1. Introducción

Los corredores migratorios contemporáneos constituyen espacios en los que confluyen procesos de movilidad humana, dispositivos de control fronterizo, respuestas humanitarias y formas de organización implementadas por las poblaciones migrantes (Álvarez Velasco, 2022; 2023). Si bien la literatura sobre el tapón del Darién ha mostrado en detalle dinámicas de violencia (Obinna, 2024), tránsito (Gandini et al., 2024) y gobernanza (Domenech et al., 2023) en el tramo fronterizo entre Colombia y Panamá, los trayectos previos que hacen posible dicho corredor y las formas de solidaridad que allí surgen han sido escasamente analizados. Este es el caso del trayecto Medellín-Urabá, un espacio estratégico del corredor migratorio sur-norte en el que interactúan instituciones estatales, organizaciones humanitarias y organizaciones de base migrante.

Este artículo analiza las redes de solidaridad migrante y la volatilidad del complejo humanitario en dicho trayecto. De este modo, se demuestra que la fragmentación de la respuesta institucional coexiste con procesos de autoorganización y apropiación territorial impulsados por las personas migrantes. En este sentido, los estudios críticos de las migraciones (Rivera Sánchez et al., 2023), el enfoque de la autonomía de las migraciones (Mezzadra, 2012; Mezzadra y Neilson, 2012), la geografía de la movilidad (Navarro y Hernández, 2025; Cruz-Piñeiro et al., 2024) y algunas aproximaciones a la gubernamentalidad en contextos de tránsito migratorio (Walters, 2011; Williams, 2015) permiten examinar la relación entre control, asistencia y agencia migrante.

En términos metodológicos, el estudio adopta un enfoque cualitativo basado en etnografía, particularmente en observaciones participantes de las sesiones del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, grupos focales y entrevistas a actores clave, y una encuesta exploratoria dirigida a migrantes. La contribución principal del artículo consiste en visibilizar las infraestructuras sociales que los propios migrantes despliegan ante la volatilidad institucional. Dichas infraestructuras evidencian formas de agencia colectiva que trascienden la representación del migrante como víctima y ofrecen lecciones para repensar las políticas migratorias, así como la acción humanitaria en contextos de movilidad masiva prolongada.

2. Contexto

En el noroccidente de Colombia, la carretera que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño tiene una distancia de 364 kilómetros y cruza 11 municipios. Este trayecto se erigió entre 2022 y 2024 en un tramo clave del corredor migratorio transnacional sur-norte como consecuencia del proceso de movilidad humana en curso para ese momento. Bien documentado para el área del tapón del Darién (Cruz-Piñeiro et al., 2024), este flujo migratorio alcanzó un punto álgido en 2023 cuando se superó el medio millón de migrantes en tránsito por la selva húmeda tropical que cubre la frontera colombo-panameña (Migración Panamá, 2025).

Ello supuso un importante reto de coordinación institucional con agencias de cooperación y organizaciones de base comunitaria que, además, evidenció la limitada capacidad del Estado colombiano para garantizar los derechos humanos de la población migrante independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio (Appe et al., 2025). En este contexto, la mayoría de los estudios han concentrado su atención sobre el tramo entre Necoclí y Metetí en Panamá (Obinna, 2024; Navarro y Hernández, 2025) pasando por alto el trayecto previo. Ello a pesar de que este comunica el Valle de Aburrá, primera conurbación del departamento de Antioquia y segunda en Colombia, con la frontera colombo-panameña. Este aspecto es relevante pues Medellín y municipios aledaños albergan la segunda mayor población migrante en Colombia después de la capital, Bogotá (Pineda Arboleda, 2023, p. 7).

Figura 1 – Cantidad de migrantes que cruzaron el Darién y venezolanos en condición de migrantes o refugiados en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en Migración Panamá (2025) y Plataforma R4V (2024)

La figura 1 muestra el incremento de población en tránsito por la frontera colombo-panameña. Llama la atención el pico alcanzado en diciembre de 2023 cuando se llegó a la cifra de 520 085 migrantes de más de 90 nacionalidades. El descenso ocurrido en 2024 y la casi paralización de flujo migratorio en dirección sur-norte supuso un incremento en el número de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. Resulta pertinente comentar la ausencia de una relación directa entre el incremento de migrantes cruzando la frontera con una reducción de la población refugiada o irregular. En este contexto, el trayecto que conecta a Medellín con la región del Urabá antioqueño revistió un rol estratégico en el corredor migratorio hacia Estados Unidos y hacia Canadá.

Además, se configuró como un territorio transnacional donde convergieron dinámicas complejas de movilidad humana, respuestas institucionales y procesos de autoorganización social. La magnitud del fenómeno migratorio ha interpelado tanto a las estructuras estatales como a la arquitectura humanitaria internacional. El medio millón de personas que transitaron por esta ruta en 2023 hicieron de ella un punto neurálgico de la migración hemisférica.

Además, puso en evidencia las limitaciones estructurales del Estado colombiano para garantizar condiciones dignas de tránsito y reveló formas de organización social que trascienden las respuestas institucionales tradicionales. Pese a la reducción a partir del año 2024, la situación persiste debido al alto número de población refugiada y en riesgo de caer en situación irregular en Colombia, especialmente en las ciudades capitales ante la limitada efectividad de la política migratoria del Estado colombiano durante la crisis humanitaria en el Darién (Cardona Duque y Giraldo Hincapié, 2026). Este aspecto se verifica en los casi tres millones de migrantes de nacionalidad venezolana que residían en el país al cierre de 2024 (ver figura 1).

3. Marco teórico

Los corredores migratorios constituyen “espacios sociales trasnacionales producto de conflictivas relaciones de poder entorno a la movilidad e inmovilidad migrante” (Álvarez Velasco, 2023, pp. 82-83). La literatura ha evidenciado que las personas migrantes se ven expuestas a diversas vulneraciones en su tránsito por el corredor migratorio del Darién (Obinna, 2024). Por ejemplo, casos de violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, 2025, p. 4) y la presencia de grupos armados irregulares que ejercen control territorial y de la población en tránsito (International Crisis Group, 2023). Esta área ha experimentado un desarrollo significativo, particularmente en el análisis de corredores migratorios transnacionales (Álvarez Velasco y Liberona Concha, 2025; Gandini et al., 2024). Los estudios críticos de migración han evidenciado cómo las políticas de externalización fronteriza han reconfigurado las dinámicas de movilidad en América Latina, generando nuevos espacios de tránsito y formas de control (Domenech et al., 2023; Hernández Hernández y Campos-Delgado, 2023).

Álvarez Velasco (2022) ha desarrollado el concepto de “corredor migratorio de la región andina-cono sur”, identificando cómo estos espacios emergen como “territorios de la movilidad en disputa” (Basualdo et al., 2019, p. 44). Esta perspectiva permite comprender las dinámicas del trayecto Medellín-Urabá como parte de procesos más amplios de reconfiguración territorial y política migratoria en el continente. A su vez, el análisis del complejo industrial humanitario (Dadusc y Mudu, 2022) es fundamental para entender las tensiones entre control y cuidado que caracterizan estos espacios. En un sentido similar, Walters (2011) ha propuesto el concepto de “frontera humanitaria” para aludir a la concentración de oferta humanitaria y de servicios en las áreas de frontera como Urabá. Para este autor, se trata de una tecnología de gobierno que entrelaza el cuidado con el control. De esta manera, la fragmentación y la intermitencia del complejo humanitario son rasgos estructurales de una forma de gubernamentalidad que administra la ayuda de manera precaria para gestionar la movilidad (Walters, 2011).

Appe et al. (2025) por su parte, han documentado cómo las organizaciones humanitarias operan en contextos de crisis prolongada en los que la excepcionalidad se convierte en norma. Esta situación ha generado respuestas fragmentadas caracterizadas por limitaciones relacionadas con la coordinación, la sostenibilidad y la legitimidad ante las poblaciones locales (Pineda Arboleda, 2023). En este punto, resulta adecuado incorporar en la discusión la crítica a la “razón humanitaria” desarrollada por Fassin (2012), quien propone que las políticas contemporáneas constituyen una economía moral basada en el sufrimiento. Así, el llamado “gobierno humanitario” organiza el accionar público a partir de sentimientos morales, de modo que allí el sufrimiento que experimentan los sujetos opera como un lenguaje que legitima la intervención sobre ellos. Esto, a la vez, conllevaría a formas selectivas de visibilización, ya que, mientras algunos migrantes son reconocidos como víctimas, otras experiencias (como los proyectos de vida, permanencia o agencia) podrían ser invisibilizadas. Williams (2015) muestra cómo el cuidado humanitario ha pasado de ser una excepción que permitía escapar al control, a convertirse en una tecnología de enforcement que condiciona la ayuda a la deportación y la vigilancia.

Por otro lado, los estudios sobre solidaridad migrante han evidenciado la emergencia de formas alternativas de organización social que trascienden las lógicas estatales y humanitarias tradicionales (Calvo et al., 2024; Maâ, 2023). Estas redes operan como “infraestructuras sociales” (Müller y Tuitjer, 2023) que facilitan no solo el tránsito sino también procesos de construcción de ciudadanía transnacional de los sujetos migrantes. En complemento a esta perspectiva, la geografía de la movilidad aporta elementos cruciales para entender cómo estos corredores configuran espacios de disputa territorial (Bayón Jiménez et al., 2021). Estudios sobre Bolivia (Biondini et al., 2023) y Ecuador (Herrera y Gómez, 2022) evidencian patrones similares de producción de zonas precarias de tránsito en el espacio sudamericano.

En línea con lo anterior, el enfoque de la autonomía de las migraciones señala que la movilidad humana no puede entenderse únicamente como resultado de estructuras o como respuesta a condiciones de vulnerabilidad, sino también como una práctica social con capacidad de agencia propia. Por lo tanto, los migrantes no son solo sujetos pasivos afectados por las políticas de control, sino actores que intervienen y disputan activamente los regímenes fronterizos (De Genova, 2017).

En el contexto colombiano, la propuesta de Palma (2015) describe un Sistema de Migración Colombiano en el que interactúan flujos (personas, ideas y bienes), instituciones (discursos y prácticas), y estrategias (planes de acción). Aunque Colombia ha sido un país históricamente de emigración, en la actualidad se ha configurado en receptor, de tránsito y retorno. Este cambio responde a las dinámicas que incluyen la expansión económica del país y la cambiante relación migratoria con Venezuela, entre otros. En este sentido, y de acuerdo con Villarreal et al. (2023), apuestas teóricas contemporáneas proponen analizar la migración a través de la categoría de sistemas migratorios. La fortaleza de este concepto reside en que permite considerar las relaciones entre las condiciones macro o microestructurales que originan y condicionan los movimientos migratorios, las mesoestructuras que median en el curso de las migraciones (como instituciones, organizaciones internacionales y organizaciones de base comunitaria), y la agencia migrante individual y colectiva.

Apoyadas en Morawska (2007 citado en Villarreal et al., 2023), entienden la agencia como la reproducción o transformación de las estructuras por parte de los individuos, a partir de la interacción cotidiana con ellas y en respuesta a situaciones desafiantes. Así, la agencia migrante se refiere a un estado de no-pasividad y reflexividad frente a las situaciones que la migración trae consigo, e incluye luchas por el reconocimiento, por la ampliación de derechos y por mejores condiciones de vida, pero también estrategias de adaptación y acogida. La incidencia política y el acceso al voto, así como las acciones diarias con las que los migrantes intentan reconciliar sus proyectos personales con condicionamientos socioeconómicos, son descritas por las autoras como ejemplos de agencia mediante las cuales actúan como ciudadanos (Villarreal et al., 2023).

Ello genera autoorganización y pone sobre la mesa los conflictos subyacentes a los desplazamientos humanos, se denuncian las condiciones por las que salen de sus lugares de origen, reclaman su condición de sujetos y reivindican el derecho a la movilidad (Villarreal et al., 2023). Ahora bien, insisten en “estudiar las distintas tipologías y niveles de radicalidad de estos procesos, pues no todas rechazan el orden estatal: muchas exigen derechos, inclusión e integración en las sociedades de origen, tránsito y acogida” (p. 24). Así, dan cuenta de la existencia de procesos de carácter propositivo, como las acciones a favor de legislaciones migratorias con enfoque de derechos humanos y de la formulación de alternativas al régimen de control de la movilidad y securitización. Por otro lado, procesos de carácter contestatario que desafían directamente el orden institucional/estatal y, en consecuencia, no buscan trabajar articuladamente con este (Villarreal et al., 2023).

En estrecha relación con la propuesta conceptual de Villarreal et al. (2023) y De Genova (2017), Mezzadra (2012) invita a analizar los conflictos y movimientos migratorios “desde una perspectiva que priorice las prácticas subjetivas, los deseos, las expectativas y los comportamientos de los propios migrantes” (p. 160). Desde su punto de vista, las migraciones constituyen movimientos sociales complejos y autónomos, y no meras respuestas a órdenes estatales o malestares económicos y sociales. Así, aunque en la migración se incorporen y recreen dispositivos de dominación y explotación, también se configuran prácticas de libertad e igualdad (Mezzadra, 2012). Por lo tanto, las fronteras no son estructuras fijas y omnipotentes, sino instituciones sociales y regímenes atravesados continuamente por tensiones y luchas; en palabras de Mezzadra y Neilson (2012), “los cuerpos en movimiento desafían los regímenes fronterizos a través de diversas escalas geográficas” (p. 60). Por ejemplo, los migrantes, durante sus movilidades transfronterizas, despliegan estrategias que impactan y determinan la configuración de las políticas migratorias (Mezzadra, 2012).

En consonancia con lo anterior, Mezzadra y Neilson (2012) consideran que los migrantes son actores que remodelan, cuestionan y redefinen las fronteras de la ciudadanía ya que, mediante diversas reivindicaciones, interacciones con la sociedad de acogida, luchas y prácticas cotidianas —que pueden conducir a la consecución de derechos sociales y laborales—, no solamente despliegan su agencia, sino que actúan como ciudadanos independientemente de su estatus migratorio y de no “pertenecer” formalmente al territorio en el que se encuentran.

Desde esta perspectiva, el enfoque de la autonomía de las migraciones convoca, por un lado, a trascender las conceptualizaciones jurídicas de la ciudadanía y a entender las trayectorias migratorias como procesos contradictorios y disputados en los que se configuran subjetividades; por otro, a abandonar la representación del migrante como un individuo aislado y racional a fin de reconocer el aporte fundamental que realizan las redes de solidaridad migrante, sean estas familiares o comunitarias, “a la dinámica migratoria y a la integración de los migrantes en las sociedades receptoras” (Mezzadra, 2012, p. 173).

Ahora bien, es importante recordar que la agencia y la solidaridad migrantes transcurren en tensión constante con formas contemporáneas de control migratorio. En este sentido, Mezzadra y Neilson (2012) se refieren a la inclusión diferencial como una característica relevante de las prácticas de gubernamentalidad/gobernanza de la migración. Para estos autores, los migrantes, especialmente aquellos en situación irregular, no se encuentran completamente excluidos de la vida social y el mercado laboral de las sociedades de acogida, sino que son incorporados a estos de manera desigual, selectiva y jerarquizada en la medida en que transitan por dispositivos transnacionales fragmentados de filtrado, control y vigilancia que, en muchas ocasiones, producen una irregularidad ambigua; de ese modo, no se cierran herméticamente las fronteras, sino que se ilegalizan la presencia del migrante y su fuerza laboral al tiempo que se incluyen para ser explotados (Mezzadra y Neilson, 2012).

En este contexto, las redes de solidaridad migrante no constituyen únicamente mecanismos de supervivencia colectiva, sino también modos de organización que emergen en medio de una gobernanza migratoria segmentada y discontinua. Así, aunque estas prácticas responden en buena medida a condiciones de precarización y desprotección, también permiten a los migrantes disputar y reconfigurar las condiciones de sus trayectorias migratorias.

4. Método

Se incorporó un enfoque cualitativo y se adoptó la etnografía como método de investigación; en ese sentido, se emplearon 4 técnicas de recolección de información. La primera de ellas, la observación participante, se adelantó en dos momentos. En Medellín se observaron las sesiones de la mesa de asuntos humanitarios del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos del Departamento de Antioquia (GIFMM Antioquia). Esta instancia, liderada por la Agencia para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tuvo lugar una vez al mes entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 con excepción de diciembre y enero.

El segundo momento de observación ocurrió en junio de 2025 en Apartadó, Turbo y Necoclí en el Urabá antioqueño. Allí se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas enunciadas recientemente para el estudio de corredores migratorios globales (Hernández Hernández e Ibarra, 2023). Este relacionamiento con el GIFMM permitió ejecutar cinco grupos focales en mayo de 2025 que trabajaron mediante mesas cuyos ejes temáticos, que se presentan en la figura 2, fueron escogidos de común acuerdo por el equipo de investigación a partir de las observaciones participantes de las sesiones del GIFMM. En este sentido, se trató de temas que, de manera reiterada, se abordaron durante dichas sesiones y que además se presentaron previamente a los coordinadores de esta instancia. De los grupos focales participaron veintidós personas, entre ellas, diez funcionarios de organizaciones de ayuda humanitaria, cuatro funcionarios públicos, tres lideresas migrantes venezolanas con vocación de permanencia y cinco integrantes del equipo de investigación que ejercieron el rol de moderadores de cada grupo. Para su distribución específica se atendió a su trayectoria y nivel de familiaridad con cada una de las temáticas propuestas.

La tercera técnica fue la entrevista en profundidad con siete actores relevantes en el área de Urabá. Para su inclusión se usó la estrategia de bola de nieve identificando tres tipos de actores: a) lideresas migrantes con experiencia de tránsito por el corredor, b) representantes de organizaciones humanitarias y c) funcionarios públicos. De estas, una corresponde a una entidad pública del municipio de Necoclí, dos a mujeres migrantes de origen venezolano y cuatro a funcionarios de organizaciones de ayuda humanitaria. Durante la entrevista se indagó por la trayectoria personal o de la organización de la que cada interlocutor hacía parte, así como por los elementos relevantes que, a título personal, identificaba en relación con la gobernanza migratoria en el trayecto Medellín - Necoclí.

Además, se les pidió identificar hitos clave de la emergencia humanitaria por migración durante el periodo de estudio, de qué manera participaron de la gestión de dicha crisis y qué tipos de lazos se establecieron entre diversos actores. Un elemento de especial importancia fue la identificación de las principales necesidades de la población migrante a partir de su percepción. La triangulación de la información recogida se desarrolló mediante el análisis de contenido que incluyó codificación temática y axial a través del software QDA Miner Lite. Al citar sus testimonios en este artículo se utilizan sus iniciales para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad de la información suministrada al equipo de investigación.

Figura 2 – Grupos focales y sus temáticas

Fuente: elaboración propia

Para abordar a la población en tránsito se implementó la cuarta técnica, una encuesta de caracterización con preguntas sobre el establecimiento de redes de solidaridad migrante. La selección fue por un criterio de conveniencia y se alcanzó una muestra no representativa de cuarenta y tres participantes. Entre los aspectos por los que se indagó se incluyeron lugar de proveniencia, nivel educativo, características sociodemográficas, trayecto migratorio hasta Medellín, con quién viajaba, cómo se informaba sobre el estado del trayecto, de qué organizaciones había recibido ayuda, medios de transporte utilizados y si habían presenciado situaciones de violencia durante el trayecto. Las encuestas se realizaron en las instalaciones del terminal de transportes de Medellín durante cinco jornadas. Al momento de su aplicación en mayo de 2025 ya estaba en curso un flujo migratorio invertido, es decir, en dirección norte-sur en lugar de sur-norte. Lo anterior como efecto derivado de los acuerdos establecidos entre la administración Trump con países centroamericanos para bloquear el flujo de migrantes a través de sus territorios (WOLA, 2025).

El mapa en la sección de resultados se construyó con Qgis a partir de cartografía base tomada del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE y el Instituto Nacional de Vías INVIAS. Además, se incluyeron en el mapa los reportes de población migrante y funcionarios con quienes se interactuó en la aplicación de los instrumentos ya mencionados, lo cual permitió la representación espacial del corredor migratorio estudiado.

5. Análisis y observaciones

Los hallazgos revelan tres procesos interconectados que permiten caracterizar el trayecto Medellín – Urabá en función de a) la configuración de un complejo humanitario fragmentado, b) el surgimiento de redes de solidaridad migrante y c) una apropiación territorial migrante superpuesta sobre configuraciones espaciales precedentes. La conjunción de estos tres elementos permite una comprensión profunda de las dinámicas ocurridas en este trayecto del corredor migratorio transnacional durante el periodo 2022 a 2025.

5.1. Configuración de un complejo humanitario fragmentado

El ejercicio en campo evidenció un complejo humanitario conformado por organizaciones internacionales y algunas locales que presenta una fragmentación derivada de la multiplicidad de alcances, objetivos y fuentes de financiación de quienes lo conforman.

Adicionalmente, este complejo presenta una desarticulación parcial con actores locales como la administración pública del orden municipal y organizaciones de base comunitaria de tipo migrante que surgieron durante el periodo de estudio. Ello se expresa en una limitada coordinación efectiva en el nivel local, así como una alta dependencia de dinámicas globales de financiamiento.

A partir del ejercicio de etnografía en campo fue posible elaborar la figura 3 que presenta las organizaciones articuladas el GIFMM Antioquia en el periodo 2019 a 2025. De un total de 27 entidades articuladas a este espacio, 15 corresponden a organizaciones de tipo internacional. En otras palabras, el 55% del total de organizaciones vinculadas corresponden a instancias cuyos presupuestos y prioridades de gestión son establecidas fuera del contexto local. Aunque estas organizaciones vinculan funcionarios y personal de apoyo colombiano, la decisión final de qué se hace no está determinada localmente. Este aspecto resulta aún más problemático al considerar las organizaciones que se retiraron entre noviembre de 2024 a febrero de 2025: de un total de 27 organizaciones, 14 dejaron de asistir a las sesiones del GIFMM, es decir, el 52% de ellas. Esto se confirma con el reciente ajuste del GIFFM que ha derivado en la unificación de los equipos humanos de ACNUR y OIM en una sola estructura denominada Equipos Locales de Coordinación (ELC), encargados tanto de la atención de temas migratorios como de otros asuntos asociados al conflicto interno y la atención de desastres (Plataforma R4V, 2024).

Figura 3 – Organizaciones articuladas al GIFMM Antioquia en el periodo 2019-2025. Activas y no activas

Fuente: elaboración propia

Se documentaron tres modalidades principales de intervención humanitaria en el corredor: a) atención de emergencia en puntos de tránsito, b) programas de asistencia temporal en Necoclí, y c) derivación hacia programas de integración local en Medellín. Sin embargo, mediante observación de las sesiones regulares del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos GIFMM en su nodo Antioquia celebradas en el Valle de Aburrá, se evidenciaron limitaciones significativas en la comunicación entre estos niveles, lo que generó sentimientos de frustración y abandono que un migrante venezolano ubicado en el único albergue para población migrante en Medellín expresó al afirmar “a los venezolanos nos tienen encapsulados” (comunicación personal, 09 de junio 2025). Con ello aludía a la dificultad para encontrar opciones laborales que le permitieran rearticular su vida más allá de la fase de tránsito migratorio.

Un elemento crucial emergente del análisis es el impacto de la externalización de la frontera sur estadounidense sobre la sostenibilidad del sistema humanitario local (Cardona Duque et al., 2026). Los datos oficiales muestran cómo la reducción del flujo migratorio a partir de enero 2025, coincidiendo con cambios en política migratoria estadounidense, generó una crisis de la crisis en la que organizaciones humanitarias enfrentaron recortes presupuestales drásticos mientras las necesidades de la población remanente se intensificaron (ZOA International, 2025). Funcionarios de organizaciones internacionales reconocieron las dificultades que supuso coordinar diversas iniciativas humanitarias, y admitieron fragmentación en la respuesta a la crisis migratoria.

De acuerdo con LS, funcionario de una organización humanitaria con sede en Capurganá, límite con Panamá, “al haber tantas organizaciones, siempre es un reto mantener esa articulación […] para no duplicar y no colapsar a los migrantes de tantas ayudas” (comunicación personal, 13 de junio de 2025). El riesgo de fragmentación se ha subsanado parcialmente a través de los encuentros del GIFMM. Para CB, funcionario de una organización internacional en Turbo, las plenarias de la mesa migratoria aseguran un trabajo más eficiente que comienza por analizar las necesidades de la población migrante y definir tareas de cada organización para atenderlas según sus servicios (comunicación personal, 12 de junio de 2025). Sin embargo, según CB, más allá de la ayuda humanitaria, el liderazgo estatal a nivel nacional y el diálogo con las administraciones locales son indispensables en la gestión migratoria, pues la presencia de las organizaciones internacionales en el territorio es incierta y cambiante:

Paradójicamente, esta desarticulación también es percibida por un funcionario de la administración local de Necoclí. En su testimonio, este funcionario, al que denominamos IDE, señaló que, históricamente, las organizaciones de ayuda humanitaria no han entablado diálogos efectivos con los gobiernos municipales, ni con los habitantes de los territorios en los que se establecen temporalmente, lo que pone de presente la importancia de generar mecanismos que permitan a las administraciones locales incidir en la definición de las agendas, prioridades y estrategias de dichas organizaciones para responder a los movimientos migratorios coordinadamente, así como para auditar sus acciones. Según IDE, la ausencia de este tipo de mecanismos se traduce, por ejemplo, en desconfianza institucional y en antipatía entre la población migrante y la población de acogida, pues esta última ha tendido a percibir que sus necesidades no están siendo atendidas mientras que las de los recién llegados sí (comunicación personal, 12 de junio de 2025).

Un ejemplo de esto se evidencia en la situación del Hospital Municipal de Necoclí, que en el periodo 2021 a 2024 registró entre 80 y 100 atenciones diarias a población migrante lo que llevó a una sobreutilización de sus capacidades. Ello ha generado una deuda de 700 millones de pesos colombianos, equivalentes a una estimación de 187 000 USD o 161 000 EUR al cierre del año 2025, en la que incurrió el Hospital que es de carácter público. Tal monto no puede ser recobrado al Sistema General de Seguridad Social en Salud debido a la ausencia de una afiliación por parte de los migrantes. En consecuencia, la gerencia entabló una demanda en contra de la municipalidad de Necoclí quien es nominalmente propietaria del hospital (Caracol Radio, 2023) pero además quien, al ser responsable de la garantía del orden local, impartió instrucciones para que aquellos migrantes que resultaron heridos en riñas callejeras o en situación de playa fuesen atendidos por el hospital público. Esto evidencia desarticulación institucional y pone en riesgo la calidad de la atención en salud de la población de acogida.

Por su parte, ML, integrante de una organización de migrantes, expresó que, entre 2022 y 2023, la asistencia humanitaria de las organizaciones internacionales estuvo concentrada en los migrantes en tránsito y, como consecuencia, se pasaron por alto diversas necesidades ya enunciadas de forma persistente por los migrantes con vocación de permanencia; además, criticó la discontinuidad de los proyectos de este tipo de organizaciones. En sus palabras, “había más de 85 organizaciones internacionales en Urabá, pero la mayoría de los migrantes pensaban que acá no había asistencia humanitaria” (Comunicación personal, 11 de junio de 2025).

A pesar de esta fragmentación e intermitencia, algunos informantes describieron experiencias exitosas de colaboración. Por ejemplo, CB expresó: “con las alcaldías de Necoclí, Apartadó, Carepa, Chigorodó hemos logrado una muy buena articulación y en meses anteriores estuvimos también haciendo atenciones allá y nos remiten casos” (comunicación personal, 12 de junio de 2025), y MA, lideresa venezolana se refirió a su participación en recorridos del Consejo Noruego desde Chigorodó hasta Necoclí en los que se realizaron actividades dirigidas a la población migrante, como “charlas y capacitaciones para la trata de personas y para la protección de violencia basada en género, con un grupo de la alcaldía de Apartadó y de la alcaldía de Carepa” (comunicación personal, 11 de junio de 2025).

Otro aspecto que constituye un resultado positivo de la presencia de funcionarios de organizaciones en este contexto del complejo humanitario fue la formulación de una categoría específica para describir el tipo de migrante que predominó en Necoclí a partir del año 2020 y hasta el primer semestre de 2024. En efecto, ante la ausencia de una categoría formal que describiera la situación que se presentaba en este municipio, en las sesiones tanto del GIFMM Antioquia en Medellín como del GIFMM Urabá se empezó a utilizar el término de migrante en situación de playa. Con él se pretendió diferenciar este perfil del migrante en tránsito y el migrante con vocación de permanencia pues el elemento particular residía en que su presencia en el municipio se dilataba por días, semanas e incluso meses mientras conseguía los recursos para pagar el costo del transporte marítimo hasta la frontera con Panamá. En ese sentido, este tipo de migrante no se ajustaba a ninguna de las categorías precedentes. Resalta así cómo la categoría de migrante en situación de playa surgió como un resultado de la interacción alrededor de la gestión de la crisis humanitaria por migración y no es atribuible a un funcionario o institución en particular.

Aunque desde distintas orillas, las anteriores perspectivas sugieren un punto en común: la gobernanza migratoria requiere mecanismos de coordinación interinstitucional, fortalecer el rol del Estado en la gestión de los movimientos migratorios y estimular la participación de organizaciones de base comunitaria en la identificación de las necesidades de la población migrante. En coherencia con ello, participantes de uno de los grupos focales expresaron su interés en la construcción conjunta de una “verdadera gobernanza migratoria” sustentada en un plan de gestión con indicadores, responsables y seguimiento periódico, que deje de depender mayoritariamente de los fondos de la cooperación internacional y que sea liderada por el Estado. Por consiguiente, en dicho grupo focal propusieron crear mecanismos de comunicación entre organizaciones de base y autoridades locales, destinar un rubro municipal a esta forma de gobernanza e incluir la cuestión migratoria en los planes de desarrollo de forma explícita (Grupo focal 3, 14 de mayo de 2025).

5.2. Redes de solidaridad migrante

El segundo hallazgo documenta la emergencia de redes de solidaridad migrante que operan como infraestructuras sociales paralelas al sistema humanitario formal. El trayecto Medellín-Urabá se caracterizó por la emergencia de estrategias de solidaridad entre migrantes. Aunque informales y contingentes, estas prácticas representaron modos de organización colectiva que permitieron enfrentar la ausencia de mecanismos de acompañamiento estables. Una estrategia frecuente consistió en el uso de redes sociales para comunicarse durante el trayecto. Por ejemplo, MA se refirió de esta manera a un grupo de WhatsApp del que formaban parte personas que tenían la intención de atravesar el tapón del Darién:

A este respecto, el 60% de los encuestados manifestaron usar redes sociales o aplicaciones móviles para obtener información sobre la ruta, siendo WhatsApp y Facebook las más utilizadas, como se evidencia en la figura 4. Este aspecto confirma reportes que emergieron durante la fase aguda del pico migratorio en el cubrimiento periodístico del tapón del Darién (Turkewitz, 2023b).

Figura 4 – Apps móviles usadas en tránsito por población migrante

Fuente: elaboración propia

En relación con la utilización de redes sociales y aplicaciones móviles a lo largo de las trayectorias migratorias, Diminescu (2008) describe la emergencia de una era del migrante conectado en la que “el uso de las TIC es imprescindible a la hora de preparar el viaje, orientarse en el espacio recorrido y organizar encuentros” (p. 571). Esto es especialmente significativo en aquellos casos en que los migrantes carecen de capital financiero o apoyo institucional sólido para movilizarse, pues las tecnologías digitales les permiten construir alianzas nuevas sin romper los lazos con su lugar de origen, desarrollar conjuntamente tácticas de movilidad, generar estrategias de supervivencia colectiva e integrarse en las sociedades de acogida (Diminescu, 2008).

De acuerdo con la autora (Diminescu, 2008), las prácticas electrónicas mediante las cuales los migrantes se comunican y organizan dan lugar a una masa de huellas digitales que puede proporcionar información relevante sobre el funcionamiento de las redes transnacionales de migración. Sin embargo, la relación con las TIC no solamente comporta un sentido estratégico y práctico al permitir anticipar, evaluar y transitar rutas; los migrantes también las emplean para sostener, profundizar o construir afectos mientras se desplazan, lo que configura una particular “cultura de vínculos” (p. 567) en la que emergen modos de estar presentes de manera remota.

En consonancia con lo anterior, se constata que las relaciones de solidaridad y confianza entre migrantes se afianzaron durante los viajes pues, según lo sugirió MA, como forma de protección, “algunos [grupos de migrantes] venían desde el lugar de salida en grupos familiares, viajaban juntos” (comunicación personal, 11 de junio de 2025). LS explica que, en la ruta, “se van conformando grupos de viajeros con muchas necesidades” (comunicación personal, 12 de junio de 2025). Estas agrupaciones espontáneas constituyeron formas de afrontar en compañía los peligros del tránsito migratorio, generando vínculos afectivos y creando soluciones conjuntas a los problemas que presenta el camino. A este respecto, los resultados de la encuesta señalan que el 49% de participantes transitaron en compañía de familia, 18% con amigos, 14% con caminantes y 12% con otros migrantes o refugiados.

Figura 5 – Compañía en tránsito por población migrante

Fuente: elaboración propia

Estas redes se desplegaron en tres dimensiones simultáneas: información estratégica, apoyo material y acompañamiento durante el tránsito. Sin embargo, la población en tránsito nunca constituyó organizaciones formales por la misma naturaleza temporal de su presencia. Dicha estrategia solo se verificó para la población migrante con vocación de permanencia tanto en Medellín como en Urabá. Una entrevista aportó evidencia en este sentido:

Más allá de la dimensión material, estos grupos constituyeron una estrategia para contrarrestar el rompimiento abrupto de vínculos. En ellos se ofreció acompañamiento que incluyó orientación legal, mediación con instituciones, cuidado de niños durante trámites, e incluso rituales de despedida y bienvenida que mantuvieron vínculos comunitarios a pesar de la transitoriedad. Una líder migrante señaló “[…] me estoy capacitando para dar charlas de todo este tema de rutas de orientación al migrante, de violencias basadas en género en la población migrante, a las mujeres y los niños” (ML, comunicación personal, 11 de junio de 2025).

Además, desde las organizaciones de base comunitaria, se registraron iniciativas como la descrita por CB de lideresas venezolanas que han realizado ollas comunitarias en Turbo para migrantes como respuesta a la inseguridad alimentaria (comunicación personal, 12 de junio de 2025). ML también expresa que, junto con otras lideresas, desarrollaron actividades de difusión de información en zonas de riesgo, como la playa de Necoclí, con el propósito de advertir a los migrantes de las estafas, redes de trata de personas y recomendarles formas de protegerse; no obstante, señala: “pero era riesgoso por las dinámicas de los grupos armados” (comunicación personal, 11 de junio de 2025). Frente a estas iniciativas, un participante expresó: “estas dinámicas de solidaridad no son sostenibles en el tiempo, dependen de recursos y atraviesan largos periodos de inactividad” (DP, comunicación personal, 11 de junio de 2025). A estas acciones se suman algunas otras que adquirieron un carácter mucho más estructurado, planificado y articulado con la cooperación internacional. Según ML, la organización de base comunitaria que lidera trabaja por “la inclusión de la población migrante en el contexto de empleabilidad, asistencia social humanitaria, ruta empresarial y todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida de los migrantes” (comunicación personal, 11 de junio de 2025). Este tipo de iniciativas promueven a menudo el emprendimiento como alternativa a los obstáculos legales y de documentación que implica la experiencia migratoria (Restrepo Pineda et al., 2025a).

5.3. Apropiación territorial

En el trayecto Medellín-Urabá tuvo lugar una transformación territorial derivada de la interacción entre flujos migratorios, respuesta estatal y la oferta de atención humanitaria. El resultado es una apropiación territorial migrante superpuesta a las lógicas de organización del espacio precedentes. A la configuración de las subregiones del occidente y el Urabá se superpuso una nueva lectura elaborada por los migrantes, pero también por las diversas organizaciones que durante el periodo crítico de flujo migratorio ofrecieron atención humanitaria. Esto expresó LR, funcionario de la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia:

Su relato evidencia cómo esta institución implementó entre 2022 y 2024 recorridos desde la ciudad de Medellín hasta el municipio de Santa Fe de Antioquia. Estos se realizaron tanto en horarios diurnos como nocturnos. En ellos se identificó el uso de puentes como espacio para acampar durante el día, así como la estrategia de transitar en la noche para evitar la exposición a temperaturas que en el contexto del bosque seco tropical de esta zona pueden acercarse a los 40 grados centígrados. Además, el túnel de occidente con 4.6 kilómetros de longitud constituyó un punto relevante en la ruta. Ello debido a que al tener restringido el tránsito peatonal, debía ser cruzado en vehículos cuyos conductores voluntariamente decidieran ayudar a los migrantes. Esta situación supuso que en algunos casos se presentaran separaciones abruptas de grupos de caminantes derivadas de la ausencia de una estrategia confiable y constante que les permitiera mantenerse juntos.

Otro elemento que evidencia esta apropiación del espacio fue el uso de lugares públicos en municipios como Necoclí y Turbo como lugares de campamento migrante. La zona de playa en Necoclí se reconfiguró como zona de tránsito donde convergieron diariamente personas de múltiples nacionalidades. Esto generó tensiones con la población local, así como una sobreutilización de recursos sobre los que ya existían previamente difíciles condiciones de acceso como al agua potable o la disposición de residuos sólidos que han recibido menos atención de los investigadores a excepción de Restrepo Pineda et al. (2025b). La activación de circuitos económicos a partir de procesos de mercantilización del espacio y servicios por parte de la población de acogida fue también un efecto derivado de la emergencia humanitaria que se extendió además a otros municipios como Turbo y Acandí y fue uno de los aspectos que más llamó la atención en el cubrimiento episódico realizado por la prensa internacional (Turkewitz, 2023a).

De acuerdo con CB, la ausencia de infraestructura adecuada para alojar a la población migrante en Turbo representó un desafío cuyos efectos más inmediatos fueron la ocupación itinerante del espacio público y vulneraciones de diverso tipo. “Desafortunadamente, aquí en la región no contamos con albergues donde poder dejar provisionalmente a la población, y eso ha desencadenado violencias basadas en género, sexualización de menores de edad, instrumentalización también de niños, niñas y adolescentes, robos”, explica CB (comunicación personal, 12 de junio de 2025). De manera similar a la situación descrita para Santa Fe de Antioquia, en su tránsito por los municipios del Urabá, algunos migrantes instalaban carpas en lugares públicos durante la noche y las desarmaban al amanecer para evitar sanciones o reacciones negativas por parte de la población de acogida:

Figura 6 – Mapa del trayecto Medellín - Urabá

Fuente: elaboración propia a partir de la información recabada en campo y en DANE (s. f.) e Invias (s. f.)

El mapa del trayecto que se incluye en esta sección representa los lugares donde se registraron campamentos por parte de la población en tránsito. Sobresale, además, la amplitud de la estrategia caminante pues esta no se restringió a este corredor. Al contrario, según indicó LR, durante la fase crítica del flujo migratorio la Cruz Roja registró su presencia en otros segmentos viales. Se incluyeron también en el mapa dos símbolos que indican peligro que fueron ubicados en el túnel debido al riesgo de separación y en la vereda Caucheras del municipio de Chigorodó que fue señalada como un lugar de riesgo en el que los caminantes no debían detenerse ni pernoctar. Además, se incluyó un símbolo específico de riesgo sobre el golfo de Urabá debido a los casos de naufragios ocurridos (Procuraduría General de la Nación, 2024).

Asimismo, se incluyó una simbología para aquellos casos como en El Totumo en Necoclí y Dabeiba donde particulares ofrecieron voluntariamente albergue a los migrantes. La necesidad de contar con un albergue había sido ya identificada por líderes migrantes presentes en los municipios de la región, que preveían la llegada de una ola migratoria durante la pandemia. Como lo señala ML, “Yo les imploraba [a las autoridades locales] que abrieran las oportunidades para un refugio porque se venía una ola masiva de migrantes [...] y cuando llegó, se salió de las manos” (comunicación personal, 11 de junio de 2025). La ausencia de respuestas tempranas generó tensiones sociales significativas pues la presencia prolongada de los migrantes en lugares transitados por los locales dio lugar a un creciente rechazo y expresiones de xenofobia.

Aunque desde el sector institucional se propuso la construcción de un albergue en Necoclí en articulación con UNICEF, no se obtuvieron resultados. Ello da cuenta de un escenario de fragmentación institucional en la respuesta a la crisis migratoria; en este sentido, IDE relata “[...] siempre estuvo esa necesidad de construir un albergue, se avanzó mucho, se avanzó en el diseño y todo, pero cuando ya estaba todo listo, la Agencia Nacional de Tierras no entregó la tierra” (comunicación personal, 12 de junio de 2025). Este episodio es relatado en otra versión recabada en entrevista con CR quien en su recuento señaló que la iniciativa era con ACNUR y no con UNICEF y la entidad que se rehusó fue la Unidad de Víctimas, no la Agencia Nacional de Tierras (CR, funcionaria de una agencia de Naciones Unidas, 13 de junio de 2025). Más allá de un mero olvido atribuible a cualquiera de los funcionarios que reportaron este episodio, esto devela un escenario de confusión en el que no son claras las competencias institucionales.

Por supuesto, se realizaron algunos esfuerzos por amortiguar los efectos de la habitabilidad de calle a través de acciones que, aunque valiosas, no lograron subsanar por sí solas la falta de infraestructuras. En este sentido, MA explica: “[...] en los espacios públicos donde ellos armaban su cambuche para pasar la noche cuando iban en la trayectoria [...] ahí los ayudamos de alguna forma con alimentos y tratando de que se protegieran los niños” (comunicación personal, 11 de junio de 2025). Ello evidencia la agencia migrante, definida como la capacidad de los sujetos para transformar o reproducir, a través de la reflexividad, las condiciones estructurales que motivan y enmarcan la movilidad (Villarreal et al., 2023). En lugar de receptores pasivos de ayuda, los migrantes desarrollaron redes de solidaridad que les permitieron sortear este trayecto.

ML afirma que ella y otros migrantes, especialmente aquellos con vocación de permanencia, tienen el interés de “superar el asistencialismo” (comunicación personal, 11 de junio de 2025) e integrarse a procesos de inserción económica, social y cultural. Se refiere, concretamente, a apuestas por el deporte, la cultura y el emprendimiento impulsadas por la organización de base comunitaria de la que hace parte, con las que se busca construir una representación más positiva del migrante y promover su participación, en tanto ciudadanos transnacionales, en las dinámicas de los territorios que habitan actualmente. Esta postura da cuenta de procesos de agencia migrante de carácter propositivo, pues su interés es ampliar derechos y articularse. Además de ella, CB enfatizó la relevancia de generar condiciones laborales justas para los migrantes pues en sus palabras “hay algunas familias que tienen muchas habilidades, pero [...] los explotan laboralmente” (comunicación personal, 12 de junio de 2025). Ambos señalaron asimismo la necesidad de adelantar procesos de regularización que les permitan estar “de manera legal y más sana en el país” (ML, comunicación personal, 11 de junio de 2025).

6. Conclusiones

Esta investigación evidencia cómo las redes de solidaridad migrante en el corredor Medellín-Urabá constituyen mucho más que respuestas adaptativas a condiciones adversas; y en línea con el enfoque de autonomía de las migraciones representan formas emergentes de organización social que desafían tanto las lógicas estatales de control como los paradigmas tradicionales de la acción humanitaria. Los hallazgos permiten identificar tres conclusiones principales que trascienden el caso estudiado.

En primer lugar, la configuración de un complejo humanitario fragmentado revela las limitaciones estructurales de los enfoques tradicionales de gestión migratoria cuando se enfrentan a procesos de movilidad masiva y prolongada. La dependencia de dinámicas geopolíticas globales y la limitada articulación local no solo generan ineficiencias operativas, sino que reproducen relaciones de poder que sitúan a las poblaciones migrantes en posiciones de subordinación. Esta situación evidencia la necesidad urgente de repensar los marcos conceptuales y operativos de la gobernanza migratoria desde perspectivas que reconozcan la agencia y los conocimientos situados de las poblaciones en movilidad. En línea con Walters (2011), esta fragmentación debe entenderse como un rasgo estructural de la “frontera humanitaria”, una tecnología de gobierno que administra la ayuda de manera precaria para gestionar la movilidad y externalizar costos.

En segundo lugar, las redes de solidaridad migrante operan efectivamente como infraestructuras sociales que no solo facilitan el tránsito, sino que construyen formas alternativas de ciudadanía transnacional. Estas redes demuestran capacidades de innovación social que trascienden la dicotomía víctima/actor predominante en la literatura migratoria, evidenciando procesos complejos de agencia colectiva que reconfiguran territorios y relaciones sociales. Desde la perspectiva de Williams (2015), el surgimiento de estas redes puede interpretarse como una respuesta al “cuidado contingente” imperante en la frontera humanitaria: ante el debilitamiento de las organizaciones no gubernamentales y la condicionalidad de la ayuda estatal, los migrantes despliegan estrategias autónomas de cuidado que desafían la conversión de la asistencia en tecnologías de gobierno. La sofisticación de los sistemas de información, apoyo material y acompañamiento integral desarrollados por estas redes sugiere la emergencia de formas de organización social que podrían aportar elementos valiosos para repensar las políticas públicas y la acción humanitaria.

En tercer lugar, la apropiación territorial del corredor evidencia cómo los procesos migratorios contemporáneos generan nuevas geografías políticas que desafían las concepciones tradicionales de frontera, soberanía y ciudadanía. La emergencia de “territorialidades superpuestas” donde coexisten diferentes lógicas de organización espacial sugiere la necesidad de desarrollar marcos analíticos más complejos para comprender los procesos de globalización desde abajo que caracterizan los corredores migratorios contemporáneos.

Estas conclusiones tienen implicaciones importantes tanto para la investigación académica como para la práctica de políticas públicas y acción humanitaria. Desde la perspectiva académica, los hallazgos sugieren la necesidad de desarrollar enfoques metodológicos que permitan captar la complejidad y dinamismo de estos procesos, superando las limitaciones de enfoques que privilegian perspectivas institucionales sobre experiencias situadas. Desde el ámbito de las políticas públicas, los resultados evidencian el potencial de desarrollar enfoques colaborativos que reconozcan y fomenten las capacidades organizativas de las poblaciones migrantes, en lugar de limitarse a enfoques asistenciales que reproducen relaciones de dependencia.

La experiencia del trayecto Medellín-Urabá del corredor migratorio transnacional sur-norte ilustra tanto las posibilidades como las limitaciones de los procesos de autoorganización en contextos migratorios. Si bien las redes de solidaridad migrante demuestran capacidades de adaptación e innovación, también enfrentan limitaciones estructurales que requieren transformaciones más amplias en los marcos políticos, económicos y sociales que configuran los contextos de movilidad. El desafío futuro consiste en desarrollar formas de articulación entre estas capacidades autoorganizativas y las estructuras institucionales que permitan potenciar los elementos más transformadores de ambas perspectivas. En este sentido, el trayecto Medellín-Urabá puede entenderse como un laboratorio social donde se experimentaron formas alternativas de organización que aportan elementos valiosos para enfrentar los desafíos de la movilidad humana contemporánea. La capacidad de estas experiencias para trascender el contexto específico en el que emergieron depende de la habilidad de actores académicos, políticos y sociales para reconocer, documentar y potenciar las innovaciones que surgen desde los márgenes de los sistemas migratorios institucionales ya establecidos.

Declaración de acceso a los datos

Los datos empleados en esta investigación pueden solicitarse directamente al autor de contacto, siempre que la petición sea razonada y justificada.

Agradecimientos

Agradecemos a los migrantes, a las organizaciones de base comunitaria y a los funcionarios públicos y de organizaciones humanitarias quienes fueron siempre amables y serviciales. La financiación provino de la convocatoria interna de investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Antioquia Chocó con el código CB24-01.

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