1. Introducción

En noviembre de 2022, en L’Hospitalet de Llobregat, fue anunciado el Plan Tetra, un plan policial para reforzar la seguridad y la convivencia en los barrios de La Florida y Les Planes. Dicho plan es una respuesta al incremento de la percepción de inseguridad en la zona norte de la ciudad, según declaran sus autoridades, también conocida por ser una de las zonas más densas en población de Europa.

Estos barrios han sido objeto de intervenciones sucesivas por parte de las autoridades municipales. La configuración socioespacial de esta zona, definida por el alto nivel de exclusión social, deterioro de la vivienda y características demográficas, se convierte en un indicador de supuesto riesgo potencial para la generación de dinámicas de inseguridad y de fractura social. Los conflictos por los usos de los espacios urbanos públicos, la alta conflictividad vecinal, viviendas ocupadas, la escasez de espacios comunes y la población de orígenes migrantes son, frecuentemente, apuntadas como focos de tensiones y justificantes para diversas intervenciones locales y supramunicipales. Es así como, paralelamente a iniciativas como el Plan Tetra, se vienen ejecutando por décadas, planes de intervención urbanística que pretenden abordar aspectos como la desigualdad en el acceso a servicios públicos, integración socioeconómica a través de iniciativas, tales como, proyectos educativos, culturales e inserción laboral conjuntamente con acciones de mejoras urbanísticas.

Este artículo propone una genealogía de la gestión de la convivencia en L’Hospitalet de Llobregat. El objetivo consiste en documentar la evolución de los procesos socio-urbanos de la ciudad, desde la década de los 2000 hasta la actualidad, resaltando el desarrollo de la gestión de sus barrios más diversos y multiculturales. Entendemos la convivencia cómo un marco racional de gobernanza urbana en el contexto español que contribuye, a su vez, a procesos de producción del espacio (Lefebvre, 2013). Este marco problematiza los territorios caracterizados por un alto nivel de crecimiento demográfico, densidad y precariedad socio-económica y alta diversidad étnica, como un riesgo para la convivencia y la cohesión social de la ciudad. En este sentido, la difusión de políticas como el Plan de Integración de la Nueva Ciudadanía (Aj. l’Hospitalet, 2005a) y la Ordenanza Civismo y Convivencia (Aj. l’Hospitalet, 2005b), se enmarcan en el objetivo de desarrollar un marco para ordenar la convivencia como forma de gestionar las áreas urbanas marginalizadas de la ciudad.

En el caso del L’Hospitalet, la regulación de la convivencia responde, por un lado, a una relación entre un dispositivo securitario represivo y punitivista, y, por el otro, a un dispositivo preventivo de corte social y urbanístico. Se observa que los conflictos de convivencia no sólo se entienden en clave cultural, sino también en un marco de responsabilidad individual sustentado por un discurso de las autoridades que incita a la ciudadanía a ser corresponsable en el mantenimiento del civismo y la convivencia. A partir del análisis de diferentes planes de intervención, entendemos que se promueve un modelo de barrios inclusivos que tiende a disolver los conflictos de convivencia, y su gestión, bajo la lógica de buen y mal vecino. Junto a la creciente securitización de los barrios estigmatizados de la ciudad nos parece importante señalar cómo los dispositivos de corte social tienden a delimitar un marco de gestión de la convivencia que deja de lado las carencias de los barrios multiculturales en términos de servicios y equipamientos, derecho a la vivienda, al empadronamiento y desigualdades sociales, necesarias para poder desarrollar una convivencia de facto.

El presente artículo se divide en cuatro partes. La primera parte aborda una discusión teórica sobre la convivencia en relación a los debates sobre superdiversidad y gobiernos locales, seguido de los objetivos y el enfoque metodológico del artículo. La segunda sección describe la planificación y desarrollo urbano de L’Hospitalet como ciudad pericéntrica, metropolitana e histórica receptora de migraciones. La siguiente sección da cuenta del análisis de las regulaciones, planes y normativas, así como de visiones de representantes municipales y vecinales. Por último, se ofrecen las conclusiones del presente trabajo.

2. De la producción de la ciudad a las formas de la convivencia

Sustentado en el giro de los estudios sobre el multiculturalismo cotidiano y la convivialidad (Werbner, 2013; Wise y Velayutham, 2009), se entiende la convivencia¹ cómo un conjunto de prácticas y relaciones cotidianas en barrios y ciudades consideradas como superdiversas (Vertovec, 2007) que afectan de manera positiva o negativa la cohesión social. En lugar de investigar las prácticas que generan, negocian o alteran procesos de “hacer comunidad” (Wise y Noble, 2016), este artículo se centra en los diferentes abordajes de la convivencia desde las autoridades municipales. Desde este punto, la convivencia se problematiza como una categoría de acción pública articulada a través de dinámicas locales de producción del espacio, así como procesos sociales y económicos que se desarrollan en distintas escalas (Lundsteen, 2023).

En este estudio reflejamos la multiplicidad de actores inmersos en la gestión de la convivencia y en la definición de sus derivados problemas y soluciones. Así observamos cómo la gestión de la convivencia se lleva a cabo a través de distintos dispositivos securitarios y sociales, aplicados de forma independiente o conjunta, llevando actores con diferentes culturas institucionales a negociar la gestión de la convivencia (Lundsteen, 2020).

Del mismo modo, se resaltan las dinámicas espaciales y territoriales que tienen implicaciones en la gestión local de la convivencia como, por ejemplo, la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial², conocida popularmente como Llei de barris, de la Generalitat de Catalunya, la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social³ o la Ley de Extranjería a nivel español. En este mapa ecléctico de actores que participan en la gestión de la convivencia, entendemos que, entre las autoridades implicadas, hay un consenso a la hora de considerar la convivencia cómo un objeto de gestión y, por ende, sujeto a técnicas de regulación y de administración.

Por otro lado, observamos cómo emergen los conflictos de convivencia en el debate público a raíz de la llegada de poblaciones extracomunitarias a finales de la década de 1990; momento en el que comienza a fomentarse un cierto mito en torno a la huida autóctona (Aramburu, 2001). Los discursos emitidos desde algunas administraciones públicas proyectan una relación causal entre la llegada de dichas poblaciones a determinados barrios y la generación de un éxodo por parte de la población autóctona. Sin embargo, se omite un contexto socioeconómico marcado por la facilitación, por un lado, de préstamos hipotecarios a la población extracomunitaria para poder acceder a una vivienda mediante la compra (muy accesibles en la época previa a la crisis del 2008) y, por el otro, la movilidad de una parte de la comunidad autóctona hacia áreas de mayor alta renta. Estos eventos, amplificados por algunos medios de comunicación, contribuyeron a la estigmatización de los barrios relegados, los cuales pasan a ser representados como escenario de cultivo de tensiones entre antiguos y nuevos residentes (Palomera, 2014). A su vez, la crisis económica de 2007-2008 y los consiguientes recortes presupuestarios en servicios públicos, acabarán por fomentar sentimientos antinmigración y la aparición de un discurso sobre una supuesta confrontación de culturas y orígenes, o de “gran reemplazo” (Bracke y Hernández Aguilar, 2023) que acabará por plasmarse en los discursos sobre la gestión de la convivencia (Gómez y Torres, 2020; Solanes-Corella, 2015).

Desde finales de la década de los 70, la gestión de lo que ocurre en las ciudades pivota sobre un doble eje: un primer vértice que supondría la combinación de políticas de gestión de las desigualdades, oscilando entre los rescoldos del Estado de bienestar y la nueva aproximación vinculada al Estado de la inseguridad social (Wacquant, 2010), y un segundo vinculado a una visión emprendedora del gobierno urbano (Harvey, 1989). Ambos, por supuesto, se encuentran íntimamente vinculados, pues solo mediante cierta gestión securitaria del “ejército industrial de reserva” (Marx, [1976] 2017) es posible transformar la ciudad desde la esfera de la sociabilidad a la de lo productivo. Esta combinación de gestión de palo y zanahoria (entendida esta última como la mano izquierda del Estado, que señala Bourdieu) es necesaria, por tanto, para la conversión de las urbes en el ámbito principal del segundo circuito de circulación de capital (Lefebvre, 2013). De este modo, si consideramos que una ciudad se encuentra constituída por un entramado físico y social imposible de desligar y que se influye dialécticamente, o trialécticamente, siguiendo las propuestas de Lefebvre (2013), parte de los mecanismos que incidirán sobre el segundo de los factores sería el software urbano (Mansilla, 2023), esto es, aquellas ordenanzas, normativas, regulaciones que disponen lo que se puede y no se puede hacer en su entramado.

Las grandes transformaciones espaciales que hoy están siendo guiadas por el urbanismo de corte neoliberal (Harvey, 2007) tienen también su versión en la ciudad extendida, es decir, en un conjunto metropolitano donde prevalece más el valor de cambio que el valor de uso (Capel, 2016) en territorios que, precisamente, parecen ser nuevos campos de disputa en su producción y en sus cambios (Massey, 2005). Aun así, son los gobiernos locales los que también adquieren protagonismo en paralelo a lo que hacen los agentes del mercado y el propio Estado. La planificación territorial local, municipal en este caso, es también un proceso histórico de producción del espacio en su constante “codificación-decodificación-recodificación” (Sevilla-Buitrago, 2014, p. 64) donde se diseñan aparatos para la regulación de la vida cotidiana y de las clases subalternas, también en la definición y el diseño de lo espacial. El objetivo vendría a ser que no se cuestione el uso social, material y simbólico determinado, por medio de la diferenciación (o señalamiento) de ciertos individuos (Benach, 2005). La segregación, exclusión y la sospecha permanente toman diferentes formas, entre ellas, lo relacionado a la clase social y al género, pero también al origen y la etnicidad, entre otras. Benach (2005) hace el contraste entre identidad y diferencia, donde el espacio público —que es parte de lo que se denomina espacios de contacto— deviene en un elemento determinante para desarrollar estrategias de resistencia (como ciertas prácticas cotidianas) y cuestionar identidades (producidas bajo lógicas hegemónicas), con el objetivo de socavar la preeminencia de determinados modelos de ciudad o la desterritorialización (Haesbaert, 2016).

Las ordenanzas de convivencia y civismo son, en este contexto, una de las herramientas que tienen los gobiernos locales para poder definir, catalogar, controlar y sancionar distintos usos y acciones que se ejecutan en los espacios que tienen la calificación de públicos. Además de pretender, entre otras cosas, regular aspectos de la convivencia en dichos espacios. Pero las mismas normativas están también sujetas a cambios propios de las dinámicas de lo que es un espacio urbano, en este sentido —y en base al análisis de la Ordenanza de Convivencia de Barcelona (OCB)⁴—, Fernández y Di Masso (2017) sostienen que hay una evidente divergencia de lo que está regulado y las realidades que se desarrollan en los espacios públicos de la ciudad. Para los mismos autores, los conflictos podrían dividirse en lo que se podría catalogar por diversidad (diferencias en los usos entre personas en supuestas condiciones de igualdad y libre elección) y por desigualdad (afectaciones a personas que por necesidad y subsistencia usan los espacios para lo que no estaría permitido). Es así como la regulación y las normativas tienen que apuntar hacia una legitimidad que no excluya, discrimine o penalice de sobremanera (Fernández y Di Masso, 2018) en las diferencias del uso y habitar del espacio urbano público.

3. Objetivos y metodología

El presente artículo busca profundizar y complementar un trabajo empírico, actualmente en desarrollo, mediante la propuesta de analizar modelos y directrices que, desde la administración local, pretenden definir, regular y controlar las formas de habitar los espacios urbanos y los lugares públicos por medio de lo que podríamos denominar el constructo regulatorio-sancionador. Eso se traduciría en una serie de ordenanzas, normativas, programas e intervenciones en materia urbanística, sociocomunitaria y de seguridad a escala barrial, distrital y municipal, en este caso en L’Hospitalet de Llobregat. Precisamente, dichas normas se fueron estableciendo principalmente a partir de la década de los 2000, cuando la misma ciudad, tal como fue sucediendo con otras, se encontraba bajo importantes cambios, no solo en cuanto a su población, a través de la transformación de su vecindario tradicional por la llegada de nuevos habitantes, sino también por grandes reformas urbanísticas. El período temporal planteado, desde el año 2000 en adelante, no solo obedece al lapso de afianzamiento de los gobiernos locales en democracia, sino que es también cuando el denominado tercer ciclo migratorio, de personas provenientes de fuera del Estado español e iniciado a fines de la década del noventa, se consolida en la ciudad. Es ahí cuando aparece en 2003 el primer Plan de Actuación Municipal (PAM), en 2005 la Ordenanza de Civismo y Convivencia (OCC) y el Plan Integral a la Nueva Ciudadanía (PINC), así como proyectos de intervención urbana en barrios específicos que, entre otros, son analizados en este trabajo.

La propuesta de investigación está nutrida de dos proyectos doctorales actualmente en marcha, y que trabajan sobre las configuraciones espaciales de la (in)seguridad urbana, los dispositivos preventivos y los conflictos que se presentan en un territorio con alto componente de población migrante. El presente artículo se ha elaborado siguiendo principalmente una metodología cualitativa, la que se ha visto complementada con el objetivo de realizar una triangulación metodológica en un intento de apuntalar al máximo el objetivo planteado. De este modo, el primer paso a la hora de llevar a cabo su elaboración, fue la realización de una revisión en profundidad de bibliografía relevante relacionada con el objeto de estudio, es decir, el análisis de contenido de un total de ocho planes y ordenanzas municipales centrados en los ámbitos que hablan sobre el desarrollo de la ciudad, las definiciones y la gestión pública de la convivencia, la integración, la diversidad, la seguridad y la regulación de espacios públicos, entre otros aspectos. Además de ello, se ha utilizado una gran profusión de datos de carácter secundario (estadísticas y documentos oficiales, prensa, etc.), así como algunos medios gráficos y visuales destacados y redes sociales.

Las principales herramientas utilizadas durante el trabajo de campo han sido la celebración de entrevistas semiestructuradas así como la participación en conversaciones y diálogos informales con algunos de los protagonistas. En total, se han llevado a cabo 15 entrevistas y diálogos con diferentes actores, entre vecinas/os, dirigentes de asociaciones vecinales, funcionarias/os y encargados municipales, considerados de relevancia, con el objetivo de obtener una perspectiva integral.

4. L’Hospitalet de Llobregat, la ciudad en clave metropolitana

L’Hospitalet, con una población de 276 617 en 2023 (IDESCAT, 2024), es la segunda mayor ciudad de Cataluña. Con una densidad de 22 307 hab./km² es, asimismo, la primera dentro de esta categoría de toda la comunidad autónoma, seguida por Santa Coloma de Gramanet con 17 027 hab./km². Además de tener uno de los kilómetros cuadrados más densos de Europa (Rae, 2018), casi un cuarto (24,3%) de su población es de nacionalidad extranjera. Cifra que sube en el distrito II, Collblanc-La Torrassa, a un 34,2% y en el distrito IV, La Florida-Les Planes, con un 34,9% en el año 2023. Si consideramos la población nacida en el extranjero, en 2022, la cifra llega a un 49,6% en el Distrito II y un 52,1% en el Distrito IV. La ciudad tiene una ubicación clave dentro del AMB, si consideramos su conexión viaria, ferroviaria y territorial, muy estratégica en los desplazamientos interurbanos. Sin embargo, esta infraestructura también supone una serie de barreras físicas que condicionan la composición y conexión dentro de la ciudad y de sus barrios. Ejemplo de esto son las vías del tren en superficie (el proyecto de soterramiento de vías —postergado por décadas— pretende cubrir 5,1 km, según el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible⁵) que dividen barrios completos. Su condición de vecina de Barcelona también ha tenido implicaciones en su desarrollo industrial, ya que importantes fábricas (textiles, sobre todo, pero también de material de obra) marcaron la urbanización de la ciudad en el siglo pasado. De hecho, muchos barrios, como Collblanc y La Torrassa, estuvieron fuertemente identificados como obreros y de clase trabajadora, lo que ha determinado la realidad social y política desde el primer ciclo migratorio (Camós, 2009) que vivió la ciudad a inicios del siglo XX.

El nivel de renta media por hogar en la ciudad ha variado desde los 27 680 € de 2015 a los 32 722 € de 2021 (INE, 2024), siendo el Distrito VI (Bellvitge y el Gornal) el de más baja renta para ese último año, con 28 301 €, y el Distrito III (Santa Eulalia y Gran Via Sud), con 37 130 €, la más alta. El promedio de renta media por hogar en Cataluña durante 2021 es de 34 982 € y el de Barcelona de 41 454 €, con lo que L’Hospitalet se encuentra en el decil más bajo, considerando la totalidad de municipios catalanes.

Por su parte, la encuesta de victimización (EVAMB)⁶ del AMB en 2023 sostiene que un 16,5% de las personas experimentó un conflicto de convivencia durante el año 2022, siendo los municipios de Badalona (19,5%), Barcelona (18,9%) y L’Hospitalet (18,3%) los que presentan más incidencias. Los principales conflictos son: ruidos de los vecinos, ocupación de vivienda, sonidos provenientes del espacio urbano y enfrentamientos y peleas entre personas en las calles o plazas. A nivel municipal, el índice muestra que el 24,9% de las personas ha sido víctima de un hecho delictivo en Barcelona, un 23% en L’Hospitalet y un 22,9% en Badalona. El promedio del AMB es de 21,6% para el año 2022. En L’Hospitalet la mayor afectación es la seguridad personal (14%), la de vehículos (8,4%) y domicilios (1,9%).

5. Planificación territorial, planes urbanísticos y luchas vecinales

Una ciudad como L’Hospitalet presenta destacadas singularidades en lo que supone sus procesos urbanísticos y territoriales. A los reconocidos antecedentes sobre su densidad, Sánchez González (2017) agrega elementos como la desigualdad y la contaminación. En este sentido, la desigualdad la podemos entender también como espacial, respondiendo L’Hospitalet a su estratégico posicionamiento metropolitano y (dificultosa) planificación. Según el mismo autor, el desarrollo metropolitano está marcado, en un primer momento, por el intento de estructurar el crecimiento urbano bajo el marco del Plan Comarcal de 1953, el cual trazó líneas importantes para la planificación del área metropolitana dejando, eso sí, en manos de los municipios gran parte de esa gestión y del “desarrollo de las directrices del plan y la aplicación de las normas urbanísticas” (Sánchez González, 2017, p. 22). La realidad indicaba que las grandes presiones y especulaciones inmobiliarias influenciaron aquel desarrollo urbano.

En las décadas siguientes, aparece otro de los hitos urbanísticos relevantes en la planificación urbana, el Pla General Metropolitano de Barcelona de 1976, el cual tiene como objetivo principal normalizar el mercado “eliminando las rentas diferenciales patológicas o parasitarias en los suelos urbanos centrales” (Ferrer, 1997, p. 48), además del desarrollo de actividades económicas y la mejora del hábitat objeto de regulación. Para L’Hospitalet, este plan prioriza el sistema viario por sobre otras actuaciones, como espacios libres o de equipamientos. No hay previsiones de actuación en barrios densificados como Collblanc y Pubilla Cases o de dotación de equipamientos.

Muchos barrios, como Collblanc y La Torrassa, se convirtieron en barrios obreros y de clase trabajadora (Oyón y Gallardo, 2004), lo que fue marcando sus dinámicas de reivindicación política también en lo espacial. Los movimientos sociales en contextos urbanos (Castells, 1974) son fundamentales para entender la ciudad, sobre todo a partir de la década de 1970, momento clave del asociacionismo vecinal. Paralelamente, parte de estos movimientos se hacen más políticos (Domínguez, 2011) influenciados por las organizaciones obreras de base, como las comunistas o las católicas. La organización vecinal encontró objetivos claros, como la lucha contra planes urbanísticos o la demanda por equipamientos y espacios públicos. Un claro ejemplo de ello es la importante movilización vecinal para establecer el Parc de La Marquesa en Collblanc o detener la construcción de más bloques en Bellvitge.

6. El desarrollo de una ciudad-periferia multicultural

L’Hospitalet es una ciudad donde las migraciones tienen un espacio central. Durante el siglo XX aparecen tres ciclos migratorios muy relevantes, aunque el último de ellos, a fines de los años 90, continúa en la siguiente década del siglo XXI. En general, son ciclos que tienen que ver con la necesidad de una migración vinculada a los procesos productivos, a las necesidades de relevo de la fuerza laboral autóctona por envejecimiento (Camós, 2016) y por el aumento de oferta de puestos en el mercado del trabajo. El primer ciclo, que es el que ha tenido un mayor impacto porcentual demográficamente hablando, corresponde a personas que migraron principalmente desde Murcia, Aragón, Valencia y Almería, para establecerse en Cataluña entre 1915-1930. En ese período, L’Hospitalet⁷, que en 1900 tenía poco menos de 5000 habitantes, llega a los 37 650 en 1930 (Camós, 2016), causando un importante impacto entre la población local previamente asentada, refiriéndose a este fenómeno como una invasión.

El segundo ciclo migratorio de relevancia en Cataluña se concentra entre las décadas de 1950 y 1960, ya en plena dictadura franquista, y consolida a L’Hospitalet como la segunda ciudad de la región (Nofre, 2014), pasando de unos 50 000 habitantes a inicios de 1940 a cerca de 295 000 a comienzos de 1980. Esta migración tiene un origen principalmente andaluz y coincide con el crecimiento urbanístico de la ciudad, el cual se caracterizó por una importante y constante especulación inmobiliaria, además de una escasa regulación urbanística, lo que encuentra correspondencia en el crecimiento desmesurado de la población de ese período, cuando se llega a quintuplicar la cifra de habitantes de la ciudad. Ya acabada la dictadura franquista, entre las décadas de los 80 y 90, hay un descenso de la población y del flujo migratorio, la ciudad bordea las 240 000 personas al final de ese período. Pero es hacia finales de 1990 cuando comienzan a ocurrir cambios nuevamente.

El tercer ciclo migratorio es, entonces, fundamentalmente extranjero, extracomunitario y venido del sur global⁸, el cual se consolida en los años 2000. Camós (2016) señala que la representación de la población extranjera pasa a ser de un 4%, a inicios del período señalado, a un 23% en el año 2009. En definitiva, la situación de L’Hospitalet se caracteriza, también hoy en día, por una migración extracomunitaria propia de la globalización de la economía y la necesidad de mano de obra de las sociedades tercerizadas (Torres y Gómez, 2022). Paralelamente, L’Hospitalet se perfila como un municipio del pericentro sujeto a procesos urbanos de cambio de población debido a la movilidad social por procesos de diversificación sociodemográfica, envejecimiento de la población autóctona, bajas rentas y deterioro del parque residencial. La confluencia de estos factores hace de L’Hospitalet un municipio superdiverso, reflejado en las formas de habitar el espacio (Torres y Gómez, 2022; Wise y Noble, 2016).

La concentración espacial de la diversidad en el municipio, y en particular en la zona norte de la ciudad, esto es, Collblanc-La Torrassa y La Florida-Les Planes, se convierte en una problemática dentro de la acción pública municipal. Es a partir del principio de la década de los 2000 cuando surgen iniciativas locales paradigmáticas, que corresponden al mandato de Celestino Corbacho (alcalde socialista entre 1994 y 2008). Su gestión se vio marcada por la propuesta de ciudad como laboratorio de pruebas⁹ en el uso de prácticas securitarias, así como de las situaciones vecinales definidas como conflictivas. Entre este tipo de prácticas podemos citar el control de los espacios de ocio y reunión, así como las políticas destinadas al control de la juventud y a condicionar el empadronamiento, que por ley está establecido como derecho desde 1985. Durante este período, es posible observar cómo los servicios públicos municipales responden a esta nueva realidad social mediante el desarrollo de planes y ordenanzas específicos, cómo el Plan para la Integración de la Nueva Ciudadanía (PINC), de 2005, la Ordenanza Civismo y Convivencia (OCC), de 2005, y los planes de regeneración urbana enfocados en la zona norte de la ciudad, el Plan Integral Collblanc- la Torrassa (2002) y el Plan Integral La Florida-Pubilla Cases (2006).

7. “Buen o mal vecino”: las lógicas de inclusión en la gestión de la convivencia

A principios de la década de los 2000, las incipientes tensiones en las relaciones entre la población autóctona y la inmigrante, la escasez de espacios y de servicios públicos, así como la degradación de las viviendas en las áreas más densamente pobladas, se presentan como factores de riesgo de conflicto y de convivencia por las autoridades locales (Roger, 2008). En este marco, el gobierno municipal despliega políticas de intervención comunitarias de corte preventivo. Por un lado, el PINC (Aj. l’Hospitalet, 2005a), que consiste en un diagnóstico de la población extracomunitaria en la ciudad y una cartografía de los conflictos existentes entre los habitantes de los diferentes distritos y barrios. Y, por otro, planes integrales centrados en la zona norte de la ciudad, el PICT, de 2002, y el de La Florida-Pubilla Cases (Aj. l’Hospitalet, 2006), para fomentar mejoras urbanísticas y comunitarias y, de este modo, frenar la degradación del área marcada por cambios demográficos y un notable aumento de las desigualdades económicas (Valero, 2002).

El PINC es el primer plan municipal que aborda el aumento de la población inmigrante extracomunitaria y de la superdiversidad de la ciudad. El diagnóstico elaborado por este plan pone en evidencia la falta de relaciones entre las poblaciones extracomunitarias y la calificada como autóctona. Se pone en evidencia el auge de conflictos vecinales en torno a dos ámbitos: la ocupación de la vivienda y el uso del espacio público. Por parte de la población autóctona, se señala el mal uso por parte de la población recién llegada de los espacios públicos, como plazas y parques, sujetos a prácticas incívicas e informales. El PINC se presenta como una herramienta destinada a equipar los servicios públicos con el fin de gestionar estos conflictos entre la población migrante y la autóctona, y lo hace a través de la Unidad de Integración de la Nueva Ciudadanía, un nuevo dispositivo dentro del Área de Bienestar Social. Este dispositivo tiene por misión elaborar una radiografía de las problemáticas vecinales de la ciudad y desarrollar estrategias de prevención, campañas de sensibilización, facilitar espacios interculturales y mediar en conflictos de convivencia a través de los mediadores comunitarios como figuras de “expertos en convivencia” (Diari de l’Hospitalet, 2006).

En cambio, el PICT y el PILFPC, fruto de una concertación social entre las autoridades locales y algunos colectivos vecinales, despliegan una serie de acciones en la zona norte de la ciudad para mitigar la vulnerabilidad socioeconómica de los habitantes en las áreas más afectadas por la exclusión social y espacial. Ambos planes aluden a la diversidad cultural de los barrios en cuestión debido al aumento de las comunidades de origen extranjero. Por un lado, esta diversidad se valora positivamente por las autoridades locales. El aumento de los grupos extracomunitarios, compuestos por una población más joven, resulta favorable para la demografía local, hasta entonces encaminada hacia el envejecimiento. Por otro lado, también apunta a la necesidad de dotarse de instrumentos para canalizar las “dificultades de relaciones y resolver los conflictos cotidianos” (Aj. l’Hospitalet, 2006, p.156), así como considerar sus características diferenciales y cómo “pueden colaborar en el enquistamiento de un foco urbano de marginalidad y de pobreza” (Aj. l’Hospitalet, 2002, p. 24).

Actualmente se desarrolla el Plan de Regeneración Urbana Integral Les Planes - Blocs Florida 60:30, un plan que se rige en 60 acciones a llevar a cabo hasta el 2030, siguiendo algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Partiendo del mismo marco que sus predecesores, este plan proviene de un diagnóstico realizado por el ayuntamiento en colaboración con entidades vecinales que resaltan las experiencias de vivir en un barrio que, según señalan, ha sido estigmatizado, y que cuenta con carencias básicas importantes debido al abandono histórico del que ha sido objeto por parte de las administraciones públicas. La falta de cohesión social y las tensiones en la convivencia, fruto de los problemas estructurales y las presiones sociodemográficas que padecen estas zonas, reforzado por los efectos de la COVID-19, recalca la necesidad de avanzar hacia la “inclusividad de toda su población” (Aj. l’Hospitalet, 2022, p. 19). El diagnóstico identifica cómo la convivencia en el espacio público y privado está puesta a prueba por la diversidad y pluralidad (tanto cultural como intergeneracional) la carencia de espacios y la alta densidad poblacional. La combinación de estos factores son un cultivo de tensiones y conflictos entre personas vecinas.

El PRUI se desarrolla con las entidades vecinales —unos 30 colectivos— dispuestas a colaborar con el ayuntamiento para hacer efectivas las actividades de convivencia y participación comunitarias esbozadas por el PRUI. Estas actividades se rigen alrededor de 7 ejes: (1) mapa de recursos del barrio; (2) diálogos vecinales; (3) la creación de una sala de convivencia intergeneracional; (4) el conocernos, (5) la contratación de facilitadores nocturnos; (6) el diseño de una red de conciliadoras y conciliadores comunitarios y, finalmente, (7) la introducción de dinámicas de mediación reparadora. Así, el conjunto de estas prioridades tiene por objetivo estratégico el empoderar y fortalecer el tejido asociativo, así como de reunir y mezclar a los y las diferentes habitantes. Cómo explica Jordi¹⁰, responsable de programa PRUI:

El desarrollo de las actividades debería consistir en incluir al conjunto de la población ya que, según el responsable, no tiene sentido dirigir actividades específicas a colectivos migrantes, incluso teniendo en cuenta su alta proporción en algunos barrios. Así:

El profesional recalca la importancia de pensar los proyectos y actividades de forma inclusiva. Debido a la superdiversidad de facto de la zona, proyectos diferenciados no tienen sentido. La lógica que se desprende del plan para empoderar a los colectivos, fortalecer el tejido social y la convivencia es desarrollar proyectos globales que faciliten la mezcla intercultural y generacional. Esta estrategia, que se contrapone, según el responsable, del caso de las banlieues francesas, es la que cabe en el modelo de inclusividad de la ciudad. Sin embargo, se podría argumentar que el proyecto de un barrio inclusivo, que opta por restar las diferencias raciales, tiende a compartir una lógica similar al modelo francés de gestión de la diversidad basado en la asimilación (Dikeç, 2007).

Esta lógica se aplica también al cómo se definen los factores que determinan los conflictos de convivencia. Si bien se reconoce que la configuración generacional y el racismo cotidiano influyen en las dinámicas de convivencia, los representantes de entidades vecinales afirman que, en estos conflictos, no se distingue a nadie por su lugar o su origen, sino que lo que importa es ser “buen o mal vecino” (Polo, 2019). Según lo que explica Jordi, a partir del diagnóstico realizado en el marco del Plan, las diferencias étnicas y raciales no son las causas de los conflictos vecinales, más bien lo que define un buen o mal vecino es:

Desde esta perspectiva, se resalta que los conflictos de convivencia resultan de problemas cotidianos debido a la gestión de los espacios comunes, como del espacio público y no de las diferencias culturales de habitar el espacio (Aricó, 2014). Sin embargo, la lógica del buen o mal vecino es indesligable de la desigualdad, la densidad de población y el deterioro (o mala calidad) de la vivienda como elementos disruptores de la convivencia. Esta lógica, vinculada con el del barrio inclusivo tiende a homogeneizar las trayectorias y el bagaje de las diferentes comunidades que habitan en la zona. Si bien las lógicas de inclusión e integración promocionadas por estos planes tienden a evacuar las diferencias raciales y de clase social que rigen en las relaciones de convivencia; estas lógicas tienden a invisibilizar las relaciones estructurales que determinan las relaciones de convivencia (como el hacinamiento, dificultades en la escolarización por exceso de ratios, espacios urbanos escasos y saturados) que influyen en las formas de habitar el espacio. Dicho de otro modo, se asume que las relaciones basadas en lo convivencial (Delgado, 2011), son entre personas iguales y de intercambio horizontal en una lógica habermasiana. Cuando, en realidad, están condicionadas por posiciones de poder y materiales que las estructuran y regulan como relaciones.

8. Articulación del civismo, convivencia y seguridad: casos, experiencias y visiones desde los barrios

El seguimiento de las políticas de gestión del espacio público y la convivencia puede realizarse a través de un análisis de los Planes de Actuación Municipal (PAM)¹¹. Es así que es posible observar que, en ellos, figuran la convivencia y el civismo como ejes prioritarios para la administración en un contexto de transformación y modernización urbana. Estos planes proponen acciones concretas para fomentar la convivencia y el respeto a las normas cívicas, así como el fortalecimiento de lo disciplinario y de ordenamiento por parte de la administración.

En el PAM (2020-23), el último aprobado, los objetivos se distribuyen en dos aspectos principales, ciudad y espacio público. Se destaca, eso sí, que este PAM se rige por un pacto de ciudad declarado como un “sistema de inteligencia colectiva con capacidad para mejorar las perspectivas de la ciudad” (Aj. l’Hospitalet, 2021, p. 7), articulándose a través de 34 ejes, 122 medidas y 222 acciones, las cuales están alineadas con los mencionados ODS. No obstante, cabe resaltar que, un sector menor de las entidades comunitarias y vecinales, que se desmarca de las políticas municipales, promueve un marco alternativo de convivencia, en oposición a las propuestas delineadas por los planes municipales e integrales. Los PAM y los planes integrales citados anteriormente, en cambio, son frutos de colaboraciones e intercambios con un sector importante de asociaciones vecinales, las que son más cercanas a las políticas municipales. Así mismo, y mediante un apoyo financiero a las organizaciones del tercer sector o de la sociedad civil, las autoridades municipales tercerizan una parte de la gestión dirigida a la promoción de la convivencia y prevención de conflictos.

El punto 3.5 sobre Civismo, Convivencia y Seguridad (así, puesta como un área de gestión conjunta), busca:

Nuevamente aparece el componente de la corresponsabilidad como elemento constitutivo de la convivencia asumiendo, nuevamente, una posición simétrica entre diferentes agentes de la comunidad. La operativización de ese apartado combina actuaciones para abordar y mejorar la convivencia; progresar en la articulación de los recursos para la gestión de las denuncias y la aplicación efectiva de sanciones; consolidar un proyecto de medidas alternativas a la sanción de conductas incívicas; desplegar un servicio de facilitadores de ocio nocturno; ampliar la presencia de agentes cívicos hasta una pareja —como mínimo— por distrito, y desplegar un proyecto de conciliadores naturales para mejorar la red de ciudadanos comprometidos con la mejora de la convivencia en la ciudad y la implementación de antenas de convivencia. Se propone desarrollar un instrumento denominado Compromiso local para la convivencia, la inclusión y la cohesión social, en conjunto con el incremento de patrullajes a pie de la unidad de proximidad de la Guardia Urbana (GU). Por último, y sobre proyectos para combatir la percepción de inseguridad subjetiva, se persigue aplicar criterios de la criminología ambiental con la idea de incidir en la relación entre el entorno urbano y la comisión de hechos delictivos, identificando espacios públicos de riesgo. Además, potenciar una app de seguridad y adecuar el número de efectivos de la GU a las necesidades de la ciudad y mejorar sus recursos y materiales. Por último, se impulsa la reedición y puesta al día del convenio (firmado el año 2003) en materia de seguridad pública entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de L’Hospitalet.

Como se puede observar, la oferta es amplia, variada y genérica, como suele ser en este tipo de documentos que delinean las políticas locales. El hecho de que la gestión del civismo, la convivencia y la seguridad vayan de la mano como objetivos dentro de un plan de gestión local es algo que parece marcar un rumbo. Así, a modo de ejemplo, el Plan Tetra¹² levanta dudas dentro la Asociación de Vecinas y Vecinos de La Florida (AAVV La Florida s’Aveïna), no solamente por la naturaleza y métodos de la intervención, sino también por su justificación original en cuanto al aumento de hechos delictivos comparando los datos del año 2022 con los del 2018. En una publicación de circulación barrial, se advierte que esta acción se justificó con estos números y no con los del 2019, año con el que, comparativamente, los delitos habrían bajado (Luna, 2023)¹³. El cuestionamiento no por estas cifras, es también por la situación de los barrios y sus condiciones materiales y de accesibilidad a servicios públicos y equipamientos. En el texto referenciado, Luna señala que la ciudad está a dos velocidades, la primera es de los grandes proyectos urbanísticos y la otra es la de la ciudad masificada y precarizada, donde la seguridad es vista como propia de un sistema que se convierte a la vez en juez, parte y (aparente) solución.

La estigmatización y el conflicto social en los barrios de la ciudad están permanentemente señalados; la disputa y el control del espacio urbano fue también un tema objeto de debate público en el periodo del confinamiento. De este modo, en julio de 2020, se afirmaba que los Mossos d’Esquadra estaban realizando controles intensificados en la Plaza Española, en La Torrassa, para evitar más aglomeraciones. Las Conselleries de Salut e Interior de la Generalitat de Catalunya recomendaron a las personas no salir ya que en estos barrios es donde se estaba concentrando un rebrote de COVID-19 (Pérez, 2020).

Las personas entrevistadas, como Julia, peruana de 36 años y dos hijas, sostenía en ese entonces que era imposible sostener un correcto aislamiento en las condiciones de hacinamiento:

Si bien es cierto que el periodo señalado fue de excepción en cuanto a restricciones de movilidad y reunión producto de la crisis sanitaria, esto muestra que el tema del espacio urbano abierto o público es una alternativa, necesaria y concreta, para las condiciones de hacinamiento que puede sufrir una parte de la población, específicamente la de origen migrante. Durante dicho período se vio dificultado el acceso al mercado de trabajo regulado y se encontraba bajo una vigilancia y control riguroso debido a sus condiciones de subordinación en la escala jerárquica socioespacial (y sanitaria, en este caso) (Mansilla, 2020).

Por su parte, la Ordenanza Civismo y Convivencia es una normativa vigente desde el año 2005, con una actualización de 2009. Consta de 6 títulos y 126 artículos. Presenta una estructura tanto descriptiva como sancionatoria y pretende “contribuir al fortalecimiento de un marco de civismo, de convivencia social y de respeto mutuo entre los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad hospitalense [...]” estableciéndose desde una base vinculada a las libertades individuales (desde la lógica de la corresponsabilidad) y de las categorías morales de la libertad pero que, a su vez, ven como se encuentran limitadas por la voluntad (y libertad) del otro y, en general, de la propia institucionalidad. El espíritu de la ordenanza está llamado a establecer:

En relación a las definiciones de lo que se entiende por convivencia, aparecen algunas vinculadas a la promoción (como responsabilidad del ayuntamiento) de la convivencia y el respeto “para los diferentes grupos étnicos, culturales y religiosos” (Aj. l’Hospitalet, 2005b, p. 17). Bajo esta idea, todo lo que se lleva a cabo en lo público (vías, espacios, bienes y servicios) siempre, y al final de todo, quedará principalmente sometido a una reglamentación administrativa bajo posible coacción. Entendido así, este proyecto de convivencia parece omitir modos de dominación y subordinación presentes en toda relación espacial, quedando ésta supeditada a tensiones entre la inclusión y la exclusión dentro de un marco de regulación y limitación continua de las libertades (Fernández y Di Masso, 2018). En este sentido, el documento destaca por la acción inspectora de la administración local, que se vuelve fundamental en la función reguladora que le cabe para “velar por el mantenimiento del orden público y por el cumplimiento de lo dispuesto por la ordenanza” (Aj. l’Hospitalet, 2005b, p. 112). La normativa, que ya tiene casi 20 años, coincide temporalmente con la aspiración de ordenación y consideración de la ciudad como ese laboratorio de pruebas para gestionar a la nueva población que, principalmente, llegaba desde el extranjero. Entre otras cosas, se establecieron medidas y dispositivos para el control de fiestas, condiciones que dificultaban el acceso al padrón, la regulación de locutorios, la implementación de una unidad policial especializada de la GU y, también, una vigilancia particular hacia los jóvenes (Playà y Montilla, 2008). Es así como personas entrevistadas de origen migrante extracomunitario, vecinas ya en esa época, recuerdan que desde entonces ya había un condicionamiento especial cuando se hacía uso del espacio urbano. Eran frecuentes las paradas e identificaciones, por parte de la policía, que se hacían en plena vía pública en el propio barrio y por un período de tiempo extendido. También, la disputa y regulación por los usos y prácticas socioespaciales, se traducían en desplazamientos y prohibiciones de determinadas acciones, ya reglamentadas en la nueva normativa. Un vecino de Les Planes¹⁴, de 53 años, comentando sobre el parque del mismo nombre, señala:

Para una dirigente vecinal del sector¹⁵, el tema de la securitización del espacio público está aún muy presente:

Con lo visto, podemos dar cuenta de voces que, a través de la propia experiencia o desde la visión del trabajo vecinal, reflejan parte de lo que es la gestión de la administración local desde los ámbitos de la regulación del espacio público y la seguridad. La perspectiva de estos agentes -en relación a la convivencia, las definiciones de civismo y aspectos securitarios- muestra una interesante consonancia con respecto a lo que la administración dice y propone en sus planes o programas, en los cuales muchas veces seguridad y gestión de la convivencia van de la mano y, a ratos, sobreponiéndose.

9. Conclusiones finales

La importancia de L’Hospitalet como ciudad de referencia de las diversidades —tanto de población como urbanística— de conflictos y pericéntrica dentro del AMB, recoge también sus características singulares como su alta densidad, su condición permanente de receptora de ciclos migratorios y con importantes reformas urbanísticas en proceso. Sus desafíos y perspectivas de debate requieren integrar elementos que se vinculen con la complejidad de su distribución territorial, las desigualdades socioespaciales, la estigmatización que sigue arrastrando, así como también del modelo de ciudad que parece perseguir. Los abordajes securitarios y de gestión social de la convivencia aparecen como referencias permanentes, al menos en lo declarativo, para la ejecución de políticas locales —especialmente a partir de los años 2000, cuando la ciudad se declara como laboratorio de pruebas en materia migratoria— y muchas veces se alternan (o conjuntan) en forma de palo y zanahoria, considerando la producción del espacio que hace indivisible la cuestión social de la urbana. Es aquí cuando aparecen mecanismos de gestión local que pretenden regular las actuaciones y formas de habitar los espacios urbanos —como lo son las normativas, ordenanzas y planes de intervención— que dan cuenta de las formas propias de diseñar y ordenar la ciudad, también considerando (o no) su diversidad.

En este marco, el presente artículo expone y da cuenta cómo, desde las administraciones locales, se definen y se regulan (también mediante planes y ordenanzas) las prácticas y relaciones comunitarias en barrios superdiversos y estigmatizados de la ciudad. La gestión de la convivencia, entendida un elemento dinámico y permanente, es contingente a los procesos socioeconómicos que atraviesa la ciudad, como por ejemplo los cambios demográficos, la crisis económica del 2008 y más recientemente la pandemia de la COVID-19. En estos períodos se desarrolla un modelo de gestión de la convivencia en clave comunitaria y securitaria, desenvolviéndose en un contexto de tensión entre la inseguridad social y la pretensión de un modelo emprendedor de la ciudad (Wacquant, 2016; Harvey, 1989).

Las evidencias muestran que, en los documentos públicos municipales sobre planificación, regulación e intervención local o barrial, se enuncian conceptos y premisas acerca de la convivencia, la diversidad y, seguidamente, de la seguridad. Lo anterior vinculado al uso de espacios urbanos públicos y la coexistencia de diferentes orígenes en los grupos que ahí residen. Por otro lado, ya en la revisión y puesta en marcha de determinados planes e intervenciones locales, aparecen elementos o directrices que parecen soslayar los aspectos de origen y diversidad a la hora de ejecutar actuaciones urbanas, como son los planes integrales de barrio. Por su parte, testimonios recogidos en personas vecinas y dirigentes de la ciudad, reflejan sus experiencias en cuanto a dispositivos securitarios que operan en base a prácticas discriminatorias, estigmatizadoras y de expulsión del espacio urbano a personas de origen migrante extracomunitario. Además, se cuestiona la visión de seguridad desde lógicas tradicionales y securitarias (Ávila y García, 2015) apuntando a otras vinculadas a las desigualdades y las exclusiones —sociales y residenciales— presentes en muchos barrios de la ciudad.

La revisión de diferentes planes e intervenciones urbanas dan cuenta de una lógica imbricada entre la implementación, por un lado, de una agenda referida a la regulación de la convivencia social y, de otro lado, de dispositivos securitarios. La primera tiene como principal rol una mitigación de conflictos socioespaciales (planes barriales que incorporan aspectos de ámbito comunitario, por ejemplo, diálogos vecinales) y, la segunda, apunta a un afianzamiento de visibles y aparatosas intervenciones securitarias (Plan Tetra) que vienen a reforzar procesos permanentes de estigmatización territorial (Wacquant, 2013). En este sentido, entendemos que los procesos de administración del conflicto, la convivencia y la diversidad deben tener una ineludible discusión acerca del acceso a derechos como el padrón, la vivienda, la salud y el trabajo.

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