1. Introducción

En las últimas décadas, España ha experimentado una transformación estructural en sus dinámicas migratorias, pasando de ser históricamente un país de emigración a consolidarse como uno de los principales destinos de inmigración del sur de Europa. Este cambio de ciclo migratorio constituye una de las mutaciones sociodemográficas más significativas de la España contemporánea y ha reconfigurado profundamente tanto la composición poblacional como los marcos institucionales de gestión de la diversidad (Reher et al., 2011; Garrido, 2011; Martín-Pérez y Moreno-Fuentes, 2012). En un lapso inferior a dos décadas, España dejó atrás su tradicional condición de sociedad emisora de mano de obra hacia Europa y América para integrarse en los circuitos globales de recepción migratoria, especialmente a partir de la década de 1990, impulsada por la expansión económica, la demanda de trabajo en sectores intensivos en mano de obra y su progresiva inserción en la economía global (Ullán de la Rosa, 2016; Domínguez-Mujica y Guerra-Talavera, 2009). Este tránsito no solo alteró la estructura del mercado laboral y la demografía nacional, sino que también planteó nuevos desafíos en materia de integración, ciudadanía y cohesión social.

Este cambio estructural, intensificado desde finales del siglo XX, responde a transformaciones profundas asociadas a la integración europea, la reconfiguración de los mercados laborales y la expansión de sectores dependientes de mano de obra flexible y de bajo coste (Serrano, 2010; García-Marín et al., 2012; Serrano-Martínez y García-Marín, 2013). Dentro de este marco, la Región de Murcia constituye un laboratorio privilegiado para observar las transformaciones del fenómeno migratorio contemporáneo, mientras que el municipio de Murcia y particularmente determinados barrios urbanos ofrecen un espacio especialmente significativo para analizar las formas concretas de inserción, convivencia y diferenciación social que atraviesan a la población inmigrante.

Marcada históricamente por un patrón de emigración sostenido —tanto hacia otras regiones españolas como hacia América Latina y el norte de África—, la Región de Murcia invirtió esta tendencia convirtiéndose en un espacio receptor de población extranjera (Martínez, 2005). Este giro estuvo estrechamente vinculado al desarrollo de un modelo agroexportador intensivo, sustentado en la explotación de los recursos naturales y en la incorporación de una fuerza de trabajo internacionalizada (Pedreño et al., 2015). A lo largo de las décadas siguientes, la agricultura, la construcción y los servicios se consolidaron como ámbitos de inserción económica para la población inmigrante, aunque dicha incorporación no implicó necesariamente una inclusión social equivalente (Laubenthal, 2005).

Aunque buena parte de la literatura académica ha abordado el fenómeno migratorio desde una perspectiva regional, el presente estudio sitúa su análisis empírico en el municipio de Murcia, particularmente en diversos barrios urbanos donde la presencia de población inmigrante ha adquirido una especial densidad social y territorial. Este desplazamiento de escala resulta relevante, ya que las dinámicas de integración, convivencia y segregación adoptan formas específicas en el espacio urbano, diferenciándose de las problemáticas vinculadas al ámbito rural agrícola regional. En los barrios del municipio convergen procesos de concentración residencial, segmentación laboral y construcción simbólica de la alteridad que permiten observar, de manera especialmente nítida, las tensiones entre inclusión económica y exclusión social.

Asimismo, la realidad migratoria murciana no puede reducirse exclusivamente a las migraciones laborales asociadas al sector agroexportador. La Región de Murcia también ha experimentado otras formas de movilidad internacional, entre las que destacan las migraciones residenciales de población jubilada procedente del norte de Europa, especialmente asentadas en áreas costeras y urbanizaciones periféricas (Gil-Meseguer et al., 2025). Si bien estas movilidades responden a lógicas socioeconómicas distintas y poseen dinámicas de integración diferenciadas, su mención permite contextualizar la heterogeneidad del escenario migratorio regional y subrayar que las jerarquías de percepción y reconocimiento social varían en función del origen, la posición socioeconómica y la funcionalidad atribuida a cada colectivo migrante.

Este artículo propone una lectura crítica de la paradoja a la que denominamos “jaula funcional”, entendida como un modelo de incorporación utilitaria que permite la participación laboral de la población inmigrante en los sectores estratégicos de la economía regional, al tiempo que reproduce su exclusión en los planos simbólico, institucional y ciudadano. Este concepto alude a una forma de participación controlada que satisface las demandas del sistema productivo sin garantizar una plena ciudadanía, evidenciando la tensión entre utilidad económica y reconocimiento humano. Desde esta perspectiva, la inmigración se concibe no solo como un fenómeno demográfico o económico, sino como una estructura de poder que articula continuidad histórica y desigualdad contemporánea.

Esta mirada permite comprender que la actual gestión funcional de la movilidad humana no constituye un fenómeno reciente, sino la prolongación de una lógica histórica más amplia, en la que se han perpetuado mecanismos de subordinación laboral y dependencia económica. Las formas de organización del trabajo agrícola y de explotación de los recursos humanos han configurado a lo largo del tiempo una cultura productiva que privilegia la rentabilidad sobre la inclusión social, heredera de antiguas jerarquías y desigualdades estructurales. Pensar la inmigración desde esta continuidad histórica implica reconocer que los procesos de exclusión contemporáneos no son anomalías, sino manifestaciones actualizadas de dinámicas que atraviesan la historia social murciana.

Bajo esta premisa, el propósito de este trabajo trasciende el análisis descriptivo para interrogar la persistencia histórica de este modelo funcional de incorporación. Más allá de sus cifras, se busca desentrañar sus profundas implicaciones socioeconómicas y simbólicas, contribuyendo así a una reflexión crítica sobre los vínculos entre trabajo, movilidad y desigualdad en el sur europeo; un espacio donde la historia y la memoria no son meros antecedentes, sino fuerzas vivas que se entrelazan para configurar —y legitimar— las jerarquías del presente.

2. Metodología y fuentes

La investigación se apoya en una aproximación metodológica mixta que combina el análisis histórico con una mirada etnográfica situada. El primero permite rastrear las transformaciones de larga duración que explican la consolidación del modelo migratorio murciano y su articulación con las estructuras productivas regionales; la segunda aporta una comprensión profunda de las experiencias cotidianas de los inmigrantes, sus estrategias de adaptación, resistencia y arraigo. Esta doble perspectiva permite conectar las dinámicas estructurales con las vivencias personales, articulando escalas macro y microhistóricas para ofrecer una interpretación integral del fenómeno.

El trabajo parte de un enfoque cualitativo e interpretativo que busca captar los significados, narrativas y prácticas sociales que los inmigrantes elaboran en su día a día. Esta orientación se inscribe en una postura reflexiva que reconoce la posición del investigador como parte activa del proceso de conocimiento. La vivencia personal del fenómeno migratorio por parte de uno de los autores se asume, en este sentido, como una fuente de empatía epistemológica que enriquece la comprensión de las nociones de pertenencia, desplazamiento y exclusión.

El trabajo de campo, desarrollado en enclaves urbanos y periurbanos durante seis meses, como el Barrio del Carmen, Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Torreagüera, Beniaján o El Palmar (figura 1), se ha basado en observación participante, entrevistas programadas y conversaciones informales, con el fin de captar tanto las dimensiones materiales como simbólicas de la experiencia inmigrante y las formas de agencia (capacidad de actuar) y resistencia que emergen en los márgenes del sistema. Estos lugares se eligen ya que son núcleos de vivienda de inmigrantes en la ciudad de Murcia (tabla 1); y en esos dos primeros distritos señalados ha vivido el investigador principal. El número de entrevistas realizadas fue de diez en cada distrito, cinco a ciudadanos murcianos y cinco a personas inmigrantes, todas en edad adulta, de entre 18 y 65 años; la duración de cada entrevista fue de 30 minutos aproximadamente. Se eligió entrevistar tanto a nativos de Murcia como a personas inmigrantes para acceder a diversas perspectivas: por un lado, tenemos a los inmigrantes, que han tenido que integrarse en un país que no es el suyo; y por otro, los nacidos en Murcia, quienes aportan una visión sobre la llegada y recepción de estas personas en la ciudad.

El universo del estudio, por tanto, comprende 60 informantes seleccionados mediante muestreo intencional en seis distritos clave por su densidad de población extranjera (tabla 2). Para garantizar el rigor en el análisis, las entrevistas fueron grabadas, transcritas íntegramente y sometidas a un proceso de codificación temática apoyado en el software Atlas.ti. Se establecieron categorías de análisis (p. ej., limbo administrativo, estratificación simbólica, agencia) que permitieron triangular los discursos de los informantes con las notas del diario de campo, asegurando que la selección de citas sea representativa de las tendencias observadas en la muestra total. La selección de las citas textuales presentadas en el apartado de resultados responde a un criterio de representatividad analítica; es decir, se han escogido aquellos fragmentos que, por su densidad discursiva, ilustran con mayor nitidez los patrones y tendencias transversales identificados en el conjunto de la muestra (N=60). Para reforzar que el lector aprecie la visión de conjunto del universo estudiado, estas citas representativas se complementan con tablas síntesis que recogen los discursos generales y comunes de todos los informantes, evitando que el análisis se limite únicamente a los casos destacados.

Finalmente, la lectura del ensayo de Emmanuel Todd (2024), La défaite de l’Occident, contribuye a situar el caso murciano en un horizonte global marcado por la crisis de las democracias liberales y la fragmentación social en las economías postindustriales. Asimismo, los textos de Juteau (2003) y Rojas (2020) ofrecen dos conceptos centrales a lo largo del análisis: el de diferenciación social y el de estratificación social. Desde este marco, la inmigración se interpreta no solo como respuesta a las exigencias del mercado laboral, sino como un fenómeno que interroga las bases mismas de la cohesión social contemporánea.

Figura 1. Área de estudio

La presente investigación presenta una limitación que conviene explicitar a efectos de contextualizar adecuadamente el alcance de sus resultados. Aunque el enfoque cualitativo adoptado ha permitido obtener información rica y en profundidad sobre las trayectorias y percepciones de las personas entrevistadas, la muestra analizada puede considerarse limitada en términos de representatividad para captar las experiencias y posiciones sociales existentes en un municipio caracterizado por una elevada diversidad territorial y sociodemográfica.

3. Marco Teórico

3.1. Breve revisión histórica y analítica de la investigación migratoria en España y la Región de Murcia

El fenómeno migratorio en España debe situarse dentro de un marco europeo de gobernanza multinivel, en el que las políticas nacionales sobre movilidad, asilo y acogida se articulan progresivamente con las estrategias comunes de la Unión Europea. Desde la firma del Tratado de Ámsterdam (1999), la regulación de los flujos y la definición de los mecanismos de inclusión social pasaron a ser competencias compartidas, lo que impulsó una progresiva armonización legislativa. Este proceso trajo consigo un cambio conceptual: de una concepción colectiva y solidaria de la acogida se evolucionó hacia un modelo de orientación liberal que traslada al individuo la responsabilidad de su adaptación cultural y económica (Sebastiani, 2014). En consecuencia, el acceso a la ciudadanía deja de entenderse como un derecho garantizado por la comunidad y pasa a depender de la demostración de una voluntad de ajuste personal. Este desplazamiento ha sido objeto de crítica por parte de la investigación social y jurídica, tanto de forma directa como indirecta, y se advierte del riesgo de invisibilizar las causas estructurales de la desigualdad y de atribuir al propio migrante la carga de su exclusión (Habermas, 1998; Fierro, 2017; Gómez, 2021; entre otros muchos autores).

La intensificación de los flujos migratorios hacia España desde finales del siglo XX ha generado importantes desafíos políticos y administrativos relacionados con la gestión de la diversidad, la integración social y la cohesión territorial (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, 2024). El aumento de la población de origen extranjero impulsó el desarrollo de políticas públicas orientadas al acceso a servicios básicos, la regularización administrativa y la inclusión laboral y educativa de los inmigrantes (Torró i Calabuig, 2025; Ramos Poley, 2023). Al mismo tiempo, la inmigración se ha convertido en un tema relevante dentro del debate político, especialmente en contextos de crisis económicas o de incremento de las llegadas irregulares, donde han emergido discursos contrapuestos sobre el control fronterizo, la integración y la identidad nacional (Perna y Puig Batalla, 2023). En este sentido, la cuestión migratoria ha pasado de ser un fenómeno principalmente demográfico y económico a constituir un elemento central en la agenda política española y europea, reflejando tensiones entre las necesidades del mercado laboral, los principios de protección de los derechos humanos y las demandas de seguridad y control migratorio (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, 2024; Comisión Europea, 2025).

La crisis económica de 2008 marcó un punto de inflexión al evidenciar la vulnerabilidad de este modelo de desarrollo. El saldo migratorio se volvió negativo y el desempleo entre la población extranjera superó el 36%. Las políticas de retorno, como el Plan de Retorno Voluntario, tuvieron un alcance muy limitado, especialmente entre la comunidad marroquí (Haj Ali, 2011; Lazaar, 2011), lo que mostró la brecha entre las iniciativas institucionales y las estrategias de vida de los propios inmigrantes.

En la Región de Murcia, el fenómeno presenta rasgos específicos derivados de su estructura económica y de su historia social. Los estudios disponibles coinciden en que la expansión del regadío y el auge agroexportador de finales del siglo XX impulsaron la llegada de mano de obra extranjera, especialmente en los periodos de crecimiento de la agroindustria (Martínez Carrión, 2005). Los análisis regionales identifican dos fases principales: una primera “africanización”, durante la década de 1990, protagonizada por trabajadores marroquíes vinculados a la agricultura intensiva; y una segunda “latinoamericanización”, a comienzos del siglo XXI, marcada por la llegada de población ecuatoriana y boliviana (Pedreño, 1999; Vilar et al., 2008). A pesar del impacto económico y demográfico de estas corrientes (Ramos Parreño, 2023; Consejo Económico y Social de España, 2019), la bibliografía coincide en señalar la persistencia de la precariedad laboral, la segregación residencial y la vulnerabilidad administrativa, aspectos que reflejan una dependencia estructural del trabajo flexible y de baja protección social (Gadea et al., 2015; Hernández-Pedreño et al., 2021).

Desde el punto de vista historiográfico, la investigación sobre migraciones en Murcia sigue mostrando una orientación fragmentaria. Buena parte de los estudios se ha desarrollado desde disciplinas afines —como la economía agraria, la sociología del trabajo o la antropología rural—, lo que ha favorecido una lectura funcional del fenómeno, centrada en su utilidad económica. Los primeros trabajos abordaron la presencia extranjera a partir de su impacto en el mercado laboral y en la modernización del modelo agroexportador (Bel y Gómez, 1997; Gozalvés y López, 1999; Pedreño, 1999). Aunque estos estudios aportaron una base empírica imprescindible, tendieron a descuidar las dimensiones históricas, culturales e identitarias del proceso migratorio. Solo a partir de los años 2000 comenzaron a integrarse perspectivas más abiertas, procedentes de la antropología y la historia social, que introdujeron la cuestión de la identidad, las redes comunitarias y la memoria de los migrantes (Vilar et al., 2008; Martínez Veiga, 2011). No obstante, la historiografía regional carece aún de un marco de síntesis que articule la movilidad humana con las transformaciones socioeconómicas de larga duración y con los imaginarios colectivos que la acompañan.

El análisis de la estratificación social, en este contexto, adquiere una dimensión particularmente relevante, pues ha favorecido la consolidación de una estructura laboral segmentada en la que la población extranjera ocupa de forma mayoritaria posiciones de mayor precariedad, temporalidad y menor protección social, condicionadas en gran medida por su estatus administrativo y por los marcos regulatorios de contratación en origen y empleo agrario. Desde esta perspectiva, las políticas migratorias no solo regulan los flujos de entrada, sino que contribuyen activamente a la configuración de jerarquías laborales internas, en interacción con factores de género y origen nacional, tal y como señalan los enfoques interseccionales aplicados al estudio de la migración (Juteau, 2015). Asimismo, los informes estadísticos recientes muestran que, en territorios con alta intensidad agrícola como Murcia, la concentración de trabajadores extranjeros en determinados sectores responde tanto a dinámicas del mercado laboral como a decisiones institucionales que delimitan el acceso a derechos y oportunidades, reforzando procesos de segmentación social (Domínguez-Rodríguez et al., 2024; Consejo Económico y Social de España, 2025; Observatorio Permanente de la Inmigración, 2026).

3.2. El pasado emigrante de Murcia como patrón estructural

Para comprender la configuración actual de la Región de Murcia como un espacio receptor de migrantes y nuevos residentes, resulta imprescindible atender a su trayectoria histórica como tierra de emigrantes. Como ya se dijo, a lo largo de buena parte de la época contemporánea, España se configuró como un país eminentemente emisor, con corrientes migratorias continuas dirigidas hacia América, el norte de África y Europa (Betrisey et al., 2017). En el caso murciano, la movilidad humana ha constituido un componente estructural de su conformación social, demográfica y territorial, revelando un patrón persistente: los desplazamientos y la fuerza laboral han sido gestionados históricamente en función de las necesidades económicas de cada ciclo productivo (Alonso y Furio, 2007; García Martínez, 2021).

La primera gran oleada de éxodo transatlántico de la España contemporánea, desarrollada entre 1840 y 1930, tuvo como destino principal América Latina y respondió a un contexto de crisis agrarias, presión demográfica y atraso endémico (Sánchez-Alonso, 1995; Sánchez Albornoz, 1995). Estas corrientes funcionaron, en términos económicos y políticos, como una válvula de escape social ante la incapacidad de absorber el excedente de mano de obra en el medio rural. No obstante, la experiencia migratoria distó de ser homogénea. Mientras algunos colectivos, como los gallegos en Buenos Aires, lograron construir redes asociativas sólidas y una identidad comunitaria en el exterior (Núñez Seixas, 2011), otros grupos padecieron condiciones de extrema explotación. Tal fue el caso de los trabajadores españoles empleados en las plantaciones de caña de azúcar en Cuba, cuya situación revela un temprano modelo de integración meramente funcional, basado en la subordinación laboral y la precariedad (Iglesias, 1995).

En este mismo periodo, miles de murcianos emigraron a la Argelia colonial francesa entre 1840 y 1930, impulsados por crisis agrícolas recurrentes y por la búsqueda de oportunidades laborales en el exterior (Vilar, 1989). Estas comunidades se asentaron principalmente en Orán y Mostaganem, donde fueron empleados en la agricultura y la minería, integrándose en un sistema colonial que los consideraba mano de obra extranjera, útil pero subordinada (Pedreño y Torres, 2008). Este proceso contribuyó a consolidar la posición de Murcia como territorio estructuralmente vinculado a la exportación de fuerza de trabajo, condicionado por dinámicas económicas externas (De Haas et al., 2019). Esta tendencia reapareció con especial intensidad a mediados del siglo XX, en el contexto del Plan de Estabilización franquista y la apertura progresiva de los flujos laborales hacia Europa (1959) (Sanz, 2001). Entre 1950 y 1973, numerosos trabajadores murcianos se desplazaron a países industrializados, especialmente Alemania, incorporándose a programas de contratación temporal como el de los Gastarbeiter o trabajadores invitados (Triandafyllidou, 2015). Este modelo se caracterizó por condiciones laborales y residenciales precarias, salarios inferiores a los estándares locales y una integración social limitada (Babiano, 2001). En este marco, la emigración fue utilizada como instrumento de regulación económica y política, orientado tanto a aliviar tensiones en el mercado de trabajo interno como a generar divisas para el Estado franquista (Fernández, 2022).

Esta trayectoria histórica permite interpretar la movilidad laboral como un fenómeno estructural más que coyuntural, articulado en torno a formas recurrentes de incorporación funcional de la mano de obra. Desde una lectura crítica, este patrón remite a la existencia de regímenes de ciudadanía diferenciada, en los que el acceso a derechos plenos no se corresponde necesariamente con la participación productiva (Rubio-Carbonero y Zapata-Barrero, 2017). La experiencia del Gastarbeiter en la Europa de posguerra ilustra esta lógica de inclusión condicionada, en la que la presencia del trabajador extranjero se legitima en función de necesidades económicas específicas, pero se limita su integración social y jurídica. En términos comparativos, el actual modelo productivo murciano, especialmente en el ámbito agroexportador y de servicios, reproduce dinámicas similares de segmentación laboral, en las que la inserción de población migrante se organiza de forma selectiva y jerarquizada (Corrado y Caruso, 2022). De este modo, la gestión actual de la movilidad se apoya en dispositivos institucionales que estabilizan situaciones de temporalidad prolongada y vulnerabilidad administrativa, configurando formas de pertenencia incompleta dentro del espacio social.

En conjunto, esta genealogía de la movilidad evidencia cómo la sociedad murciana ha estado históricamente inserta en circuitos migratorios regulados por necesidades económicas externas. La emigración hacia América, el norte de África y Europa operó como un mecanismo de ajuste estructural que permitió sostener determinados equilibrios socioeconómicos internos. Lejos de constituir una etapa superada, esta lógica se reconfigura en la actualidad bajo la inversión de los flujos migratorios, cuando Murcia pasa a desempeñar un papel receptor dentro del sistema global de trabajo. Las continuidades resultan evidentes en la manera en que la fuerza de trabajo migrante ocupa posiciones concentradas en sectores esenciales pero precarizados, bajo esquemas de integración que priorizan la funcionalidad económica sobre la inclusión social plena. Así, la historia migratoria de Murcia no solo describe un pasado de movilidad, sino que permite identificar una racionalidad persistente en la gestión de la mano de obra que sigue estructurando las formas contemporáneas de inclusión y exclusión social.

4. Resultados y discusión

4.1. El escenario etnográfico: contrastes entre el barrio de El Carmen y pedanías

La inmersión etnográfica desarrollada en el barrio de El Carmen, uno de los núcleos más antiguos de la ciudad de Murcia, permitió aproximarse a las múltiples capas que configuran la experiencia inmigrante en este enclave urbano. En la actualidad, el barrio está marcado por un estigma social de peligrosidad, construido en torno a representaciones que asocian su deterioro material y su diversidad cultural con la inseguridad (López Picazo, 2025). Este imaginario, ampliamente difundido entre determinados sectores de la población autóctona, se encuentra estrechamente vinculado a la presencia significativa de población de origen africano (subsahariano y magrebí), que ha redefinido su composición demográfica y simbólica1 (Diario Murcia Plaza, 2025).

Sin embargo, las observaciones sistemáticas realizadas en el espacio público revelaron un entorno social dinámico, intensamente comercial y comunitariamente activo, que contrasta con las percepciones dominantes. Las interacciones informales mantenidas con residentes locales, especialmente en pequeños comercios y mercados, reflejaron la persistencia de discursos que reproducen el miedo y la distancia cultural. No obstante, la práctica diaria mostraba una realidad distinta: fruterías y verdulerías regentadas por personas inmigrantes, locales de restauración —principalmente kebabs y cafeterías—, locutorios, tiendas de alimentación y una presencia constante en calles y plazas, donde se desarrollan formas habituales de convivencia, cooperación y apropiación del espacio urbano. Esta cotidianeidad, marcada por la visibilidad del trabajo de personas extranjeras y el uso intensivo del espacio público, desactiva en buena medida el relato de marginalidad y sitúa al barrio como un escenario de convivencia compleja pero funcional.

Desde un punto de vista urbanístico, el distrito de El Carmen presenta un tejido arquitectónico envejecido, caracterizado por edificaciones residenciales de baja altura y una densa red de bajos comerciales (figura 2). Su paisaje urbano, más compacto y heterogéneo que el de otras zonas de la ciudad, configura un espacio de circulación continua, donde los límites entre lo residencial, lo comercial y lo comunitario se diluyen (Giménez-García y García-Marín, 2024). En este marco, fue posible identificar patrones de ocupación del espacio vinculados a adscripciones étnico-culturales: grupos subsaharianos congregados en la plaza principal o frente al casino local; población magrebí concentrada en torno a locutorios y cafeterías; y personas latinoamericanas frecuentando bares y tiendas de alimentación (figura 3). Estas pautas, sin embargo, se desdibujan entre las generaciones más jóvenes, donde se observa una mayor interacción intercultural, la formación de grupos mixtos y una apropiación compartida del espacio urbano que apunta hacia dinámicas de integración más fluidas.

Figura 2. Barrio de El Carmen. Locales comerciales variados y sobre ellos apartamentos residenciales

Figura 3. Gasolinera de El Rollo (barrio de El Carmen), punto de encuentro de inmigrantes que esperan a ser recogidos para ir a trabajar al campo

El trabajo de campo incluyó también recorridos etnográficos por pedanías del área metropolitana, entre ellas Cabezo de Torres (figuras 4 y 5), cuya realidad ofrece un marcado contraste con el entorno urbano de El Carmen. Situada en la periferia del municipio, esta pedanía combina una morfología tradicional —articulada en torno a una elevación central— con un proceso de expansión reciente. En sus laderas se concentran viviendas antiguas y deterioradas, habitadas en gran medida por población gitana y magrebí, espacios que, al igual que el barrio de El Carmen, arrastran una reputación de conflictividad no corroborada empíricamente. El resto del territorio de esta entidad menor presenta una mayor diversidad sociodemográfica, con representación de población española, latinoamericana y de la Europa del Este, y un ritmo de vida más pausado, caracterizado por menor densidad comercial y menor uso del espacio público.

La comparación entre ambos escenarios permite identificar la heterogeneidad territorial y social de los entornos donde se desarrolla la vida de inmigrantes en Murcia. En el ámbito urbano, la visibilidad, la mezcla cultural y la densidad comercial configuran un paisaje de contacto continuo y negociación simbólica; en las periferias, sin embargo, la coexistencia se articula a través de la proximidad residencial y las redes informales, en un ambiente de menor interacción cotidiana. Estas diferencias invitan a problematizar los imaginarios colectivos que asocian diversidad con conflictividad, y a reivindicar el valor de las aproximaciones etnográficas para visibilizar las prácticas de agencia, cooperación y resistencia que sostienen la convivencia en contextos urbanos complejos.

Figuras 4 y 5. Izquierda núcleo central pedanía Cabezo de Torres. Derecha zona de expansión de la pedanía

4.2. Jerarquías y experiencias en las voces desde los márgenes

Las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo revelaron las estructuras de poder y las jerarquías, a menudo invisibles, que atraviesan la vida migrante, incluso dentro del propio colectivo. Las voces escuchadas exponen tanto las dificultades burocráticas y las formas de explotación laboral como las estrategias de supervivencia, los procesos de adaptación a nuevos roles y las distintas percepciones sobre la integración. Estas narrativas muestran cómo las desigualdades se reproducen en la intersección de factores como el género, la clase, el origen y el estatus administrativo, configurando un entramado de relaciones de dependencia y resistencia que define la cotidianidad migrante en la Región de Murcia.

El testimonio de IC (iniciales de interlocuror/a), trabajadora doméstica brasileña de 60 años con ascendencia portuguesa y fenotipo europeo, resulta especialmente revelador para comprender cómo operan estas jerarquías. IC reconocía abiertamente que “el ser blanca le da privilegios en el trato social por parte de algunos europeos”, aunque ese reconocimiento no la protegía de la explotación estructural. Su empleo en el cuidado de personas mayores en “una casa de ricos” mostraba la coexistencia entre privilegio racial y subordinación laboral. Describía un entorno marcado por la vigilancia constante —“Nos vigila con cámaras que además graban el audio” (Entrevista IC, 19/03/2025)— y por el control de la comunicación entre trabajadoras —“Nos prohíbe hablar entre nosotras para no poder ponernos de acuerdo”—, tácticas destinadas a impedir la organización colectiva y la comparación de condiciones salariales, especialmente perjudiciales para sus compañeras sin contrato. Las prácticas descritas de vigilancia mediante dispositivos y la restricción de la comunicación entre empleadas dificultan la organización y la comparación de condiciones laborales en el entorno doméstico (Hondagneu-Sotelo, 2007; Parreñas, 2015).

Aunque contaba con cobertura legal y un empleo relativamente estable, IC expresaba un profundo malestar ante la vulnerabilidad de sus compañeras: “En realidad no la denuncio porque pienso en mis compañeras”. Su relato evidencia la tensión entre la conciencia moral y la precariedad material, así como la fragilidad del consentimiento en contextos de subordinación. Al mismo tiempo, su forma de narrarse a sí misma —“tengo conocimientos de enfermería”, pese a no contar con estudios formales— puede interpretarse como una estrategia simbólica de dignificación, una manera de dotar de reconocimiento y legitimidad a un trabajo históricamente devaluado y feminizado. Este caso ilustra la persistencia de un modelo de integración funcional, en el que el trabajo doméstico migrante se valora por su utilidad económica, pero se despoja de reconocimiento social, obligando a los sujetos a construir su propio capital simbólico como forma de resistencia.

Por otra parte, la experiencia de Pipe, un joven colombiano con estudios superiores, ejemplifica las contradicciones inherentes al sistema migratorio y laboral español. Su relato permite observar cómo la irregularidad administrativa —incluso cuando es temporal— se convierte en una herramienta de control estructural. En sus palabras: “El problema con los documentos aquí es que te mantienen en un limbo. Estás en proceso para ser legal, pero mientras tanto no eres legal ni ilegal. Es como si no existieras para el sistema laboral” (Entrevista Pipe, 18/03/2025). Esta condición intermedia genera una vulnerabilidad que el mercado laboral aprovecha, relegando a los migrantes a los trabajos más precarios y menos deseados por la población autóctona. Esta espera forzada no es un mero trámite, sino una forma de “violencia lenta” (Khosravi, 2017) que disciplina y somete, generando una angustia constante y una exposición a la arbitrariedad que condiciona todas las esferas de la vida.

Pipe relató que presentó toda la documentación necesaria para obtener la residencia apenas llegó a España, pero estuvo casi un año esperando. Durante ese periodo, aunque su estatus le permitía trabajar con la conocida “hoja blanca” de asilo, las empresas se negaban a contratarlo por desconocimiento o desconfianza: “El mercado tira siempre hacia los nacionales. Aunque no tengan la cualificación, aunque nosotros demostremos mayor preparación, ellos siempre tendrán prioridad”. Su paso por el sector agrícola confirmó la precariedad de esta situación: “Cuando hay necesidad de mano de obra, hay flexibilidad para contratar migrantes. Pero cuando la demanda baja, somos los primeros en ser descartados, aunque tengamos papeles en regla”.

El testimonio también reveló la dimensión institucional de la exclusión. Describió un trato percibido como arbitrario y, en ocasiones, abiertamente hostil: “La policía y algunos funcionarios son hostiles por sistema. Buscan cualquier excusa para rechazar tus documentos”. La arbitrariedad burocrática se evidenció en su propia experiencia y la de su pareja: pese a presentar la misma documentación para trámites equivalentes, él obtuvo una residencia completa, mientras que a ella solo se le concedió por seis meses. La disparidad en la resolución de trámites equivalentes, como la descrita por el informante y su pareja, alimenta una percepción de arbitrariedad y desprotección ante los procedimientos institucionales. Este testimonio pone de manifiesto que la vulnerabilidad migrante no se deriva únicamente de la condición económica, sino también de la estructura institucional que define los límites de la legalidad (Menjívar y Abrego, 2012). El limbo administrativo descrito por Pipe no solo obstaculiza el acceso al trabajo y a los derechos, sino que produce una forma de invisibilidad social: la existencia reconocida pero no legitimada.

Por su parte, la historia de JF, colombiano que llegó a España en diciembre de 1999 con 22 años, ofrece una mirada diacrónica que permite observar la evolución de las condiciones migratorias en el tiempo: “Pensaba que venir a España sería cómodo, pero la realidad fue otra”, confiesa (Entrevista JF, 26/03/2025). Sus primeros años estuvieron marcados por la dureza del trabajo y el racismo cotidiano: “sudaca”, “burlas por el acento”. La precariedad y la irregularidad eran entonces algo normal. Relata cómo, al carecer de papeles, trabajó en la construcción bajo la identidad de un amigo, gracias a la complicidad de su empleador: “Yo me llamaba Roberto. El jefe daba de alta al otro y me mandaba a otra obra. Cuando me descubrieron, fingimos que era un apodo”. Esta práctica evidencia el grado de informalidad tolerada y la flexibilidad con que se gestionaba la mano de obra extranjera en aquel momento, donde la necesidad económica del empleador primaba sobre la legalidad (Pajares, 2005).

Su trayectoria posterior confirma la lógica de movilidad descendente y adaptación forzada: de lavacoches y recolector de naranjas a obrero en la construcción, pasando por la hostelería y la logística. A pesar de las dificultades, JF resalta los gestos de solidaridad que encontró en su camino: “Por cada idiota, había diez personas que te ayudaban”. Sin embargo, su diagnóstico del sistema es lúcido y crítico: “España necesita migrantes, pero nos tratan como herramientas desechables. Cuando sobras, eres el primero en irte”. Tras veinticinco años en Murcia, JF se siente integrado, pero no asimilado: reivindica su identidad colombiana como una forma de resistencia simbólica y moral frente a la estigmatización, afirmando que ser colombiano dignifica. Su análisis final es contundente y apunta a una crítica sistémica: “El problema no es la gente que viene, sino un sistema que no regula nada. Si legalizaran a quienes trabajan, todos ganarían: pagarían impuestos, cotizarían...”. Este análisis del informante vincula directamente la regularización de los trabajadores con la sostenibilidad del sistema a través del pago de impuestos y cotizaciones, contrastando con los términos habituales de los debates públicos.

El contraste entre JF y Pipe revela el paso de una informalidad tolerada en los años noventa del pasado siglo XX a una “violencia lenta” burocrática actual que mantiene al migrante en un limbo administrativo. De este modo, la denominada jaula funcional se refuerza hoy mediante la incertidumbre legal cronificada por la Administración.

Finalmente, el caso de AB, una mujer colombiana de 52 años residente en Cabezo de Torres, aporta una perspectiva matizada sobre el sistema español. Su regularización fue rápida e inesperada, derivada de una situación de violencia doméstica:

Su caso es paradigmático de cómo las políticas de protección en un ámbito (violencia de género) pueden convertirse en la única vía de acceso a derechos en otro (extranjería), revelando las fracturas y contradicciones del Estado (Ruiz, 2023).

Esta condición le permitió acceder a ayudas estatales que decidió utilizar estratégicamente mientras se formaba: “Analizando, para mí era mucho mejor recibir las ayudas que ponerme a trabajar, porque si trabajaba, automáticamente me quitaban todas las ayudas”. Su reflexión desmonta el estereotipo del “viven de paguitas”: AB entiende las ayudas no como un privilegio inmerecido, sino como un mecanismo de protección y transición que permite evitar la explotación laboral en momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, su experiencia no estuvo exenta de abusos. Relata su paso por un restaurante cercano a su domicilio, donde la propietaria contrataba principalmente a inmigrantes sin documentos: “A ella le gustaba contratar a muchos inmigrantes sin papeles para poderlos explotar. Al principio todo bien, pero luego redujo el personal a la mitad, manteniendo la misma carga de trabajo… es una explotación total”. Su historia muestra que la precariedad atraviesa incluso a quienes poseen permiso de residencia, empujados a la economía sumergida por las propias lógicas del mercado y del sistema de ayudas. A pesar de ello, su percepción sobre la integración es mayoritariamente positiva: “Básicamente, los españoles sí nos acogen bien”, afirma, relatando numerosos ejemplos de apoyo vecinal y escolar. A diferencia de otras voces más críticas, AB tiende a atribuir las percepciones de exclusión a factores personales, lo que sugiere una lectura subjetiva y situada de la integración, mediada por su trayectoria vital específica. El caso de AB muestra cómo el Estado reconoce al migrante como víctima para regularizarlo, pero ignora su explotación previa en la economía sumergida. Esto evidencia que la jaula funcional persiste si el reconocimiento institucional se limita a la vulnerabilidad y no a la protección plena como trabajador.

En conjunto, las experiencias de IC, Pipe, JF y AB conforman una cartografía humana de la denominada jaula funcional, donde el trabajo, la legalidad y la identidad operan como ejes que estructuran la integración utilitaria y la exclusión simbólica. Desde los espacios domésticos y agrícolas, y hasta los ámbitos institucionales y de servicios, se extiende esta jaula funcional. La tabla 3 resume cómo los discursos de los informantes migrantes describen su relación con el sistema institucional y el mercado laboral murciano.

4.3. Jerarquías sociales y familiaridad selectiva en la percepción murciana de la inmigración

Mientras el apartado anterior se centraba en el análisis de las trayectorias vitales —a menudo marcadas por la precariedad y la resiliencia— de quienes han inmigrado a la Región de Murcia, el presente epígrafe plantea un cambio de foco imprescindible: desplazar la atención hacia la sociedad receptora. Analizar la inmigración contemporánea requiere no solo escuchar las voces de quienes llegan, sino también comprender como quienes ya habitaban el territorio interpretan, sienten y responden a los cambios que esta transformación ha introducido en sus contextos cotidianos. El fenómeno migratorio, entendido como un proceso relacional, implica necesariamente el estudio de las percepciones, adaptaciones y tensiones que emergen en la interacción entre sujetos inmigrantes y población autóctona.

Las voces recogidas en las entrevistas realizadas, junto con las observaciones desarrolladas, evidenciaron discursos que establecen jerarquías sociales y tensiones entre los distintos colectivos en función de su origen y apariencia. Tales percepciones, lejos de ser meras opiniones individuales, conforman un sistema de clasificación social que sitúa a los distintos colectivos inmigrantes en posiciones jerárquicas diferenciadas. Esta mirada fragmentada, que aquí denominamos mosaico de la percepción, constituye una forma de estratificación simbólica donde el origen, la apariencia física, el idioma o el estatus legal se convierten en marcadores de pertenencia o exclusión.

Desde una perspectiva crítica, este fenómeno puede inscribirse en las dinámicas generales de estratificación social, entendida esta última como la existencia de desigualdades sistemáticas y estructuradas entre grupos en cuanto al acceso a recursos, derechos y reconocimiento (Rojas, 2020). La lectura weberiana resulta especialmente útil para interpretar la multidimensionalidad del fenómeno, ya que la atribución de estatus a los colectivos inmigrantes no se limita a su posición económica (clase), sino que incluye el prestigio social percibido (estatus) y la capacidad de agencia reconocida (poder) (Rojas, 2020).

Desde una perspectiva crítica, la posición diferencial que ocupan los colectivos migrantes en las sociedades receptoras puede entenderse como expresión de procesos más amplios de estratificación social, esto es, de la distribución desigual y estructural de recursos materiales, reconocimiento simbólico y capacidad de influencia entre grupos sociales (Grusky, 2019). En este marco, de nuevo la aproximación weberiana ofrece una herramienta especialmente fecunda para analizar la multidimensionalidad de dichas desigualdades, al concebir la estratificación no solo en términos de clase económica, sino también de estatus social y poder político (Weber, 1978). Aplicado al fenómeno migratorio, ello permite comprender que la posición subordinada de muchos inmigrantes no deriva exclusivamente de su inserción en segmentos precarios del mercado laboral, sino también de procesos de desvalorización simbólica, racialización y limitación de su capacidad de agencia institucional y política (De Genova, 2015). De este modo, la experiencia migratoria se configura como una posición social compleja atravesada simultáneamente por desigualdades económicas, jerarquías de prestigio y mecanismos de exclusión política y administrativa.

En una posición relativamente privilegiada dentro de esta escala de percepción social se encuentran los inmigrantes procedentes de América Latina. La expresión recurrente entre los interlocutores españoles —“son como de la familia”— encapsula una percepción de proximidad cultural. Sin embargo, esta aparente familiaridad encubre jerarquías internas que fragmentan la categoría genérica de latinoamericanos. El origen nacional y, de manera aún más significativa, los rasgos fenotípicos condicionan la valoración que recibe cada grupo. Colectivos como los argentinos o chilenos, frecuentemente asociados a una herencia europea visible, tienden a ser percibidos con mayor simpatía. Esta distinción sugiere la persistencia de criterios simbólicos vinculados al estatus social (Chappell y Barnes, 2023), donde ciertos atributos son investidos de mayor “honor social”. El uso de términos despectivos como “panchitos”, reservado en muchos casos para personas fenotípicamente amerindias, evidencia la persistencia de un racismo estructural encubierto (Polavieja et al., 2023). La reflexión de OC sobre los privilegios que le otorgaba ser blanca y la observación sobre las dinámicas jerárquicas en un club de rugby local refuerzan esta idea:

La jerarquización observada por OC conecta con la de IC, quien admite privilegios por su fenotipo blanco pese a su subordinación laboral. En Murcia, el origen y la apariencia actúan como un capital simbólico que jerarquiza el reconocimiento social incluso en sectores precarizados. Este episodio ilustra cómo las jerarquías de reconocimiento entre “primos hispanos” reproducen un orden de valores heredado del pasado colonial. Esta circunstancia ya fue puesta de manifiesto hace tiempo en otras investigaciones (Quijano, 1993; Grosfoguel, 2006).

La percepción sobre los inmigrantes de origen magrebí, en particular los marroquíes, está fuertemente condicionada por un legado histórico-cultural profundo (Martín Corrales, 2002; Grosfoguel y Mielants, 2006), en el que la figura del “moro” ha operado como símbolo del “otro radical”. Un interlocutor veterano, JR, lo expresó con claridad: “Los marroquíes para nosotros […] eran los moros. Los que nos habían invadido. En la cultura en que yo fui niño, siempre nos ponían en los libros […] el infiel. Y los moros […] eran el diablo” (entrevista a JR, 18/03/2025).

Este estereotipo histórico, aunque matizado, continúa presente y se combina con una percepción de su rol como funcional para la economía, pero socialmente segregado. A menudo se les asocia exclusivamente con el trabajo agrícola, en condiciones precarias, lo que refuerza una imagen de subordinación (Pedreño, 2005).

Esta doble situación —ser esenciales para el funcionamiento económico y, al mismo tiempo, mantenerse marginados socialmente— puede analizarse a través del concepto de “el hombre sin derechos”, desarrollado por Fassin (1999). Este autor explica cómo algunos grupos son clasificados de forma diferenciada, lo que facilita su explotación laboral y limita sus oportunidades de mejora. Así, se benefician de su trabajo mientras se restringe su acceso a recursos, derechos y reconocimiento. Esta desigualdad se reproduce a través de discursos y prácticas cotidianas que refuerzan estas posiciones desiguales en la estructura social (Holmes, 2013).

Finalmente, los inmigrantes del África Subsahariana se sitúan en la posición percibida como más distante y socialmente más vulnerable. La mirada de JR refleja esta percepción marcada por la incertidumbre: “No sé cómo se han integrado”, “los veo deambulando”. Sus palabras expresan una sensación de desconexión. Esta “invisibilidad” en términos de participación social contrasta con una fuerte visibilidad física y territorial, especialmente en espacios urbanos estigmatizados como el barrio de El Carmen, produciendo una paradoja: una presencia notoria que no se traduce en reconocimiento, sino en distancia social, sospecha o indiferencia. La combinación de alta visibilidad corporal y baja visibilidad relacional es uno de los factores que más contribuyen a la construcción de una alteridad marcada por la diferencia fenotípica y la percepción de desconexión cultural.

Esta percepción se ve reforzada por discursos que los asocian con la inmigración irregular, como expresó IP, un joven español de 26 años: para él, los principales problemas sociales se originan en la “inmigración ilegal”, identificada directamente con quienes “vienen en patera”. Su relato, cargado de generalizaciones, proyecta una imagen donde el origen geográfico se convierte en sinónimo de ilegalidad y amenaza:

La visión de IP sobre una inmigración que “no aporta” choca con el dinamismo comercial inmigrante observado etnográficamente en el barrio de El Carmen. Esta tensión muestra cómo los prejuicios invisibilizan la utilidad económica real de estos colectivos para justificar su distanciamiento social.

Este tipo de discurso, que asocia la migración africana con la inseguridad y la falta de aporte social, sitúa a este colectivo como el foco de miedos colectivos en el relato del informante. En el plano del reconocimiento social, sufren un fuerte estigma vinculado a su aspecto físico, su lugar de origen o su situación administrativa, lo que limita sus oportunidades de establecer relaciones igualitarias. Y en el plano del poder, su capacidad de participación política y de influencia en las decisiones públicas es extremadamente limitada (Rodríguez-García, 2022).

La memoria histórica del pasado emigrante de la Región de Murcia podría asumirse, a priori, como un factor generador de empatía, sin embargo, esta se activa de forma selectiva. EP, un hombre de 58 años, recuerda las experiencias positivas de sus familiares emigrados a Francia y Suiza, lo que le permite legitimar la inmigración actual: “Por eso me cuesta a lo mejor un poco ver algo malo en que venga gente a España. Porque lo que he percibido de los que se han ido de los míos hacia afuera no ha sido malo” (entrevista a EP, 28/03/2025).

No obstante, esta conciencia del “nosotros también fuimos emigrantes” no siempre se traduce en una bienvenida incondicional. Otros discursos, aunque no nieguen el pasado emigrante, establecen distinciones o condiciones. La memoria histórica puede activarse de forma selectiva, generando solidaridad hacia ciertos grupos percibidos como más cercanos o “merecedores”, mientras se desvanece frente a otros considerados más distantes cultural o socialmente. La forma en que se recuerda (o se olvida) el propio pasado migratorio se convierte así en un elemento crucial para entender las ambivalencias y contradicciones en la mirada murciana hacia la inmigración contemporánea, donde la empatía histórica, a menudo, se ve superada por las ansiedades del presente. La falta de identificación o recuerdo del pasado emigrante facilita que la sociedad receptora establezca una distancia social respecto a la situación de precariedad de los nuevos inmigrantes. La tabla 4 contrasta los discursos de la población nativa con la realidad observada y vivida en los entornos urbanos analizados.

Este complejo entramado de percepciones no es estático; se negocia y se redefine constantemente en la interacción cotidiana. Sin embargo, la persistencia de estas jerarquías simbólicas tiene consecuencias materiales directas. Afecta al acceso a la vivienda, a las oportunidades laborales más allá de los nichos étnicos, a las relaciones vecinales y a la experiencia escolar de las segundas generaciones (Bayona‐i‐Carrasco y Domingo, 2021; Iglesias et al., 2024; Hermansen et al., 2025). La “familiaridad” otorgada a los latinoamericanos puede facilitar ciertos procesos de inserción, pero también puede actuar como un mecanismo de asimilación que invisibiliza la diversidad interna de este colectivo.

El estigma que recae sobre la población magrebí y subsahariana, por otro lado, fomenta la segregación residencial y la desconfianza, creando barreras que dificultan la construcción de un espacio público verdaderamente intercultural. La prosperidad relativa de muchas familias autóctonas, que permite a sus miembros jóvenes retrasar su incorporación plena al mercado laboral, genera un ritmo de vida y unas expectativas sociales que pueden entrar en conflicto con la realidad de muchos inmigrantes, quienes suelen enfrentarse a la necesidad de trabajar desde su llegada, sin margen para la dependencia o la planificación a largo plazo.

Este hecho sugiere que, aunque estas diferencias suelen interpretarse como culturales, en realidad están profundamente condicionadas por factores económicos. Muchas familias españolas pueden permitirse apoyar económicamente a sus hijos hasta bien entrada la edad adulta, pero esto es posible, en gran medida, gracias al nivel de prosperidad alcanzado por el país. Al mismo tiempo, a algunas personas en España les resulta difícil comprender modos de vida distintos al suyo. Esta dificultad podría estar vinculada al desconocimiento de realidades sociales externas a los estándares de prosperidad alcanzados localmente.

En este contexto, la integración de los inmigrantes puede volverse más compleja. Aunque la sociedad española esté dispuesta a acogerlos, muchos inmigrantes no pueden integrarse plenamente en las mismas condiciones debido a las dificultades económicas derivadas de su lugar de origen. En muchos casos, no se trata de una falta de voluntad para integrarse, sino de una falta de recursos. Adaptarse a los estándares de vida europeos requiere una capacidad económica que no siempre está a su alcance. La tabla 5 sistematiza cómo la sociedad receptora (y los propios migrantes) jerarquizan a los colectivos en función de su origen y apariencia.

4.4. Más allá de la utilidad: derechos, reconocimiento e integración

Los resultados de esta investigación muestran que las experiencias de integración de la población migrante no pueden explicarse únicamente desde su inserción en el mercado de trabajo. Los testimonios recogidos evidencian que, aunque el empleo constituye un elemento central para la estabilidad económica y la participación social, persisten mecanismos de exclusión que trascienden la esfera laboral.

En primer lugar, las entrevistas identifican la situación de irregularidad administrativa y los prolongados tiempos de espera en la resolución de expedientes como factores que generan incertidumbre, limitan las oportunidades de acceso al empleo formal y condicionan la vida cotidiana de las personas migrantes. Los participantes describen estas situaciones como una forma de vulnerabilidad que dificulta el ejercicio efectivo de derechos y la construcción de proyectos vitales estables.

En segundo lugar, los resultados confirman la existencia de una lógica de integración fuertemente vinculada a la utilidad económica de la población migrante. Esta dinámica, conceptualizada en el estudio como jaula funcional, permite la incorporación de los inmigrantes a determinados sectores productivos, especialmente aquellos caracterizados por una elevada demanda de mano de obra, sin que ello implique necesariamente un reconocimiento social equivalente o una inclusión plena en otros ámbitos de la vida comunitaria. Asimismo, las evidencias recogidas muestran que la precariedad laboral constituye una preocupación recurrente entre los participantes. Diversos testimonios señalan que la vulnerabilidad administrativa puede favorecer situaciones de explotación o abuso en el ámbito laboral. No obstante, los datos también indican que la posesión de una situación administrativa regular no elimina por sí misma todas las formas de precariedad, lo que sugiere que estas responden a factores estructurales más amplios del mercado de trabajo.

Por último, el análisis pone de manifiesto que los procesos de integración poseen una dimensión simbólica que va más allá del reconocimiento jurídico o laboral. Los discursos recogidos reflejan la persistencia de percepciones diferenciadas hacia distintos colectivos migrantes en función de factores como el origen nacional, la apariencia física o el fenotipo. Este “mosaico de la percepción” contribuye a la reproducción de jerarquías sociales y condiciona las experiencias de pertenencia y aceptación de las personas migrantes.

En conjunto, los resultados permiten señalar que la integración constituye un proceso multidimensional en el que convergen factores administrativos, laborales y simbólicos. Desde esta perspectiva, la investigación evidencia la necesidad de analizar la experiencia migratoria no solo en términos de participación económica, sino también desde el acceso efectivo a derechos, el reconocimiento social y la dignidad de las personas.

5. Conclusiones

Esta investigación ha analizado las dinámicas de integración de la población inmigrante en el municipio de Murcia mediante una aproximación histórico-etnográfica. Los resultados muestran que la inserción de las personas migrantes se desarrolla en un contexto caracterizado por la coexistencia de integración económica y persistencia de mecanismos de exclusión social, administrativa y simbólica.

El concepto de jaula funcional ha permitido interpretar esta dinámica como una forma de incorporación condicionada principalmente por las necesidades del mercado laboral, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Los testimonios recogidos evidencian que la situación administrativa, las dificultades de acceso a derechos y las percepciones sociales diferenciadas según origen o fenotipo influyen de manera significativa en las trayectorias de integración. Asimismo, el estudio pone de manifiesto que la integración constituye un proceso multidimensional en el que intervienen factores laborales, institucionales y culturales. En este sentido, la participación en el mercado de trabajo no implica necesariamente el acceso pleno al reconocimiento social ni la desaparición de situaciones de vulnerabilidad.

Desde el punto de vista metodológico, la combinación de perspectivas históricas y etnográficas ha permitido relacionar procesos estructurales de larga duración con las experiencias concretas de los actores sociales, ofreciendo una comprensión más amplia de las transformaciones migratorias contemporáneas.

Finalmente, los resultados sugieren la conveniencia de profundizar en futuras investigaciones sobre las segundas generaciones, las desigualdades desde una perspectiva interseccional, los efectos de los procedimientos administrativos en las trayectorias migratorias y las manifestaciones de estas dinámicas en ámbitos como la vivienda, la educación o el acceso a los servicios públicos. Asimismo, resultará especialmente relevante analizar el impacto de la regularización extraordinaria de 2026, aprobada mediante el Real Decreto 316/2026, como posible factor de transformación de los procesos de integración social, laboral y administrativa de la población migrante. El estudio de sus efectos a medio y largo plazo permitiría evaluar hasta qué punto la obtención de una situación administrativa regular contribuye a reducir desigualdades estructurales y facilita el acceso efectivo a derechos, oportunidades y mecanismos de participación social.

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