1. Introducción

Partiendo de los debates de la antropología del humanitarismo, este artículo tiene el objetivo de analizar el modelo de ayuda humanitaria a migrantes internacionales de tránsito de los albergues católicos del área metropolitana de Puebla, centro-sur de México, como una forma de humanitarismo desde abajo (Olayo-Méndez, 2018), que articula la caridad cristiano-católica con la defensa de los derechos humanos de los migrantes (Zamudio, 2019). Este modelo toma forma y se consolida en un determinado contexto histórico y político propio de la ayuda humanitaria a migrantes en México, que caracteriza sus valores, prácticas y marco de relaciones políticas que entabla con otros actores, así como sus límites.

En efecto, México cuenta con una larga tradición de ayuda humanitaria a los migrantes, estrechamente vinculada al papel histórico de la Iglesia católica como encargada de la atención a las poblaciones vulnerables desde la época colonial. Este rol se ha nutrido de la extendida ausencia del estado y de políticas públicas transformadoras desde la época de la post-independencia, así como del carácter asistencialista de los modelos de atención social del Estado mexicano a lo largo de las décadas (Guadarrama, 2001). En esta trayectoria, el marco de relaciones que la Iglesia ha entablado con el Estado ha sido altamente conflictivo, un legado colonial presente en el modelo humanitario de la Iglesia católica en México desde la época de la post-independencia (Guadarrama, 2011).

Puebla se posiciona en esta trayectoria como un Estado con un perfil migratorio altamente complejo y clave para la gobernanza migratoria en México (Cortés y Benincasa, 2024). En este contexo tensionado por las lógicas de seguridad y control migratorio, han nacido, actuado, reconfigurado y se han extinguido actores humanitarios de distinta tipología, interviniendo para paliar las consecuencias de la gobernanza migratoria, es decir, la violación de los derechos humanos de los migrantes.

En este escenario, los albergues de la Iglesia católica dedicados a la atención a migrantes internacionales en tránsito abrieron sus puertas en 2007 y ocupan una posición de liderazgo y pionera en el ámbito de la atención humanitaria a migrantes en este Estado. Desde esta posición, operan en conexión con las demás redes de actores humanitarios distribuidos por el territorio mexicano, fungiendo como actores testigos de la realidad del tránsito migratorio por Puebla y de los distintos cambios ocurridos a raíz de la aplicación de políticas migratorias restrictivas, manteniendo una posición crítica con la actuación y la política del Estado mexicano.

1.1. Notas metodológicas

Con este punto de partida, analizaré el modelo de humanitarismo desde debajo de los albergues a partir de una etnografía realizada entre el 2019 y el 2024 en el marco de mi trabajo de tesis doctoral en antropología, enfocandome en el trabajo de los albergues activos en la capital en esa ventana etnográfica: Nuestra Señora de los Desamparados y Nuestra Señora de la Asunción. Para ello, he llevado a cabo un trabajo de campo etnográfico en Puebla entre 2019 y 2022, realizando 55 entrevistas en profundidad a un amplio abanico de actores empeñados en el trabajo con migrantes y refugiados, así como a instituciones públicas. Los nombres de las personas entrevistadas han sido sustituidos para garantizar la confidencialidad excepto el del padre Gustavo, personaje público y ampliamente reconocido en Puebla como líder carismático en el marco de la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Además, he realizado observación en multiples escenarios.

En lo que concierne el trabajo con los albergues parroquiales, pude relacionarme con las personas encargadas de su gestión gracias a la consolidada relación que estos actores tienen con el Centro de Estudios de Género de la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Esta institución, desde el 2015, lleva a cabo un proyecto de investigación sobre género y migraciones en colaboración con el Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense Madrid, proyecto en el que se enmarca mi tesis doctoral y que me hospedó académicamente durante el trabajo de campo. A partir de aquí, pude realizar entrevistas en profundidad, observación, así como mantener un contacto más continuado e informal con mujeres voluntarias del albergue de Nuestra Señora de los Desamparados para la organización de una actividad de recaudación de alimentos y donaciones. De la misma manera, realicé entrevistas a investigadores e investigadoras de universidades de Puebla expertos en esta temática.

2. Antropología, humanitarismo y migraciones

Tal y como nos recuerdan Bornstein y Redfield (2010), tanto el sufrimiento como la caridad “tienen una larga historia”: el sufrimiento humano y los esfuerzos por aliviarlo son aspectos protagonistas de la cultura de las sociedades humanas en una increíble diversidad de manifestaciones. En este contexto, el humanitarismo contemporáneo representa un modelo reciente y específico de respuesta al sufrimiento, surgido en el entorno sociocultural europeo entre los siglos XVIII y XIX (Barnett, 2011). Este modelo cuenta con principios, discursos, imaginarios, temporalidades y prácticas de intervención particulares con una pretensión universalista, centrada en el auxilio de un “otro” necesitado (Fassin, 2016). Esta lógica conlleva una clasificación y diferenciación entre seres humanos, dando lugar a jerarquías que son producidas y reproducidas por la propia práctica humanitaria.

El panorama del humanitarismo contemporáneo está compuesto por una diversidad amplia y heterogénea de actores, que varían en su grado de institucionalización: desde organismos internacionales de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG), hasta iniciativas de asociaciones y ONG que surgen y actúan a pequeña escala.

La migración, especialmente el desplazamiento forzado y el asilo, se ha consolidado como un eje central del humanitarismo contemporáneo desde los años veinte (Forina, 2022), aunque el debate antropológico sobre esta relación surgió en los años ochenta en Europa y el ámbito anglosajón, incorporando progresivamente aportes desde contextos españoles y latinoamericanos. A partir de la etnografía de Barbara Harrell-Bond sobre las lógicas de imposición de la ayuda (1986), la disciplina se ha preocupado por analizar críticamente las implicaciones políticas de los modelos de ayuda humanitaria a refugiados (Malkki, 1995). Posteriormente, por criticar las lógicas de gobierno del humanitarismo hacia las poblaciones móviles (Pandolfi, 2005), confinadas en campamentos de desplazados (Agier, 2005). En los últimos años, el debate antropológico y de las ciencias sociales en contextos español y latinoamericano ha permitido analizar la formación de fronteras humanitarias en México (Cortés y Benincasa, 2024) y los efectos de los proyectos de ayuda internacional dirigidos a la población venezolana en países como Colombia, Perú y Brasil (Grill, 2023; Blouin, 2021; Almeida, Gama y Paiva, 2022).

Desde la crisis de refugiados de 2015 y la movilización de actores sociales locales para asistir a los refugiados sirios en diversos países europeos (Forina, 2022), el debate ha demostrado un interés creciente por los modelos humanitarios de pequeña escala. Estos modelos, que se mueven por fuera de las lógicas del humanitarismo internacional de las organizaciones internacionales, son impulsados por asociaciones, colectivos y organizaciones locales de menor tamaño, cuyas prácticas y discursos se sustentan en la articulación entre la solidaridad y el humanitarismo (Brković, 2023). En este contexto, emergen actores que promueven valores de solidaridad, igualdad y horizontalidad, impulsando una relectura de las prácticas humanitarias desde una perspectiva politizada (Brković, 2023). Las principales contribuciones teóricas y etnográficas se han centrado en analizar formas de humanitarismo de base (grassroots, McGee y Pelham, 2018), doméstico (Altman, 2019), cotidiano o del día a día (Horstmann, 2017; Richey, 2018), voluntario o solidario (Rozakou, 2017) y el denominado humanitarismo vernáculo (Brković, 2020; 2023).

Este debate, de carácter principalmente europeo y anglosajón, nos ofrece claves de lectura relevantes para comprender el papel del humanitarismo tanto en la escala internacional como en la local. Pese a que el debate se haya movilizado a partir del 2015, sabemos que estas prácticas localizadas de la ayuda no son nuevas, sino que son inherentes a las culturas humanas y se expresan en una amplia variedad de formas (Mauss, 2009). En el contexto latinoamericano, por ejemplo, Grill (2023) ha analizado cómo, en Cali, Colombia, las respuestas humanitarias hacia migrantes venezolanos se construyen a partir de historias previas de desplazamiento interno, violencia y la relación histórica Colombia-Venezuela, combinando tradiciones locales de ayuda con marcos cristianos y profesionales. Muestra que estas formas vernáculas de humanitarismo generan hospitalidad y solidaridad, pero también reproducen jerarquías de sufrimiento, lógicas de merecimiento y tensiones en la distribución de recursos (Grill, 2023). El trabajo de los albergues de México, dedicados a brindar ayuda humanitaria a las personas migrantes desde la década de los 80 (Casillas, 1991; Zamudio, 2019), también constituye un claro ejemplo de estas prácticas localizadas de la ayuda.

2.1. Humanitarismo desde abajo

Las lógicas que dan origen y mantienen en funcionamiento el humanitarismo dedicado a la atención a los migrantes de los albergues de México nos pide interpelar claves de lectura que tensionan las principales conceptualizaciones del debate antropológico sobre humanitarismo (Olayo-Méndez, 2018). El caso de los albergues de México amplía, en este sentido, los límites y la comprensión del humanitarismo en al menos tres maneras (Olayo-Méndez, 2018). En primer lugar, el Estado mexicano no cuenta con una arquitectura institucional dedicada a la protección de los migrantes debido a que la atención a la migración internacional no ha terminado de delimitarse como un problema político para este país (Cortés y Benincasa, 2024). Más bien, ha sido gestionada desde un enfoque de seguridad desde los finales de los años 90 bajo influencia directa del escenario geopolitico dominado por las prioridades de seguridad de los Estados Unidos. En este contexto, desde la gestión internacional humanitaria de refugiados guatemaltecos y salvadoreños de la década de los 80 (Torre, París y Gutiérrez, 2021), el trabajo de las organizaciones internacionales en esta materia ha sido mínimo, sino nulo, hasta el 2018. Estos factores, según el autor, han favorecido el desarrollo de un humanitarismo arraigado a las comunidades locales y la gradual evolución de modelos de ayuda construidos sobre regímenes culturales y de valores particulares.

En segundo lugar, la estructura de los albergues de México demuestra cómo las experiencias humanitarias locales pueden eclipsar y contrastar la insistencia en que sean solo los actores globales, transnacionales e internacionales quienes proporcionen ayuda humanitaria (Olayo-Méndez, 2018). En tercer y último lugar, estos actores humanitarios surgen y actúan en un registro cristiano católico que difiere de las lógicas del humanitarismo de las organizaciones religiosas internacionales (Bornstein, 2002), debido a que no tienen alcance internacional, sino que son configuraciones de ayuda que nacen desde las comunidades cristianas de localidades determinadas.

En la línea de la propuesta de este Olayo-Méndez (2018), definiremos el modelo humanitario de los albergues parroquiales de Puebla como una ayuda humanitaria “desde abajo”. Esta propuesta se realiza, además, a partir de las contribuciones teóricas y etnograficas de Sánchez-Gavi (2016) y Cortés y Manjarrez (2017) sobre los albergues de Puebla. Con esta categoría, nos referimos a actores que han nacido en los territorios para hacer frente al incremento de la violencia hacia los migrantes que pasaban por sus localidades, de norma, cercanas al tránsito del tren La Bestia. Asimismo, la mayoría de estos actores no depende de las lógicas de financiación del humanitarismo internacional, sino que están arraigados a modelos de gestión de recursos precarios, basados en las donaciones de particulares o de asociaciones locales para poder cumplir con su trabajo de ayuda humanitaria a los migrantes. Por lo tanto, estos actores no son móviles y su margen de acción temporal no está predeterminado, tal y como ocurre con el humanitarismo institucionalizado internacional, sino que permanecen en los territorios, adaptándose a los cambios del escenario migratorio mexicano. Por último, cuentan con el reconocimiento de la comunidad local y su implicación voluntaria en las tareas cotidianas del albergue, en particular modo de mujeres.

A partir de este planteamiento, nos preguntamos cómo se configura el modelo de ayuda humanitaria de los albergues de Puebla: qué prácticas y valores lo sustentan, con qué actores se articulan o confrontan, y cómo estas relaciones y tensiones influyen en la definición y los límites de dicho modelo.

3. La migración internacional en México

Los albergues de Puebla han iniciado su trabajo de ayuda humanitaria a migrantes de tránsito en el 2007, una época en la que este país ya se había consolidado como territorio de tránsito de migración internacional. En efecto, la región centro-norte americana se ha constituido propiamente como un régimen de movilidad Centroamérica-México-Estados Unidos (Cortés, 2018), el corredor migratorio más transitado del mundo (Mcauliffe y Triandafyllidou, 2021). Hasta la primera década de los años 2000 el perfil mayoritario estaba compuesto por personas de Centroamérica, en concreto de Honduras, Guatemala y El Salvador (Cortés, 2018) que migraban en condiciones de invisibilidad (Coutin, 2005) hacia los Estados Unidos. Sin embargo, a partir del 2017, se produjo un cambio importante en el perfil migratorio que transita por México, incluyendo personas de Venezuela, Cuba, Haití, del continente africano y asiático, que migran por rutas altamente complejas y peligrosas a través de Latinoamérica y el tapón del Darién entre Colombia y Panamá (Miranda, 2023). Según los datos del Instituto Nacional de Migración (INM), institución mexicana dedicada al control y gestión de las migraciones, entre el 2021 y 2023 se ha registrado un aumento de más del doble de “eventos” de personas en situación irregular en México, es decir, personas a las que el INM ha iniciado un procedimiento administrativo, pasando de 309 692 personas en 2021 a 778 907 en 2023 (Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 2021; 2023). Estas personas migran indocumentadas, problema que las obliga a tomar rutas migratorias menos vigiladas, pero controladas por las redes de criminalidad organizada que las exponen a peligros de agresiones y violencia en el tránsito (Urbano Reyes, 2021).

En este contexto, desde la época de la Presidencia de Vicente Fox (2000-2006), la política migratoria de México se ha construido sobre un enfoque de seguridad nacional y control de las fronteras (Torre, París y Gutiérrez, 2021). Este enfoque responde a la influencia directa de Estados Unidos y ha caracterizado la gestión de las migraciones en México, configurando este último como el “país frontera” o la “frontera vertical” de los Estados Unidos (Torre y Yee Quintero, 2018).

Pese a que se celebraron ciertos avances legislativos y políticos en términos de defensa de los derechos humanos de los migrantes —como fue la aprobación de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados ambas en 2011— el paradigma de la protección promovido por las instituciones de gobierno se ha quedado a un nivel discursivo. En la realidad, se mantiene una política consolidada de vigilancia, detención y deportación de migrantes que genera situaciones en las que esos mismos derechos son vulnerados (Manjarrez, 2018).

A partir de las Caravanas Migrantes de 2018, que partieron de San Pedro Sula, Honduras, la política migratoria mexicana experimentó una reconfiguración hacia un modelo más restrictivo y securitario. Este fenómeno, caracterizado por una “visibilidad organizada” de la movilidad regional (Velasco y Hernández, 2020), fue utilizado como herramienta política para reforzar las medidas de contención y externalización de fronteras en la región durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021). Un ejemplo de este proceso es la aprobación del programa “Quédate en México” (Torre, París y Gutiérrez, 2021) activo hasta el 2022, por el que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos se vieron obligadas a esperar su resolución en México, designado como el encargado de atender humanitariamente a los solicitantes varados en su frontera norte. México adoptó rápidamente este enfoque bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

En este contexto, la manera que el Estado mexicano encontró para responder a la asignación de su nuevo rol humanitario fue a través de solicitud de intervención de diversos actores del humanitarismo internacional organizado bajo el paraguas de Naciones Unidas y financiación de Estados Unidos (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 2022). Tal y como recoge su mandato, el actor encargado de asistir humanitariamente a esta población fue el ACNUR, que extendió su presencia en México también para apoyar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en su mandato entre el 2019 y el 2023 (Cortés y Benincasa, 2024).

Estos actores se vieron implicados en la gestión del incremento exponencial de las solicitudes de asilo en México generado por el recrudecimiento de la política migratoria regional. Según la COMAR, mientras que en 2017 se registró un total de 14 596 solicitudes de asilo en el país, en 2021 se alcanzó la cifra récord de 129 780 solicitudes, con una tasa de aceptación del 72% sobre las resueltas (en 2021, se resolvieron 38 100) (COMAR, 2017; 2023). El aumento de solicitudes de asilo en México evidencia el empeoramiento de las condiciones de tránsito y, a la vez, se ha convertido en la principal vía legal de protección para las personas migrantes (Cortés y Benincasa, 2024). Esta tendencia, utilizada también como estrategia temporal para continuar hacia Estados Unidos, ha complejizado desde 2019 el escenario migratorio, donde coinciden solicitantes de asilo, refugiados y migrantes en tránsito.

3.1. Migración y humanitarismo en Puebla

Puebla, Estado del centro-sur de México, también ha vivido estos cambios como un estado con un perfil migratorio altamente complejo¹. Desde el comienzo del 2000, ha sido territorio de tránsito de migración internacional dirigida hacia los Estados Unidos (Cortés y Manjarrez, 2017). Tal y como han investigado estas autoras, por Puebla pasa La Bestia, uno de los principales medios de transporte usados por los migrantes para cruzar México, y rutas “alternativas” que los migrantes recorren en combi (bus) o caminando.

La migración internacional no ha sido recogida por las instituciones estatales de Puebla como un asunto de interés o diseño de políticas públicas. El único actor de carácter público presente en el Estado y dedicado exclusivamente a la gestión migratoria es el Instituto Nacional de Migración desde una de las 48 estaciones migratorias permanentes de México destinadas a retener a las personas migrantes en situación irregular (Global Detention Project, 2021) y tiene capacidad para 60 personas aproximadamente. La invisibilización de la migración y de los migrantes como sujetos de derechos de parte de las instituciones de gobierno de Puebla convive plenamente con su visibilización como asunto de seguridad y control de parte del Estado nacional, representado por el INM.

En este contexto de desprotección para los migrantes nacieron, entre 2007 y 2009, las primeras iniciativas de ayuda humanitaria a migrantes internacionales en Puebla. Estas iniciativas tuvieron como protagonistas tres actores principales: la delegación de Cruz Roja de Ciudad Serdán², grupos de mujeres que preparaban comida para los migrantes cerca del tren y algunos albergues parroquiales de la Iglesia católica, cuyo número ha ido variando a lo largo de los años. Estos actores cuentan además con la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Iberoamericana de Puebla como actores generadores de conocimiento.

De la misma manera, Puebla también experimentó los efectos del incremento del número de solicitantes de asilo y refugiados al ser identificado, en el 2019, como destino de una delegación de ACNUR dedicada a atender esta población reubicada desde el sur del país mediante el Programa de Reubicación e Integración Local, propio de esta agencia. Esto reconfiguró el escenario humanitario local, reconfigurando ulteriormente el campo de las relaciones políticas mantenidas en colaboración o en tensión entre los albergues, el Estado y los distintos actores humanitarios implicados en el territorio (Cortés y Benincasa, 2024). Ante este escenario, los albergues de Puebla se mantuvieron anclados a su modelo “local” de ayuda humanitaria construido sobre elementos culturales concretos, pero también sobre una importante trayectoria que responde a procesos sociopolíticos de más amplio alcance que han tenido lugar en el marco de la ayuda humanitaria a migrantes en México en las últimas décadas.

3.2. De la ayuda a los migrantes

Hacia el noroeste de la ciudad, en el barrio Aquiles Serdán, encontramos un albergue parroquial activo en Puebla ubicado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta parroquia tiene una larga tradición de recepción de migrantes: entre el 2009 y el 2021 operó como centro de coordinación de la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Puebla bajo el liderazgo del padre Gustavo, un líder carismático reconocido en la región por su larga y profunda implicación en la lucha por la defensa de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables, profundamente influido por la Teología de la Liberación. El fallecimiento del padre en 2021 generó una reconfiguración de los liderazgos dentro de la estructura de los albergues: la coordinación de la Pastoral fue asignada a la Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos dedicada únicamente a la recepción de caravanas de migrantes. Los albergues dedicados a la recepción cotidana de los migrantes eran, por un lado, el ya mencionado Nuestra Señora de la Asunción, desde el 2021 gestionado por el padre Robert y con una capacidad de hospedaje de 7 personas por encontrarse en obras. Por el otro, el de Nuestra Señora de los Desamparados.

Este segundo albergue se encuentra ubicado en las aproximaciones de la Terminal Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU), principal estación de autobuses de la ciudad. Desde el 2021, esta pequeña parroquia de barrio se ha vuelto el principal destino para los migrantes que transitan por la ciudad y buscan amparo por una o dos noches. Migrantes de Honduras, Guatemala, el Salvador, Venezuela son recibidos en el albergue por mujeres voluntarias, que gestionan este espacio que puede hospedar hasta 30 personas en espacios separados por sexo. El día a día de estas mujeres voluntarias se organiza en torno a la preparación de la comida para los migrantes, en la recepción de donaciones de ropa, comida y medicamentos y, particularmente, en la recepción de migrantes que llegan a las puertas del albergue buscando un breve asilo para descansar, recuperar energías y seguir su camino. De la misma manera, se encargan de coordinar otras actividades parroquiales de asistencia como es, por ejemplo, la preparación de comida para personas mayores en dificultad.

Tanto “la Asunción” como “Desamparados” son principalmente espacios de descanso y protección: aquí los migrantes son recibidos con un límite de una o dos noches para descansar, alimentarse y son orientados sobre los siguientes albergues a los que pueden acudir en su camino. De la misma manera, reciben consejos sobre las rutas que, de manera cambiante, son consideradas las más seguras para avanzar hacia el norte. En este escenario, el trabajo de los albergues no pretende condicionar la movilidad de las personas, sino que se limita a ser un apoyo en su tránsito migratorio y a responder a las necesidades básicas de los migrantes.

Este escenario recogido durante el trabajo de campo realizado entre el 2019 y el 2022 es solo una ventana sobre el trabajo de ayuda humanitaria de los albergues de Puebla que, desde sus comienzos, había vivido constantes cambios y reconfiguraciones para adaptarse al escenario migratorio de la región. En 2016, en efecto, algunas investigaciones (Sánchez-Gavi, 2016; Cortés y Manjarrez, 2017) registraron otros dos albergues activos en la ciudad, que ya no lo eran en el 2022: el de San Felipe Hueyotlipan y el de San Pablo Xochimehuacán.

Puebla es un Estado que históricamente ha sido de emigración de población mexicana hacia los Estados Unidos, población que en su camino era atendida por albergues de la Iglesia católica (Sánchez-Gavi, 2016). Empeñados en esta tarea desde finales de los años 90, las parroquias constataron que en la década de los 2000 Puebla se volvió área de tránsito de otro tipo de migración, es decir, de migración centroamericana también dirigida a los Estados Unidos.

Tal y como explica el padre, la violencia y la exacerbación de las condiciones de vulnerabilidad fueron los detonantes que motivaron a los albergues a empezar esta labor de ayuda humanitaria a los migrantes. Esto se dio en un contexto dominado por una escalada de violencia fruto de la guerra contra el narcotráfico, el proyecto político del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que determinó una agudización de las violaciones de los derechos humanos hacia los migrantes en tránsito y, consecuentemente, de sus necesidades de atención. Estos albergues trabajaban en colaboración con la delegación de Cruz Roja de Ciudad Serdán y grupos de mujeres que vivían cerca de las vías del tren y preparaban comida para los migrantes (Moncó, 2021).

De la misma manera, es importante señalar que el escenario de violencia no fue el único factor que facilitó el comienzo de la actividad de las parroquias en Puebla en 2009. Paralelamente a la ola de violencia, coincidió una época y un trasfondo de fuerte movilización política y social en México, en el que tanto algunos sectores de la Iglesia católica como actores de la sociedad civil se vieron empeñados en construir un debate nacional sobre la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Este debate se construyó sobre un movimiento que dio sus primeros pasos a comienzos de la década de los 2000 y que vivió su periodo más activo entre 2006 y el 2012, aproximadamente. En estos años, coincidieron liderazgos carismáticos, acontecimientos de grave violencia hacia los migrantes y avances legislativos que aceleraron la visibilización de la violación de los derechos humanos de los migrantes como un problema político para estos actores y la presión para la aplicación de una agenda de protección de los migrantes en México.

Imagen 1. Puntos de ayuda humanitaria a migrantes en México. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Fuente: Archivo personal, 2019.

Esta fotografía, tomada en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Puebla, presenta un mapa elaborado por la Cruz Roja Mexicana que identifica comedores, albergues y puntos de asistencia para migrantes a lo largo del país, siguiendo principalmente las rutas del tren. A esta red institucional se han incorporado iniciativas espontáneas de ayuda, como colectivos de mujeres que brindan apoyo alimentario a los migrantes que viajan en La Bestia. En conjunto, estos actores han configurado una estructura nacional de asistencia y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, pese a las limitaciones económicas, políticas y de seguridad. En este contexto, trabajan en redes organizadas de actores tanto cíviles como católicos como, por ejemplo, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) que reúne 23 albergues, casas para migrantes y organizaciones ubicados en 13 estados de México.

La posición política y simbólica de estos actores en México se ha visto además reforzada tras la aprobación de la Ley de Migración de 2011, que incluye un artículo dedicado exclusivamente al reconocimiento de la labor humanitaria y a su protección:

Sumado a esto, los albergues en México gozan de una cierta independencia y autonomía del Estado mexicano, al no ser actores homogéneos entre ellos ni registrados o identificados en categorías jurídicas propias de este país como son las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil. Este proceso fomentó la construcción de múltiples debates, protocolos de acción y una profunda experiencia en el ámbito de la atención humanitaria a migrantes de tránsito que sigue conectando los estados de México en redes de actores de la sociedad civil y católicos nacionales y territoriales abiertamente críticos con el operado del Estado mexicano en materia migratoria.

4. Humanitarismo desde abajo: el modelo humanitario de los albergues

En este escenario, a pesar de que las parroquias de Puebla no tengan propiamente la estructura ni la capacidad de los grandes albergues de otros estados de México, hay que pensarlas en un marco político y humanitario que ya venía construyéndose en el país desde hace años. Con el pasar de los años, estos albergues parroquiales han ido configurando un modelo de humanitarismo desde abajo cuyas prácticas encuentran su razón de ser en la capacidad de movilización en la comunidad, sobre todo de mujeres voluntarias, y sobre un específico régimen de valores. De esta conjunción emerge el poder simbólico de los albergues, desde el que se relacionan con actores diversos. Estos elementos nos permiten analizar de qué manera los actores marcan los límites de su proprio modelo, resistiéndose a negociar con modelos que son interpretados como opuestos a su modelo humanitario.

4.1. Movilización de la comunidad: mujeres voluntarias

Uno de los elementos distintivos del modelo humanitario desde debajo de los albergues es su fuerte vinculación con las comunidades en las que se encuentran ubicados, de confesión mayoritariamente católica. Desde esta posición, los albergues cumplen una función tanto de asociación de ayuda a personas vulnerables como de comunidad confesional de referencia (Olayo-Méndez, 2018). Esto les ha permitido construir su modelo de atención sobre las donaciones de particulares y, sobre todo, sobre la labor de mujeres voluntarias de las parroquias. Estas mujeres, tanto en la parroquia de la Asunción como en la de Desamparados, son las que dedican su tiempo y esfuerzos para gestionar cotidianamente las múltiples formas de atención a migrantes: la preparación de comidas, la gestión de las despensas y de los botiquines de medicamentos, la limpieza cotidiana de los espacios de hospedaje y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad a hospitales u otras instancias.

La señora María y la señora Susana, referentes del albergue de los Desamparados, son mujeres altamente comprometidas con esta labor voluntaria cotidiana de ayuda a los migrantes. El trabajo y rol de estas mujeres en los albergues no solo es guiado por los valores de solidaridad y empatía, sino que está atravesado por un modelo de género (Moncó, 2011), que las vincula como voluntarias, y, en algunos casos, casi de forma sacrificial, dedicándose al cuidado del migrante y de la parroquia (Moncó, 2021). Tal y como se pudo identificar en la etnografía, las mujeres llevan a cabo su trabajo cotidiano sin alcanzar cargos de coordinación o liderazgo, pese a ser las más implicadas en las tareas de ayuda a los migrantes. Más bien, se encuentran insertas en una rígida estructura jerárquica configurada sobre un modelo de género que las mantiene fijas trabajando “en la base” de la organización social de la parroquia y bajo la coordinación de un varón-sacerdote cuya implicación cotidiana se limita a tareas generales de gestión de la parroquia y de coordinación externa con las otras parroquias.

En esta labor de cuidado, María y Susana también dejan claro que hay que tener carácter para afrontar determinadas situaciones que pudieran representar un riesgo para ellas. El hecho de ser mujeres voluntarias en un espacio de alto tránsito tiene distintas implicaciones: aplican muy rígidamente los protocolos de seguridad de los albergues que prevén que los migrantes dejen su nombre, se dejen tomar una foto, que respeten los horarios de uso de los espacios comunes y que dejen las armas fuera del albergue, en caso de que las tuvieran. La información sobre los migrantes atendidos en el albergue es luego movilizada por grupos de mensajería instantánea creados entre los albergues de Puebla para que todo el mundo esté actualizado sobre la estancia de las personas. El rechazo de alguna de estas normas de parte de los migrantes implica su salida del albergue. La prioridad era protegerse ante los riesgos específicos de seguridad, violencia sexual y de género a los que están expuestas cotidianamente, que imponen la necesidad de moverse entre la solidaridad de la ayuda humanitaria y la desconfianza ante varones desconocidos.

4.2. Régimen de valores

El régimen de valores de los albergues se inserta en un marco de religión cristiana católica que orienta su modelo de trabajo y define sus referencias simbólicas, políticas e institucionales (Sánchez-Gavi, 2016; Zamudio, 2019). En este modelo, la caridad se manifiesta como un valor central, definida como la “manifestación de amor por el otro, que implica el darle ayuda sin esperar nada a cambio; implica una vocación de servicio que mira al otro como un fin en sí mismo” (Zamudio, 2019). El modelo de ayuda de los albergues pretende cubrir las necesidades básicas de los migrantes en su breve tránsito por Puebla, cuya misión es la ayuda al prójimo en sí misma. La ayuda a los migrantes no busca ganancias económicas, sino que se lleva a cabo como una labor parroquial gratuita. En este marco, los migrantes son construidos desde un modelo de parentesco que los identifica como hermanos miembros de una misma familia cristiana.

Este conjunto de valores culturales que guía el modelo de los albergues de Puebla se conjuga con modelos de defensa de los derechos humanos, creando un modelo mixto entre la fe y el compromiso social (Zamudio, 2019). En este sentido, la caridad se conecta con la empatía y el sentido de justicia demostrados por el personal de los albergues con los migrantes, que motivó el comienzo de la labor humanitaria en 2007. La movilización en ayudar a los migrantes activó un modelo basado también en el altruismo, la solidaridad y en el compromiso, que no solo guían la cotidianeidad de la ayuda, sino que han movilizado la conformación de una estructura local de la ayuda institucionalizada bajo la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Puebla y conectada con Pastoral Nacional de Movilidad Humana y las demás redes de albergues en México. Esto es llevado a cabo desde la reciprocidad y la corresponsabilidad en alianza con los múltiples actores tanto católicos como de la sociedad civil y defensores de derechos humanos distribuidos por el territorio de Puebla y por el territorio mexicano. Estas redes constituyen su quehacer humanitario cotidiano. Este modelo de ayuda se fundamenta, además, en la igualdad por la que se reconoce a los migrantes como seres humanos. Por ende, no solo son merecedores de formas de protección a lo largo del camino, sino de una movilidad libre de violencia y sufrimiento.

4.3. El poder simbólico de los albergues en Puebla

Con base en este modelo desde abajo, los albergues han construido gradualmente un determinado poder simbólico en el escenario migratorio y humanitario de Puebla, mediante el cual su rol y su posición en Puebla son reconocidos como legítimos por las personas y comunidades en las que trabajan. En su labor humanitaria, los albergues no tienen capacidad para incidir en la política migratoria local o regional y por esto el tipo de poder que configura su posición en Puebla es de orden simbólico. Los valores, objetivos y prácticas del modelo de ayuda humanitaria de los albergues están a la base de este poder simbólico, que se refuerza por su carácter político-religioso, un elemento que atribuye coherencia y legitimidad al trabajo humanitario de los albergues, nutriendo su independencia de actores de otra naturaleza social o jurídica.

Esta trayectoria se inició por la labor del padre Gustavo, un líder carismático que dejó un gran legado en Puebla como líder de la defensa de los derechos humanos de los migrantes tras su fallecimiento en 2021. Este padre fue capaz de articular nuevas relaciones (Cohen, 1979) entre albergues locales y a nivel nacional en un escenario de desinterés y de fuerte hostilidad con las instituciones de gobierno locales, estatales y nacionales. Este factor llevó a una personalización del poder simbólico de los albergues en torno a la figura de este padre. En efecto, su fallecimiento produjo una imagen de vacío y desestructuración en el escenario humanitario y de la sociedad civil poblana, como si se hubieran quedado acéfalos después de su fallecimiento.

En la actualidad, el padre Rober es el encargado de dar continuidad a la labor pastoral de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y deja clara la complejidad de esta tarea. El trabajo del padre Gustavo se fusionaba con su figura, de tal forma que, al fallecer el padre, el trabajo realizado parece que ha desaparecido. Esta es una de las consecuencias de los liderazgos carismáticos, que cuando desaparecen parecen llevar consigo todo lo creado y realizado hasta el momento. Esto implica que los albergues en Puebla necesitan construir un nuevo poder simbólico y una nueva realidad que legitime su trabajo en esta etapa post padre Gustavo.

El punto de partida de este proceso es el modelo que los albergues han ido consolidando a lo largo de los años en el marco de importantes procesos políticos y culturales (Gledhill, 2009) y relaciones políticas comprometidas con la defensa de los derechos humanos de los migrantes en México. De igual manera, este poder simbólico podrá ser reconstruido sobre la pertenencia de los albergues a determinados registros político-religiosos, sus valores, la trayectoria desplegada durante un determinado periodo de tiempo, la presencia de (nuevos) liderazgos carismáticos y la realización de prácticas ritualizadas y repetidas (Cohen, 1979). Estos elementos, de la mano de un proceso de movilización social en el territorio al que está vinculado (Bourdieu, 2000), serán clave para esta nueva etapa de los albergues en su reconstrucción del poder simbólico tras el fallecimiento del padre Gustavo.

5. Los límites de la ayuda

En cuanto actores de referencia en el marco de la ayuda humanitaria a migrantes en Puebla, los albergues han establecido un marco de relaciones con actores diversos que han orientado la construcción y consolidación de su modelo. En este marco de relaciones, se han resistido a vincularse con dos tipos de actores específicos: por un lado, las ONG y asociaciones de la sociedad civil y, por el otro, las instituciones del Estado. El factor principal que sostenía estas resistencias es la existencia de choques entre modelos de trabajo constituidos sobre valores, prácticas y objetivos contrastantes.

En su modelo, los albergues mantenían una posición de resistencia ante las propuestas de colaboración de actores de la sociedad civil poblana, que operaban según modelos que contrastaban con el de los albergues. Durante el trabajo de campo realizado en 2019 y 2022, entré en contacto con un conjunto heterogéneo de actores de la sociedad civil poblana. En su discurso sobre la migración de tránsito por Puebla, destacaba la identificación de los albergues como los únicos actores encargados de atender humanitariamente a los migrantes en Puebla. En este escenario, las actividades de apoyo a los migrantes de los actores de la sociedad civil y de individuos particulares se traducían en un apoyo a los albergues para que pudieran ellos mejorar su trabajo de atención. Esta delegación del trabajo permitía a las asociaciones desvincularse de la programación de proyectos de manera independiente. De la misma manera, les permitía apoyarse en estos actores que ya contaban con una reconocida y consolidada trayectoria para conseguir financiación desde los circuitos de la cooperación internacional y de la ayuda humanitaria.

Como consecuencia de esto, los albergues han mantenido una tradición de entablar muy pocos vínculos de colaboración oficial con asociaciones de la sociedad civil mexicana u organizaciones no gubernamentales interesadas en realizar actividades de ayuda humanitaria a migrantes en Puebla, dando lugar a una posición que buscaba ser independiente de fuentes de recursos externos y de modelos de atención humanitaria que no coincidían con el de sus parroquias.

El padre Gustavo, conocido por su carisma y su capacidad de movilizar apoyos y recursos en Puebla, era muy crítico con el modelo de las ONG. Él reclamaba el papel que hacían los albergues y los consideraba un trabajo de primera línea, a pie de calle, de contacto directo con las personas. El valor de su trabajo era ese precisamente: no buscaba la recompensa económica, no estaba mediado por una relación laboral, sino que se trataba de una acción localizada en lo más central de la condición humana: la ayuda al prójimo. Este valor cultural defendido por el sacerdote era lo que confería sentido a la labor cotidiana de los albergues, a su día a día. Este modelo chocaba frontalmente con el del humanitarismo protagonizado por las ONG y agencias internacionales que llegaban a Puebla con modelos “desde arriba”. Estos incluían diseños estándares de intervención, de corta duración y capaces de movilizar ingentes cantidades de dinero sobre las cuales se podía ejercer poco control desde abajo, desde la primera línea, desde la base.

Por otra parte, el padre Gustavo era consciente de que establecer una vinculación formal con estos actores en proyectos o actividades implicaba limitar su capacidad de crítica hacia ellos. Tenía claras las implicaciones de aceptar financiación procedente de autoridades, agencias u organizaciones no gubernamentales, pues reconocía que todo apoyo económico funciona como un don que exige, en reciprocidad, un contradon (Mauss, 2009), al que no estaba dispuesto a corresponder. Esta postura, profundamente arraigada en su visión del humanitarismo, fue asumida y mantenida por los albergues incluso después de su fallecimiento, al representar un pilar de su modelo de ayuda. Vincularse con estos actores significaría comprometer una posición construida en Puebla sobre la base de la independencia institucional y la libertad para decidir su propio modelo humanitario, sin condicionamientos externos ni negociaciones que pudieran limitar su autonomía.

De la misma manera, desde el comienzo de su trabajo en Puebla, los albergues han tenido que relacionarse con las instituciones del Estado mexicano y esta relación ha sido particularmente conflictiva. A lo largo de los años, han tenido que contrastar las injerencias del INM, así como reclamar a las instituciones de asistencia social del Estado que se encarguen de la atención a los migrantes en cuanto población en situación de vulnerabilidad.

A partir del paso de las Caravanas Migrantes por Puebla, el INM había reforzado sus intentos de hacer uso de los espacios y recursos de los albergues para que atendieran a los migrantes detenidos, práctica que persistía también en 2022 con el albergue de los Desamparados. Sin embargo, la implicación de los albergues en este modelo fue de corta duración porque se resistieron a ser transformados en una estación migratoria. La posición de los albergues se construye sobre los principios, objetivos y referencias político-institucionales de su propio modelo humanitario, diametralmente opuesto al de seguridad del Estado, que no reconocen como legítimo. Los albergues no quieren controlar la migración ni hacer el trabajo del Estado, sino defender su modelo de ayuda humanitaria de manera independiente.

Desde esta posición, se resisten ante la imposición de un modelo securitario que contrasta con su trayectoria, principios, marco de relaciones políticas y régimen de valores que no son negociables para ellos. Su posición como actores de protección de los derechos de los migrantes ante las políticas migratorias del Estado está además avalada y amparada por la ley de Migración de México y esto confiere a los albergues una legitimidad no solo moral, sino también legal y política, debido a que la misma ley es el primer instrumento que les protege de las injerencias estatales en su práctica humanitaria. Desde esta posición, los albergues le rebotan al Estado su responsabilidad: el rechazo y la delimitación de límites de parte de los albergues son una manera de reivindicar al gobierno que cumpla con sus responsabilidades hacia los migrantes.

La llegada de ACNUR a Puebla en 2019 se insertó en esta relación conflictiva entre los albergues y el Estado: esta agencia, delegada por el estado mexicano para atender a población solicitante de asilo y refugiada en el territorio, fue reconocida por los albergues como actor vinculado a la política migratoria estatal. Ante las solicitudes de ACNUR de utilizar los recursos y espacios de los albergues para hospedar a solicitantes de asilo y refugiados por tiempos indefinidos, tal y como hacía el INM, los albergues reaccionaron resistiéndose a esta relación.

Esto muestra que el escenario humanitario está atravesado por intereses políticos y tensiones que demuestran que las relaciones entre los actores son políticas. El análisis del marco de relaciones de los albergues nos permite entender que los límites de la ayuda a los migrantes en el modelo de los albergues se encuentran en la conjunción entre su poder simbólico y los pilares de su modelo, es decir, los valores, objetivos y prácticas que definen su humanitarismo desde abajo. De la misma manera, se encuentran en su trayectoria humanitaria y política de largo alcance que se construye sobre referencias simbólicas e institucionales propias, desde las que no reconocen ni a las ONG ni al Estado como actores legítimos y respetuosos de su modelo humanitario.

6. Conclusiones

El mandato humanitario de los albergues de Puebla se construye sobre las necesidades de los migrantes en tránsito por México, identificados como los más desprotegidos y expuestos a vivir violencia. Desde aquí, han ido consolidando un modelo humanitario particular dedicado a respuesta a las necesidades básicas de los migrantes de tránsito y a la denuncia de las violaciones de derechos humanos operadas tanto por el Estado mexicano como por el crimen organizado. De la misma manera, se nutre de una consolidada trayectoria propia de la ayuda humanitaria a migrantes de tránsito por México, lo cual refuerza su posición de resistencia ante las tensiones de negociación y reconfiguración propuestas —o impuestas— por otros actores, ya sea el estado mexicano, ACNUR o la sociedad civil.

Para los albergues, negociar su modelo pondría en juego un modelo construido sobre un marco de valores y unas referencias simbólicas y culturales específicas que proceden de la experiencia, el posicionamiento y la cotidianeidad de las redes de albergues de la Iglesia católica en México consolidados a lo largo de los años, que están fuera de las lógicas institucionales. De la misma manera, negociar implicaría una limitación de la posibilidad de denunciar las incongruencias identificadas en las organizaciones, los incumplimientos y violaciones de derechos humanos operados por el propio Estado mexicano. Los albergues, desde esta posición de resistencia, tenían el objetivo de conservar su modelo y autonomía pese a las recurrentes dificultades económicas y de seguridad que afrontaban para llevar adelante su trabajo.

Agradecimientos

La investigación que sustenta este artículo se desarrolló en el marco de mi tesis doctoral en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, inscrita en Proyecto de Investigación sobre Género y Migraciones, coordinado por la Dra. Almudena Cortés Maisonave, del Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, y la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, del Centro de Estudios de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), a quienes agradezco especialmente su acompañamiento académico y sus valiosas aportaciones a lo largo del proceso de investigación. Asimismo, deseo agradecer a ambas instituciones el apoyo institucional brindado para el desarrollo de este trabajo.

Las estancias de investigación fueron financiadas por las Ayudas para la Realización de Estancias en Proyectos para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Complutense de Madrid, en las convocatorias correspondientes a los años 2019 y 2022, cuyo respaldo resultó fundamental para la realización del trabajo de campo y el avance de esta investigación.

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