1. Introducción

Este artículo examina cómo las percepciones de (in)seguridad ciudadana y las actitudes antiinmigrantes inciden en el apoyo a la democracia. Si bien la literatura sobre este último ha crecido significativamente en las últimas décadas (e.g., Acemoglu et al., 2025; Claassen et al., 2025; Inglehart, 2018), persisten vacíos empíricos relevantes. Por un lado, los estudios suelen centrarse en democracias consolidadas del norte global, relegando a un segundo plano a las nuevas democracias o a los regímenes democráticos frágiles. Por otro lado, la investigación tiende a analizar de forma separada tanto las percepciones de inseguridad como las actitudes hacia la inmigración, sin examinar cómo la interacción entre ambas puede incidir en la legitimidad y estabilidad democrática desde la opinión pública.

Este artículo propone abordar simultáneamente ambas dimensiones —percepción de inseguridad ciudadana y rechazo a la inmigración— como factores explicativos del apoyo a la democracia en contextos de autocratización o en regímenes clasificados como democracias electorales. Para ello, se toma como estudio de caso a Ecuador, un país que —por sus características institucionales, sociales y políticas— resulta representativo de los desafíos democráticos contemporáneos en América Latina. El análisis combina datos del Latinobarómetro con una encuesta online de elaboración propia, aplicada en 2021 y 2024, previo a procesos electorales de alta polarización, lo que permite captar variaciones actitudinales.

El argumento central de esta investigación sostiene que un aumento en la percepción de (in)seguridad ciudadana, mediado por actitudes negativas hacia la inmigración intrarregional, se asocia con un menor nivel de apoyo a la democracia. Esta idea contribuye a ampliar el debate sobre las condiciones que sostienen —o debilitan— la legitimidad democrática en sociedades atravesadas por tensiones sociales, crisis de seguridad y discursos chauvinistas o con narrativas excluyentes.

Además de esta introducción, este artículo se estructura en cinco secciones. En la primera, se revisa brevemente el estado de la cuestión en torno a la conceptualización y medición del apoyo a la democracia, así como la literatura sobre (in)seguridad ciudadana y actitudes antiinmigrantes. En la segunda, se justifica la selección del caso ecuatoriano. La tercera sección describe los datos y la estrategia metodológica. La cuarta presenta y discute los resultados empíricos. Finalmente, la conclusión aborda las implicaciones teóricas y propone líneas para futuras investigaciones comparadas.

2. Marco Teórico

2.1. Apoyo a la democracia

El apoyo a la democracia se refiere al respaldo de la ciudadanía hacia las instituciones y valores democráticos, así como a su disposición para vivir bajo un sistema democrático, incluso cuando este sistema pueda enfrentar interrupciones, dificultades o descontento social (Fuchs, 1999; Pérez-Liñán y Mainwaring, 2015). Este concepto es esencial para comprender la calidad y estabilidad de los regímenes democráticos. Por su significado empírico, ha sido objeto de análisis en disciplinas como la ciencia política, la sociología y la psicología política. El apoyo a la democracia no solo abarca el respaldo normativo a los principios democráticos, como la igualdad de derechos, el sufragio universal y la participación política, sino también el desempeño de las instituciones democráticas. Precisamente, éste está relacionado con la satisfacción de la ciudadanía respecto al funcionamiento de las instituciones democráticas y su capacidad para resolver problemas sociales (Easton, 1965; Norris, 2011).

En términos de operacionalización, el apoyo a la democracia se entiende a través de dos dimensiones clave: 1) el apoyo a los valores democráticos y 2) el desempeño del sistema democrático. El primero se refiere a la creencia en la democracia como la mejor forma de gobierno; mientras que, el segundo se vincula con la satisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento de facto del sistema democrático. De esta manera, el apoyo a la democracia se mide a través de encuestas (por ejemplo, World Values Survey [WVS] o el Latinobarómetro) que exploran ambas dimensiones, incluyendo una o varias preguntas que permiten crear índices, que combinan respuestas sobre la preferencia por un sistema democrático, la satisfacción con la democracia y la confianza en las instituciones políticas. Alternativamente, Claassen et al. (2025) desarrollan una nueva forma de medición del apoyo a la democracia, a partir de un conjunto de 17 ítems¹ que capturan el apoyo a los ocho componentes de la democracia liberal descritos por el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) y luego aplican esta batería a un estudio comparado. Encuentran que las actitudes públicas respecto a los derechos e instituciones de la democracia liberal suelen organizarse en torno a una dimensión principal de apoyo a esta. Sin embargo, las personas en contextos menos desarrollados tienden a tener visiones más heterogéneas sobre la democracia que aquellas en países de altos ingresos.

En la literatura existente, el apoyo a la democracia ha mostrado correlaciones consistentes con diversas variables sociopolíticas. Una de las correlaciones más frecuentes se vincula con la confianza institucional. Producto de la racionalidad detrás de una cultura cívica (cf. Almond y Verba, 1963), la ciudadanía que más confía en las instituciones políticas de su país (por ejemplo, legislatura o sistema electoral), tiende a mostrar un mayor apoyo a la democracia (Norris, 2011; Inglehart, 1997). El nivel educativo y el capital social también son factores que se asocian positivamente con el apoyo democrático (Dalton, 2004). Por su parte, la percepción de corrupción puede tener un efecto negativo sobre el apoyo a la democracia. Cuando la ciudadanía percibe que los políticos y las instituciones están marcados por la corrupción, tienden a mostrar mayor escepticismo respecto a la capacidad del sistema democrático para generar buenos resultados (Acemoglu et al., 2025). Asimismo, el desempeño económico y la capacidad del gobierno para resolver problemas sociales también juegan un papel importante.

Por último, en situaciones de crisis política o polarización, el apoyo a la democracia puede ser más volátil. En países latinoamericanos como Colombia, Ecuador o México, algunas de estas situaciones pueden incluir asesinatos a dirigentes y líderes políticos, decretos de excepción, así como alianzas ad hoc entre políticos y criminales. Durante estos contextos, la insatisfacción con el sistema puede llevar a algunos ciudadanos a apoyar alternativas autoritarias o a demandar reformas institucionales significativas (Foa y Mounk, 2016). Por ejemplificar esto con uno de los ejemplos anteriores, el porcentaje de ciudadanos en Ecuador que respaldaría un gobierno autoritario ha aumentado en los últimos años (Primicias, 2023). Es en este marco que analizar el vínculo entre el apoyo a la democracia con la percepción de (in)seguridad y rechazo a los inmigrantes puede cobrar relevancia.

2.2. (In)seguridad, percepción de amenaza y actitudes antiinmigrantes

La relación entre percepción de (in)seguridad y actitudes hacia la inmigración ha sido ampliamente explorada en la literatura comparada, especialmente en Europa y Estados Unidos. En estos contextos, la figura del inmigrante ha estado crecientemente relacionada con distintos tipos de amenazas: económica, cultural e incluso física. Estas amenazas pueden generar un clima de opinión desfavorable hacia la inmigración, especialmente cuando se entrelazan con discursos políticos y representaciones mediáticas (Béland, 2020; Burscher et al., 2015).

En primer lugar, la (in)seguridad percibida puede reforzar actitudes de cierre hacia los grupos externos. Desde una perspectiva ideacional, los populismos de derecha tienden a construir a los inmigrantes como “otros amenazantes” —fuentes de crimen, desorden o presión sobre los recursos del Estado—, reforzando una narrativa de pérdida de control y deterioro del orden social (Jakobson, 2025; Norris e Inglehart, 2019; Mudde, 2007; Wodak, 2015, Umpierrez de Reguero et al., 2025). No obstante, estudios recientes sugieren que este vínculo no siempre es directo ni automático. Por ejemplo, Cheung-Blunden (2020) encuentra que las actitudes antiinmigrantes están más fuertemente asociadas con orientaciones ideológicas autoritarias o nativistas que con experiencias inmediatas de inseguridad, como atentados o crisis migratorias.

Otro grupo de estudios ha enfatizado el papel de la (in)seguridad económica como motor de actitudes antiinmigrantes, al percibirse a los inmigrantes como competidores por empleos, servicios públicos o ayudas sociales (ver por ejemplo Lee, 2024). Esta dimensión resulta especialmente relevante para contextos en desarrollo o con alta desigualdad, como la mayoría de los países latinoamericanos o de África Sub-Sahariana.

Asimismo, se ha mostrado que los discursos partidarios y mediáticos juegan un rol mediador entre la percepción de (in)seguridad y la opinión pública. Gattinara y Morales (2017) sostienen que la securitización de la inmigración responde menos a una mayor atención general al tema migratorio y más a su enmarcamiento como problema de seguridad pública por parte de la oferta política. De modo similar, Burscher et al. (2015) encuentran que la exposición a noticias que vinculan inmigración y crimen puede reforzar el voto a partidos antiinmigrantes, especialmente entre votantes indecisos o con menor involucramiento político.

En suma, la evidencia sugiere que la percepción de amenaza —ya sea física, económica o cultural— interactúa con marcos ideológicos y contextos discursivos para configurar las actitudes hacia la inmigración. Si bien esta literatura se ha desarrollado mayoritariamente en Europa y Estados Unidos, ofrece herramientas conceptuales útiles para analizar casos latinoamericanos, donde la amenaza cultural podría estar menos presente, pero la (in)seguridad instrumental o económica adquiere una centralidad particular (como por ejemplo lo sostiene Fernández-Rodríguez [2022] para el contexto peruano).

2.3. (In)seguridad, victimización y legitimidad de la democracia

Un segundo eje relevante en este estudio es la relación entre percepción de (in)seguridad y legitimidad democrática. Diversos trabajos han mostrado que altos niveles de victimización o miedo al crimen pueden deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones y disminuir la satisfacción con el funcionamiento democrático (Ceobanu et al., 2011; Bratton y Mattes, 2001). Sin embargo, este efecto suele concentrarse en el plano evaluativo —a saber, en la percepción del desempeño de la democracia—, sin necesariamente erosionar el compromiso normativo con el régimen democrático.

Ceobanu et al. (2011), por ejemplo, encuentran que quienes han sido víctimas de delitos muestran menor satisfacción con la democracia, aunque no necesariamente menor consistencia con sus principios. Esta distinción entre apoyo instrumental y normativo resulta clave para interpretar la legitimidad democrática en contextos marcados por inseguridad estructural.

Desde una perspectiva comparada, también se ha argumentado que la percepción de amenaza por parte de ciertos sectores sociales puede llevar a una reducción del compromiso con valores democráticos en la ciudadanía cuando esta se percibe como incompatibles con el control del orden o la exclusión de grupos externos. Buyuker y Filindra (2020) proponen que las demandas de inclusión política por parte de inmigrantes pueden ser interpretadas como una amenaza de suma cero por parte de grupos mayoritarios. Según la opinión de estos últimos autores, esto puede erosionar el apoyo a normas liberales como el pluralismo o la igualdad. En la misma línea, Ferrari (2021) argumenta que las amenazas percibidas —ya sean culturales o económicas— pueden mediar el vínculo entre la desigualdad y el apoyo a opciones autoritarias o populistas.

Contraponiendo estos hallazgos, Claassen (2024) encuentra que la inmigración no necesariamente debilita la democracia; en algunos casos incluso puede reforzar el compromiso ciudadano con el régimen democrático al activar mecanismos de cohesión o reafirmación institucional. Sin embargo, Pevnick (2024) plantea un argumento más normativo, advirtiendo que altos niveles de inmigración podrían, en ciertas condiciones, generar presiones que desafíen la estabilidad democrática.

Finalmente, estudios centrados en América Latina muestran una brecha persistente entre el apoyo a la democracia como ideal y la satisfacción con su funcionamiento (ver por ejemplo Bratton y Mattes, 2001). Esta disociación plantea desafíos particulares para interpretar las actitudes democráticas en contextos donde la legitimidad institucional se ve afectada no solo por factores estructurales, sino también por experiencias cotidianas de inseguridad y exclusión.

2.4. La tríada inmigración–(in)seguridad–democracia: un espacio de intersección teórica

La articulación entre inmigración, percepción de (in)seguridad y democracia configura un campo emergente en la literatura de ciencias sociales, que exige un enfoque interseccional y relacional. Mientras que los estudios previos han abordado por separado los vínculos entre (in)seguridad y actitudes antiinmigrantes, o entre (in)seguridad y apoyo a la democracia, el cruce de estas dimensiones revela dinámicas más complejas y relevantes para comprender algunos escenarios políticos contemporáneos del sur global.

En primer lugar, la percepción de (in)seguridad actúa como un catalizador de actitudes excluyentes, al activar mecanismos de defensa del “nosotros” frente a un “otro” percibido como amenazante. Esta activación no solo se traduce en rechazo hacia los inmigrantes, sino también en una mayor tolerancia hacia prácticas autoritarias o iliberales, siempre que se perciban como eficaces para restaurar el orden (Ferrari, 2021; Buyuker y Filindra, 2020). Así, la (in)seguridad puede erosionar simultáneamente los pilares del pluralismo democrático y los principios de inclusión, al legitimar discursos que criminalizan la alteridad y promueven soluciones punitivas.

Segundo, la instrumentalización política de la inmigración en clave securitista no solo influye en las actitudes ciudadanas hacia los inmigrantes, sino que también impacta en las evaluaciones del régimen democrático. La construcción del inmigrante como chivo expiatorio en contextos de crisis o desafección institucional puede reforzar una narrativa de declive democrático que justifica medidas excepcionales, exclusión política o limitaciones a los derechos. En este sentido, los discursos securitistas no solo generan rechazo hacia la inmigración, sino que también socavan la legitimidad democrática al reconfigurar los términos del conflicto político (Gattinara y Morales, 2017; Béland, 2020).

En tercer lugar, el vínculo entre exclusión migratoria y erosión democrática puede ser bidireccional: por un lado, una ciudadanía temerosa puede volverse más propensa a aceptar restricciones democráticas si estas prometen mayor seguridad o control migratorio; por otro, la persistencia de prácticas excluyentes —como la negación de derechos políticos a inmigrantes o su representación mediática negativa— puede deteriorar la calidad de la democracia al limitar la igualdad política y reforzar jerarquías de pertenencia (Pevnick, 2024).

Por último, es muy probable que esta tríada cobre protagonismo en contextos donde la inseguridad es estructural y la democracia se encuentra en tensión, ya sea por debilidad institucional, polarización política o desigualdad persistente. En tales escenarios, el tratamiento político y mediático de la inmigración puede convertirse en un termómetro —y a la vez en un vector— del estado democrático, revelando cómo las sociedades negocian los límites de la inclusión, la restricción o expansión de derechos individuales y colectivos, así como el orden y la legitimidad racional.

3. Selección de caso: ¿por qué Ecuador?

La elección de Ecuador como estudio de caso responde a su valor influyente dentro de las tensiones que atraviesan los regímenes democráticos en América Latina. Siguiendo la tipología de Seawright y Gerring (2008), lo presentamos como un caso influyente que permite observar de manera clara la interacción entre percepciones de (in)seguridad ciudadana, rechazo a la inmigración intra-regional y apoyo a la democracia.

Durante las últimas tres décadas, Ecuador ha experimentado profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que lo convierten en un terreno privilegiado para este tipo de análisis. La debilidad institucional, la fragmentación del sistema político, la pérdida del tejido social y las crecientes desigualdades han afectado la capacidad del régimen democrático para canalizar demandas ciudadanas y garantizar seguridad (Abad Cisneros et al., 2022; Freidenberg y Pachano, 2016; Moncagatta y Poveda, 2020; Moncagatta y Pazmiño 2025; Pino Uribe et al., 2024).

Desde la década de 1980, además, el país ha enfrentado el impacto del narcotráfico y de los conflictos armados en Colombia, lo que ha provocado violencia transfronteriza, corrupción y flujos migratorios en zonas limítrofes (González-Rodríguez, 2018). Más recientemente, Ecuador ha registrado un aumento significativo en la inmigración intra-regional, principalmente de población venezolana.

Con una llegada estimada de más de 500 000 personas (un 2,7% en un país de 18 millones de habitantes aproximadamente), Ecuador se ubica entre los países con mayor proporción de migrantes venezolanos en relación con su población, superando a otros países vecinos de mayor tamaño poblacional. En el país, se han intensificado las tensiones sociales, particularmente después de la pandemia y en contextos urbanos, debido a la presión sobre servicios públicos, así como por narrativas políticas y mediáticas que vinculan a la población inmigrante con el delito, el desempleo y la inseguridad (Malo, 2022; Pérez, 2021; Ramírez y Mila Maldonado, 2022; Umpierrez de Reguero et al., 2023).

Por ejemplo, Malo (2022) menciona que Ecuador tuvo cambios en su política migratoria debido a una tendencia negativa en la opinión pública frente a los inmigrantes, particularmente de Venezuela, lo que fue impulsado en parte por la mediatización de los delitos cometidos por venezolanos y por la crisis económica. Mientras que Pérez (2021) argumenta que la inmigración andina en Ecuador ha generado sentimientos contra los inmigrantes en sectores que los perciben como una amenaza a los recursos laborales y sociales.

A la par de este aumento en las actitudes antiinmigrantes de la ciudadanía, también los actores políticos en campaña han acudido a la estigmatización para obtener réditos de las contiendas electorales (Ramírez y Mila Maldonado, 2022). De hecho, como evidencian Umpierrez de Reguero et al. (2023) en su estudio, las emociones negativas frente a los inmigrantes en Ecuador aumentan las probabilidades de votar por opciones populistas.

Con todo, la combinación de estos factores ha dado lugar a expresiones de rechazo y episodios de xenofobia abierta (León, 2019; González, 2020). El último informe de la Encuesta Nacional de Inseguridad Ciudadana (2023) muestra un aumento en la percepción de (in)seguridad en zonas con alta concentración inmigrante, sin que ello se relacione directamente con un incremento en la criminalidad (INEC, 2023). En el ámbito internacional, el informe Global Law and Order (Gallup, 2023) posiciona a Ecuador como el país con mayor percepción de (in)seguridad entre 140 estados, con un 73% de personas que afirman sentirse inseguras al caminar de noche. Human Right Watch (2024) ha destacado, como altamente preocupante, el aumento en la tasa de homicidios —de casi 14 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2021 a 43 en 2023—, situando a Ecuador entre los tres países de la región más violentos, junto con Honduras y Venezuela.

Este contexto de inseguridad se ha convertido en un recurso discursivo en el debate político-electoral. Acordémonos que, para las elecciones de 2025, el actual presidente y para ese entonces candidato incumbente, Daniel Noboa, ya había derogado la amnistía que permitía la regularización de los inmigrantes de Venezuela sin estatus formal en Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 560. Otro claro ejemplo podría ser la propuesta de la candidata correísta a la presidencia en las últimas elecciones, Luisa González, quien durante el debate de segunda vuelta planteó la deportación de inmigrantes venezolanos, justificándolo con frases como: “nos quitan el empleo o siembran violencia en mi país” (Infobae, 2025). Este tipo de declaraciones refuerzan estigmas y consolidan sentimientos xenófobos en segmentos importantes de la población. Más allá de su viabilidad legal, la propuesta ejemplifica cómo la percepción de (in)seguridad puede ser instrumentalizada políticamente, usando al inmigrante como chivo expiatorio de las crisis internas.

La literatura reciente ha comenzado a documentar estas tensiones. Por ejemplo, Pino-Uribe et al. (2025) analizan la relación entre crimen organizado transnacional y migraciones; Pugh y Moya (2020) estudian el papel de los medios para enmarcar la migración en discursos securitistas; Cruz Aguilar (2023) examina los estados de emergencia como respuesta securitizadora; y García García (2024) muestra intentos de desecuritizar la inmigración colombiana.

En definitiva, Ecuador atraviesa una coyuntura de tensión democrática, marcada por una institucionalidad debilitada, desafección pública, una creciente crisis de representación y episodios de inestabilidad en el poder ejecutivo (ver por ejemplo Castellanos Santamaría et. al, 2021; Dressler y Wolff, 2024; Olivares y Medina, 2020; Sánchez y Granados, 2024). Este conjunto de factores configura un escenario propicio para examinar cómo la percepción de (in)seguridad y el rechazo a la inmigración pueden erosionar el respaldo ciudadano al régimen democrático.

4. Datos y métodos

En este estudio empleamos dos conjuntos de datos independientes, que no fueron fusionados en una sola base, sino analizados en paralelo como ejercicios complementarios. El primer conjunto corresponde a las encuestas probabilísticas y representativas del Latinobarómetro (N=1200 en 2020; N=1200 en 2023), ampliamente utilizadas en la literatura comparada sobre actitudes democráticas.

El segundo conjunto corresponde a dos encuestas online de elaboración propia (N=1289 en 2021; N=597 en 2024), diseñadas como sondeos preelectorales y aplicadas a través de anuncios segmentados en Facebook. La unidad de observación consistió en ciudadanos ecuatorianos residentes en el país, de 16 años o más, en concordancia con la edad mínima para votar en Ecuador.

La encuesta representativa proviene del Latinobarómetro y abarca los años 2020 y 2023. Este conjunto de datos ha sido previamente utilizado en estudios de la región, como el trabajo de Mila Maldonado y López Díaz (2024), que emplea variables similares. En lugar de medir el apoyo a la democracia como variable dependiente, los autores optaron por medir la satisfacción con la democracia, por lo que este trabajo puede interpretarse como un complemento empírico al acervo bibliográfico existente.

Para complementar, diseñamos una encuesta online preelectoral lanzada tanto en el 2021 como en el 2024—ambas con cobertura nacional que incluyó áreas rurales y urbanas—. Estas encuestas no tienen un diseño probabilístico, aunque implementamos un procedimiento simple de post-estratificación basado en variables de sexo, edad y región de residencia, calibradas contra proyecciones del CNE (ver apéndice 1). Esto permitió ajustar las distribuciones de la muestra a la composición de la población electoral.

El análisis de ambos conjuntos se presenta de forma diferenciada en el artículo. Esta estrategia nos permite observar si las asociaciones entre percepción de (in)seguridad, actitudes hacia la inmigración y apoyo a la democracia se sostienen tanto en una fuente representativa (Latinobarómetro) como en un ejercicio online más focalizado, lo que —sustentamos— refuerza la robustez de los hallazgos.

4.1. Estrategia de estimación

En este estudio utilizamos dos estrategias analíticas diferenciadas, de acuerdo con la naturaleza de las fuentes de datos. Para las dos olas del Estudio Latinobarómetro (2020 y 2023) estimamos modelos de regresión lineal, con el objetivo de identificar asociaciones directas entre percepción de (in)seguridad, actitudes hacia la inmigración y apoyo a la democracia. En contraste, para las dos encuestas en línea de elaboración propia (2021 y 2024) aplicamos Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE), una técnica particularmente adecuada para estimar simultáneamente relaciones entre variables observables y latentes². Esta aproximación nos permitió evaluar de manera más precisa constructos teóricos complejos —como actitudes políticas, percepciones de (in)seguridad o rechazo a la inmigración— cuya medición directa suele presentar limitaciones. La literatura previa respalda este enfoque al mostrar que tanto las actitudes políticas como las antiinmigrantes, así como ítems vinculados a posturas punitivas y autoritarias, pueden modelarse de forma robusta como variables latentes (Meléndez y Rovira Kaltwasser, 2019; Gerber y Jackson, 2017; Rothmund et al., 2020).

4.2. Operacionalización

Para nuestro análisis, empleamos una serie de variables, incluidas las actitudes pluralistas, la frecuencia de victimización, las actitudes hacia los inmigrantes y punitivas. Como anticipamos, estas variables fueron operacionalizadas utilizando diferentes conjuntos de datos, provenientes de encuestas del Latinobarómetro y de elaboración propia (ver apéndice 2 para un resumen de las variables y su cobertura en los respectivos conjuntos de datos).

El apoyo a la democracia se lo operacionalizó utilizando el enunciado churchileano de la democracia: “La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”. Tanto el Latinobarómetro como la encuesta online de elaboración propia tienen una distribución de preferencias parecida, con tendencia positiva. Como se puede observar en la Figura 1, las medias o promedios (µ) indican un relativo “de acuerdo”; mientras que, las medianas oscilan entre una posición más bien “neutral” a “muy de acuerdo”. Recodificamos la variable de forma que valores más altos indican mayor apoyo. Esta operacionalización se corresponde con la literatura existente sobre legitimidad democrática y apoyo (e.g., Booth y Seligson, 2009; Norris, 2011).

Figura 1. Distribución del apoyo a la democracia por ola

Nota: la media está representada por los puntos negros en el gráfico; mientras que, la mediana por los puntos grises oscuros

En la misma línea, las actitudes antiinmigrantes se midieron utilizando una escala de Likert que va de “muy de acuerdo” (1) a “totalmente en desacuerdo” (5), también con tendencia ligeramente positiva. En general, esto demuestra que la opinión pública tolera y puede mostrarse favorable con la inmigración. No obstante, ítems relacionados a la bondad económica de la inmigración, así como la criminalidad supuestamente asociada, plantean una fluctuación más polarizante. Este indicador refleja la dimensión económica e instrumental en la teoría de la amenaza migratoria, presente no solo en los estudios previos del caso ecuatoriano (Ramírez y Mila-Maldonado, 2022; Umpierrez de Reguero et al., 2023), sino también en otros países de la región como Colombia o Perú (por ejemplo, Rivero, 2019; Rodríguez-Fernández, 2022).

Para medir las percepciones de (in)seguridad ciudadana, primero, operacionalizamos la frecuencia de temor a la victimización: “¿con qué frecuencia se preocupa Ud. de que pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia?” (Estudio Latinobarómetro, 2023). Si bien la frecuencia percibida de posible victimización poco cambia en valores actitudinales entre 2020 y 2023, es ligeramente más polarizante en la última ola indicando más frecuentemente valores extremos: “muy en desacuerdo” o “muy de acuerdo”. Estas variables capturan tanto percepciones subjetivas como exposición objetiva, siguiendo la literatura sobre miedo al crimen (e.g., Ceobanu et al., 2011).

Como segunda medida, reducimos ítems relacionados a la percepción del castigo como herramienta punitiva y la justicia distributiva. Tomamos en cuenta baterías de preguntas sobre legitimidad, autoridad y autoritarismo para seleccionar estos cinco enunciados medidos también en escala de Likert (Gerber y Jackson, 2017): (1) si se castiga duramente a los delincuentes, menos gente intentará cometer delitos en el futuro; (2) a la larga, castigar más duramente a los delincuentes traerá más seguridad para todos; (3) castigar fuertemente a los delincuentes demuestra que las reglas existen y deben respetarse; (4) castigar fuertemente a un delincuente permite que la víctima sienta que se hizo justicia; y (5) los castigos fuertes hacen pagar a los delincuentes por sus acciones.

Como variables de control, utilizamos el nivel de confianza institucional (índice promediado sobre confianza percibida en la Asamblea Nacional, el sistema judicial, los partidos políticos, y el Consejo Nacional Electoral), actitudes pluralistas (escala de 3 ítems sobre tolerancia hacia la diversidad de opiniones políticas), ideología auto-percibida en una escala de 0-10 (izquierda–derecha), interés en la política (con una escala de Likert entre desinteresado a muy interesado), además de variables sociodemográficas como la edad (con función cuadrática), el sexo y la educación (categorizada hasta secundaria, universitaria de grado y postgrado).

5. Resultados

Se estimó un modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (por sus siglas en inglés, OLS) para predecir el apoyo a la democracia a partir de las actitudes hacia la inmigración, la frecuencia de posible victimización, la confianza institucional, el interés en la política, la ideología autorreportada, y variables sociodemográficas. El modelo resultante explica una proporción débil pero estadísticamente significativa de la varianza³. Aunque el modelo presenta un R² ajustado relativamente bajo, este nivel de varianza explicada es común en investigaciones sobre actitudes políticas, donde influyen factores complejos y multidimensionales. Lo importante es que los efectos observados son estadísticamente significativos y teóricamente consistentes, lo que respalda su relevancia sustantiva (ver Apéndice 3). En este sentido, el Modelo 1 no busca maximizar la predicción individual, sino identificar asociaciones significativas que orienten la comprensión del apoyo democrático en el contexto ecuatoriano.

Los resultados del modelo indican que el apoyo a la democracia está directamente relacionado con las actitudes hacia la inmigración, la confianza institucional, el interés por la política y, en menor medida, la frecuencia de victimización. Aunque el modelo explica solo una proporción moderada de la varianza, la significación estadística de los principales predictores proporciona información relevante sobre los factores que sustentan la legitimidad democrática en el contexto ecuatoriano.

Figura 2. Modelo de regresión lineal con efectos fijos

El hallazgo de una relación positiva entre las actitudes hacia la inmigración y el apoyo a la democracia resulta sensato. Se alinea con la literatura que advierte que la inmigración no necesariamente erosiona la legitimidad democrática, sino que –en algunos casos– puede incluso reforzarla (Claassen, 2024). En el caso ecuatoriano, esta asociación puede interpretarse como una señal de tolerancia hacia las minorías y disposición a la inclusión sociopolítica. Esto contrasta con la expectativa de que la percepción de (in)seguridad activa actitudes excluyentes (Ferrari, 2021; Buyuker y Filindra, 2020).

De igual manera, la confianza institucional se vislumbra como el factor más robusto en el Modelo 1, en línea con estudios que sostienen que la confianza en las instituciones constituye un pilar central del apoyo normativo a la democracia (Quaranta, 2025; Rainer y Siedler, 2009). Este resultado es coherente con el argumento teórico de que la inseguridad tiende a deteriorar primero la confianza en las instituciones antes que el compromiso con la democracia en abstracto (Ceobanu et al., 2011).

El interés por la política, aunque con un coeficiente más modesto, también se asocia positivamente con el apoyo democrático. Esto sugiere que el involucramiento cognitivo en los asuntos públicos podría actuar como un amortiguador de cara a discursos securitistas y de narrativa excluyente, haciendo hincapié en la relevancia de los marcos ideacionales en la configuración de actitudes democráticas (Burscher et al., 2015; Gattinara y Morales, 2017).

Aunque de forma limitada, encontramos también que la frecuencia de victimización percibida se vincula significativamente con el apoyo a la democracia. Este resultado es consistente con la distinción planteada por Ceobanu et al. (2011) entre apoyo instrumental y normativo: la inseguridad puede erosionar la satisfacción con el funcionamiento democrático, pero no necesariamente debilita el compromiso con sus principios. En conjunto, estos resultados empíricos sugieren que, en Ecuador, la tríada inmigración–(in)seguridad–democracia opera de manera más compleja de lo esperado: la inseguridad puede deteriorar la confianza institucional, pero actitudes inclusivas hacia los inmigrantes parecen coexistir con un compromiso positivo hacia la democracia.

Por su parte, es relevante señalar que la ideología, el sexo, la edad o el nivel educativo no mostraron correlaciones significativas en este modelo, como sí sucede frecuentemente en contextos del norte global. Esto podría reflejar una transversalidad del apoyo a la democracia entre distintos grupos sociales, aunque también podría deberse a limitaciones en la medición o a la necesidad de explorar efectos no lineales o mediados.

Definitivamente, estos hallazgos sugieren la necesidad de continuar investigando los determinantes actitudinales del apoyo a la democracia, particularmente en contextos marcados por tensiones sociales, (in)seguridad ciudadana y flujos migratorios recientes. Por ello, como complemento, se propone un modelo alternativo, esta vez de Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE), para explorar la relación entre el apoyo a la democracia, las actitudes antiinmigración y las actitudes punitivas y de justicia redistributiva, utilizando estas últimas como proxy de las percepciones de (in)seguridad ciudadana, en lugar de la frecuencia de victimización percibida.

5.1. MEE: apoyo a la democracia, inmigración y seguridad

Los resultados del análisis muestran las relaciones entre las variables latentes de inmigración, actitudes punitivas como proxy de (in)seguridad, pluralismo y confianza institucional con el apoyo a la democracia, así como las correlaciones entre estas variables (ver figura 3). Los coeficientes de los factores de carga (carga de las variables indicadoras sobre las variables latentes) son significativamente altos, lo que indica una buena calidad del modelo de medición (ver apéndice 4).

El ajuste del MEE muestra un buen desempeño en cuanto a la calidad de la representación de los datos. A saber, los resultados sugieren que el MEE se ajusta bien a los datos observados. Esto permite una interpretación confiable de los efectos y relaciones entre las variables involucradas.

En primer lugar, la carga de las variables relacionadas con inmigración es alta (ß = 0.71 y ß = 0.93, respectivamente) y ambas tienen una significancia estadística muy alta (p < 0.001). Esto, por un lado, sugiere que estas variables son buenos indicadores de la construcción de la variable latente inmigración; y por el otro, refuerza la utilidad de considerar la inmigración no como un ítem aislado, sino como un conjunto de percepciones interconectadas sobre amenaza económica y criminalidad—en sintonía con la literatura sobre securitización de la inmigración (Béland, 2020; Burscher et al., 2015)—.

De manera similar, las variables relacionadas al castigo o actitudes punitivas y de justicia redistributiva tienen coeficientes de carga muy elevados, todos superiores a 0.86, reflejando una relación sólida con la variable latente correspondiente. Estas cargas factoriales también muestran una significancia estadística significativa (p < 0.001), lo que refuerza la validez del modelo, al tiempo que corrobora empíricamente el argumento de que la percepción de (in)seguridad puede activar demandas de orden y castigo como mecanismos compensatorios (Gerber y Jackson, 2017; Rothmund et al., 2020). En el caso ecuatoriano, estas actitudes parecen funcionar no solo como respuestas al temor al crimen, sino también como una forma de legitimar la democracia a través del cumplimiento de reglas y sanciones, un resultado consistente con lo planteado por Ferrari (2021) sobre el vínculo entre amenaza percibida y tolerancia hacia medidas iliberales.

Figura 3. MEE de apoyo a la democracia, inmigración y actitudes punitivas

Notas: En la figura, los círculos reflejan las variables latentes; mientras que los cuadros las variables directamente observables. inm representa actitudes antiinmigrantes, cst actitudes punitivas, plr actitudes pluralistas, cnf confianza institucional y dm1 apoyo a la democracia. Para entender con más detalles la estructura y medición de las variables ver apéndice 4

En cuanto a las actitudes pluralistas, los coeficientes de carga varían entre 0.48 y 0.93, lo que implica una influencia moderada a alta de las variables indicadoras en la dimensión del pluralismo. Estos coeficientes también son altamente significativos (p < 0.001).

Entre tanto, el análisis de regresión muestra que la victimización y la inmigración tienen un efecto moderado y no significativo sobre el apoyo a la democracia; mientras que, otras variables como el castigo (ß = 0.37, p < 0.001) y pluralismo (ß = 0.30, p < 0.01), tienen una relación más fuerte y significativa. En particular, el coeficiente positivo asociado a las actitudes punitivas y de justicia redistributiva (ß = 0.37) indica que, en la muestra ecuatoriana, una mayor percepción de castigo o sanción se asocia positivamente con el apoyo a la democracia. De manera similar, el pluralismo (ß = 0.30) también tiene una influencia positiva sobre la legitimidad democrática, lo que indica que las actitudes hacia la diversidad y el respeto por diferentes grupos sociales favorecen una mayor valorización del sistema democrático. Ambas relaciones son altamente significativas (p < 0.001).

La variable confianza muestra un efecto negativo muy débil y no significativo sobre el apoyo a la democracia (ß = -0.01) en este modelo. Esto podría, primero, interpretarse como una relación no lineal o mediada por otros factores no considerados en el modelo; segundo, se podría deber a la interacción de las variables de interés. Por su parte, el interés político no mostró una relación significativa con el apoyo democrático. Esto sugiere que el nivel de involucramiento en la política, en este contexto, no se percibe como un predictor importante de actitudes democráticas.

En términos de correlaciones, la variable inmigración muestra una relación significativa y positiva tanto con el castigo (ß = 0.17, p < 0.001) como con el pluralismo (ß = 0.08, p < 0.001) y la confianza institucional (ß = 0.09, p < 0.01), sugiriendo que estas dimensiones están asociadas entre sí en el contexto ecuatoriano. Es particularmente interesante la correlación positiva entre actitudes punitivas y pluralismo (ß = 0.68, p < 0.001). Parece que las personas que valoran más las medidas de sanción también tienen una mayor disposición hacia la diversidad social. Todas estas correlaciones son altamente significativas.

En general, los resultados sugieren que factores como las actitudes punitivas y el pluralismo juegan roles importantes en el apoyo a la democracia; mientras que, la inmigración y la confianza institucional podrían requerir un análisis más detallado o contextualizado para entender su impacto. La variabilidad en las correlaciones entre las variables también abre la puerta a explorar modelos más complejos o mediadores que puedan explicar las actitudes hacia la democracia en un contexto de tensiones sociales y políticas en futuras investigaciones.

6. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos tanto del MEE como de la regresión OLS entre las variables apoyo a la democracia, frecuencia de victimización e inmigración, se puede concluir que las percepciones de (in)seguridad ciudadana y las actitudes antiinmigrantes tienen un impacto significativo en el apoyo a la democracia en el contexto ecuatoriano. El análisis muestra que, conforme aumenta la percepción de (in)seguridad, se observa una disminución en el nivel de apoyo a la democracia. Esto apoya nuestra expectativa inicial de que la sensación de (in)seguridad puede erosionar la legitimidad democrática. Este hallazgo es consistente con aquellos académicos y profesionales que aseguran que la (in)seguridad puede generar un entorno favorable para el autoritarismo y políticas excluyentes, afectando la confianza en las instituciones democráticas.

Por su parte, la interacción entre las percepciones de inseguridad y las actitudes hacia la inmigración refuerza este patrón. En particular, los individuos con actitudes negativas hacia la inmigración tienden a mostrar niveles más bajos de apoyo a la democracia. Este efecto se ve amplificado en contextos de inseguridad creciente, lo que sugiere que la combinación de ambos factores —inseguridad y rechazo a la inmigración— puede tener un efecto multiplicador, generando un caldo de cultivo para actitudes políticas más autoritarias. Sin embargo, en el caso concreto de Ecuador, no podemos hacer esta generalización con certeza. La interacción entre la tríada (in)seguridad, inmigración y apoyo a la democracia no es del todo significativa. Los modelos empíricos propuestos son limitados para resaltar que el impacto de la inmigración sobre el apoyo a la democracia es particularmente relevante en momentos de crisis, como los que atraviesa Ecuador, con altos niveles de polarización política y social.

En términos generales, los resultados de este estudio aportan evidencia empírica clave para comprender cómo la percepción de (in)seguridad y el rechazo a la inmigración, en conjunto, inciden en la estabilidad democrática en regímenes clasificados como democracias electorales, como el caso ecuatoriano. Este análisis no solo contribuye al debate sobre las dinámicas de apoyo a la democracia en América Latina, sino que también plantea importantes implicaciones para futuras investigaciones sobre cómo factores socio-políticos interactúan en contextos de autocratización y fragmentación social. La relación entre (in)seguridad, inmigración y apoyo a la democracia debería ser explorada más a fondo en otros contextos regionales para desarrollar políticas públicas que fortalezcan las instituciones democráticas frente a estas tensiones, así como desentrañando a profundidad los mecanismos causales de estas correlaciones con investigación cualitativa.

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Apéndices