1. Introducción

Desde finales del siglo XX, se ha intensificado la emigración africana hacia Europa, impulsada por la disparidad económica, la inestabilidad política y las crisis climáticas (Kassar et al., 2014). El incremento de los flujos migratorios europeos de 2015 marcó un momento crucial, obligando a los Estados europeos a enfrentarse a complejas cuestiones de asilo, integración y derechos (Dudek y Pestano, 2019). Dentro de este fenómeno, las mujeres africanas constituyen una proporción creciente de migrantes, pero siguen siendo poco estudiadas como actrices sociales distintas con vulnerabilidades y capacidades específicas de género (Castilla Vázquez, 2017).

España, como principal puerta de entrada a Europa, es un territorio de tránsito que se caracterizan por una específica incertidumbre jurídica, la falta de protección institucional y la exposición continua a distintas formas de violencia, tanto institucional como interpersonal (De Genova, 2013; Papadopoulos y Fratsea, 2021; Ruiz Benedicto, 2021). En el caso de las mujeres africanas en contextos de tránsito, estos espacios fronterizos se convierten en lugares donde el género, la situación administrativa irregular y la racialización se combinan, generando formas específicas de precariedad que resultan poco visibles en los estudios sobre migración, habitualmente centrados en la integración o asilo en los países de destino (Castilla Vázquez, 2017; Herranz Muelas, 2015; Vigano, 2023).

Desde una perspectiva interseccional, no es suficiente analizar estas trayectorias teniendo en cuenta solo un factor, como el género o la condición migratoria. Ya en los años noventa, Crenshaw (1989) señaló que las situaciones de desigualdad surgen de la combinación de varios factores que actúan al mismo tiempo y se relacionan entre sí, por lo que no pueden entenderse por separado.

En el caso de las migrantes africanas en tránsito, la combinación de normas patriarcales, políticas migratorias restrictivas y prácticas de securitización fronteriza genera escenarios de violencia estructural, que limitan severamente sus márgenes de agencia, al tiempo que impulsa a estas mujeres a desarrollar estrategias de resistencia, adaptación y supervivencia (Contreras y Alcaide, 2021; Farmer, 2004; Ruiz Benedicto, 2021; Vázquez Laba et al., 2014).

En este escenario, el espacio de tránsito fronterizo dista mucho de ser una etapa neutra: se trata, de una zona compleja donde el género, la irregularidad migratoria y la racialización se entremezclan produciendo precariedad (Collins, 2015; De Genova, 2013; Vigano, 2023) y activando estrategias de resistencia y agencia que estas mujeres despliegan en condiciones adversas (Contreras y Alcaide, 2021; Vázquez Laba et al., 2014). Existen pocas investigaciones sobre las experiencias de las mujeres durante el tránsito migratorio, especialmente en lugares como Nador (Marruecos). Nador no es, por tanto, un lugar escogido al azar, sino que, como portal migratorio entre África y Europa, condensa en un pequeño espacio geográfico todas las contradicciones de este sistema: el endurecimiento del control de seguridad, la desprotección institucional y la presencia de una población de mujeres en tránsito que apenas ha recibido atención en la investigación sobre migración en España (Castilla Vázquez, 2017; Ruiz Benedicto, 2021).

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es describir y analizar las experiencias de mujeres migrantes africanas francófonas a lo largo de sus trayectorias migratorias, desde las comunidades de origen hasta el tránsito y las aspiraciones de destino, con énfasis en cómo se interrelacionan el género, la violencia estructural y la agencia.

A diferencia de estudios previos centrados en los países de origen o destino (Castilla Vázquez, 2017; Kassar et al., 2014; Mir Gual, 2015), en este trabajo se realiza un análisis cualitativo en profundidad de las trayectorias migratorias de mujeres africanas en la frontera de Nador como zona de excepción con lógicas propias (De Genova, 2013; Ruiz Benedicto, 2021). Este estudio busca dar visibilidad a experiencias que con frecuencia permanecen ocultas, así como comprender cómo estas mujeres construyen sus aspiraciones, afrontan sus miedos y mantienen sus proyectos de vida en un contexto marcado por la violencia y la falta de vías legales y seguras para migrar.

Las trayectorias migratorias de estas mujeres no son solo desplazamientos espaciales, sino procesos complejos en los que buscan hacer frente a las dificultades, encontrar su lugar en la sociedad y adaptarse a los contextos de frontera. En este proceso, la migración se convierte en un espacio donde se combinan la violencia, las desigualdades de género y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades culturales (Ferrajoli, 2019).

2. Marco teórico

2.1. Interseccionalidad y trayectorias migratorias

El análisis de las rutas migratorias de las mujeres africanas requiere ir más allá de explicaciones basadas en solo una dimensión de la desigualdad, como el género, el origen o el estatus administrativo. La perspectiva interseccional ayuda a entender cómo distintas relaciones de poder se combinan en contextos históricos, sociales y políticos específicos. Estas desigualdades no solo se suman, sino que interactúan entre sí y crean experiencias específicas de exclusión, subordinación y resistencia (Collins, 2015; Crenshaw, 1989).

En el caso de las mujeres africanas en tránsito, ser identificadas como africanas o subsaharianas y estar en una situación administrativa irregular no significa solo tener un montón de características individuales. La combinación de estas posiciones puede aumentar la exposición al control, la violencia, la precariedad y la exclusión. Collins (2015) señala que la interseccionalidad nos permite estudiar cómo los sistemas de poder como el racismo, el sexismo, el clasismo y el nacionalismo están conectados y producen formas complejas de desigualdad.

Esta perspectiva es especialmente relevante en las zonas fronterizas. Allí, el género, la racialización y el estatus migratorio influyen en la movilidad, el acceso a derechos, las oportunidades de trabajo y las relaciones con las instituciones (Castilla Vázquez, 2017; Collins, 2015; Vigano, 2023). La frontera no es solo una línea que separa territorios, sino también un espacio de clasificación y diferenciación donde algunas personas son vistas como más legítimas, visibles o merecedoras de protección que otras (De Genova, 2013; Fundación Márgenes y Vínculos, 2019; Ruiz Benedicto, 2021).

Herranz Muelas (2015) señala que las políticas públicas dirigidas a la población inmigrante pueden reproducir desigualdades cuando se diseñan desde una sola dimensión. Una política centrada únicamente en el estatus de inmigrante podría ignorar el género, mientras que una política dirigida exclusivamente a mujeres podría no tener en cuenta factores como el origen, la racialización, la clase o el estatus administrativo. Como resultado, las mujeres migrantes pueden experimentar formas específicas de discriminación que no se pueden entender desde una sola perspectiva.

Vigano (2023) muestra que las mujeres racializadas que han sufrido violencia de género pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad cuando los sistemas de protección no tienen en cuenta conjuntamente el género, el origen étnico y la situación migratoria. Esta aportación es pertinente para el presente estudio, ya que permite comprender que la violencia experimentada por las participantes se relaciona con sus condiciones familiares, económicas, administrativas y fronterizas.

Por su parte, Morales Robles et al. (2024) destacan que los procesos migratorios pueden implicar reconfiguraciones identitarias. Las personas negocian sus pertenencias, sus experiencias y sus proyectos en relación con los contextos que atraviesan. En el caso de las participantes, sus trayectorias se encuentran influidas por las normas de género, las responsabilidades familiares, las experiencias de violencia, el trato institucional, las condiciones de vivienda y empleo, las redes de apoyo y las expectativas sobre los posibles destinos.

2.2. Violencia estructural, género y frontera

Complementario al enfoque interseccional, el concepto de violencia estructural permite comprender situaciones que no siempre se presentan como agresiones directas, pero que limitan de forma continuada las oportunidades, la seguridad, la movilidad y el acceso a derechos.

Galtung (1969) entiende la violencia estructural como el resultado de unas estructuras sociales que distribuyen de manera desigual el poder y las oportunidades de vida. A diferencia de la violencia directa, no siempre puede identificarse a una persona concreta como responsable del daño. La violencia se produce a través de instituciones, normas, relaciones sociales y formas desiguales de distribución de los recursos.

En las trayectorias de las mujeres africanas, la violencia estructural puede mostrarse a través de la inseguridad económica y habitacional, la falta de rutas legales y seguras, dificultades para acceder a servicios, explotación laboral, control policial, racialización y exposición a rutas peligrosas (Farmer, 2004). La violencia de género también debe considerarse en relación con estas condiciones. La violencia de pareja, el acoso sexual, la coerción, el matrimonio forzado o la explotación sexual son formas directas de violencia, pero las posibilidades de denunciarlas y recibir protección dependen de la situación económica, el aislamiento, el miedo a las autoridades, la información disponible y el estatus migratorio (MPDL, 2021; Vigano, 2023).

El informe del Movimiento por la Paz señala que las mujeres migrantes pueden enfrentar obstáculos específicos como la situación administrativa, la precariedad económica, las barreras lingüísticas, el desconocimiento de los recursos disponibles y el miedo a que contactar a las instituciones pueda tener consecuencias negativas (MPDL, 2021). Por lo tanto, la vulnerabilidad no depende solo de la violencia que se experimenta, sino también de las posibilidades reales de recibir protección.

Las fronteras son espacios especialmente relevantes para observar estas dinámicas. Además de separar territorios, clasifican a las personas, controlan su movilidad y determinan quién puede acceder a un territorio a través de rutas seguras. Ruiz Benedicto (2021) analiza la militarización y el control estricto en las fronteras como procesos que convierten la movilidad humana en un problema de seguridad lo que puede prevalecer sobre la protección y la garantía de derechos.

La frontera también funciona a través de procesos de racialización. Las personas pueden ser controladas no solo por su documentación, sino también por su apariencia, origen percibido, idioma, nacionalidad o religión (De Genova, 2013; Ruiz Benedicto, 2021). En el caso de las personas del África subsahariana, estas representaciones pueden estar vinculadas a una mayor desconfianza y prácticas discriminatorias. Desde esta perspectiva, las experiencias de precariedad, violencia policial, explotación, inseguridad habitacional y exposición a rutas peligrosas no deberían verse como eventos aislados sino ligadas a un sistema que distribuye de manera desigual los riesgos, los recursos y las oportunidades de protección (Farmer, 2004; Galtung, 1969).

2.3. Contextos de tránsito y fronteras

El tránsito no se debería ver como una etapa breve y neutral entre el lugar de origen y el destino. Los migrantes pueden quedarse por largos periodos en lugares donde no pueden continuar su viaje o regresar a sus países. El tránsito puede convertirse así en una experiencia de espera, estancamiento e incertidumbre, lo que hace difícil planear para el futuro (Papadopoulos y Fratsea, 2021).

Las personas pueden cambiar de alojamiento, buscar trabajo o modificar sus recorridos cotidianos, pero no disponen de una posibilidad real de continuar la trayectoria en las condiciones y el tiempo previstos (Papadopoulos y Fratsea, 2021). La situación administrativa puede dificultar el acceso al empleo, la vivienda, la sanidad, la educación y los mecanismos de denuncia (MPDL, 2021; Pascoal, 2025; PICUM, 2023). De Genova (2013) señala que el control policial y la aplicación de las leyes migratorias contribuyen a producir socialmente la denominada “ilegalidad” migrante. La irregularidad como posición jurídica creada por normas, controles y procedimientos administrativos, hace visibles, en la frontera, determinadas formas de exclusión y puede incorporar a las personas migrantes de manera subordinada en determinados mercados laborales (Burgos, 2023; De Genova, 2013).

Parte del control europeo se desarrolla en países de origen y tránsito mediante acuerdos, cooperación policial, vigilancia y medidas de contención (De Genova, 2013; Ruiz Benedicto, 2021). Marruecos no es solo un territorio por donde pasan los migrantes, sino también un lugar donde se aplican políticas destinadas a retrasar o impedir su llegada a Europa. Las restricciones a la movilidad pueden afectar especialmente a las mujeres: el miedo a ser detenidas, agredidas, desplazadas o extorsionadas condiciona sus itinerarios y las expone a mayores vulnerabilidades de género y violencia (Castilla Vázquez, 2017; MPDL, 2021).

Las restricciones a la movilidad pueden afectar especialmente a las mujeres. El miedo a ser detenidas, agredidas, desplazadas o extorsionadas puede hacer que eviten ciertos lugares, cambien sus horarios o viajen acompañadas como estrategia de protección (Castilla Vázquez, 2017; MPDL, 2021). Estos riesgos están relacionados con la violencia sexual, la explotación, la violencia de pareja y las responsabilidades de cuidado que asumen durante el tránsito (MPDL, 2021; Vigano, 2023).

Cuando los canales legales no están disponibles, se crean redes ilegales que pueden ofrecer vivienda, información, trabajo, transporte, protección y apoyo emocional. Papadopoulos y Fratsea (2021) destacan la importancia de las relaciones sociales y el apoyo comunitario para el bienestar de los migrantes. Sin embargo, estas redes también pueden generar dependencia, deudas, explotación o nuevas situaciones de violencia.

En este estudio, Nador se entiende como un espacio social y político donde se unen la movilidad internacional, el control fronterizo, la espera prolongada y la precariedad. Por tanto, las características de las entrevistadas nos dan la visión vivida de los riesgos, las estrategias y las aspiraciones de las participantes. En este espacio se relacionan las políticas europeas de externalización, las normas migratorias, los controles policiales, las condiciones residenciales y laborales y las redes de apoyo.

2.4. Agencia condicionada y estrategias de supervivencia

El análisis de las estructuras de desigualdad no debe llevar a presentar a las mujeres como víctimas pasivas. Las participantes desarrollan estrategias, toman decisiones y construyen proyectos, aunque lo hacen dentro de contextos que limitan considerablemente sus posibilidades (Contreras y Alcaide, 2021; Vázquez Laba et al., 2014). Por ello, este estudio adopta el concepto de agencia condicionada, también denominado agencia situada o limitada (Contreras y Alcaide, 2021).

La vulnerabilidad y la agencia no son conceptos opuestos. Contreras y Alcaide (2021) señalan que las mujeres pueden actuar, negociar y resistir incluso en contextos de precariedad, violencia y desprotección. La agencia no supone una libertad completa, sino la capacidad de actuar dentro de unas oportunidades desigualmente distribuidas.

La agencia puede expresarse en la decisión de migrar, la búsqueda de empleo, la creación de redes, el envío de remesas, la protección de los hijos, la elección o valoración de destinos, la resistencia frente a la violencia y la formulación de aspiraciones. También puede aparecer en acciones cotidianas como cambiar los recorridos, buscar acompañamiento, evitar determinados lugares, solicitar ayuda o compartir información con otras mujeres (Contreras y Alcaide, 2021; Vázquez Laba et al., 2014).

La migración puede constituir una iniciativa personal y, al mismo tiempo, una respuesta a situaciones de pobreza, violencia, falta de oportunidades o ausencia de futuro. Del mismo modo, aceptar un empleo informal puede permitir obtener ingresos y sostener a la familia, pero también puede implicar explotación y ausencia de derechos laborales. Recurrir a una red informal puede expresar solidaridad y cooperación, aunque también genere dependencia (Burgos, 2023; Contreras y Alcaide, 2021).

Cuadra Durán y Agrela Romero (2024) destacan que las prácticas de cuidado comunitario desarrolladas por mujeres migrantes pueden funcionar como formas de apoyo, resistencia y sostenimiento facilitando alojamiento, información, ayuda emocional y protección. Estas prácticas no sustituyen los derechos ni los servicios públicos, pero muestran que la agencia también puede ser relacional y colectiva.

Migrar puede estar relacionado con la búsqueda de empleo, el envío de remesas, la protección de los hijos o la mejora de las condiciones de vida de la familia (Castilla Vázquez, 2017; Mir Gual, 2015). Las remesas pueden expresar compromiso y contribuir al bienestar familiar, pero también generar presión y limitar el uso de los ingresos para los propios proyectos (Teye et al., 2023).

Las aspiraciones son otra dimensión central de la agencia. Las participantes no solo hablan de riesgos y dificultades, sino también de trabajo, educación, seguridad, derechos, dignidad, felicidad y bienestar familiar. Estas aspiraciones guían sus decisiones y muestran que el proyecto migratorio no consiste solo en ganar dinero (Contreras y Alcaide, 2021; Pascoal, 2025; Vázquez Laba et al., 2014).

Como resultado, las mujeres participan activamente en dar forma a sus caminos, pero sus decisiones están limitadas por la pobreza, la violencia, el racismo, las irregularidades administrativas, las responsabilidades familiares, la falta de canales legales y el control fronterizo. Este estudio no tiene como objetivo determinar si las participantes son víctimas o agentes, sino entender cómo crean posibilidades de acción dentro de situaciones marcadas por la desigualdad (Contreras y Alcaide, 2021; Doncel de la Colina y Román Fajardo, 2024).

2.5. Relaciones familiares, género y proyectos de migración

Los caminos de migración están muy ligados a la familia, siendo el espacio donde se comparten recursos, obligaciones y oportunidades para tomar decisiones. Puede brindar apoyo económico, información, vivienda y protección, pero también puede generar presiones relacionadas con el matrimonio, las remesas, el cuidado de los hijos y cumplir con ciertas expectativas (Castilla Vázquez, 2017; Mir Gual, 2015).

La división sexual del trabajo contribuye a mantener estas desigualdades. En algunos contextos, el trabajo remunerado se asocia principalmente con los hombres, mientras que las mujeres son vinculadas con las tareas domésticas, reproductivas y de cuidado (Castilla Vázquez, 2017; Kanas y Müller, 2021). Esto puede hacer menos visible su contribución económica y situarlas en una posición de mayor dependencia.

Castilla Vázquez (2017) muestra que la migración puede modificar la posición de las mujeres dentro de sus familias y comunidades, aunque no elimina automáticamente las desigualdades de género. La migración puede ampliar sus posibilidades de acción, pero también reproducir relaciones de poder anteriores.

Las desigualdades familiares influyen en las oportunidades educativas y laborales. La priorización de la educación de los hijos varones, las dificultades económicas, las responsabilidades domésticas o los matrimonios tempranos pueden limitar la trayectoria educativa de las niñas. Esto afecta posteriormente a sus posibilidades de empleo, autonomía económica y participación en las decisiones (Castilla Vázquez, 2017; Kanas y Müller, 2021).

La migración puede ser, al mismo tiempo, una estrategia familiar y una búsqueda de autonomía. Las participantes pueden migrar para mejorar sus propias condiciones de vida (Castilla Vázquez, 2017; Mir Gual, 2015).

Las responsabilidades de cuidado no desaparecen con la migración. Las mujeres pueden continuar atendiendo a sus hijos, padres u otros familiares mediante llamadas y participación en las decisiones familiares. Estas obligaciones pueden limitar sus opciones, pero también orientar decisiones sobre el empleo, el destino y las rutas. Proteger a los hijos y garantizar su bienestar constituye una forma de acción que estructura el proyecto migratorio (Mir Gual, 2015; Teye et al., 2023).

Las remesas mantienen los vínculos familiares a través de las fronteras. El envío de dinero puede aumentar el reconocimiento de las mujeres como proveedoras, pero no implica necesariamente una transformación de la autoridad familiar (Teye et al., 2023). También puede generar presión para aceptar empleos precarios o asumir riesgos adicionales.

La religión se incluye en este estudio de manera práctica. Por un lado, las creencias religiosas pueden actuar como marcos de socialización tradicionales donde las normas de género y, a veces, la violencia interpersonal y doméstica se normalizan o justifican bajo obligaciones comunitarias, lo que hace más difícil denunciarlas. Esto coincide con lo que señalan Kanas y Müller (2021), advirtiendo que las construcciones tradicionales de los roles de género, moldeadas por la religión, influyen significativamente en la autonomía de las mujeres. Por otro lado, la dimensión religiosa surge durante el tránsito como un apoyo vital; dada la extrema precariedad en Nador y la falta de apoyo institucional, las organizaciones y redes religiosas se convierten en actores clave que ayudan a la supervivencia física de las mujeres y al soporte material. Osorio García de Oteyza (2018), afirma que estas identificaciones y conexiones religiosas no deberían interpretarse solo en un sentido espiritual, sino como recursos relacionales que ayudan a la inclusión y reducen la vulnerabilidad en contextos migratorios complejos.

Las relaciones familiares y los proyectos de migración son parte del mismo proceso. Las normas de género influyen en las oportunidades y obligaciones de las mujeres; la migración puede transformar parcialmente estas relaciones; las remesas y el cuidado mantienen vivos los lazos transnacionales; y las aspiraciones guían las decisiones sobre el trabajo, el destino y cuánto tiempo quedarse. Estos aspectos se analizarán juntos, teniendo en cuenta su relación con el género, la edad, el origen, la situación económica, el estatus administrativo y la experiencia de tránsito en Nador.

3. Metodología

Esta investigación utiliza un diseño cualitativo, descriptivo y transversal, observando los fenómenos tal como ocurren en un momento específico sin manipulación experimental.

La estrategia de muestreo utilizada en el estudio fue intencionada y no probabilística. La composición de los participantes fue de 30 mujeres migrantes africanas con una edad media de 28,3 años, con un rango de entre 19 y 48 años. Mujeres que asistieron a la oficina de Delegación de Migración en Nador (Marruecos) desde enero a mayo de 2024. Las participantes procedían de África Occidental y Central (Senegal, Guinea, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Malí, Camerún y Nigeria).

Los criterios de inclusión para la selección de las participantes fueron: (a) mujeres autoidentificadas como tales, (b) edad igual o superior a 18 años, (c) encontrarse en situación de tránsito o estancadas en la zona fronteriza de Nador en el momento del análisis realizado y (d) contar con capacidad para otorgar consentimiento informado.

Por su parte, se definieron como criterios de exclusión: (a) la presencia de angustia psicológica aguda, valorada mediante una evaluación previa a la entrevista con el fin de evitar una posible revictimización o malestar adicional, (b) la imposibilidad de comunicarse en árabe, francés o español y (c) la negativa a proporcionar el consentimiento informado.

Todas las participantes proporcionaron su consentimiento informado por escrito en su idioma preferido (árabe, francés o español), tras una explicación completa de la investigación, los procedimientos de confidencialidad y el derecho a retirarse. Este estudio cualitativo recibió la aprobación del Comité de Ética para la Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Universidad de Granada, Campus de Melilla) y se llevó a cabo conforme a la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013).

Los fragmentos literales de las entrevistas que se incluyen en el artículo aparecen identificados mediante nombres propios que no corresponden a las personas reales participantes, sino que se trata de seudónimos para preservar su anonimato (Subedi, 2025). No se ofrecieron incentivos para evitar la coacción.

El instrumento ha sido una entrevista semiestructurada (diseño ad hoc) que ha combinado preguntas predeterminadas con flexibilidad para explorar temas emergentes. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 35 y 40 min, realizadas en los idiomas preferidos de las participantes, por una entrevistadora bilingüe y especialista en traducción.

Las categorías de análisis fueron 8, obtenidas de las 42 preguntas abiertas que se hicieron a las entrevistadas (ver tabla 1).

La validez del contenido de la entrevista se estableció mediante juicio de expertos: nueve expertos externos (especialistas en migración, género, psicología) evaluaron los ítems utilizando una escala de Likert de 3 puntos (1=inadecuado, 2=más o menos adecuado, 3=adecuado). Se mantuvieron los ítems que alcanzaron un consenso de expertos del >80%, en tres rondas de evaluación con un índice final de validez del contenido del 91%.

Para el análisis de datos, el enfoque de codificación seguido ha sido deductivo e inductivo. Los códigos deductivos fueron derivados de preguntas de investigación y del marco teórico. Los códigos inductivos surgieron a partir de la revisión de las transcripciones.

Las entrevistas fueron transcritas de forma literal y, posteriormente, traducidas al español por traductores profesionales, con el fin de garantizar la fidelidad del contenido. El proceso de análisis se llevó a cabo mediante el software de análisis de datos cualitativos MAXQDA 2024.

Para garantizar la consistencia del proceso de codificación, tres codificadores independientes aplicaron el libro de códigos a un subconjunto de entrevistas (n = 8), correspondiente al 27% del corpus total. El grado de acuerdo interevaluador, mediante el coeficiente kappa de Cohen fue de κ = 0,92, indicando un nivel de concordancia excelente (Landis y Koch, 1977). La saturación de los datos se alcanzó en la entrevista 27. Las tres entrevistas finales no arrojaron nuevos códigos ni categorías conceptuales.

Los criterios seguidos para asegurar la calidad (Hernández Sampieri et al., 2014; Lincoln y Guba, 1985; Taylor et al., 2015) del estudio han sido: la credibilidad, mediante triangulación de fuentes (entrevistas con participantes diversos, observación contextual) y verificación de miembros (resúmenes de entrevistas revisados con un subconjunto de participantes para garantizar su precisión).

El criterio de transferibilidad se ha conseguido al ofrecer una descripción densa y contextualizada del entorno de estudio, de las características de los participantes y de los procedimientos metodológicos empleados, lo que permite a otros investigadores valorar la aplicabilidad de los resultados a contextos socioeducativos similares, aunque los hallazgos se deriven de una realidad geográfica concreta (Nador).

Los criterios de dependencia y confirmabilidad se aseguraron en esta investigación mediante una auditoría externa realizada por tres expertos en evaluación, quienes revisaron de forma sistemática los procedimientos de recogida de datos, las decisiones de codificación y las interpretaciones realizadas, identificando posibles sesgos o inconsistencias y orientando los ajustes necesarios.

4. Informe de datos

Dentro del entorno familiar, podemos identificar ciertos temas recurrentes en las entrevistas. Las narrativas de las participantes revelan estructuras familiares tradicionales persistentes en comunidades de origen caracterizadas por la diferenciación de roles de género y la provisión económica masculina. Del análisis empírico se extrajeron las respuestas literales de las entrevistadas y se presentan entrecomilladas y respaldadas con la discusión teórica correspondiente a cada respuesta.

Las entrevistas reflejan que esta forma de organizar la familia no solo distribuye las tareas del hogar. También marca quién debe trabajar fuera de casa, quién debe cuidar de la familia y qué se espera de mujeres y hombres desde que son niños.

La mayoría de las participantes (n=23, 77%) afirmaban tener una economía familiar patriarcal donde la producción económica procedía de los padres (construcción, comercio, agricultura) mientras que el trabajo de las madres se describía como doméstico, por tareas de cuidado, subsistencia e, incluso, comercio informal, conocido como “economía de apoyo”, siendo una fuente de ingreso y subsistencia para la vida familiar. Por lo que caracterizarlo como trabajo doméstico provoca una invisibilización del carácter económico.

Llamar a estas actividades “domésticas” hace que muchas veces no se reconozca el valor económico del trabajo de las madres, ya que se asocia principalmente al cuidado de la familia. Esto refuerza la idea de que mujeres y hombres tienen funciones diferentes por naturaleza. Así, el trabajo de las mujeres suele valorarse menos que el de los hombres, aunque sea imprescindible para mantener a la familia.

Esta división refleja las estructuras económicas rurales donde el trabajo de las mujeres se concentra en los ámbitos de subsistencia y reproducción. Cabe destacar que, incluso cuando las madres participaban en actividades económicas informales (por ejemplo, el comercio menor), esto se presentaba como secundario frente a las responsabilidades domésticas.

En las entrevistas, esta situación no se percibe como una injusticia, sino como algo normal dentro de la familia. Esto muestra que la diferente valoración del trabajo de hombres y mujeres está muy arraigada y se entiende de manera natural estas desigualdades que influyen en las oportunidades de las hijas, especialmente en relación con la educación, la autonomía y el trabajo.

De este modo, la familia no solo influye en las mujeres antes de iniciar la migración, sino también en la forma en que imaginan su futuro. Quienes crecieron en familias más igualitarias suelen plantearse proyectos de vida en los que la educación y el trabajo tienen un papel importante, mientras que aquellas mujeres que han sido socializadas en roles tradicionales se enfrentan a mayores barreras para considerarse personas con derechos y proyectos personales, ampliando los márgenes de agencia antes incluso del inicio del proceso migratorio.

La mayoría de las participantes (n=26, 87%) provenían de familias de 5 a 10 hermanos. Las participantes enfatizaron que las familias numerosas crearon tanto redes de apoyo como presión económica. Varias declaraciones de migración estuvieron motivadas en parte por el deseo de contribuir a la supervivencia familiar:

Estos datos nos indican que pertenecer a una familia numerosa implica asumir una mayor responsabilidad hacia el bienestar del hogar. De ahí que la migración no solo responda a un proyecto individual, sino que suela entenderse como un compromiso para contribuir a mejorar la economía familiar.

En los datos se observó una variabilidad en la orientación educativa familiar. Una minoría de participantes (n=7, 23%) señaló que sus progenitores fomentaban activamente la educación de todos los niños independientemente de su género:

Sin embargo, estos casos fueron excepciones. La mayoría de las participantes (n=23, 77%) informaron de que la educación de los hijos varones era priorizada sobre la de las hijas, o que la escolarización de estas se interrumpía prematuramente a causa de limitaciones económicas o de la imposición del matrimonio temprano.

La escuela cumple un papel fundamental en las oportunidades futuras de las niñas, pero en este sentido es un lugar donde se reproducen las desigualdades de género. Cuando la educación de las niñas se considera menos importante que la de los niños ya que la pueden abandonar por razones diversas como dificultades económicas, matrimonio, etc., se les está limitando su autonomía e imposibilitando el acceso a empleos estables y mejor remunerados.

En cambio, cuando las familias apoyan la educación de sus hijas, estas suelen disponer de más oportunidades para continuar formándose y desarrollar proyectos personales y profesionales propios, algo que más tarde también se refleja en proyectos migratorios orientados a los estudios o a empleos más cualificados.

En cuanto al tema de la violencia de género, existe una comprensión compartida de este fenómeno. Casi todas las participantes (n=28, 93%) consideraron que la violencia de género es perjudicial para el bienestar y los derechos fundamentales de las mujeres. Las respuestas presentaban consistentemente la violencia como incompatible con la dignidad de las mujeres y los valores contemporáneos:

Las participantes (n=25, 83%) relacionaron explícitamente la violencia de género con la violación de los derechos humanos y la injusticia social:

Cuando se les preguntó directamente sobre experiencias personales, n=18 (60%) revelaron experiencias de violencia de pareja, acoso sexual o matrimonio forzado. Estas revelaciones a menudo iban precedidas de vacilación, sugiriendo vergüenza o miedo. Las narrativas indicaban que la violencia a menudo se normalizaba en las comunidades de origen y a veces se atribuía a obligaciones culturales o religiosas.

El hecho de que las participantes condenen la violencia de forma clara pero al mismo tiempo muestren dificultades para hablar de sus propias experiencias refleja la tensión entre reconocer que la violencia es injusta y haberla normalizado en su vida cotidiana. Esto sugiere que, aunque tengan una visión crítica sobre estas situaciones, continúan viviendo en entornos donde las normas familiares, religiosas o comunitarias hacen difícil denunciar la violencia o alejarse de ella.

Las participantes subrayaron la importancia de la educación y la necesidad de campañas de concienciación y cambios de actitud para conseguir un cambio social:

Esto reflejaba una comprensión sofisticada de que la violencia no es inevitable, sino resultado de condiciones sociales específicas susceptibles de cambio. Simultáneamente, las participantes articularon visiones poderosas sobre la dignidad, los derechos y la contribución social esencial de las mujeres:

Estas afirmaciones, ofrecidas sin que se lo pidieran, sugieren que las participantes poseen una conciencia crítica del valor de las mujeres a pesar de la opresión interiorizada. El encuadre de las mujeres como esenciales, no solo para la reproducción, sino para la continuidad social y emocional, representa una contranarrativa a la devaluación patriarcal.

Al destacar la importancia de las mujeres para el bienestar de la familia y de la comunidad, estos discursos plantean la idea de que son víctimas pasivas y ponen en valor su papel. De este modo, las entrevistadas no solo denuncian la violencia que sufren, sino que también reivindican el reconocimiento de la contribución fundamental de las mujeres al cuidado, la convivencia y el sostenimiento de sus comunidades, por lo que el bienestar individual aparece subordinado al colectivo familiar.

Entre otras violencias que se cruzan en este análisis, son destacables la brutalidad policial y el acoso xenófobo. Las participantes informaron de acoso policial sistemático agravado por el estatus migratorio.

Aunque no todas (n=12, 40%) denunciaron a la policía marroquí directamente, la mayoría (n=26, 87%) reportó miedo a la policía y conciencia sobre acoso dirigido a migrantes.

La Policía Nacional marroquí (DGSN) y la Gendarmería Real marroquí son las fuerzas de seguridad, mencionadas por las participantes. Estas las describen como los encargados del control migratorio, en esta zona fronteriza, en el contexto concreto de Nador. Las participantes describieron que, en su trato con las personas migrantes, la policía marroquí exigía sobornos y llevaba a cabo registros arbitrarios acompañados de abusos verbales.

Los relatos no muestran la violencia policial marroquí como eventos casuales ni aislados, sino como una rutina en su proceso migratorio. A consecuencia de esto, muchas mujeres cambian sus horarios, los caminos que recorren o la forma en que se mueven por los espacios públicos para evitar encontrarse con la policía. Esto refleja que la vigilancia, el miedo y, en algunos casos, la extorsión pasa a formar parte de su experiencia migratoria y la asumen como un riesgo más del viaje.

Varias participantes señalaron que el comportamiento policial cambiaba en función del origen que atribuían a las personas, lo que describieron como una actitud abiertamente xenófoba:

Esto respalda la tesis de Ruiz Benedicto (2021) de que las etiquetas fronterizas (como hispano-marroquí o musulmán-no musulmán) actúan como sustitutos que reproducen jerarquías culturales de carácter racista. Los Estados establecen un marco jurídico‑político con el fin de regular los flujos de migración internacional, marco que es analizado por los estudios sobre migración; es por esto que la diferencia en estas políticas migratorias provoca grandes desigualdades territoriales, con respuestas que pueden afectar a derechos, protección y el acceso a los recursos. Es fundamental considerar un análisis y revisión de las políticas jurídico-sociales para garantizar entornos de protección y lograr una mayor comprensión de la movilidad humana (Burgos, 2023).

Los datos nos muestran que el hecho de ser mujeres, africanas y encontrarse en situación administrativa irregular hace que las participantes sufran un mayor control y sean tratadas con más sospecha. Esta combinación de factores las sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad durante el proceso migratorio, ya que la actuación de las instituciones, especialmente los controles policiales, limitan su libertad de movimiento y condicionan su vida cotidiana.

La mayoría de las participantes (n=24; 80%) describieron condiciones de vida muy precarias y estrategias de supervivencia marcadas por una clara inestabilidad residencial. Residían en pisos compartidos y superpoblados, centros para migrantes, alojamientos temporales o, en algunos casos, asentamientos informales sin acceso a saneamiento básico. Solo tres participantes contaban con empleo formal, mientras que la gran mayoría se dedicaba a trabajos precarios en el sector informal, como venta ambulante, limpieza doméstica o trabajo sexual, lo que generaba ingresos altamente volátiles y condiciones frecuentes de explotación.

Estas precarias condiciones laborales ponen de manifiesto que, además de las dificultades económicas, las mujeres también afrontan una situación de vulnerabilidad jurídica y social. La falta de una situación administrativa regular y la escasa protección institucional aumentan el riesgo de sufrir abusos y explotación laboral, sin posibilidad de denunciar. Ante esta realidad, muchas mujeres dependen del apoyo de otras personas migrantes y de redes informales para cubrir sus necesidades básicas, lo que refleja la insuficiente protección que reciben durante el proceso migratorio.

Muy pocas participantes recibieron apoyo institucional para sobrevivir. La mayoría dependía de redes informales (n=19; 63%), compañeros migrantes, organizaciones religiosas o remesas familiares escasas para poder subsistir día a día.

Depender de estas redes informales muestra la vulnerabilidad a la que estas mujeres se enfrentan, ya no solo sobre su situación personal, sino también de la falta de apoyo y protección que encuentren a su alrededor. Para poder permanecer en Nador, muchas tienen que apoyarse en otras personas y establecer relaciones de ayuda mutua necesarias para salir adelante y aunque estas sean muy importantes, no pueden sustituir la protección y los derechos que deberían garantizar las instituciones.

Los sueños y las aspiraciones de vida de las participantes giraban en torno a tres metas interconectadas. La primera es la estabilidad económica y el apoyo familiar (n=26, 87%). En muchas entrevistas, mejorar la situación económica aparece como una forma de recuperar el control sobre la propia vida, ayudar a la familia y dejar atrás situaciones de pobreza o dependencia. Por ello, el deseo de trabajar o de “salir adelante” no responde únicamente a la necesidad de ganar dinero, sino también al objetivo de construir un futuro con más oportunidades y poder tomar decisiones sobre la propia vida en contextos donde las opciones son muy limitadas:

La segunda meta es obtener una educación personal y logro profesional (n=8, 27%):

Y la tercera se centra en la realización emocional, amor, formación familiar, felicidad (n=14, 47%):

Estos sueños son notablemente modestos. Las participantes no aspiraban a la riqueza o el estatus, sino a la seguridad básica, el propósito y la conexión humana.

Estas aspiraciones no deben interpretarse como metas poco ambiciosas, sino como el reflejo de experiencias marcadas por la pobreza y la precariedad. El deseo de trabajar, cuidar de la familia y vivir con dignidad pone de manifiesto que su prioridad es mejorar unas condiciones vitales dignas. Así, el proyecto migratorio se convierte en una forma de construir un futuro más estable y una vida íntegra tanto para ellas como para sus familias.

Los planes de migración y selección de destino de las participantes priorizaban Europa como objetivo principal. España, Francia y Alemania fueron los países más mencionados (n=28; 93%), destacando Francia y Alemania como destinos finales preferidos.

Sin embargo, varias participantes (n=14; 47%) consideraban España principalmente como puerta de entrada o tránsito, no como destino definitivo.

De las participantes solo un 36,6% (n=11) seleccionaban frecuentemente Francia como destino, debido entre otras razones a la reducción de las barreras de comunicación y pertenencia cultural:

Más allá del lenguaje, las participantes citaron el marco de derechos percibidos de Francia:

Algunas participantes (n=9, 30%) seleccionaron Alemania haciendo hincapié en la seguridad, estabilidad y oportunidades que existen para la crianza de los niños:

Curiosamente, las participantes que seleccionaron España (n=7, 23%) enfatizaron frecuentemente la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres:

Varias citaron el conocimiento de mujeres migrantes exitosas en España como evidencia de posibilidad:

En conjunto, las entrevistas muestran que los países de destino no se valoran solo por sus características, sino también por las oportunidades y los derechos que las participantes creen que pueden obtener. Francia se asocia con un mayor reconocimiento de derechos, Alemania con la seguridad y la estabilidad para la crianza, y España con la igualdad de género y con ejemplos de mujeres migrantes que han logrado mejorar su situación. Estas percepciones se construyen principalmente a partir de las redes sociales que establecen, los relatos de otras personas y la información que circula entre ellas, más que de la propia experiencia vivida.

Los métodos de migración y evaluación de riesgos elegidos por las participantes mostraban estrategias muy variadas, desde rutas relativamente seguras hasta opciones altamente peligrosas. Entre las más seguras destacaba la entrada como turistas.

Sin embargo, la mayoría de las participantes (n=21, 70%) planeaban viajar en barco (“patera”):

Las participantes mostraban una conciencia clara y articulada de los riesgos mortales asociados a la migración irregular, pero la desesperación por escapar de sus condiciones actuales prevalecía sobre el temor racional.

Esta tensión entre conocimiento del peligro y necesidad imperiosa se repetía además en otros testimonios:

Estos relatos ponen de manifiesto la idea de violencia estructural de Galtung (1969) donde las condiciones inhumanas en los lugares de origen y tránsito, (pobreza extrema, violencia constante y falta de futuro) se viven como peligros más graves y urgentes que los del propio viaje migratorio. En este contexto, la migración irregular, aun sabiendo que puede ser mortal, aparece como una decisión desesperada, pero racional, frente a una vida cotidiana insostenible que ya ha destruido demasiadas vidas.

La elección de rutas de alto riesgo refleja que muchas participantes consideran más peligroso permanecer en el país de origen o en el lugar de tránsito que afrontar el cruce de la frontera. Esto pone de manifiesto que sus decisiones se toman en contextos donde las posibilidades de éxito migratorio son muy limitadas y todas implican algún tipo de riesgo o vulnerabilidad. En este sentido, migrar no responde a una elección completamente libre, sino a la necesidad de optar por la alternativa que ofrece mayores posibilidades de mejorar su situación vital.

Las participantes expresaban aspiraciones centradas en derechos humanos básicos que consideraban esenciales para una vida digna en los países de destino. Las menciones más frecuentes fueron sanidad, trabajo digno y acceso a educación, presentados como fundamentos universales:

En estos testimonios se observa una triada recurrente de derechos aspirados, sanidad, trabajo y educación, presente en tres de las cuatro citas explícitas, junto con una visión universalista que los concibe como inherentes “por ser humanos” (Sambou Konate), sin condiciones. La dignidad emerge como eje transversal “vivir con dignidad”, “futuro mejor”, articulada mediante el futuro condicional “tendré” que refleja expectativas aspiracionales. Así, las participantes entienden estos derechos no como principios jurídicos abstractos, sino como prerrequisitos materiales concretos para lograr una integración efectiva en los países de destino.

La importancia que las participantes dan a la salud, el empleo y la educación refleja que estos derechos son fundamentales para reconstruir sus vidas tras las experiencias de dificultad y privación. Podemos observar que la dignidad se relaciona con la posibilidad de acceder a derechos básicos que mejoren sus condiciones de vida. Además, el uso del futuro “tendré” expresa la distancia entre la situación de precariedad que viven en el presente y la esperanza de alcanzar un futuro con mayor reconocimiento, estabilidad y oportunidades.

Las participantes no solo aspiraban a derechos materiales instrumentales (sanidad, trabajo, educación), sino que expresaban un anhelo profundo por bienestar psicológico y dignidad humana, entendida como antídoto directo a su deshumanización actual.

El énfasis repetido en “dignidad” y “felicidad” revela que la violencia estructural que padecen (pobreza extrema, exclusión sistemática, precariedad absoluta) no se vive solo como privación material, sino como una erosión profunda de su condición humana. La propia migración es entendida como expresión de agencia, esto se debe a que estas mujeres no esperan que su situación mejore, sino que reúnen redes, recursos y proyectos esenciales en un escenario con altas limitaciones. Aunque sus opciones son reducidas, estas mujeres siguen luchando por tomar decisiones y actuar dentro de sus posibilidades en su contexto. Los derechos que consideran inherentes, pero sistemáticamente negados en sus contextos actuales. Este discurso trasciende lo instrumental para convertirse en una reivindicación existencial de humanidad plena.

El proyecto migratorio significa mucho más que la búsqueda de una mejora económica. Para las migrantes supone la posibilidad de dejar atrás unas condiciones de vida que consideran indignas para un ser humano. Su aspiración a vivir con respeto, seguridad y oportunidades refleja la búsqueda de una vida en la que sus derechos sean reconocidos y puedan superar las situaciones de desigualdad y violencia que han marcado sus trayectorias.

5. Discusión

El presente trabajo documenta cómo la violencia estructural, el género y el estatus migratorio se multiplican para moldear las experiencias migratorias de las mujeres africanas, destacando como aspectos fundamentales, las estructuras tradicionales de género persisten desde el origen hasta las aspiraciones de tránsito/destino. Las familias de origen suelen situar a los hombres como proveedores económicos y a las mujeres como trabajadoras domésticas. Aunque la migración, a veces, interrumpe este patrón, obligando a las mujeres a trabajar de forma informal fuera de casa, no transforma automáticamente la ideología de género. De hecho, algunas mujeres migrantes informaron de un control familiar intensificado (mediante vigilancia telefónica y demandas de remesas) que reforzaban la autoridad patriarcal a través de las fronteras. Esto reafirman los hallazgos de Mir Gual (2015) que documentan la persistencia de la influencia familiar en la diáspora.

Otro aspecto que hay que destacar es que la violencia de género se cruza con la violencia estatal xenófoba. Las participantes experimentaron la violencia no como incidentes personales aislados, sino como fenómenos institucionales e interpersonales sistemáticos. El acoso policial dirigido a migrantes, combinado con violencia específica de género (abuso de pareja, coacción sexual), crea una vulnerabilidad agravada y el recurso estatal, supuestamente destinado a proteger, se convierte en un escenario de violencia.

Por último, se destaca que las mujeres ejercen la agencia mediante un encuadre aspiracional y la resistencia selectiva. A pesar de la precariedad, las participantes articularon sueños que vinculaban sus objetivos personales con el bienestar familiar y la dignidad (Contreras y Alcaide, 2021; Vázquez Laba et al., 2014). Ejercieron la selección en la elección de destino comparando marcos de derechos, los métodos migratorios (algunas eligiendo rutas más seguras a pesar de los costes) y la defensa activa mediante la educación de otras mujeres sobre la igualdad de género (Cuadra Durán y Agrela Romero, 2024; Vázquez Laba et al., 2014). Sin embargo, esta agencia sigue limitada: la desesperación llevó a algunas a cruzar en embarcaciones peligrosas a pesar del riesgo (Doncel de la Colina y Román Fajardo, 2024; Farmer, 2004).

Con este artículo pretendemos contribuir a la investigación sobre migración interseccional demostrando empíricamente la utilidad analítica de la interseccionalidad (Collins, 2015; Crenshaw, 1989). En lugar de tratar el género, la raza y el estatus migratorio como factores inconexos, los datos muestran efectos que se potencian mutuamente al contemplar los factores interconectados (Vigano, 2023). Por ejemplo, la violencia de género afecta a todas las mujeres; la xenofobia afecta a todos los migrantes; pero su intersección crea vulnerabilidades específicas y agravadas (como la exclusión de mujeres migrantes de los servicios de violencia doméstica por temor a estar indocumentadas) que no pueden comprenderse por separado (PICUM, 2023; MPDL, 2021).

Complicando el discurso sobre la agencia, la investigación feminista suele celebrar la resistencia de las mujeres migrantes. Sin embargo, este estudio muestra que la agencia existe junto con una desesperada restricción: la misma mujer que expresa aspiraciones sofisticadas puede pagar a los contrabandistas, arriesgando la vida, porque las vías alternativas son estructuralmente inaccesibles. Esta matización resiste tanto las narrativas de victimización como las narrativas triunfalistas sobre la agencia (Contreras y Alcaide, 2021; Doncel de la Colina y Román Fajardo, 2024).

La violencia de género, como forma de violencia estructural vinculada a la migración, ha recibido hasta ahora una atención secundaria en la literatura (Farmer, 2004), ya que la mayoría de las investigaciones sobre migración han enfatizado las estructuras político‑económicas. Este trabajo integra la violencia de género como estructural, incrustada en instituciones, políticas e ideologías, y no como meramente interpersonal.

En cuanto al tema de género y familia, los hallazgos coinciden con Castilla Vázquez (2017) que documenta cómo las jerarquías de género rurales motivan la migración de las mujeres. Sin embargo, esta investigación sugiere que la migración no libera automáticamente; las estructuras familiares persisten de forma transnacional. Esto desafía narrativas simplistas de la migración como escape.

En cuanto a la xenofobia y las actitudes racistas hacia los migrantes, el acoso policial documentado y el abuso verbal coinciden con el documento de la Fundación Márgenes y Vínculos (2019) y Ruiz Benedicto (2021), que muestran que los migrantes subsaharianos enfrentan una xenofobia aumentada. La racialización de la migración, distinta de los migrantes de otros contextos, refleja persistentes jerarquías coloniales en la política migratoria europea.

El énfasis de las mujeres migrantes en el acceso a derechos básicos como la sanidad, el trabajo y la educación se alinea con las aportaciones de Pascoal (2025) sobre las reclamaciones de derechos en contextos migratorios. No obstante, los hallazgos de este estudio evidencian que dichas aspiraciones incorporan una dimensión de género específica, particularmente vinculada a la seguridad personal, la integridad física y la dignidad, aspectos que con frecuencia permanecen sobrerrepresentados en la literatura migratoria más generalista.

Este reconocimiento obliga a repensar las políticas públicas desde un enfoque interseccional, especialmente en el ámbito de la gestión fronteriza, donde las personas migrantes suelen ser tratadas como colectivos homogéneos.

En este mismo marco, la violencia ejercida por fuerzas de seguridad en contextos fronterizos pone de manifiesto la necesidad de reformas institucionales orientadas a garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas, formación especializada en derechos humanos y supervisión con participación comunitaria. Estas medidas son particularmente relevantes para la protección de mujeres migrantes, cuya exposición a abusos se ve intensificada por la intersección entre género, estatus migratorio y racialización.

Asimismo, la recurrencia de trayectorias marcadas por cruces peligrosos evidencia que muchas decisiones de riesgo no responden a una elección libre, sino a la ausencia de alternativas legales y seguras. En este sentido, la ampliación de visados humanitarios y de vías de reunificación familiar constituye una estrategia clave para reducir la mortalidad y la violencia en tránsito, al ofrecer canales de movilidad más seguros y regulados.

Finalmente, las dinámicas familiares no se detienen con la migración, sino que se reconfiguran a escala transnacional. En las entrevistas, las participantes vincularon sus proyectos migratorios con el bienestar familiar, el envío de remesas y las responsabilidades de cuidado. Estos resultados indican que los servicios de apoyo deben considerar las obligaciones de parentesco y las expectativas familiares, al tiempo que acompañan a las mujeres en la construcción de proyectos de vida autónomos. Debiéndose promover programas que combinen orientación laboral, formación lingüística, acceso a recursos de protección y redes de apoyo comunitario (Castilla Vázquez, 2017; Herranz Muelas, 2015; Kanas y Müller, 2021; MPDL, 2021).

6. Conclusión

La investigación que aquí se presenta analiza las trayectorias de mujeres migrantes africanas en contextos fronterizos marcados por la violencia estructural, la opresión de género y márgenes de decisión fuertemente restringidos. Lejos de presentarlas como víctimas pasivas o como agentes plenamente autónomos, los hallazgos evidencian formas de agencia condicionada, en las que las mujeres adoptan decisiones estratégicas dentro de limitaciones severas, sostienen aspiraciones vinculadas a la dignidad y los derechos, y desarrollan prácticas de resistencia, tanto individuales como de manera colectiva, frente a distintas manifestaciones de violencia.

Los resultados ponen de relieve la necesidad de una gobernanza migratoria con enfoque interseccional que reconozca, de manera integrada, las vulnerabilidades específicas de género, como la exposición a violencias, el control familiar y las necesidades de salud sexual y reproductiva, la xenofobia racializada que intensifica la discriminación, y las capacidades de las mujeres como actoras sociales con conciencia crítica y política. Asimismo, este trabajo subraya la importancia de atender a los factores estructurales que impulsan migraciones en condiciones de riesgo, entre ellos la precariedad económica y la inestabilidad sociopolítica. En este sentido, avanzar hacia políticas que respondan a las experiencias y aspiraciones reales de las mujeres migrantes, en lugar de basarse en estereotipos o enfoques centrados exclusivamente en la seguridad, constituye un imperativo tanto ético como pragmático.

Esta investigación es especialmente relevante en el contexto político y social actual en el que se sitúa, evidenciado por el endurecimiento de las políticas migratorias europeas y por crecientes discursos políticos que presentan la migración como un problema de seguridad o de presión sobre los recursos públicos de manera negativa. Siendo este el marco en el que se desenvuelven las mujeres migrantes africanas en tránsito con una situación especialmente frágil, ya que las dificultades para acceder a vías legales y seguras de movilidad las empujan a enfrentarse a situaciones de violencia, explotación y extrema precariedad.

Los resultados obtenidos describen cómo las actuales políticas de control fronterizo y externalización migratoria, impulsadas por la Unión Europea y vinculadas con países de tránsito como Marruecos, afectan directamente a las mujeres migrantes entrevistadas. Este escenario desencadena, independientemente del plano jurídico o legal, bloqueos prolongados, miedo irracional, inseguridad residencial y exposición continuada a abusos fronterizos y violencia de género. El paso fronterizo, por tanto, se convierte en un espacio de desigualdades y vulnerabilidades que afectan especialmente a las mujeres migrantes.

Los testimonios de las participantes permiten ir un paso más en la complejidad de estas discusiones, ya que describen que las decisiones migratorias no son la causa únicamente de motivos económicos, sino también por obtener una seguridad y una vida con dignidad. La elección de países europeos como España, Francia o Alemania se centra, en la mayoría de los casos, en la percepción de posibilidades mayores de derechos de protección, igualdad y respeto hacia las mujeres.

Las trayectorias analizadas evidencian experiencias inmersas en el miedo, la incertidumbre y la violencia, pero también en resistencia, capacidad de decisión y valentía para proyectos vitales en condiciones extremadamente difíciles, queriendo establecer de manera directa que las personas migrantes no son solo cifras, amenazas o categorías homogéneas, por lo que es necesario sensibilizar a la población de las dificultades del tránsito, demostrando la necesidad de establecer políticas, que garanticen una protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes.

De este modo, el trabajo no solo se centra en aportar evidencias sobre las trayectorias migratorias de mujeres africanas en contextos fronterizos, sino que invita a reflexionar y dar voz sobre la ética en la gestión migratoria, con el fin de promover conciencias y establecer modelos de convivencia más inclusivos y respetuosos con los derechos humanos.

Las limitaciones detectadas en el presente estudio están relacionadas con el acceso a la muestra condicionado por el idioma, ya que el hecho de que sean mujeres francófonas limita la realidad analizada a personas con cierta formación. Las mujeres desconocedoras de sus idiomas oficiales nacionales, que solo dominan las lenguas nacionales principales, provenientes de ámbitos rurales o barrios desfavorecidos, no han podido ser estudiadas. Esta limitación debería ser salvada en futuras investigaciones con la incorporación de traductores de las lenguas nacionales principales de las migrantes, así como de inglés para países como Nigeria y Camerún, siendo una propuesta de línea futura, realizar estudios con mujeres anglófonas.

Declaración de acceso a los datos

Los datos analizados en este estudio no están disponibles públicamente debido a restricciones de confidencialidad y protección de la identidad de las participantes.

Agradecimientos

Agradecemos la revisión lingüística a Dra. Ana María Rico Martín. El artículo pertenece a los resultados de la tesis Relatos de migración, violencia y resiliencia de mujeres migrantes en trayectoria migratoria y en destino y fue posible gracias a la vinculación con el grupo de investigación VITAE (HUM 1143).

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