1. Introducción

La exclusión social que enfrentan las mujeres trabajadoras sexuales es un fenómeno que se encuentra estructuralmente arraigado social, política e institucionalmente y así se manifiesta en sus dificultades en el acceso a derechos fundamentales y su participación en el reparto de recursos públicos a través del sistema de protección social, lo que consideramos directamente relacionado con las consecuencias del estigma que pesa sobre ellas y las aleja del merecimiento. En un intento de relacionar los conceptos de merecimiento, maternidad y estigma que facilite la comprensión de los objetivos de este trabajo, planteamos la maternidad como un criterio constituyente de reconocimiento social para acceder a la protección social, al situar a las madres como destinatarias legítimas de prestaciones orientadas al cuidado y bienestar de los vástagos (García-Vázquez, 2023). Sin embargo, cuando la maternidad se entrecruza con el trabajo sexual, esta legitimidad se ve profundamente condicionada por el estigma de puta que no solo cuestiona su respetabilidad moral y la capacidad para ejercer una maternidad normativa, sino que el reconocimiento como merecedoras de la protección social queda supeditado al abandono del ejercicio del trabajo sexual o el autorreconocimiento como víctimas (Almanza, 2022).

Por ello, este trabajo se preocupa por el papel del estigma en la perpetuación de la exclusión y cómo el concepto de merecimiento nos permite escudriñar los criterios morales de fondo que la sustentan al tiempo que legitiman el diseño y la aplicación de políticas públicas que la reproducen. Así, planteamos un conjunto de objetivos que facilitaron el curso de la investigación: examinar cómo el estigma de puta condiciona el reconocimiento social e institucional de las mujeres como sujetos de derechos y protección social, analizar el rol de madre y la percepción social en torno a quienes ejercen la actividad sexual y concilian con sus vástagos; y explorar las consecuencias que devienen de la falta de reconocimiento de las trabajadoras sexuales madres como merecedoras de ayudas.

En este trabajo, mostramos con evidencia empírica, hasta qué punto quienes ejercen la prostitución revelan la función del estigma puta como herramienta que divide a las mujeres entre quienes cumplen o no con las normas (Pheterson, 2013) y contribuye a configurar los consensos morales que institucionalizan criterios de merecimiento presentes, de manera explícita o no, en las políticas públicas (Acién y Arjona, 2022). Así, encontramos, por ejemplo, recurrentes negativas institucionales a la participación de estas mujeres en el reparto de recursos sociales salvo que se identifiquen como víctimas de trata o explotación sexual (lo que también encontramos en Acién y Arjona, 2022), negándoles el merecimiento como trabajadoras sexuales per se, obligándolas a hacerse desaparecer como sujetos y ahondando en su sensación de subalternidad y exclusión (Juliano, 2002, 2007 y 2010).

Interrogándonos, pues, por el peso del estigma en las dificultades de las trabajadoras sexuales para acceder a la protección social aplicamos un enfoque inductivo, etnográfico y cualitativo para, gracias a la recolección de sus narrativas mediante relatos de vida, analizar las prácticas administrativas que perpetúan su exclusión. Todo ello nos ayudó a adentrarnos en sus experiencias encontrando en el concepto de merecimiento una herramienta teórica de comprensión.

2. Merecimiento y prostitución

El concepto teórico de merecimiento (deservingness) es especialmente útil para comprender algunos aspectos acerca de los procesos de exclusión en que se ven inmersos los grupos estigmatizados, dado que dicho concepto sostiene que las personas son responsables de su situación social, por lo que el acceso a la protección social se evalúa a partir de juicios morales sobre su condición.

En un contexto neoliberal y debido al estigma, quienes ejercen la prostitución —y aún más cuando son migrantes— ven cuestionadas sus decisiones personales y particularmente las económicas, sometidas a un continuo escrutinio moral. Así, no considerarlas responsables de sus propias vidas implica no concederles reconocimiento social e institucional (Souroujon, 2021). Según Van Oorschot (2002), esta valoración depende de factores como la autorresponsabilidad sobre su situación, la actitud y el esfuerzo que muestra el individuo, así como el grado de necesidad y la reciprocidad con quienes les ofrecen la ayuda. En este sentido, el estigma opera como un mecanismo que influye en los juicios morales sobre quienes merecen la protección, dado que evalúa el impacto de la consideración colectiva de las conductas —socialmente inaceptables— de determinadas personas o grupos (Falconí, 2022). A principios de los sesenta, Goffman (1963) describió el estado estigmatizado como “la situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social” (1998 [1963], p. 9), subrayando que la marca estigmatizante actúa como un elemento diferenciador que condiciona la identidad social de quien la porta.

El estigma las excluye también de la normatividad en cuanto a feminidad y maternidad, además de cuestionar su reconocimiento como sujetos legítimos dentro del orden social y contribuye a la naturalización tanto de la pertinencia de regulaciones punitivas como de discursos redentoristas que corrijan su desviación (Pheterson, 2013). Y parte de este fenómeno se representa en la retórica que equipara trata con prostitución (García-Vázquez, 2023) y obvia la complejidad al amalgamar bajo rótulos difusos, como explotación sexual, realidades tan diversas como las que viven mujeres identificadas como víctimas de trata, personas involucradas en delitos de tráfico, quienes sufren prostitución coactiva, explotación laboral en el sector de la industria del sexo, etc., y mezclando todo ello con el ejercicio escogido del trabajo sexual, como si fuera imposible su existencia (Meneses y García, 2023). Esto genera al menos tres conflictos: primero, imposibilidad de identificar cada una de las situaciones y lo que las ha provocado; segundo, la pérdida de relevancia en factores que explican los abusos a que se ven expuestas estas personas (entre ellos el no reconocimiento de su trabajo) y tercero, la negación de la autodeterminación de quienes ejercen la prostitución autónoma (González, 2020). Un ejemplo serían aquellas políticas que, usando un argumentario y modelo abolicionista —basadas en medidas conducentes a erradicar la prostitución por considerarla una institución que perpetua la violencia hacia las mujeres— acaban reforzando la visión victimizada de quienes se dedican a esta actividad y, por tanto, el estigma que pesa sobre ellas (Meneses y García, 2023; García-Vázquez, 2023). En los últimos años se ha incrementado la presión normativa sobre los espacios de trabajo sexual (Barcons, 2018; Acién y Checa, 2020; Lousada, 2023; Meneses et al., 2025), lo que ha contribuido a precarizar aún más la vida cotidiana de quienes lo ejercen y perpetuar las malas condiciones en que lo hacen (Almanza, 2022). Y resulta fácil ver esta dinámica como parte de una violencia estructural neocapitalista que aleja a las personas de las oportunidades del estado de bienestar (Arizmendi, 2016).

Al centrar la reflexión en las mujeres migrantes, es necesario asumir que la prostitución constituye, para muchas de ellas, una de las escasas opciones laborales lucrativas, especialmente ante la carencia de permiso de residencia (Meneses y García, 2023). Partiendo de esta premisa, debemos poner el foco en cómo los efectos económicos de la discriminación (Arjona et al., 2016) se vieron agravados por las restricciones de movilidad durante la pandemia de COVID-19. Este contexto no solo impactó en la salud y el acceso a la vivienda, sino que agudizó la precariedad laboral, las barreras burocráticas e incluso el “distanciamiento social o condena pública” (García-Vázquez, 2023, p. 57) hacia este colectivo.

Bajo este escenario, nos sumamos al creciente interés académico por analizar la persistente desigualdad en las democracias contemporáneas, la cual suele justificarse mediante “mecanismos concretos y simbólicos que permitan y expliquen la asignación de los recursos de forma desigual” (Castillo et al., 2019, p. 2). En última instancia, la procedencia extracomunitaria sigue operando como un factor determinante de exclusión social, política y económica; una dinámica que refuerza la brecha entre “ellas” y “nosotras”, donde el acceso de la persona migrante a los recursos públicos es frecuentemente cuestionado bajo una lógica de desmerecimiento (Greve, 2019). Así, y centrándonos en las migraciones protagonizadas por mujeres (Castagnani y Colorado, 2009; Gutiérrez, 2013; Olmos, 2013; Puñal, 2019), aunque sus motivaciones son mayoritariamente económicas, no acceden al mismo reconocimiento simbólico y legal que los hombres. De hecho, son encuadradas en roles de dependencia o como víctimas (Mestre, 2007b; Mummert, 2012), etiquetas que condicionan su consideración como sujetos merecedores, lo que invisibiliza las causas materiales y los factores objetivos que las sitúan en una posición de vulnerabilidad. Nos encontramos así con unas normas que presionan sus espacios cotidianos (Barcons, 2018; Acién y Checa, 2020), que condicionan su exposición a abusos y limitan el acceso a la protección social (Meneses y García, 2023), reflejando una distribución desigual del merecimiento institucional. En este sentido, tanto la Ley de Extranjería como las lecturas criminalizadoras de sus trayectorias —a menudo reducidas estereotipadamente a redes de tráfico o trata (Mestre, 2007b)— refuerzan su percepción pública como sujetos pasivos. En este contexto, la presencia de mujeres migrantes en el sector —incluyendo a quienes inicialmente no obtenían ingresos de la prostitución— se ve incrementada por las restricciones fronterizas de la Unión Europea, que estrechan sus posibilidades de inserción en otros ámbitos (Juliano, 2007).

Todos estos fundamentos son suficientes para que el Estado ejerza un alto nivel de control al tiempo que excluye a las trabajadoras sexuales en contexto de migración (Pheterson, 2013). El acceso al trabajo es el requisito previo para que alguien sea tenido en cuenta social e institucionalmente y es el principal método de integración de las mujeres migrantes (Juliano, 2007), pero el no reconocimiento de la prostitución como actividad laboral legítima excluye a las trabajadoras del sexo de toda protección e inclusión posible. Tengamos en cuenta que a todo lo anterior se suma la violencia institucional y a la que están expuestas por parte de clientes, grupos incontrolados, de sus parejas, de las personas encargadas de los establecimientos y de los proxenetas (Meneses y García, 2023), dada la nula posibilidad de recurrir al amparo de una comunidad que las percibe tras la distorsión del estigma puta.

3. Metodología

La presente investigación etnográfica tiene un carácter descriptivo en el sentido en que Freites (2020) precisa, permitiendo identificar fenómenos y detallar las propiedades y perfiles de grupos humanos para, como objetivo, comprender en profundidad las experiencias vitales y las trayectorias de mujeres madres que ejercen el trabajo sexual.

Epistemológicamente, adoptamos una etnografía (Velasco y Díaz de Rada, 2006) que apuesta por la centralidad de los hechos sociales en su contexto natural y el contacto directo. No obstante, también hemos considerado la representación que habita el ciberespacio, considerando las redes sociales y los espacios virtuales de expresión como una unidad espacio-temporal válida (Mosquera, 2008). Así, hemos accedido al relato y a la perspectiva emic en diálogo con una mirada interpretativa desde un marco analítico (Cornejo, 2006) que coloca la experiencia de las mujeres y sus narrativas en el marco histórico, cultural, social y político que explica, a su vez, el lugar desde donde se emiten los discursos y las circunstancias que determinan nuestro acceso a los mismos.

En este sentido, el relato de vida como herramienta hermenéutica y dialéctica, construido desde contactos trabajados en espacios de seguridad y cuidado, se convierte en una opción que permite acceder a descripciones precisas de las trayectorias personales, sus relaciones con las estructuras políticas y la exploración del impacto del estigma en sus vidas privadas y laborales, e incluso explorar cómo acusan el escaso nivel de reconocimiento social que reciben (Hirai, 2015; Aguirre et al., 2014). Se aplicó el relato de vida con ocho informantes (tabla 1) residentes en España siguiendo tres criterios de inclusión: ejercicio actual o pasado del trabajo sexual, maternidad ejercida de forma simultánea a dicha actividad e interacción previa con instituciones públicas para la solicitud de protección social.

El acceso al campo o procedimiento se articuló partiendo de contactos personales derivados de experiencias de investigación previas, lo que permitió el contacto directo con las dos primeras informantes, quienes facilitaron la dinámica de bola de nieve que nos llevó a las demás. Así, aplicamos la lógica de figuras clave o gatekeepers en el contexto del movimiento proderechos: el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). Como precisión importante, debemos aclarar que el acceso al campo que necesitábamos era complejo debido, por un lado, al blindaje por parte de las entidades que intervienen a la hora de proporcionar contactos y, por otro, a la especificidad de las experiencias que necesitábamos mostrar. La necesidad de poder recoger testimonios privados que sostuvieran cierta profundidad sobre cuestiones tan íntimas como la maternidad y los múltiples estigmas hacía perentorio que existiera una confianza a priori en el trabajo de la investigadora. Por ello, el apoyo de mujeres conocidas en un inicio fue fundamental y garantizó el vínculo etnográfico honesto y, por tanto, la eficacia en la recogida de los datos. Debido a las dificultades de conciliación familiar de las participantes y su situación de precariedad, se optó por la modalidad online. Esta estrategia ofreció la flexibilidad horaria necesaria para realizar los relatos de vida en varias sesiones. Salvo en un caso de inestabilidad técnica, los encuentros se realizaron con cámara activa, grabándose únicamente el audio con previa autorización para garantizar la privacidad.

El análisis de los datos se estructuró bajo un enfoque inductivo y categorial. A partir de las transcripciones de los relatos y las notas de campo, la información se organizó en tres bloques temáticos que guiaron la discusión: en primer lugar, el estigma (impacto de las narrativas criminalizadoras en la identidad y la salud mental); en segundo lugar, el merecimiento (barreras institucionales y percepciones de desmerecimiento en el acceso a ayudas públicas); y, en tercer lugar, la maternidad (estrategias de crianza, redes de apoyo y dualidad de roles bajo la presión social). Este procedimiento de triangulación de fuentes (relatos, observación y voces de activistas) asegura que los resultados no solo describan realidades individuales, sino que reflejen las estructuras de exclusión sistémica que enfrentan estas mujeres.

4. Resultados

4.1. Experiencias con el estigma

En este apartado se analizan las experiencias de estigmatización relatadas por las participantes, muchas no identificadas inicialmente como tales debido a la naturalización del estigma en sus trayectorias vitales (Falconí, 2022). El análisis permite identificar múltiples escenarios de discriminación, tanto en la esfera personal como en la profesional, que oscilan entre formas explícitas de rechazo y expresiones más implícitas o sutiles (Miric, 2003).

En primer lugar, se abordan los casos en los que las propias mujeres identifican directamente situaciones de estigma, fenómeno que se agudiza al revelar su ocupación en sus círculos de confianza. Una de las informantes subraya la complejidad de confrontar su realidad laboral con los estereotipos mediáticos (Mogollón et al., 2016; Puñal y Tamarit, 2017), los cuales suelen polarizar la prostitución entre el lujo y la marginalidad extrema. Esta dicotomía no solo distorsiona la percepción pública, sino que invisibiliza realidades mucho más cotidianas, estables y estructuradas (Almanza, 2022), como las que representan las mujeres de este estudio.

El siguiente testimonio muestra cómo el estigma asociado al trabajo sexual no afecta únicamente a quien lo ejerce, sino que se extiende también a sus vínculos más cercanos (Falconí, 2022), en este caso su hija y su hermana, quienes debieron enfrentar sus propios entornos sociales como parte del impacto.

A lo largo del relato se aprecia la importancia del apoyo familiar como contención frente al estigma (Sánchez-Perera, 2019), pero también se pone de manifiesto la polarización que puede generarse en el ámbito íntimo cuando se conoce la realidad profesional de la mujer. El enfrentamiento directo con miembros de la familia refleja hasta qué punto los discursos sociales influyen en la percepción moral del trabajo sexual (Clemente, 2020). En este sentido, el relato ilustra cómo el discurso abolicionista —frecuentemente legitimado como una forma de protección— (Sierra-Rodríguez, 2024) puede convertirse en un instrumento que perpetúa la exclusión y la violencia simbólica dentro de los propios círculos afectivos.

Las experiencias recogidas muestran la diversidad de formas en que el estigma hacia las trabajadoras sexuales se manifiesta en el espacio público y en el privado (Almanza, 2022). En el primer caso, una informante relata cómo ejercer en la calle la expuso a burlas y humillaciones constantes, evidenciando que el estigma actúa como un mecanismo de exclusión social que limita el reconocimiento y la participación. La alta visibilidad en la vía pública refuerza esta carga estigmatizante, a pesar de que muchas mujeres ejercen para sostener a sus familias (Trujillo, 2017). El segundo testimonio evidencia la operación del estigma también en el ámbito íntimo, amenazas y hostigamiento por parte de grupos abolicionistas que impusieron su ideología mediante intimidación, mostrando cómo ciertos discursos “protectores” funcionan como formas de control y violencia simbólica (Heim, 2006). En el tercero observamos una dinámica de acoso constante desde el entorno vecinal. La informante fue agredida y amenazada por una vecina, sin recibir protección por parte de la policía. Esta violencia reiterada afecta su acceso a espacios públicos y refuerza la sensación de vulnerabilidad.

La presencia y consecuencias del estigma también lo observamos en espacios de militancia social, donde se espera empatía y deconstrucción. La informante fue excluida de un colectivo por los derechos de los animales tras revelar su ocupación, enfrentando actitudes de juicio que cuestionaban su profesión. Esta experiencia, especialmente dolorosa por coincidir con el inicio de su maternidad y su retorno a la militancia, señala la forma en que ciertos discursos, lejos de proteger, reproducen exclusión y refuerzan el estigma incluso en entornos que se presentan como progresistas (Sierra-Rodríguez, 2024):

4.2. Acceso a protección social

Las barreras institucionales y el estigma constituyen dos de los principales condicionantes que enfrentan quienes, ejerciendo el trabajo sexual, intentan acceder a los sistemas de protección social (Sierra-Rodríguez, 2024). En este contexto, el acceso a los recursos se articula no solo a través de criterios explícitos de elegibilidad (Aramburu y Sabaté, 2020)—vinculados a los requisitos formales de las prestaciones—, sino también mediante valoraciones implícitas que introducen juicios morales sobre la legitimidad de las solicitantes (Arqueros, 2020).

Rosa describe cómo logró eludir el rechazo de las ayudas presentándose como peluquera. Este testimonio evidencia que la discrecionalidad de los agentes sociales es decisiva en la resolución de los expedientes (Van Oorschot, 2002), pudiendo actuar como un factor excluyente si estos tienen conocimiento de la actividad sexual de la demandante.

Aunque el trabajo sexual no figura como un criterio formal de exclusión, los relatos demuestran cómo, de manera implícita, se convierte en un elemento central en la evaluación del merecimiento. Tatiana narra cómo la honestidad respecto a su actividad resultó en la denegación de ayudas económicas, incluso a pesar de enfrentar las dificultades extremas inherentes a las familias monomarentales (Palomar, 2004). Su experiencia con el personal de servicios sociales refleja una negligencia institucional que, al carecer de perspectiva humanitaria, agrava la vulnerabilidad de estas mujeres. Así, más allá de los marcos normativos, son estas valoraciones subjetivas las que condicionan de manera determinante el acceso efectivo a los derechos de protección social (Kreitzer et al., 2022).

No obstante, en términos generales, las ayudas implementadas para mitigar las consecuencias económicas del confinamiento durante la pandemia por COVID-19 no alcanzaron a la mayoría de las trabajadoras sexuales (Acién y Arjona, 2022; Brooks et al., 2023). Esta incongruencia entre el diseño de las medidas y su alcance efectivo pone de manifiesto que el acceso a la protección social no depende exclusivamente del cumplimiento de los requisitos formales, sino también de la interpretación y aplicación práctica que realizan los agentes encargados de su gestión (Arqueros, 2020).

Al respecto, algunas participantes sostienen que, pese a cumplir con los criterios exigidos y haber completado los trámites burocráticos, no obtuvieron resultados favorables. Tal escenario sugiere que, de forma paralela a los criterios administrativos, intervienen valoraciones subyacentes que, aunque invisibilizadas, condicionan la resolución de las solicitudes (Almanza, 2022).

4.2.1. Desafíos y experiencias con instituciones

Los siguientes relatos evidencian que el estigma hacia las trabajadoras sexuales se encuentra institucionalizado (Falconí, 2022), manifestándose a través de dinámicas de exclusión, control y violencia en su interacción con los servicios sociales. En este escenario, las decisiones institucionales trascienden la mera aplicación de protocolos formales para incorporar juicios de valor sobre la idoneidad de estas mujeres como usuarias del sistema de protección. Al priorizar prejuicios por encima de las necesidades materiales reales, las instituciones generan un profundo impacto emocional y social, configurando jerarquías de acceso donde no solo se evalúa el estado de necesidad, sino también la legitimidad moral de quien solicita la ayuda.

Un ejemplo crítico de esta violencia es el testimonio de Rosa, quien denuncia cómo se instrumentalizó el estigma asociado a su trabajo para cuestionar la custodia de su hija, a pesar de que la menor recibía los cuidados adecuados. Este caso ilustra de qué manera los prejuicios permean decisiones administrativas que afectan gravemente a familias en situación de vulnerabilidad. En particular, el cuestionamiento del rol cuidador pone de relieve que estas valoraciones no se limitan al acceso a recursos económicos, sino que alcanzan dimensiones fundamentales como el derecho al ejercicio de la maternidad (Wagner, 2008), situando a estas mujeres en una posición de sospecha permanente respecto a sus capacidades de maternar (Trujillo, 2017).

Clara relata las restricciones y condiciones humillantes que se viven en las casas de acogida para mujeres que denuncian violencia de género. El control ejercido sobre las residentes incluye una confiscación de la documentación y objetos personales, así como la obligación de trabajar en empleos feminizados y precarios como condicionante para seguir disfrutando de las ayudas. Estas condiciones no solo regulan el acceso a los recursos, sino también las trayectorias vitales consideradas aceptables, orientando así a las mujeres hacia conductas y experiencias laborales dignas, que favorezcan la inserción laboral y social. En este relato hay una clara evidencia de cómo se prioriza la obediencia y el sometimiento por encima del bienestar de las mujeres y sus familias. En este sentido, la protección aparece condicionada al cumplimiento de ciertas expectativas de comportamiento y adaptación (Van Oorschot, 2002; Aramburu y Sabaté, 2020; Arqueros, 2020), configurando una lógica en la que las mujeres deben demostrar ser merecedoras no solo de la asistencia que solicitan, sino también de las oportunidades que se les ofrecen, aun cuando estas impliquen la aceptación de condiciones laborales precarias:

Las experiencias previas y los contactos fallidos con las instituciones han provocado que muchas mujeres desistan de solicitar ayudas o protección social (Sierra-Rodríguez, 2024), debido a la carga emocional extenuante que suponen estas interacciones. Esta problemática hunde sus raíces en la falta de reconocimiento legal de la actividad (Juliano, 2013), lo que limita el acceso tanto a derechos laborales como sociales (Almanza, 2022). Esta desprotección se traduce en la ausencia de un trato no discriminatorio en la administración y en obstáculos para acceder a la protección sanitaria y laboral, incluso cuando se cumplen estrictamente los requisitos establecidos. En este sentido, se hace evidente una brecha crónica entre el reconocimiento formal de derechos y su materialización efectiva. En última instancia, el acceso a los recursos queda mediado por valoraciones subjetivas sobre la legitimidad de las solicitantes como sujetos de derecho, reforzando dinámicas de exclusión que trascienden los propios sistemas de protección social.

Dentro del entramado de instituciones y servicios públicos se incluyen los centros de salud y hospitales, si bien estos no forman parte de la protección social articulada mediante ayudas económicas directas (Garces-Palacio et al., 2026). Es preciso señalar que numerosos episodios de violencia y exclusión se manifiestan en el ámbito sanitario (Platt et al., 2018), donde persiste una tendencia por parte de los especialistas a vincular la totalidad de los malestares o patologías de las pacientes con su actividad laboral (Wulifan, 2024). En consecuencia, las consultas suelen limitarse a reconocimientos médicos y pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluso cuando la sintomatología presentada no guarda relación alguna con dichas afecciones.

Las experiencias recabadas —procedentes tanto de las participantes del estudio como de otras trabajadoras sexuales— coinciden en denunciar una discriminación sistemática por parte del personal sanitario (Garces-Palacio et al., 2026; Wulifan, 2024). Estos testimonios reflejan que el acceso al sistema de salud no se produce en condiciones de igualdad, sino que se encuentra mediado por prejuicios sobre la ocupación de las pacientes. Según este autor, la mediación condiciona no solo la calidad de la atención recibida, sino también el reconocimiento de sus demandas de salud cuando estas trascienden el marco estrictamente reproductivo o asociado al trabajo sexual.

De hecho, tras varias experiencias discriminatorias a las que se han enfrentado con especialistas sanitarios, optan por no decir abiertamente cuál es la profesión que realizan (Garces-Palacio et al., 2026). Así, aseguran que el estigma vuelve a ser invisible y que realizan otro tipo de pruebas que nada tenían que ver con las anteriores, ni con las ITS. Estas experiencias muestran la inequidad en el acceso al sistema sanitario, mediando percepciones sobre la actividad de las pacientes, lo que condiciona tanto la atención recibida como el reconocimiento de sus demandas de salud más allá del ámbito estrictamente asociado al trabajo sexual:

4.2.2. Apoyos del tercer sector

En los relatos recopilados, el apoyo de organizaciones que colaboran con las trabajadoras sexuales³ resulta imprescindible en sus vidas. Teniendo en cuenta que hay una sobrerrepresentación de narrativas provenientes del activismo en nuestro trabajo de campo, no deja de ser relevante que hayan encontrado refugio en estos lugares (Kerrigan et al., 2015) tras las experiencias en contacto con la Administración pública.

En los siguientes fragmentos encontramos el trascendental papel que desempeñan estas asociaciones y redes de apoyo al proveer recursos, orientación y un espacio de solidaridad en un contexto hostil, marcado por el estigma y la exclusión social (Benoit et al., 2017). En las entrevistas abundan las referencias a la confianza que generan los criterios de acompañamiento y soporte económico de estas entidades, en contraste con los protocolos empleados por los servicios públicos o ciertas instituciones abolicionistas subvencionadas con fondos estatales (Sierra-Rodríguez, 2024).

Las organizaciones proderechos, integradas por trabajadoras sexuales o que colaboran estrechamente con ellas, implementan criterios implícitos que priorizan el acompañamiento (social, psicológico, administrativo o jurídico) basándose únicamente en los planes de vida y demandas de las mujeres (Kerrigan et al., 2015; Navarrete Gil et al., 2021). Por el contrario, los servicios sociales y las entidades con objetivos antiprostitución exigen condiciones de reciprocidad (Sierra-Rodríguez, 2024) —como el abandono de la actividad o la búsqueda activa de empleo en otros sectores—, lo que las participantes interpretan como una injerencia y que puede llegar a percibirse como una hipervigilancia de su maternidad (Trujillo, 2017).

De esta manera, la asistencia ofrecida por estas asociaciones se convierte en un espacio donde las trabajadoras pueden recibir ayuda integral sin que la valoración de su merecimiento interfiera en el acceso a los recursos (Navarrete Gil et al., 2021). Un claro ejemplo es el siguiente relato donde encontramos que, durante la pandemia, las trabajadoras sexuales tuvieron que acompañarse y apoyarse entre ellas. Gracias a estos colectivos y organizaciones pudieron reunir recursos y herramientas para hacer frente a la situación vulnerable de muchas familias (Acién y Resina, 2023). El último relato destaca el impacto emocional, jurídico y de apoyo que la asociación CATS ha supuesto en la vida de la participante, dadas las barreras institucionales que ha enfrentado desde su llegada al país y los bloqueos sistemáticos a los que ha sido sometida en el acceso a cualquier tipo de trámite burocrático. La asistencia de este tipo de colectivos se centra especialmente en ofrecer acompañamiento y apoyo integral, abarcando dimensiones psicológicas, jurídicas, administrativas y burocráticas, gracias a la colaboración de múltiples personas vinculadas a las organizaciones:

4.2.3. Experiencias con asociaciones del rescate

Respecto al impacto de los servicios sociales públicos y las entidades abolicionistas —agrupados en una misma categoría debido a la coincidencia en las valoraciones críticas de las informantes—, lo habitual es que se verbalice insatisfacción y una profunda sensación de desprotección (Dodillet y Östergren, 2011). Los siguientes relatos exponen las vivencias con instituciones que centran sus esfuerzos en “rescatar” o reinsertar a las mujeres en un mercado laboral considerablemente más precario e igual de feminizado que el propio ejercicio de la prostitución (Platt et al., 2018).

María describe su paso por asociaciones que promueven empleos en sectores como la limpieza, las cuales parecen más interesadas en obtener beneficios y reconocimiento por ejecutar dicho “rescate” que en garantizar condiciones laborales dignas. Su testimonio pone de manifiesto la desconexión entre las realidades de las mujeres y las soluciones propuestas, ya que estas organizaciones plantean ocupaciones con salarios bajos y condiciones precarias, claramente incompatibles con el ejercicio de la maternidad:

En el siguiente relato observamos la sensación de pérdida, la vivencia como desahucio y la impresión de falta de apoyo institucional de una mujer que denuncia las condiciones laborales abusivas que le ofrecían estando inserta en situación de vulnerabilidad y exclusión social: salarios bajos, imposibilidad de cotizar en el régimen de la Seguridad Social y sin días de descanso. Su relato subraya la contradicción entre supuestos objetivos emancipadores y los efectos perversos de una intervención que consideran que no mejora sus condiciones de vida (Dodillet y Östergren, 2011).

El hecho de ser trabajadora sexual y no ocultarlo ante los agentes sociales constituye un motivo de discriminación; no obstante, esta no es la única causa de exclusión, puesto que la violencia hunde sus raíces en otros ejes. El siguiente testimonio narra el trato humillante por parte de una asistente social que, lejos de brindar alternativas o apoyo a la informante, pone de relieve cómo el estigma social hacia la población migrante menoscaba la calidad de la atención recibida, incluso cuando no se manifiesta el ejercicio del trabajo sexual:

Así, quienes acuden a asociaciones sin esconder su ocupación se enfrentan a tratos incómodos por parte de los servicios sociales públicos y aquellas entidades que insisten en ubicar su realidad en la victimización (Shannon et al., 2008). Los testimonios reflejan frecuentes dispositivos de control y etiquetaje que dificultan el acceso a recursos y refuerzan la exclusión. Tatiana es un ejemplo clarísimo de exigencia basada en la imposición de un criterio de reciprocidad de origen moral —el abandono de la prostitución— para lograr merecer el acceso a un servicio financiado con recursos públicos:

El último relato aborda el conflicto con una asociación de Vigo que, al declararse abiertamente abolicionista, condiciona el apoyo a las solicitantes a la aceptación de una narrativa victimizadora. Este testimonio pone de relieve la instrumentalización de las vivencias de las trabajadoras sexuales, quienes terminan siendo incluidas en registros de víctimas de trata sin su consentimiento, mientras se les deniega, simultáneamente, cualquier tipo de asistencia real (Bergheul et al., 2020):

5. Conclusiones y discusión

Los resultados de esta investigación muestran una estrecha relación entre moralidad, estigma y merecimiento en el acceso de las mujeres que ejercen el trabajo sexual a la protección social en España. Su reconocimiento como sujetos de derechos no depende exclusivamente de los criterios formales, sino también de valoraciones morales, explícitas o implícitas, acerca de su actividad y de su propia trayectoria vital. En este sentido, se refuerza la propuesta de Van Oorschot (2002) sobre el condicionamiento de la protección social a juicios sobre la responsabilidad, el esfuerzo, la necesidad y la reciprocidad de quienes demandan ayuda. En el caso de las trabajadoras sexuales, el estigma parece distorsionar estos criterios y situar a las mujeres en una posición de desventaja en la evaluación de su merecimiento.

Los relatos analizados permiten observar que los efectos del estigma trascienden la dimensión de las relaciones interpersonales. El estigma puta adquiere una dimensión institucional cuando interviene en la definición de quién puede ser reconocido como sujeto legítimo de protección y bajo qué condiciones. Así, lo que inicialmente podría aparecer como una valoración moral individual deviene en un mecanismo con consecuencias materiales sobre el acceso a derechos, servicios y recursos públicos. Esta constatación refuerza la funcionalidad del estigma para el control de las mujeres que trasgreden las normas de feminidad y respetabilidad (Pheterson, 2013). Esta deslegitimación se produce en relación con la maternidad cuando el ejercicio del trabajo sexual desencadena cuestionamientos sobre su capacidad para ejercerla e incluso amenaza el mantenimiento de la custodia. Así, si la maternidad puede constituir un criterio de legitimidad para acceder a protección social (García-Vázquez, 2023), el estigma puta puede invertir esta lógica: la condición de madre deja de operar como fuente de reconocimiento cuando se presenta en mujeres desviadas.

Así pues, la investigación identifica expresiones institucionales del estigma en restricciones y obstáculos que no parecen explicarse únicamente por la aplicación neutral de requisitos administrativos. En determinados casos, el acceso a recursos aparece condicionado a que las mujeres sean reconocidas como víctimas de trata o explotación sexual. Este resultado coincide con lo señalado por Acién y Arjona (2022), quienes identifican criterios de merecimiento que diferencian entre legítimas destinatarias de protección y quienes quedan fuera. Nuestros resultados sugieren que esta lógica produce una paradoja: para acceder a determinados recursos, algunas mujeres deben hacerse desaparecer como trabajadoras sexuales y autodefinirse como víctimas. Los consensos morales pueden quedar incorporados, explícita o implícitamente, a las políticas públicas y a sus formas de aplicación y la consideración de la prostitución como una actividad moralmente cuestionable contribuye a establecer una distribución desigual del reconocimiento y los recursos públicos.

Esta constatación refuerza los hallazgos de Meneses y García (2023), García-Vázquez (2023) y González (2020) acerca de las consecuencias de equiparar prostitución, trata y explotación al invisibilizar la diversidad de trayectorias y experiencias y condicionar el reconocimiento institucional de las mujeres. La categoría víctima puede convertirse en una condición de acceso a determinados recursos, pero sus decisiones personales las pueden alejar de la protección social. La victimización, pues, puede interpretarse como una posición institucional.

Por ello, las entidades de rescate colocan la victimización en el criterio fundamental sobre el que trabajar el acceso a recursos públicos de apoyo. Sin embargo, los relatos muestran una importante distancia entre su estrategia de intervención social y las necesidades de las mujeres. La orientación hacia empleos feminizados y escasamente remunerados reproduce las condiciones de precariedad de las que pretenden salir, por lo que la intervención puede modificar su actividad económica sin transformar las condiciones estructurales que producen su vulnerabilidad. Y ello adquiere especial relevancia cuando se considera la situación de las mujeres migrantes. Por eso, creemos, junto a Juliano (2007), Mestre (2007a), Mummert (2012) y Meneses y García (2023), que la prostitución constituye para algunas mujeres migrantes una de las escasas actividades capaces de proporcionar ingresos suficientes en contextos marcados por inacceso al mercado laboral formal. Cuestionamos, pues, las interpretaciones de la prostitución exclusivamente como resultado de una ausencia de alternativas, pues que la sustitución de esta actividad por empleos igualmente precarios no puede considerarse una mejora en términos de autonomía, bienestar o inclusión social.

La cuestión del merecimiento permite conectar estas dimensiones. Las trabajadoras sexuales son sometidas a una evaluación que incorpora valoraciones sobre su conducta, responsabilidad, feminidad, maternidad (Acién y Resina, 2023) y, en el caso de las mujeres migrantes, extranjería y condición administrativa. Así, la exclusión deviene en proceso multidimensional en el que diferentes formas de deslegitimación se refuerzan entre sí, como la procedencia extracomunitaria (Greve, 2019) y la construcción de estos sujetos desde la dependencia y la victimización (Mestre, 2007b; Mummert, 2012).

Sobre los efectos interiorizados por los sujetos, el estigma se vive naturalizando el propio rechazo, ocultando la actividad, experimentando ansiedad en el desempeño de la maternidad y reforzando la sensación de marginalidad. Esto subraya la concepción de Goffman (1963) del estigma como una condición que afecta a la identidad y permite ver su dimensión relacional: los resultados sugieren una relación compleja entre las categorías sociomorales, las prácticas institucionales y las experiencias y subjetividades de las propias mujeres.

Este planteamiento permite recuperar la idea de violencia estructural neocapitalista de Arizmendi (2016), puesto que la exclusión se convierte en un efecto de unas estructuras institucionales que además de dificultar el acceso a recursos, ejercen presión normativa sobre los espacios de trabajo sexual (Barcons, 2018; Acién y Checa, 2020; Lousada, 2023).

Frente a estas dinámicas, las participantes valoran especialmente las asociaciones y colectivos proderechos que proporcionan acompañamiento, recursos y reconocimiento sin exigir la renuncia a su identidad como trabajadoras sexuales ni su adscripción a una posición de víctima. Los resultados permiten así diferenciar estos modelos de intervención de aquellos orientados al rescate.

En conjunto, los resultados muestran que el estigma puta condiciona el acceso a la protección social no solo mediante el rechazo social, sino también al intervenir en los procesos de reconocimiento como sujetos merecedores de derechos y recursos. Opera en las relaciones sociales, la autopercepción, la interacción con agentes institucionales y las categorías mediante las cuales las políticas públicas identifican a sus destinatarias, pudiendo convertir la deslegitimación social en una barrera material de acceso a recursos. Esperamos, en suma, haber contribuido a la comprensión de la relación entre estigma y merecimiento, puesto que creemos imprescindible mostrar la necesidad de prácticas políticas desestigmatizantes e iniciativas concretas garantistas en derechos. El reconocimiento de estas mujeres como sujeto de derechos más allá de la victimización contribuiría a neutralizar el poder del estigma como mecanismo de producción de merecimiento diferencial.

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