y de precarización en otras (Wacquant, 2006).

Estamos, por tanto, ante las dos caras de una misma realidad urbana. Por una parte, encontramos lugares en fases de gentrificación donde se desplaza a parte del vecindario a partir de regeneraciones urbanísticas, privatización de la sociabilidad, policialización y dispositivos de securitización (García et al., 2022; Lees y Phillips, 2018; Smith, 1996). La gentrificación es una dinámica de desigualdad de clase social, atravesada por el género, la sexualidad, la etnia o la raza, entre otras relaciones de poder (Kern, 2022). Además, se desarrollan operaciones de marketing urbano que atraen visitantes y residentes de rentas altas dando lugar a tendencias de turistificación y “gentrificación transnacional” (Cocola-Gant y Lopez-Gay, 2020; Lees y Phillips, 2018). Por otra parte, estos procesos no son lineales y se combinan con la precarización que afecta a lugares devaluados, abandonados o estigmatizados (Cucó, 2013; Torres y Moncusí, 2018; Wacquant, 2006).

De este modo, la mezcla de lógicas de precarización y de gentrificación generan dinámicas de exclusión, conflictos y, en definitiva, condiciones desiguales de convivencia. En los casos de barrios multiculturales, los estudios sobre convivencia (Giménez y Gómez, 2015), living together (Pratsinakis et al., 2017) y cohabitation (White y Germain, 2022), destacan los procesos de interacción vecinal, derivados de las rutinas, movilidades y prácticas de la vida cotidiana, que conforman el ambiente del barrio como “espacio vivido” (Di Meo, 1994). Este vivir juntos en contextos de diversidad sociocultural puede adoptar múltiples formas, como la convivencia intercultural, indiferente o conflictiva. La convivencia comporta tensiones, negociaciones y acomodaciones (Giménez y Gómez, 2015; Foner et al.; 2019), que a menudo expresan las diferentes posiciones de poder entre los grupos del vecindario por clase, origen, género, racialización o etnificación, estatus administrativo u otros factores.

Entendemos por relaciones vecinales como aquellas que tienen en el barrio su espacio privilegiado, aunque no único, y utilizaremos para categorizarlas un doble eje. Por un lado, relaciones vecinales fuertes y débiles, adaptando los conceptos de Granovetter (1973); por otro lado, en función de las personas que participan en dichas relaciones, distinguiremos entre relaciones endogrupo y exogrupo (Torres y Gómez-Crespo, 2022). A menudo, se combinan entre sí. Así, en su estudio sobre la ayuda mutua en barrios vulnerables españoles, Barañano et al. (2023) muestran cómo se mezclan los diferentes tipos de relaciones (familiares, vecinales y otras tejidas alrededor del entramado asociativo o los equipamientos públicos). Otro aspecto común a los estudios señalados es la relevancia de los espacios barriales significativos, no solo como contenedor de relaciones vecinales, sino también como espacio activador y que las conforman.

Las políticas públicas se enfrentan a escenarios cada vez más complejos donde lo urbano es fagocitado por los principios neoliberales dificultando la participación de los sujetos en la producción de ciudad (Letelier, 2018). Surgen así nuevos modelos de gobernanza municipal que han convertido la participación ciudadana en una preocupación. Una participación donde convergen demandas locales de la ciudadanía, intereses de distintos actores y la voluntad de unas administraciones públicas por incorporar elementos participativos (Ahedo, 2019; Bonet i Martí, 2012; Blanco y Gomà, 2019; Mora, 2022; Subirats, 2019). Según unos planteamientos, se trataría de implicar directamente a los sujetos en las decisiones públicas desbordando el concepto de lo público más allá de lo institucional (Laval y Dardot, 2015; Subirats, 2019). Sin embargo, la institucionalización de estas prácticas locales no parece haber caminado en esta línea. La diversidad de intereses puestos en juego y la complejidad en la participación han vaciado su efecto transformador, convirtiéndola más bien en un elemento de legitimación de las políticas públicas (Bonet i Martí, 2012). Para el caso concreto de Valencia, Mora (2022) señala que la promoción de la participación de las personas migrantes ha tenido un carácter más bien formal, con escasos efectos reales y con el desgaste de entidades que son convocadas, pero consideran no son tenidas en cuenta. Al respecto, Moncusí (2017) muestra que el vecindario migrante de Valencia encuentra obstáculos para acceder a procesos participativos por desconocimiento, desconfianza o falta de recursos (lingüísticos, entre otros).

No obstante, una parte de la literatura sobre participación ciudadana ha tendido hacia una visión optimista sobre sus consecuencias para el cambio social. Blanco y Ballester (2011) destacan algunas: combatir la desafección democrática; repensar nuevas formas de gobernanza; empoderar a la comunidad e incluir grupos sociales vulnerados. Al contrario, otras autoras alertan sobre una participación que solo es promovida hasta donde puede ser controlada dentro de unas reglas impuestas a las comunidades, entre ellas que estén dotadas de estructura formal, que utilicen los canales y procedimientos establecidos, etc. (Letelier, 2018). Esta lógica, centrada más en el proceso y en la legitimación de políticas públicas que en las transformaciones de las desigualdades socioespaciales, ha sido cuestionada por algunos movimientos urbanos que buscan profundizar en la justicia social y abrazada por otros que ven en la participación ciudadana un avance democrático.

Anteriores a la actual gobernanza municipal, los proyectos de intervención y desarrollo comunitario, basados en la Investigación Acción Participativa, buscan la movilización de la población (Marchioni, 1994). En este tipo de procesos, una parte del vecindario participa con personal técnico en el diagnóstico y en la definición de objetivos en una experiencia compartida que genera contextos barriales comunitarios (Zapata-Hernández, 2016). Una parte de estos proyectos se orientan en un sentido intercultural. En el caso español, cabría destacar el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural ICI, realizado en 36 barrios y municipios (Giménez et al., 2015), o la larga experiencia del Observatorio de la Inmigración de Tenerife - OBIT (Zapata-Hernández, 2022).

En el siglo XXI, ha tomado una significativa relevancia el “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1968). La actual acción colectiva en las ciudades se caracteriza por la heterogeneidad de sus demandas, la diversidad de formas de participación, la conformación en redes glocales o la pluralidad de maneras de relacionarse con las instituciones públicas (Harvey, 2013; Martí-Costa y Bonet, 2008; Mompó, 2021; Mompó y Santamarina, 2022). También encontramos movimientos enfocados a conservar privilegios de grupos sociales o a demandas revanchistas de securitización (García et al., 2022; Smith, 1996).

Centrándonos en los actores que reclaman el derecho a la ciudad en el Estado español, podríamos leer su heterogeneidad como un continuum entre posiciones normativas que reproducen algunas lógicas de la ciudad neoliberal hasta posturas subversivas que buscan alternativas contrahegemónicas (Santamarina y Mompó, 2018). Entre un extremo y otro encontramos, por ejemplo, a las asociaciones vecinales nacidas en las décadas de los setenta y ochenta y algunas de sus herederas. Se movilizan por servicios barriales y por la calidad de vida de los habitantes. Otros actores, ONG, asociaciones o plataformas, con subvenciones públicas en algunos casos, llevan adelante proyectos de acción comunitaria para mejorar la convivencia. En la postura más subversiva se ubican colectivos autogestionados que buscan la autonomía de las instituciones públicas y utilizan la desobediencia civil. Son grupos autoorganizados por el acceso a la vivienda, contra la turistificación y la gentrificación. En realidad, si algo caracteriza a los movimientos urbanos actuales es su diversidad y la imposibilidad de clasificarlos en tipologías porque se mueven según los contextos y las oportunidades. Sin embargo, como señalan Torres et al. (2015), todos estos actores tienen en común que realzan la categoría de vecino o vecina, transforman las relaciones vecinales y tienen efectos en la convivencia.

3. Cabanyal: de la agresión urbanística a la renovación participativa

El Cabanyal es un barrio del distrito de Poblados Marítimos en la periferia geográfica de la ciudad, aunque simbólicamente central para el urbanismo neoliberal por situarse en el litoral de Valencia¹. Este emplazamiento se traduce en la combinación de lógicas de gentrificación con otras de precarización que atraviesan la vida urbana, el vecindario y su trama relacional.

Su vida asociativa ha sido históricamente densa y, además, en los últimos veinte años se ha diversificado dando lugar a un entramado muy heterogéneo. A modo de ejemplo, podríamos mencionar las asociaciones festivas como las cofradías de la Semana Santa Marinera, los casales falleros y las bandas de música; agrupaciones de comerciantes; lugares de reunión como ateneos y otros de culto católico y evangélico; grupos culturales y artísticos; diversos colectivos de mujeres; o las asociaciones de familias en las escuelas. A este tejido asociativo se añaden los movimientos urbanos en los que nos centraremos.

3.1. Transformaciones sociourbanas y participación desde abajo

El Cabanyal cuenta con 19 252 habitantes en 2023, en ligero aumento respecto al año anterior, después de cinco décadas en descenso. Una pérdida y envejecimiento de la población que, entre los años setenta y principios de siglo, estuvo vinculada al abandono y a la estigmatización del barrio como “conflictivo” y “marginal”. En este contexto se fundó la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar (1977) con demandas en infraestructuras y en mejora de servicios.

Entre finales de un siglo y principios del otro, fue creándose un parque de viviendas accesible para poblaciones precarizadas donde se instalaron, entre otras, personas jóvenes o migrantes de Colombia, Ecuador, Italia y más tarde Rumanía, en su mayoría de etnia romá. Esta vecindad aumentó la diversidad étnico-racial del Cabanyal, hasta ese momento habitado fundamentalmente por población del Estado español, paya y gitana. Sin embargo, algunas narrativas estigmatizadoras incluyeron un tono racista que subrayaba un “exceso” de diferencia cultural entre vecindario payo, gitano y romá (Mompó y Fioravanti, 2022). Unas representaciones utilizadas por algunos medios de comunicación y poderes públicos para justificar planes de renovación urbana neoliberal y que aún impregnan imaginarios vecinales (Mompó, 2021).

Las políticas de renovación urbana vinieron, en 1998, de la mano del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) impulsado por un gobierno municipal y autonómico con mayoría absoluta del Partido Popular. Se inició un profundo conflicto cuyas consecuencias resuenan en la convivencia vecinal actual. El PEPRI incluía la prolongación de una avenida atravesando el barrio por la mitad, con la previsión de destruir más de 1600 viviendas. Desde su aprobación en 1998 hasta su paralización en 2015, se implementaron políticas agresivas de especulación inmobiliaria basadas en la degradación, el abandono institucional, la destrucción patrimonial o la demolición de edificios, entre otras actuaciones (Herrero, 2016; Ruiz y García Pilán, 2013; Santamarina, 2014; Santamarina y Mompó, 2020).

El barrio se convirtió en un icono de conflicto urbano y de resistencia. Los colectivos vecinales en oposición al plan se multiplicaron (a excepción de Sí Volem, una asociación que lo apoyaba). En 1998, nació la plataforma Salvem el Cabanyal que fue clave por su estrategia judicial y defensa patrimonial. Consiguieron la paralización de los derribos al considerarse expoliación por el Ministerio de Cultura². En el mismo año se abrió el primer centro social okupado (CSO) La Pilona, autogestionado y posicionado contra la especulación inmobiliaria. En una línea similar, le siguieron el Ateneu Llibertari del Cabanyal (1999), Radio Malva (1999) y cuatro CSO más. A esta lista, sin ánimo de exhaustividad, se añadieron colectivos como el Centre Cultural L’Escola (2010) en el ámbito cultural y artístico, la asociación Millorem el Cabanyal y la organización Brúfol (2013) de trabajo comunitario con vecindario payo, gitano y rumano.

A partir de 2015, se abre un escenario institucional distinto con el nuevo gobierno municipal de coalición de izquierdas. En este contexto, se deroga el PEPRI y se inaugura una fase de renovación y revalorización del barrio que se combina con la precarización existente. En esta etapa se profundizan las lógicas de mercantilización que ya operaban con anterioridad. Se abren posibilidades de inversión que atraen a fondos buitres, aumenta el parque de vivienda turística y el precio de la vivienda se multiplica. En definitiva, se aceleran las tendencias de turistificación y gentrificación con una sustitución poblacional. En el barrio ha disminuido la vecindad de nacionalidad rumana, muchas de ellas de etnia romá, y ha aumentado la de Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Este reemplazo poblacional es un reflejo de la “gentrificación transnacional” que atrae a migrantes de Europa occidental a lugares con “oportunidades de estilo de vida” (Cocola-Gant y Lopez-Gay, 2020).

En el trabajo de campo etnográfico realizado desde 2015, hemos observado la presión de desplazamiento a las clases precarizadas del Cabanyal, atravesadas a su vez por desigualdades étnico-raciales, género, edad o sexualidad. Una gentrificación que afecta de manera significativa a mujeres de clases trabajadoras o jóvenes o personas de etnia gitana o romá (Mompó, 2021). En oposición a esta gentrificación surgieron nuevos colectivos a partir de 2015: Cabanyal Horta con huertos comunitarios; La Col·lectiva con proyectos culturales y de trabajo comunitario; y la asamblea Espai Veïnal que se renombraría como Sindicat de Barri del Cabanyal.

A ellas se añadieron la asociación Brúfol, de trabajo comunitario, que en colaboración con la escuela Santiago Apóstol, se implicaría en la Zona Santiago-Un pati per a totes. Se trata de un patio escolar comunitario en un espacio cedido por el Ayuntamiento donde, a través de convocatorias participativas, ha confluido vecindario diverso socioculturalmente. Una experiencia de un espacio común que ha intentado desbordar lo institucional haciendo una gestión público-comunitaria de un lugar barrial, tal y como plantea una de las impulsoras:

Por último, este periodo 2015-2023 también se ha caracterizado por los numerosos procesos participativos impulsados desde arriba.

3.2. Procesos participativos desde arriba para el diseño de políticas públicas

Entre todos los procesos participativos impulsados desde la administración local destacaríamos tres por su alcance y por el tema que nos ocupa: la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), el Plan Especial Cabanyal-Canyamelar (PEC) y el Decálogo de la Buena Convivencia.

En primer lugar, el diseño de la EDUSI fue llevado a cabo en un proceso participativo realizado por el equipo Va Cabanyal en 2015. Desde el inicio, generó muchas expectativas y se implicaron colectivos vecinales como la asociación de vecinos Salvem, agrupaciones de comerciantes y asociaciones de trabajo comunitario. El equipo buscó maneras para incorporar a vecindario que había sido excluido en la toma de decisiones. Por ejemplo, acudieron a espacios de culto evangélico. Una técnica de Va Cabanyal nos lo cuenta así:

Con un tejido asociativo denso, diverso y en un largo conflicto urbano, hubo dificultades para llegar a acuerdos en el diseño de una estrategia integral, en temas tales como la gentrificación, el turismo, la convivencia, la renovación urbana, los equipamientos, las políticas sociales, entre otras:

En este testimonio vemos como las percepciones sobre la vecindad se encuentran en conflicto y esta disputa es visible en los procesos participativos en los que cada persona y colectivo se implica con su idea de barrio y de comunidad.

La implicación de los colectivos vecinales en el diseño de la EDUSI estuvo marcada por los conflictos heredados de años de políticas agresivas. Tal y como señala una de las técnicas: “tensiones en cuanto a modelo de ciudad y en cuanto a manera de hacer […] todos estamos en contra de lo de la prolongación, pero una vez la prolongación ya no tiene espacio, ya no estaba tan claro cómo hacer” (2023). Ciertos colectivos autogestionados cuestionaron este proceso porque ocurría al mismo tiempo que aumentaba la policialización y otras medidas de securitización. Algunos titulares de la misma época dan cuenta de ello: “Sandra Gómez refuerza la Policía de Barrio en El Cabanyal como canal de comunicación con los vecinos³” (29/10/2015, El Periodic).

La estrategia contaba con un presupuesto de 30 millones de euros (la mitad fondos europeos FEDER y la otra mitad del Ayuntamiento) y se acordaron once líneas generales de actuación⁴. Para concretarlas, diferentes regidorías de la Administración local lanzarían posteriormente nuevas convocatorias participadas. Una asesora de la concejalía de participación lo calificó de sinsentido:

Otra de las técnicas que llevó a cabo uno de esos procesos participativos señalaba:

Precisamente, en el trabajo de campo hemos detectado el paso del entusiasmo inicial y la confianza en la participación ciudadana a la decepción. Esta experiencia se repite en diferentes testimonios de personas con perfil muy variado, como esta educadora social que trabaja con vecindad precarizada paya, gitana y romá en la asociación comunitaria Brúfol:

En esta línea, las expectativas puestas en la EDUSI, con una elevada dotación presupuestaria, se convirtieron en decepción para algunos actores debido a la saturación de procesos realizados y a una implementación diferente, escasa o inexistente de los acuerdos colectivos alcanzados. La temporalidad contribuyó al desencanto con unos tiempos rápidos para la fase participada del diagnóstico y lentos para la implementación.

Otro de los procesos impulsados desde arriba con impacto en el barrio fue la participación para el diseño del PEC, iniciado en 2016 y finalmente aprobado en 2023, tras numerosas alegaciones recibidas. Este plan ha representado una ruptura respecto de las políticas agresivas urbanísticas de principios de siglo en el Cabanyal y, al mismo tiempo, una continuidad en algunas líneas. Por ejemplo, algunas actuaciones previstas profundizan en un urbanismo empresarial como la construcción de un hotel, la escasa regulación de viviendas turísticas o la demolición del bloque del Clot. Este último punto ha generado mucha polémica y constituye uno de los conflictos actuales. Este bloque cuenta con unas 168 viviendas habitadas principalmente por vecindad gitana precarizada. Según las educadoras sociales de una asociación de trabajo comunitario del barrio, más de 80 familias se quedarían en la calle porque no serían realojadas al habitar en régimen de ocupación o de alquiler.

Como en otros barrios en gentrificación, estas actuaciones se legitiman porque contribuyen a la renovación urbana, pero desplazan al vecindario más excluido. Al respecto, algunas escuelas, asociaciones de trabajo comunitario y colectivos autogestionados como el Sindicat de Barri, Cabanyal Horta o Cuidem Cabanyal denuncian que esta propuesta se sustenta de forma encubierta en el antigitanismo, el racismo hacia personas migrantes, el clasismo hacia las clases trabajadoras y la criminalización de alternativas. Sin embargo, los argumentos oficiales son de carácter técnico y económico, tal y como señala uno de los urbanistas redactores del plan:

En ambos procesos, aunque muy diferentes, se evidencia la conflictividad y la frustración vecinal. Por un lado, algunos actores pasan de un entusiasmo inicial y confianza en la participación ciudadana, a una decepción generalizada, especialmente en el paso del diagnóstico a la implementación de las acciones. Por otro lado, algunos colectivos vecinales experimentan frustración al percibir que la participación ciudadana desplegada en el Cabanyal carecía de una dimensión comunitaria o de un efecto transformador hacia la justicia social. Y es que, para algunos partidos políticos y equipos técnicos de la administración, la participación ciudadana no deja de ser una exigencia de las convocatorias de los proyectos con una concepción de participación light. En el caso del Cabanyal, no parece que se haya contemplado una dimensión comunitaria para mejorar la vida del vecindario y disminuir las desigualdades. De hecho, la implementación del PEC y de la EDUSI continúa siendo una fuente de tensiones y de conflicto vecinal.

Finalmente, un último aspecto a destacar en los procesos participativos desde arriba, son algunos de los impactos que han tenido en la convivencia y en la concepción misma de la convivencia. Para esta reflexión nos resulta útil el Decálogo de la Buena Convivencia⁵ que se diseñó en un proceso participativo impulsado desde la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas en 2018. En él se implicaron diferentes asociaciones vecinales, colectivos de personas gitanas y migrantes. Llama la atención que en esta iniciativa se considere como vecindad protagonista, entre otros, a la población gitana y rumana. Es el único documento de procesos participativos desde arriba que hemos encontrado en lengua rumana. Al respecto, una asesora de la concejalía de participación apuntaba:

Emerge una concepción de la vecindad étnicamente diferente o racializada como destinataria de normas para la “buena convivencia” y de procesos vinculados a “temas sociales”. De hecho, este es el proceso participativo, observado en el Cabanyal, con mayor inclusión de vecindario gitano, romá y migrante. La mirada subyacente es que algunos vecinos y vecinas son percibidas como usuarias de servicios sociales, más que como ciudadanas implicadas en cualquier toma de decisiones. En esta línea, los llamados “problemas de convivencia” son a menudo asociados a las clases precarizadas y al vecindario racializado en discursos de asociaciones vecinales y de medios de comunicación. Son discursos estigmatizadores, principalmente antigitanos, que señalan a una parte del vecindario como responsable disruptivo de la convivencia. Estos imaginarios aparecen en prensa y son enunciados por actores como la plataforma Zero Incívics que demanda una mayor securitización del barrio.

Además, la convivencia en el barrio del Cabanyal ha estado atravesada por tensiones que han polarizado a las asociaciones vecinales. Esto ha dificultado, en ocasiones, los procesos participativos impulsados desde arriba, pues algunos profesionales han señalado que más que participación tenían que hacer mediación entre colectivos. Al mismo tiempo, algunas iniciativas desde abajo han generado espacios de confluencia de la diversidad sociocultural del vecindario, como los huertos de Cabanyal Horta o el patio comunitario Zona Santiago. Estas iniciativas desde abajo se sostienen en una dimensión comunitaria que no hemos identificado en los procesos impulsados desde arriba. Una mirada comunitaria que tiene como horizonte la justicia social y que abre posibilidades para experimentar una convivencia más intercultural, antirracista, anticapitalista y feminista. En palabras de un profesional educativo que participa en el patio comunitario Zona Santiago:

En síntesis, en el Cabanyal se ha pasado del entusiasmo y la confianza inicial en la participación ciudadana a la decepción por saturación de procesos, parcelación de las convocatorias, lentitud en la implementación, etc., y por las diferencias sobre el barrio que se quiere. Estos procesos participativos no han tenido una dimensión comunitaria que tuviera en cuenta la diversidad y desigualdad sociocultural de la población. Esto ha perjudicado particularmente a los grupos del vecindario minorizados, en términos de participación y de inclusión vecinal. En algún caso, sin ser su objetivo, han contribuido a legitimar algunos discursos estigmatizadores.

4. Russafa: tres décadas de cambios sociourbanos y dinámicas participativas

Como otros barrios populares centrales españoles, desde los años ochenta del siglo pasado Russafa conoció un rápido declive por la pérdida de población, la crisis del pequeño comercio tradicional y el déficit de equipamientos y servicios. A mediados de los años noventa sus calles adquirieron una nueva vitalidad por el vecindario marroquí, francés e inglés, y en menor medida, argelino, chino y de otros orígenes, que se instaló y los comercios étnicos que se abrieron. Al mismo tiempo, ante la pasividad de la Administración, se acentúo la degradación de las viviendas en las zonas más populares, se hizo más evidente el déficit escolar y de otros servicios, y el sentimiento de abandono institucional. Con el inicio del siglo XXI, se dio un rápido aumento del vecindario. En 2004, 3972 vecinos y vecinas de Russafa eran extranjeros, el 15,5% del total, casi el doble de la media de la ciudad. Además, el número de comercio étnicos, 143 en 2002 y 191 en 2004, y de locales de culto y asociativos, generaban una frecuentación asidua de vecinos y vecinas migrantes que vivían en otros barrios de Valencia (Torres, 2007). Así Russafa se conformó como el barrio de “centralidad inmigrante” (Toubon y Messamah, 1990) de Valencia, aunque no sin tensiones que, más allá de la culturalización de algunas disputas vecinales, se focalizó en la inseguridad y trapicheo atribuido a grupos de jóvenes magrebíes.

En este contexto, la extrema derecha valenciana tuvo una intervención continuada en el barrio, con participación en varias asambleas vecinales y la convocatoria de varias manifestaciones en 1997, 2002 y 2003. Si bien estas iniciativas no suscitaron un apoyo barrial relevante, sí puso a la migración en el centro de los debates sobre la situación del barrio y constituyó un revulsivo para un tejido vecinal y asociativo muy heterogéneo. Además de las fallas, con gran arraigo vecinal, sobre los temas que nos interesan cabría destacar la Asociación de Vecinos Russafa-Gran Vía, la Asociación de Comerciantes de Russafa y la Asociación de Vendedores del Mercado de Russafa. A estas, habría que añadir Jarit de solidaridad con la migración, ACSUD-Las Segovias de solidaridad internacional, el Ateneu Russafa, y varios colectivos de migrantes como la Asociación de Argelinos, Asociación de Inmigrantes Marroquíes Al Amal, Asociación Senegalesa de Valencia y Rumiñahui. Por último, pero no menos relevante, la Asociación de Familias de Alumnado (AFA) del colegio J. Balmes y el de la Escoleta Patufet, así como Xaloc (vinculado a Cáritas).

La situación del barrio y las iniciativas de la extrema derecha generalizaron la convicción que era necesario coordinar esfuerzos. Después de meses de debates, se acordaron siete puntos bajo el título de Plan Integral de Intervención y se convocó una manifestación bajo el lema “Recuperar el barrio de Russafa. Exigir a las administraciones”. La manifestación del 31 de enero de 2002, la más numerosa de la historia del barrio, contó con una nutrida presencia de vecindario de distintos orígenes y tuvo una notable repercusión vecinal y en los mass media locales⁶. Como señalaba el miembro de una asociación:

Además, la campaña tuvo dos efectos destacables y duraderos. Por un lado, la situación del barrio se focaliza en la responsabilidad, incumplida, de la administración en contra del discurso de la extrema derecha que apuntaba a la “inmigración ilegal”. Por otro lado, a pesar de las diferencias que se evidenciaron, se establecen puentes e interlocutores vía las asociaciones, entre los grupos del vecindario.

Otro proceso participativo relevante fue la campaña por la reforma integral del colegio público Balmes. Iniciada por la AFA en 2001, se revitalizó en 2002 con el apoyo de las asociaciones del barrio antes señaladas que activaban sus redes para las acciones centrales. Tras dos años de cierre, el reformado colegio Balmes reabrió sus puertas el curso 2005-2006, lo que se celebró como un triunfo vecinal.

En 2005, la aprobación del Parque Central de Valencia, contiguo a Russafa, supuso la revalorización del barrio y el inicio de la gentrificación, una dinámica muy ralentizada entre 2009 y 2014, que se reactivó posteriormente. Además, en estos años el barrio conoce una reurbanización de calles con mejoras de acometidas, servicios básicos y aceras más amplías. Al mismo tiempo, se desarrollan una diversidad de actividades artísticas, Russafart, comerciales y festivas, Russafira y Carnavales multiculturales (Torres et al., 2015). Igualmente, se modificó el tejido asociativo. Algunas entidades desaparecieron con la crisis, como ACSUD-Las Segovias Valencia y las de inmigrantes marroquíes y de argelinos; otras asociaciones de inmigrantes pasaron a actuar en otros barrios.

En este periodo, 2005-2015, se dan varios procesos participativos desde abajo de interés. Uno de ellos, fue la campaña para exigir la construcción del actual colegio A. Soler, una promesa de la Administración desde 2001. Esta campaña alentada desde las AFA del barrio y la Plataforma per Russafa, con amplio apoyo asociativo, se prolongó durante casi siete años, con todo tipo de acciones, unas lúdico-reivindicativas en la plaza M. Granero, otras online, como una reserva de plazas virtual, manifestaciones y, en 2011, la realización de un referéndum vecinal con algunos comercios, autóctonos e inmigrantes, y casales falleros como improvisadas sedes electorales y más de 3000 votos⁷. Tras varias paralizaciones de obras, el colegio A. Soler abrió sus puertas el curso 2014-15.

Junto a la situación de los colegios, otro foco de estas campañas, ha sido el parque M. Granero, el único espacio verde del barrio. En 2006, en el marco del Plan RIVA de renovación del barrio, el Ayuntamiento informó que estudiaba una reforma del parque y la realización de un gran parking subterráneo que suponía la tala de los árboles. La Plataforma per Russafa encabezó la oposición vecinal, exigiendo el respeto al arbolado y otra remodelación del parque. Junto a diversas asociaciones del barrio se realizó un repertorio de acciones similar al que hemos comentado respecto a la campaña por el colegio A. Soler. En octubre de 2008, el Ayuntamiento renunció al parking subterráneo⁸ y la reforma se paralizó.

En 2015, el nuevo Gobierno municipal de izquierdas retoma el expediente del parque M. Granero, prepara un proyecto e impulsa un proceso consultivo con las asociaciones y vecindario (con reuniones en colegios, casales, Universidad Popular…). La Plataforma presentó, con un sólido informe técnico, un proyecto alternativo. Este proyecto, que recogió 2900 firmas de apoyo, escindió al tejido asociativo; la Asociación de Vecinos y Vecinas consideró que las modificaciones introducidas por el consistorio daban satisfacción a sus peticiones. Y esto es lo que se realizó en 2018 con desacuerdo de otra parte del tejido asociativo.

A partir de 2015, el proceso de gentrificación se reactivó y aceleró, con el consiguiente aumento de los alquileres y la expulsión de familias jóvenes del barrio, de distintos orígenes. Igualmente, Russafa se turistifica y se consolida como una de las zonas de ocio de la ciudad, con la proliferación de apartamentos turísticos, comercios orientados a ese público, y la proliferación de terrazas. En enero de 2023, las 4036 personas extranjeras empadronadas representaban el 16,5% del vecindario. Si bien se mantiene en el barrio una parte del vecindario latinoamericano y magrebí, particularmente quienes compraron pisos modestos a primeros de siglo, hoy las cuatro nacionalidades más representadas son Italia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Además, el cierre de comercios étnicos, el traslado del oratorio musulmán en 2018 y la desaparición de la sociabilidad de calle vinculada acentúan ese cambio.

En los últimos años, se han dado una diversidad de iniciativas con resultados muy diversos. No todas las que se han impulsado han conseguido su objetivo. Entre estas, quizás la más relevante sea la paralización del Plan de Actuación Integral PAI Illa Perduda, una pequeña manzana ahora ocupada por un solar y varias casas en ruinas, que no se ha conseguido que fuera un jardín de proximidad. En la actualidad, una parte de las asociaciones centran sus exigencias en la cesión del Moll 4, una instalación del Parque Central, para uso vecinal, comunitario y autogestionado.

4.1. Procesos participativos, convivencia y diversidad etnocultural

En los procesos analizados en Russafa, campañas sostenidas en el tiempo por los colegios J. Balmes y A. Soler y sobre el parque M. Granero, destacan diversos aspectos desde el punto de vista de la diversidad sociocultural. Un primero hace referencia a quién ha participado y los espacios en los que se desarrollaron. En estas convocatorias desde abajo se han implicado, en diferente grado y forma, distintos grupos del vecindario. En las concentraciones, actos festivos, recogida de firmas y otras actividades, era visible la participación de vecinas y vecinos magrebíes, latinos y de otras procedencias. Además de una actitud facilitadora por parte de las entidades organizadoras, estas campañas afectaban a la situación de la infancia —en el ámbito escolar y en el espacio de ocio— y, por tanto, eran muy relevantes para todas las familias. Como comenta una vecina: “lo del colegio… una lucha larga… que participó vecinos y vecinas de todos los grupos del barrio… porque se sentían muy directamente interpelada la gente… tenían que mandar las criaturas lejos del barrio… madres magrebíes también” (2023).

En algunos casos, como para el vecindario magrebí, participar en estas acciones y actividades no solo se hacía por disponer de colegios adecuados o un buen parque para hijos e hijas. Participar era, también, una forma de explicitar su carácter de vecinos y vecinas y afirmar su arraigo en el barrio, “como cualquier otro vecino”. Un vecino magrebí, residente desde 1993 y propietario de un bazar, rememora:

En estos procesos se ha participado por una diversidad de vías. En unos casos, las familias con menores en edad escolar, por las AFA de los colegios; en otros casos, un vecino o vecina se lo había comentado. Además, el tejido asociativo también ha funcionado como vía de información, extensión y participación, con diversos grupos del vecindario. Así, por ejemplo, las relaciones de confianza asentadas durante años entre comerciantes magrebíes y Jarit, la Plataforma u otras organizaciones, se han activado con ocasión de los eventos importantes de estas campañas. Jarit pasa los carteles, se añade la traducción al árabe y se distribuye en los comercios halal y el oratorio, como comenta un vecino magrebí: “(las) asociaciones aquí (su comercio) ponen avisos, en la mezquita también, más importante siempre en los inmigrantes musulmanes… en los comercios pasan boca a boca también” (2023).

Esta diversidad de vías de participación nos muestra la activación de relaciones vecinales de gran diversidad y de diferentes grupos. Estas relaciones se derivan de vivir años en el mismo edificio, llevar al hijo o hija al mismo colegio, coincidir en el parque o en los comercios habituales y, en muchos casos, como pasa en otros barrios españoles, una mayoría de estas redes son mixtas (Iglesias et al., 2020). También se activaron relaciones vecinales fuertes como las redes familiares, muy sensibilizadas dado que afectaba a los menores. O las relaciones fuertes de la “comunidad musulmana”, nucleada alrededor de la mezquita y las tiendas halal. En este caso, en contra de lo que destaca la literatura (Sartori, 2001), las relaciones comunitarias no generaron un autocierre, sino que facilitaron la participación de sus miembros junto con otros vecinos y vecinas. El vecindario migrante no solo participó, en diverso grado, en las acciones y actividades. En no pocos casos, vecinas de origen latinoamericano han tenido un rol de organizadoras y portavoces en los actos impulsados por las AFA y la Plataforma. Como rememora una vecina “las madres que nos manifestábamos el primer viernes de mes estábamos encabezadas por una familia ecuatoriana” (2023).

Estos procesos de participación barrial se han desarrollado en una diversidad de espacios, lo que ha constituido otro factor para insertar a la heterogeneidad de vecinos y vecinas. En unos casos fueron lugares formales como sedes de asociaciones y equipamientos municipales, pero también en momentos importantes como los referéndums, un espacio de participación fueron los comercios, autóctonos e inmigrantes, y algunos casales falleros donde había urnas. En otros casos, se trataban de espacios informales como la puerta de los colegios, el parque M. Granero o el Mercado. Esta pluralidad de espacios de información, comentario y participación, facilita la extensión del proceso y su accesibilidad a todos los grupos del vecindario. No se establecen requisitos de acceso, son espacios muy diversos y ofrecen diversos grados de participación, desde votar hasta manifestarse.

A lo largo de estos veinte años se han dado altibajos y diferencias en función de las características de las personas más activas, los ciclos vitales, la conformación de lazos y su renovación. También se han producido tensiones y diferencias en el tejido asociativo que han limitado la unidad de acción. Estas diferencias obedecen, más que a los objetivos, a distintas formas de hacer y reivindicar, si la crítica social debe limitarse a los problemas del barrio o debe ser más amplia y profunda, y la actitud ante el Ayuntamiento —más distante y recelosa en unos casos; más cercana y comprensiva en otros—. En la actualidad, se dan diferentes posiciones ante la gentrificación.

Es difícil determinar qué incidencia han tenido estas campañas y actividades en la convivencia. A nivel de barrio se ha tratado de momentos relevantes pero puntuales, si bien repetidos a lo largo de años; por otro lado, las implicaciones de estos procesos de participación desde abajo se inscriben en el ambiente general del barrio y es difícil aislar sus efectos. Con estas salvedades, sí podemos apuntar efectos positivos que facilitan una convivencia más intercultural. A nivel del tejido asociativo, a pesar de las diferencias, se han establecido puentes y vías de comunicación entre unas asociaciones y otros, un cierto relato común de la situación del barrio y cómo mejorarlo, que incluye a los grupos de origen extracomunitario. A nivel de relaciones vecinales, más difíciles de captar, sí se puede afirmar que la presencia del vecindario de orígenes diversos en los actos e iniciativas más relevantes, por intereses comunes a todo el vecindario, facilita que se le considere una vecina o vecino legítimo con derecho a participar y decidir sobre las “cosas del barrio”. En unos casos, se afirma que esta participación “ha ayudado a integrar en pie de igualdad a los inmigrantes, a los recién llegados, sean de donde sean” (vecina, asociación); otras voces matizan el balance. La participación en estas campañas facilita la extensión de relaciones vecinales como comenta un vecino profesional de una asociación sociocultural: “siempre que se junta mucha gente pues al final hay convivencia, gente que no se relacionaba acaba relacionándose, se saluda… otra cosa es que la gente participe en un colectivo o hacer una propuesta comunitaria” (2023).

En todo caso, estos efectos positivos hay que enmarcarlos en otras dinámicas de años que, como lluvia fina, han consolidado esa convivencia con creciente interrelación. Se trata del arraigo de años de no pocas familias migrantes y su inclusión en los espacios relevantes de la vida cotidiana del barrio (las escuelas, el parque, el Mercado y los comercios). Una vivencia de mejora del barrio, muy extendida entre el vecindario, muy lejos de los problemas anteriores. También cabría considerar el poso de años de actividades interculturales, desde las actividades en los colegios (a cargo de Jarit y otras entidades), las Jornadas Interculturales y el Carnaval Multicultural de Russafa que, en 2024, ha celebrado su XIII edición.

En síntesis, en los procesos analizados participaron vecinos y vecinas de todos los grupos de población, favorecido por la actitud abierta e inclusiva de las asociaciones, la diversidad de vías y espacios de participación y la “flexibilidad” de las formas de participación, muy ligados a los ritmos de la vida vecinal. En un marco barrial, como Russafa, de arraigo consolidado de la migración, la implicación de las vecinas y vecinos migrantes en estas campañas han contribuido, como un elemento más, a su consideración como vecindario “legítimo”.

5. Conclusiones: algunos apuntes para seguir pensando

Más allá de los casos, nos interesaba un análisis comparativo entre distintos tipos de procesos participativos en dos barrios de Valencia, poniendo el foco en su articulación con la convivencia, las relaciones vecinales y la inclusión/exclusión del vecindario minorizado. Nuestras conclusiones no aspiran a dar una respuesta concluyente, sino más bien a destacar factores y aspectos clave que cabría profundizar en investigaciones futuras.

Tanto en los procesos participativos promovidos por la Administración como en los procesos surgidos desde el barrio podemos señalar tres factores comunes que son decisivos en su desarrollo y su incidencia en una convivencia más inclusiva, más indiferente o más excluyente.

El barrio como “espacio vivido” (Di Meo, 1994) establece un marco de acción caracterizado por los procesos sociourbanos (gentrificación, precarización, un mix de ambos), las tramas de redes vecinales, el tejido asociativo, la historia local y el poso que ha dejado en los actores. Similares procesos participativos pueden tener diferentes desarrollos e implicaciones en distintas configuraciones barriales. Ello puede afectar, incluso, a los términos y los conceptos. “Convivencia” tiene en Russafa un claro significado inclusivo de las diversidades existentes; en el Cabanyal tiene un significado más ambiguo, ya que remite a normas que, si bien se proclaman para todo el vecindario, tienen como destinatarios el vecindario precarizado, gitano o migrante bajo sospecha de incivismo. A menudo, la invocación a la convivencia ha ido acompañada en el Cabanyal de peticiones de securitización y, en ocasiones, de discursos racistas y clasistas.

Otro de los factores comunes es la relevancia y unidad que los objetivos del proceso participativo pueden suscitar entre el tejido asociativo y el vecindario. En Russafa, se daba una unidad básica; los colegios y el parque eran objetivos importantes y comunes para todas las familias del barrio, con independencia del origen. En determinados momentos, estas campañas generaron dinámicas de cohesión social. En el Cabanyal, si bien la renovación del barrio era vivida como muy relevante, el tipo de intervención y cómo se está implementando ha dividido al tejido asociativo y generado tensiones.

Otro aspecto básico que afecta a los procesos participativos, desde arriba y desde abajo, es si incorporan o no una orientación intercultural. No hacemos referencia a la simple proclama de tal carácter, sino a aspectos concretos como considerar la diversidad, tener una actitud antirracista y generar dinámicas que engloben a todos y todas. En Russafa, esta dimensión de la diversidad está presente desde las polémicas barriales con la extrema derecha y, con mayor o menor intensidad, ha estado vigente en las campañas reivindicativas comentadas. En el Cabanyal, con excepciones puntuales y no siempre positivas, el desarrollo de las convocatorias impulsadas por el Ayuntamiento y la implementación de las políticas no contemplan la diversidad y desigualdad sociocultural del barrio.

Hemos presentado el caso de Russafa como experiencia de procesos participativos desde abajo en un barrio multicultural. Teniendo presente la configuración barrial concreta de Russafa, estos procesos participativos desde abajo han tenido fortalezas para propiciar la convivencia. En primer lugar, dado que han sido procesos impulsados desde el tejido asociativo para concitar el máximo apoyo vecinal, han generado puentes e interlocutores entre las diferentes asociaciones, incluidas las de migrantes, que en momentos relevantes llegaban a todos los sectores del vecindario. Las incomprensiones y desacuerdos no faltaron, pero las vías de comunicación funcionaban. En segundo lugar, los procesos de participación desde abajo, en la medida que son más flexibles y pueden ser reajustados sobre la marcha, como se hizo en Russafa, tienen más capacidad de adecuarse a los diferentes sectores del vecindario, sus ritmos y vivencias. En tercer lugar, este tipo de procesos facilitan la participación de grupos precarizados y minorizados del vecindario. No se precisaban requisitos formales, como representar a una asociación formalizada, bastaba la simple voluntad como vecino y vecina; por otro lado, se ha dado una diversidad de formas de participación (desde los espacios informales a los comercios en los referéndums vecinales), lo que facilitó que cada cual participara a su manera con conciencia de un objetivo común.

Estos procesos, en cuarto lugar, pueden facilitar relatos alternativos a discursos estigmatizadores como barrio problemático por la migración, como Russafa a primeros del siglo XXI, o a la estigmatización de determinados colectivos por origen, etnia y otros factores. Una acción colectiva, por objetivos comunes y en la que participan vecinos y vecinas de todos los grupos, ayuda a construir otro imaginario más real y más constructivo sobre el barrio y sus habitantes. Por último, pero no menos relevante, las dinámicas que generan este tipo de procesos participativos desde abajo, aunque sean puntuales, facilitan que se consoliden relaciones vecinales entre los vecinos y vecinas de distintos orígenes y fortalecen las tendencias positivas que se derivan de las dinámicas de la vida cotidiana en el barrio. Estos procesos participativos presentan, también, debilidades como el caso de Russafa ejemplifica. Son más difíciles de dinamizar y mantener en el tiempo, con altibajos en su desarrollo, que limitan sus posibilidades. Dado que exigen a la Administración, la consecución de sus objetivos depende de su capacidad de presión. En Russafa, unos objetivos se consiguieron, como los colegios, otros se consideran logrados a medias, como el parque M. Granero, y varias exigencias se perdieron.

En el Cabanyal, los procesos participativos son más complejos al ser numerosos y estar imbricados entre sí. Si bien se inician desde abajo con una amplia alianza del tejido vecinal y de los movimientos urbanos para paralizar un proyecto agresivo, algunos terminan institucionalizándose en dinámicas impulsadas desde arriba para diseñar la reforma del barrio. Este giro no es compartido por todos los actores generando disputas en los movimientos, en los procesos de participación y en la implementación de nuevos planes. En el análisis de la participación desde arriba en el Cabanyal, podemos destacar algunas fortalezas y debilidades en clave ambivalente.

Primero, dado que son procesos iniciados por la Administración, pueden permitir que la participación ocupe un lugar importante en el funcionamiento municipal destinando más medios y recursos. Sin embargo, la inversión económica en renovación urbana está acelerando la gentrificación y turistificación con la consecuente expulsión de vecindario. Segundo, la participación a través de estructuras estables podría permitir una amplitud de los márgenes de decisión de la ciudadanía. No obstante, los procesos participativos sobre transformaciones urbanas son complejos, van desde lo global a lo local, y enfrentan intereses contradictorios como los inmobiliarios y el tejido vecinal. En el Cabanyal, la participación ciudadana se ha limitado a aquello que técnicamente es posible reduciendo sus efectos transformadores por la burocratización y por una cultura institucional, en cierta medida, contraria a la participación. No han ido más allá de una colaboración funcional de la comunidad que principalmente ha diagnosticado problemas para que el personal político y técnico elija la mejor solución. Tercero, estos procesos pueden tener un efecto constructivo en la convivencia y las relaciones vecinales entre distintos colectivos si incorporan una dimensión comunitaria. No parece que haya sido así en el Cabanyal cuando una parte del vecindario no es reconocido como interlocutor, como el pueblo gitano y romá. Por último, a pesar de las debilidades y de la falta de dimensión comunitaria, la transformación de ciertos espacios urbanos ha generado un cierto impacto positivo para la convivencia vinculada a las relaciones informales tejidas en lugares cotidianos como los nuevos parques públicos.

De nuestro análisis se deducen una serie de factores que pueden facilitar que los procesos participativos fomenten una convivencia más inclusiva: partir de la realidad del barrio y de su complejidad; el grado de unidad y relevancia que suscitan los objetivos del proceso participativo; la necesidad de una dimensión comunitaria e intercultural, en su concepción y desarrollo; y la asunción de que la participación no consiste en la presencia de la pluralidad vecinal, sino en su incidencia en la toma de decisiones. Otros factores que favorecen una participación de los distintos grupos del vecindario son: escasos requisitos para participar y máxima accesibilidad, diversidad de formas y canales, flexibilidad en el desarrollo del proceso y adecuación a los ritmos de la vida vecinal. Unos factores que, en el caso de los procesos participativos impulsados desde la Administración, entran en contradicción cuando esta actúa con un concepto estrecho que limita lo público a lo institucional, prioriza el procedimiento administrativo a la dinámica social y la visión técnica a las demandas del vecindario.

Nuestras conclusiones se derivan de dos estudios de caso; son, en este sentido, limitadas. Sin embargo, abren nuevas vías de reflexión en el diseño, desarrollo y estudio de los procesos participativos en contextos de diversidad sociocultural. Esperamos que nuevas investigaciones en otros barrios permitan enriquecer nuestros hallazgos dado que constatamos las posibilidades de acción de los Gobiernos locales para facilitar (o dificultar) la convivencia en las ciudades.

Agradecimientos

Este artículo se inscribe en el proyecto PID2021-124346OB-I00, Participación, Relaciones Vecinales y Convivencia en Barrios Multiculturales en Pandemia. Un Análisis Comparativo, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE.

Referencias

Alonso, L. E. (1998). La mirada cualitativa en Sociología. Una aproximación interpretativa. Editorial Fundamentos.

Ahedo, I. (2019). Poder y potencia en la ciudad: cuidado, participación y defensa comunitaria. Anuario de Eusko-Folkloreetnografía y paletnografía, 53, 35-56.

Barañano, M., Santiago, J. y Domínguez, M. (eds.) (2023). Barrios vulnerables. Repensando el bienestar, los cuidados y la vulnerabilidad desde el territorio. Catarata.

Blanco, I. y Ballester, M. (2011). ¿Participar para transformar? La experiencia de los presupuestos participativos en la provincia de Barcelona. GAPP, 5, 117-144. https://doi.org/10.24965/gapp.v0i5.448

Blanco, I. y Gomà, R. (2019). Nuevo municipalismo, movimientos urbanos e impactos políticos. Destacados, 61, 56-69.

Bonet i Martí, J. (2012). El territorio como espacio de radicalización democrática. Una aproximación crítica a los procesos de participación ciudadana en las políticas urbanas de Madrid y Barcelona. Athenea Digital, 12(1), 15-28. https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v12n1.914

Cocola-Gant, A. y Lopez-Gay, A. (2020). Transnational gentrification, tourism and the formation of “foreign only” enclaves in Barcelona. Urban studies, 57(15), 3025-3043. https://doi.org/10.1177/0042098020916111

Cucó, J. (ed.) (2013). La ciudad pervertida: Una mirada sobre la Valencia global. Anthropos.

Di Meo, G. (1994). Épistémologie des approches géographiques et socio-anthropologiques du quartier urbain. Annales de géographie, (577), 255-275. https://doi.org/10.3406/geo.1994.13781

Giménez, C. y Gómez-Crespo, P. (coords.) (2015). Análisis, prevención y transformación de conflictos en contextos de inmigración. UAM Ediciones. https://doi.org/10.15366/conf.inmigracion2015

Giménez, C., Lobera, J., Mora, T. y Roche, D. (2015). Convivencia social e interculturalidad en territorios de alta diversidad. Obra Social “la Caixa”.

Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties. A Network Theory revisited. Sociological Theory, (1), 201-233. https://doi.org/10.2307/202051

García, S., Ávila, D., Brandariz, J. A., Bonelli, L., Bessa, C. F. y Mendiola, I. (2022). Metropolice. Seguridad y policía en la ciudad neoliberal. Traficantes de sueños.

Hall, T. y Hubbard, P. (1998). The entrepreneurial City. John Wiley & Sons.

Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Akal.

Herrero, L. F. (2016). El Cabanyal: Permanencias y transformación (Tesis doctoral). Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/62201

Iglesias, J., Rua, A. y Ares, A. (2020). Un arraigo sobre el alambre. La integración de la población de origen inmigrante en España. Fundación FOESSA.

Kern, L. (2022). La gentrificación es inevitable y otras mentiras. Bellaterra.

Laval, C. H. y Dardot, P. (2015). Común. Gedisa.

Lees, L. y Phillips, M. (eds.) (2018). Handbook of Gentrification Studies. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785361746

Lefebvre, H. (1968). Le droit à la ville. Éditions Anthropos.

Letelier, L. (2018). El barrio en cuestión: fragmentación y despolitización de lo vecinal en la era neoliberal. Scripta Nova, 22, 1-32. https://doi.org/10.1344/sn2018.22.21518

Marchioni, M. (1994). La utopía posible. La intervención comunitaria en las nuevas condiciones sociales. Benchomo.

Martí-Costa, M. y Bonet, J. (2008). Los movimientos urbanos: De la identidad a la glocalidad. Scripta Nova, 12.

Mompó, E. (2021). “Ya no tenemos fuerzas”. La gentrificación de los movimientos antigentrificación: Una reflexión etnográfica. Scripta Nova, 25(2), 155-178. https://doi.org/10.1344/sn2021.25.32581

Mompó, E. y Fioravanti, H. (2022). De vecinas, migrantes, marginales y turistas. Diversidad cultural y clase social en la producción de vecindad. Scripta Nova, 26(4). https://doi.org/10.1344/sn2022.26.40099

Mompó, E. y Santamarina, B. (2022). Aux marges de la résistance: Des alternatives normatives aux alternatives subversives. Une approche du quartier du Cabanyal (Valence, Espagne). En M.-H. Bacqué, F. Wateau, M. Truninger, B. Santamarina y M. Poulot (eds.), D’alternatives et de communs (pp. 47-61). Presses Universitaires de Nanterre.

Moncusí, A. (2017). Espacios públicos, condición inmigrante, orden institucional y derecho a la ciudad. Reflexiones a propósito de Valencia. kult-ur, 4(8), 73-92. https://doi.org/10.6035/Kult-ur.2017.4.8.2

Mora, A. (2022). Políticas de integración, gestión de la diversidad y garantía de derechos en las “ciudades del cambio”: el caso de Barcelona, València y Madrid. Migraciones, (56), 1-20. https://doi.org/10.14422/mig.2022.014

Pratsinakis, M., Haztziprokopiou, P., Labrianidis, L. y Vogiatzis, N. (2017). Living together in multi-ethnic cities: People of migrant background, their interethnic friendships and the neighbourhood. Urban Studies, 54(1), 102-118. https://doi.org/10.1177/0042098015615756

Ruiz, M. A. y García Pilán, P. (2013). Disolución del lugar y espacios del miedo en el Cabanyal. En J. Cucó (ed.), La ciudad pervertida: Una mirada sobre la Valencia global (pp. 67-92). Anthropos.

Santamarina, B. (2014). El oficio de la resistencia. Salvem y Viu al Cabanyal como formas de contención del urbanismo neoliberal. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 69(2), 305-326. https://doi.org/10.3989/rdtp.2014.02.003

Santamarina, B. y Mompó, E. (2018). Tácticas de resistencia en la ciudad. Alternativas desde los movimientos urbanos en El Cabanyal (Valencia, España). AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 13(3), 381-405.

Santamarina, B. y Mompó, E. (2020). La calle por bandera. Gramáticas, tropos y marcadores en los movimientos urbanos del Cabanyal (Valencia, España). Revista de Antropología Social, 29(2), 155-171. https://doi.org/10.5209/raso.71670

Sartori, G. (2001). La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Taurus.

Smith, N. (1996). The new urban frontier: Gentrification and the Revanchist city. Routledge.

Subirats, J. (2019). Movimientos sociales y esfera local. La proximidad como espacio de protección y emancipación. Destacados, 61, 162-169.

Torres, F. (2007). Nous veïns a la ciutat. Els immigrants a València i Russafa. Publicacions Universitat de València.

Torres, F., Moncusí, A. y Esteban, F. (2015). Crisis, convivencia multicultural y “efectos de barrio”. El caso de dos barrios de Valencia. Migraciones, (37), 217-238. https://doi.org/10.14422/mig.i37.y2015.010

Torres, F. y Moncusí, A. (2018). Gentrificació, precarització i dinàmiques veïnals en barris pluriculturals, una reflexió des de València. En F. Torres, A. Moncusí y H. Fioravanti (eds.), Barris i ciutats en clau pluricultural: Construcció del conflicte, experiències veïnals i gestió institucional (pp. 131-150). Neopàtria.

Torres, F. y Gómez-Crespo, P. (2022). Relaciones vecinales, participación y convivencia en barrios multiculturales. Una mirada desde el vecindario inmigrante. Scripta Nova, 26(4), 143-163. https://doi.org/10.1344/sn2022.26.40137

Toubon, J. C. y Messamah, K. (1990). Centralité immigrée. Le quartier de la Goutte d’Or. L’Harmattan-CIEMI.

Wacquant, L. (2006). Parias urbains. Ghetto, banlieues, État. La Découverte.

White, W. W. y Germain, A. (2022). Methods for the Study of Everyday Cohabitation. Journal of Intercultural Studies, 43(2), 167-175. https://doi.org/10.1080/07256868.2022.2047274

Zapata-Hernández, V. M. (2016). Los procesos de innovación social mediante la participación ciudadana como estrategia para el desarrollo local. En A. Martínez, X. Amat, I. Sancho y D. Sanchiz (eds.), Profesionales y herramientas para el desarrollo local y sus sinergias territoriales. Evaluación y propuestas de futuro (pp. 79-103). Universitat d’Alacant. https://doi.org/10.14198/IXCongresoDesarrolloLocal-06

Zapata-Hernández, V. M. (2022). Participación para la convivencia social en contextos multiculturales: construyendo juntas el marco estratégico intercultural de Tenerife (2009-2022). Scripta Nova, 26(4), 165-186. https://doi.org/10.1344/sn2022.26.40134