1. Introducción

Desde principios del siglo XXI, Chiapas se ha convertido en un punto clave —casi como un embudo— dentro de las rutas migratorias globales. Miles de personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala cruzan Centroamérica y la llamada “frontera vertical” en busca de refugio en Estados Unidos, escapando de la violencia estructural y la pobreza que parecen no tener fin. A partir de 2015, tras el cierre de fronteras en Europa durante la llamada “crisis de refugiados”, el flujo no solo creció, sino que también se diversificó. A los centroamericanos se sumaron miles de migrantes de otros continentes: haitianos, venezolanos, cubanos, chinos, ucranianos, nigerianos, bangladesíes y afganos, entre otros.

Ante este crecimiento, la política migratoria de Estados Unidos optó por externalizar el control fronterizo, desplazando su capacidad de contención hacia el sur. Esta estrategia transformó la frontera entre México y Guatemala en un espacio de vigilancia tercerizada. Durante el gobierno de Trump (2017-2021) se implementaron los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), que obligaban a quienes solicitaban asilo a esperar en México. Con la pandemia, se activó el Título 42, que permitía expulsiones inmediatas bajo argumentos sanitarios. Aunque Biden suspendió los MPP, digitalizó las solicitudes a través de la app CBPOne, excluyendo inicialmente a Chiapas como punto de entrada —fue hasta agosto de 2024 que se le incluyó—. Tras la reelección de Trump en 2025, las medidas se endurecieron aún más: se reactivaron redadas, incluso en escuelas y hospitales, y se usaron aranceles como herramienta de presión diplomática.

Todo este panorama, sumado a la debilidad institucional de México, ha hecho de Chiapas una frontera externalizada donde se entrelazan la geopolítica, las economías criminales y los mercados legales. En este contexto, los migrantes dejaron de ser vistos únicamente como un problema por contener y pasaron a ser parte de las cadenas de valor de las economías criminal y legal, tanto formal como informal. Actores estatales, criminales y empresariales han transformado la movilidad forzada en un mercado segmentado y sumamente rentable. Esa segmentación se parece al modelo turístico: se clasifica a las personas migrantes según su nacionalidad, clase, raza o género, y se les ofrecen “paquetes de movilidad” diferenciados que incluyen transporte, hospedaje, comida, documentos e incluso “protección” frente a autoridades o grupos criminales. Cada parte del trayecto se comercializa como un servicio dentro de un circuito de altísimo riesgo.

Para analizar esta configuración, el artículo propone el concepto de explotación circular humana (ECH). A diferencia de enfoques que entienden la migración irregular como una crisis humanitaria o una serie de abusos aislados, la ECH la sitúa dentro de una economía política de extracción, donde las personas migrantes son recirculadas por redes legales, comerciales y criminales que generan valor en cada etapa del camino. La explotación no se limita al ámbito laboral ni ocurre una sola vez: incluye sobornos, secuestros, detenciones, extorsión, transporte, hospedaje y la monetización de la espera en albergues o estaciones migratorias. La ECH revela así una estructura de explotación continua que abarca desde el desplazamiento hasta la inmovilidad. Este enfoque permite entender Chiapas no solo como un corredor migratorio, sino como un nodo estratégico dentro de la economía global de la movilidad irregular. Para ello, el artículo define primero el concepto de ECH y lo distingue de conceptos similares. Posteriormente, se analizan las condiciones de la ECH en la frontera de Chiapas con Guatemala a partir de un trabajo de campo breve cuya metodología se detalla antes de entrar de lleno al análisis.

2. La explotación circular humana

La investigación crítica, tanto desde el Sur Global como desde el Norte Global, ha cuestionado cada vez más las narrativas dominantes que criminalizan el tráfico de personas y enmarcan la explotación en binarios de víctimas y villanos. Aunque estas críticas emergen de tradiciones epistemológicas distintas, convergen en mostrar cómo los actuales regímenes fronterizos y antitrata oscurecen las dinámicas estructurales que producen la precariedad migrante (Lucht, 2011; Hernández León, 2012; Mai, 2013; O’Connell Davidson, 2015; Álvarez Velasco, 2016; Achilli, 2018; Ayalew, 2018; Brachet, 2018; Sánchez, 2018; Richter, 2021; Iglesias, 2022; Estévez, 2022; Chemlali, 2023; Echeverri Zuluaga, 2023; Gandini, Álvarez y Feldmann, 2024).

Desde los enfoques latinoamericanos, el tráfico y la trata no se ven como desviaciones del sistema, sino como partes integrales de estructuras de acumulación capitalista y de formas de control basadas en la capacidad del poder soberano de decidir quién puede vivir y quién debe morir, lo que Achille Mbembe (2011) denomina necropolítica. En otras palabras, no son excepciones, sino engranajes que también generan migración. Estévez (2022), por ejemplo, plantea que la migración forzada no es un accidente, sino un proceso deliberado, impulsado por estrategias necropolíticas que vacían territorios ricos en recursos a través de la violencia, la criminalización y el deterioro ambiental —todo al servicio de un capitalismo extractivo—.

En esa misma línea, Velasco Álvarez (2016) señala que el control fronterizo no detiene la migración. Al contrario, alimenta las redes de tráfico y normaliza la violencia, dejando ver que la migración irregular cumple un papel funcional dentro del capitalismo global. A partir de este enfoque, Gandini, Álvarez Velasco y Feldmann (2024) proponen el concepto de “economía política de la migración de tránsito irregularizada”, en la que distintos actores —desde el Estado hasta ONG y organizaciones criminales— obtienen beneficios económicos al gestionar tanto el movimiento como la contención de migrantes. En el contexto mexicano, Serra Mingot (2024) analiza cómo activistas, traficantes e investigadores se entrecruzan en la industria migratoria, desdibujando las fronteras entre ayuda humanitaria, ilegalidad y conocimiento. Su enfoque revela las complejas dinámicas éticas y políticas que emergen bajo políticas migratorias restrictivas, especialmente las impulsadas por EU. Finalmente, autores como Hernández-León (2012) introducen el término “industria de la migración” para describir el entramado de servicios legales e ilegales que hacen posible y sostienen los flujos migratorios.

Por su parte, las miradas críticas desde el Norte Global han señalado cómo el discurso antitrata suele borrar por completo la agencia de las personas migrantes. Achilli (2018), por ejemplo, al estudiar casos de migrantes sirios, muestra que el tráfico de personas muchas veces se construye en redes de confianza y solidaridad. Para quienes migran, no todos los coyotes son iguales: hay “buenos” y “malos”, y recurrir al tráfico se entiende más como una decisión ética frente a la falta de alternativas legales que como un acto criminal. Aun así, el discurso oficial suele reducir todo esto a una narrativa de delito, debilitando así las formas de protección social.

En la misma línea, O’Connell Davidson (2015) cuestiona la idea de la “esclavitud moderna”, argumentando que se trata más de un proyecto moral que de una categoría jurídica útil. Esta narrativa tiende a simplificar una realidad compleja con binarismos como esclavo/libre o coerción/consentimiento, invisibilizando factores estructurales clave como el racismo, el género o las políticas migratorias. Asimismo, Chemlali (2023) trabaja con madres migrantes en Túnez y también cuestiona la típica dicotomía víctima-traficante. Sostiene que muchas veces estas mujeres no son engañadas, sino empujadas hacia decisiones clandestinas por pura necesidad, resultado directo de unas políticas migratorias europeas que les niegan la movilidad. En este contexto, el tráfico aparece como una estrategia ante la inmovilidad impuesta.

Por su parte, Keshavarz y Khosravi (2022) proponen “ver como un contrabandista” para cuestionar las narrativas criminalizantes del control fronterizo. Desde una mirada decolonial, entienden el contrabando como una respuesta a desigualdades estructurales. Finalmente, Mai (2013) critica el llamado “humanitarismo sexual”, que tiende a representar a las trabajadoras sexuales migrantes como víctimas pasivas. Con su concepto de “cosmopolitismo encarnado”, muestra cómo muchas mujeres eligen el trabajo sexual de forma estratégica, buscando alcanzar objetivos económicos en medio de un entorno restrictivo. Esta mirada pone en el centro su agencia, resiliencia y metas personales, desafiando los relatos paternalistas y eurocéntricos que dominan el debate.

En conjunto, tanto los estudiosos del Sur Global como del Norte Global llaman a una repolitización de la migración y la explotación, rechazando los marcos moralistas que clasifican a los individuos en villanos y víctimas, y destacando en su lugar la producción sistémica de vulnerabilidad por parte de los regímenes migratorios globales, las estructuras legales y los sistemas económicos. De esta manera, en ambos casos se cuestionan los binarios que han dominado el discurso político y humanitario, ofreciendo una visión de los migrantes como agentes sociales, económicos y políticos que navegan terrenos constreñidos.

El artículo contribuye a esta discusión proponiendo la idea de explotación circular humana (ECH) como una herramienta para entender mejor las dinámicas estructurales que marcan la extracción de valor de la migración forzada. Este término busca mostrar cómo los cuerpos migrantes no solo son explotados como mercancías dentro de las cadenas de valor del narcotráfico, sino que también se ven forzados a consumir dentro de ese mismo sistema, formando parte de un circuito que los reutiliza y recicla sin cesar. En este ciclo, las personas migrantes son detenidas, secuestradas y deportadas, solo para volver al punto de partida y comenzar de nuevo el mismo recorrido, atrapadas en una secuencia sistemática de violencia y despojo. Durante todo ese trayecto, deben pagar sobornos, rescates, documentos que garantizan la libre circulación y hospedajes precarios a precios abusivos. Además, su conocimiento de las rutas migratorias a menudo se convierte en un recurso más que el sistema capitaliza, reincorporándolos —a veces por coacción, otras por necesidad— a la economía del tráfico de personas como coyotes, lo que alarga aún más su participación forzada en este circuito de explotación.

La ECH busca articular una perspectiva necropolítica como la referida arriba, con una de economía política internacional ilícita (EPII), la cual estudia cómo los Estados moldean y participan en mercados ilegales que cruzan fronteras, utilizando el derecho y las instituciones del Estado para hacerlo. Andreas (2004) plantea que en esencia la EPII es un sistema de actividades económicas que los propios Estados han decidido criminalizar, lo que deja claro que la ilegalidad es más una decisión política que una realidad objetiva. Por su parte, Giraldo Ramírez (2014) señala que estas economías ilegales se sostienen a través de pactos de mercado que operan con base en la corrupción o la violencia.

A diferencia de las miradas centradas en la seguridad o en la producción legal o política de la muerte, la EPII entiende a los cárteles como actores económicos plenamente integrados en las dinámicas del comercio global. En esta línea, Rivera Rhon y Bravo Grijalva (2020) proponen analizar estas redes a través de las cadenas de valor para mostrar cómo estas estructuras criminales logran obtener ventajas competitivas. Uno de los puntos clave que subraya la EPII es la posición de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos actores —como migrantes, campesinos y personas racializadas— que suelen ocupar los eslabones más frágiles y explotados de estas cadenas. En contraste, quienes obtienen los mayores beneficios suelen mantenerse lejos del foco público. Así, la criminalización no funciona tanto como un mecanismo de protección social, sino como una forma de controlar mercados altamente rentables.

A pesar de esta visión político-económica, la forma de explotación referida aquí no se corresponde con la noción marxista tradicional de explotación laboral ni con la distinción entre esta y la expropiación formulada por Nancy Fraser (2024). Mientras Fraser examina cómo el capitalismo articula trabajo asalariado y despojo no remunerado para sostener su dinámica, la ECH se refiere a la cosificación de los seres humanos como recursos. De manera análoga a la explotación de la naturaleza —entendida como la extracción y transformación de bienes ambientales al servicio del sistema económico—, esta forma implica la conversión de las personas en recursos funcionales, integrables y mercantilizables, reproduciendo así una lógica instrumental propia del extractivismo del medio ambiente.

Desde una perspectiva que no se desentiende del papel de los discursos en la producción de la muerte pero que incorpora una inquietud por el lugar de la migración en la producción de valor, la ECH propone que una vez que la movilidad se criminaliza, los migrantes se convierten en materia prima dentro de una cadena de suministro que genera ganancias a través del contrabando, el secuestro, el coyotaje, la extorsión y el fraude documental. Sin embargo, la explotación va mucho más allá de lo ilícito: los mercados e instituciones legales también capitalizan la migración irregularizada. Actores legítimos venden bienes y servicios esenciales extrayendo valor de la movilidad precaria. Mientras tanto, los sistemas de gestión migratoria imponen una inmovilidad burocrática que alimenta los mercados de detención, deportación y trabajo barato.

Esta dinámica constituye una masificación de lo que Estévez (2021) denomina la “muerte lucrativa”, que ocurre cuando las corporaciones y los grupos criminales sacan provecho de los recursos que quedan tras los asesinatos o incluso del valor que extraen directamente de los cuerpos. En el caso de la ECH, se trata de un proceso en el que los migrantes, en particular las poblaciones racializadas y empobrecidas, son sometidos a una violencia prolongada que se vuelve económicamente productiva para Estados, redes criminales y actores privados. Siguiendo la necropolítica de Mbembe (2011), la economía de la migración forzada puede entenderse como regida por cuatro “políticas de la muerte” o necropolíticas: 1) la hibridación del poder criminal y político; 2) la mercantilización de cuerpos marginados (mujeres, migrantes, comunidades racializadas); 3) la producción de “geografías prohibitivas”; y 4) el uso de la ley para institucionalizar las geografías de la muerte.

Estas dinámicas necropolíticas se alinean con lo que Sayak Valencia (2010) denomina “capitalismo gore”, donde la violencia no es una ruptura del orden, sino un recurso económico deliberado. En esta economía, los cuerpos humanos (muertos, mutilados o amenazados) generan capital. La acumulación ya no se impulsa por el trabajo productivo, sino por el valor especulativo de la vulnerabilidad y la coerción. De manera similar, la teoría del “capitalismo político-criminal” de Duncan (2014) explica cómo el propio Estado se vuelve cómplice de los mercados ilegales: el narcotráfico y el tráfico de migrantes producen poder político, que luego se monetiza a través de estructuras de renta que abarcan legalidad e ilegalidad. Las leyes no suprimen los mercados ilegales, sino que los crean y regulan.

La circularidad de este sistema es lo que distingue a la ECH. Treviño (2020) sostiene que los migrantes son objetivados, vistos meramente como mercancías hasta que su valor se agota. Sin embargo, la ECH sugiere un paso más: los migrantes nunca son completamente desechados. Son rediseñados y reinsertados en el circuito en distintas etapas. Son detenidos, liberados, recapturados, reencauzados y explotados nuevamente. Los migrantes no son simplemente usados una vez; son reutilizados, reprocesados y reciclados a lo largo de las fases de su trayecto. Su inmovilización genera rentas repetidas, dado que los migrantes detenidos son retenidos en centros de detención, deportados y, a menudo, reingresan al sistema como coyotes, creando bucles de beneficio que dependen de su irregularidad continua.

Se trata de una economía circular de la migración. Así como la economía circular verde busca reutilizar y reintegrar materiales en lugar de desecharlos, las economías criminales de la migración reintegran a los migrantes en múltiples etapas de explotación. Los migrantes no son “desechos”; son mercancías recicladas: traficados varias veces, secuestrados, rescatados mediante pago, vendidos para explotación sexual, reinsertados en el tráfico como coyotes y canalizados a través de burocracias formales e informales. Su valor no aumenta por su productividad, sino por su vulnerabilidad, inmovilización y repetida mercantilización. La circularidad de esta explotación imita los ciclos naturales, pero no para sanar ni regenerar, sino para exprimir cada posible forma de la existencia migrante.

En esta dinámica, la mirada interseccional resulta clave no solo para identificar las múltiples formas de desigualdad que configuran estos procesos, sino también para comprender cómo opera la selectividad de la movilidad y la explotación en la circularidad de la explotación. Como señala Nira Yuval-Davis (2011), los regímenes de ciudadanía están atravesados por relaciones de poder interseccionales que establecen jerarquías entre los sujetos migrantes según su lugar en el orden global. De forma complementaria, Floya Anthias (2012) plantea que las formas de pertenencia translocal se construyen sobre ejes de desigualdad que condicionan el acceso a derechos y oportunidades. Integrar la perspectiva interseccional al análisis de la ECH permite desnaturalizar el funcionamiento de estos regímenes de movilidad selectiva y revelar cómo la explotación migrante no es homogénea, sino estructurada diferencialmente a partir de múltiples vectores de opresión.

Esta lógica es más visible en regiones fronterizas como el corredor México-Guatemala, donde la migración se integra en infraestructuras de contrabando de larga data desarrolladas inicialmente para el narcotráfico. Aquí, la migración se convierte en un nicho más dentro de los mercados de mercancías ilegales, y el poder necesario para mover personas por este corredor ya había sido producido por el tráfico de drogas y ahora se aplica al movimiento humano con un costo adicional mínimo. Las mismas redes de protección, logística y corrupción que se usan para el tráfico de drogas se utilizan para traficar migrantes. En este sistema, la violencia es una forma de capital. Los migrantes pagan no solo por moverse, sino por sobrevivir, por evitar la tortura, el secuestro y la extorsión. Al igual que en los mercados de drogas, la protección se convierte en una renta, no en un servicio, y la ilegalidad en sí misma se vuelve una fuerza generadora de mercado. La criminalización estatal de la movilidad produce escasez y la escasez genera beneficio.

En el caso de la migración forzada en Chiapas, tanto los cárteles como el Estado administran la precariedad, posicionando a los migrantes como mercancías móviles dentro de economías criminales más amplias. Los cárteles también capturan y controlan migrantes a lo largo de las rutas clave, transformando su movilidad en una mercancía porque los coyotes ya no operan de manera independiente: ahora actúan como concesionarios de rutas de movilidad que se superponen con los corredores del narcotráfico. Estas dinámicas reproducen la lógica de las economías de drogas que operan en lo que Bravo (2024) denomina “geografías prohibicionistas”, esto es, zonas donde la propia prohibición se convierte en motor de mercados ilícitos entrelazados con circuitos económicos formales y sancionados por el Estado. La ECH busca dar cuenta de este entrelazamiento estructural, posicionando al migrante no como una víctima aislada, sino como una figura que circula a través de sistemas de violencia legal y control mercantilizado.

En esta geografía, las muertes de migrantes por negligencia de los traficantes, como el abandono en remolques sellados o los cruces marítimos inseguros, no quedan fuera del marco de la ECH: forman parte de lo que le da sentido y la hace comprensible. La lógica del ECH no se basa en la protección o supervivencia de cada migrante individual, sino en la rentabilidad sistemática de la circulación basada en el volumen. Al igual que en las industrias extractivas, no se espera que todas las personas sobrevivan al proceso. Aun así, el modelo de negocio no solo se mantiene, sino que puede ser sorprendentemente sólido, precisamente porque el flujo de movilidad humana es constante y renovable. Las muertes de migrantes, por más trágicas que sean, no se ven como fallas del sistema, sino como parte de un riesgo calculado dentro del capitalismo gore. Las redes de contrabando —y las economías más amplias a las que pertenecen— operan bajo lógicas de excedente y desechabilidad. El valor del migrante no está en su individualidad, sino en su papel como una unidad más dentro de un sistema extractivo que funciona por volumen. Incluso cuando alguien muere en el trayecto, esa muerte no detiene el negocio. De hecho, en algunos casos puede incluso reforzarlo: intensifica los controles, alimenta discursos de disuasión o justifica nuevos mecanismos administrativos y flujos de financiamiento.

La ECH integra la muerte no como una excepción, sino como parte de la lógica industrial que gobierna la movilidad irregularizada. Enfatiza que el valor se extrae no solo del trabajo o la llegada, sino también de los propios procesos de movimiento, encierro e incluso del riesgo fatal. En pocas palabras, el negocio perdura porque la mercancía es inagotable, lo cual es consecuencia de la desigualdad global, la exclusión legal y los regímenes fronterizos externalizados que continúan produciendo cuerpos irregularizados más rápido de lo que el sistema los consume.

En resumen, la ECH permite revelar la lógica de mercado, las infraestructuras que la sostienen y las complicidades transnacionales que hacen posible la mercantilización de la movilidad. Este enfoque conecta el capitalismo extractivo, las políticas prohibicionistas y la gobernanza político-criminal dentro de una misma estructura. Así, la migración deja de verse como una crisis humanitaria para entenderse como un modelo de negocio perfectamente articulado. La ECH reformula la migración contemporánea como un proceso estructurado y recurrente de extracción de valor. Esta explotación opera tanto en los ámbitos legales como en los ilícitos, donde actores estatales, mercados privados e intermediarios criminales colaboran, a menudo sin fisuras, para monetizar la circulación migrante. La repetición de este proceso asegura que los migrantes funcionen como fuentes renovables de excedente cuya condición de desposesión no es incidental, sino económicamente instrumental. La ECH invita a reconceptualizar la precariedad migrante como una característica estructural de la acumulación, sostenida tanto por las instituciones formales como por las economías informales.

En ese sentido, aunque la ECH se construye a partir de las nociones de “industria de la migración” (Hernández-León, 2012) y de “economía política de la migración” (Gandini, Álvarez y Feldmann, 2024), no se queda allí. La ECH propone una ampliación de estos enfoques al no centrarse únicamente en los mecanismos que estas nociones designan, sino en los efectos estructurales que producen. Específicamente, la ECH examina cómo la industria y la economía política de la migración operan a través de necropolíticas que instauran una violencia sistemática e imponen sobre las personas migrantes condiciones de terror reiteradas y cíclicas, con el objetivo de extraer valor de manera continua.

Este régimen no solo mercantiliza la movilidad humana, sino que la segmenta estratégicamente en función de elementos como la nacionalidad, la raza y la clase social, a fin de maximizar las rentas extraídas. De esta forma, se configura un sistema donde la violencia no solo se institucionaliza, sino que se distribuye diferencialmente según la capacidad económica de los sujetos, reforzando jerarquías y desigualdades estructurales. La ECH pone énfasis en la dimensión violenta y acumulativa de la extracción de valor que no se limita al trabajo ni a las remesas, sino que abarca sobornos, secuestros, extorsiones, trámites oficiales, hospedaje irregular, transporte y cualquier instancia de la movilidad o inmovilidad. La ECH revela un régimen de acumulación basado en el uso, reutilización y desgaste sistemático de los cuerpos migrantes, diferenciándose de una lectura meramente funcional de los servicios migratorios.

Mientras que autores como Hernández-León (2012) usan “industria de la migración” para explicar redes y actores que obtienen beneficios económicos facilitando el tránsito —enfatizando la infraestructura, los intermediarios y el flujo como un “sector productivo” en sí mismo—, la ECH se enfoca en cómo las personas son tratadas como recursos renovables de alto valor de extracción, cuya explotación no termina en un solo punto, sino que es reiterada, multisectorial y hasta su agotamiento físico o financiero.

Asimismo, a diferencia del trabajo de Gandini, Álvarez Velasco y Feldmann (2024) que describe las rutas como trayectorias lineales que conectan origen, tránsito y destino a través de intermediarios formales e informales, la ECH entiende la explotación migrante como un proceso cíclico y recurrente, donde la deportación, la reentrada, la espera y el trabajo precario se convierten en mecanismos de extracción de valor. Desde esta perspectiva, el Estado no aparece solo como un actor ambivalente que controla y tolera al mismo tiempo, sino como un agente estructural de la acumulación, que participa activamente mediante sistemas de detención, deportación, trámites administrativos y externalización de fronteras. En contraste con el aporte empírico de estos autores, la ECH propone un concepto analítico que revela cómo la precariedad migrante se organiza como un recurso económico renovable en la economía política global.

En otras palabras, la ECH es una noción que se desprende de lo que podríamos llamar la Economía Necropolítica Internacional Ilícita que va más allá de esos enfoques al no quedarse solo con los mecanismos que utilizan, sino que enfatiza los efectos estructurales que provocan. En particular, examina cómo la industria y la economía política de la migración operan a través de necropolíticas que establecen formas sistemáticas de violencia. Estas prácticas generan condiciones de terror constantes y repetitivas sobre las personas migrantes, con el objetivo de asegurar una extracción continua de valor. El artículo examina la ECH así entendida en el caso referido de las fronteras externalizadas de Estados Unidos en la frontera de México con Guatemala, para lo cual se analizan los datos empíricos derivados de un breve trabajo de campo en el estado mexicano de Chiapas, cuya metodología se explica a continuación.

3. Metodología

La investigación empírica para el análisis de la ECH se llevó a cabo en mayo de 2024 y se basa en 15 entrevistas semiestructuradas, cada una de aproximadamente una hora u hora y media, realizadas en un trabajo de campo de siete días en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula en el estado mexicano de Chiapas. El criterio de selección fue ser representantes de distintos sectores de la sociedad que tuvieran información sobre el tema migratorio en el contexto de la violencia reciente en el Estado. Dadas las condiciones de violencia y temor en la población local, se buscó el apoyo de académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas para seleccionar y contactar a personas cuyo trabajo estuviera vinculado a la atención de población migrante internacional o a las actividades socioeconómicas de la zona, y que estuvieran dispuestas a dar testimonio. Al final se logró la participación de dos académicos, cuatro activistas de organizaciones civiles y albergues, un migrante, un abogado, tres expolíticos locales, un líder de productores de café, un activista por los derechos de los migrantes y dos personas de organizaciones tanto nacionales como internacionales que trabajan en temas migratorios, asilo e infancias en movilidad. Las preguntas iniciales se centraron en su conocimiento, a partir de su propia experiencia, sobre la presencia de migración internacional y de qué nacionalidades, en municipios donde se libraba una confrontación abierta entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y en cómo dicha presencia se relacionaba con actividades comerciales, tanto lícitas como ilícitas. El tamaño y los sectores representados en la muestra se determinaron por las circunstancias sociopolíticas y de seguridad en la frontera. El trabajo de campo incluyó observación en albergues gestionados por la sociedad civil, campamentos informales, centros de detención migratoria y retenes migratorios, así como en la Guardia Nacional en Tuxtla, Tapachula, Río Suchiate y en la carretera de la ruta migratoria del sur, que va de Tuxtla Gutiérrez a Huixtla, pasando por Tapachula.

En cuanto al análisis de los datos, este se realizó con la ayuda del software Atlas.ti y usando nociones de la metodología de la teoría fundamentada, que incluye codificación abierta, axial y selectiva de las entrevistas, lo cual ayudó a refinar las categorías que eventualmente hicieron llegar a la noción de ECH. La teoría fundamentada es un enfoque metodológico cuyo objetivo es generar teorías a partir de datos recolectados sistemáticamente durante el proceso de investigación (Glaser y Strauss, 1967). Los datos de las entrevistas se enriquecieron y se confirmaron mediante la observación de distintos puntos en los que se llevaban a cabo las acciones relatadas por los entrevistados, como retenes, campamentos y carreteras.

En cuanto a las posibles limitaciones de la muestra, esta es pequeña y seleccionada de manera intencionada, como se detalló arriba, lo cual va de la mano con enfoques cualitativos como el que se lleva a cabo aquí, pero limita la posibilidad de generalizar los resultados. Las entrevistas se realizaron en contextos de alta vulnerabilidad o riesgo, lo que pudo influir en la medida en que los participantes se sintieron abiertos a hablar. En cuanto a la observación directa, aunque se llevó a cabo en distintos escenarios —como albergues, campamentos, centros de detención y retenes—, fue breve y no sistemática. Esto puede verse como un límite a la posibilidad de generar conclusiones estructurales, aunque sigue siendo una herramienta valiosa que aporta contexto y matices, siempre que se complemente con otras fuentes. Por último, el enfoque cualitativo del estudio, centrado en entrevistas y observación, implica una fuerte dependencia del testimonio subjetivo, con los riesgos de interpretación que eso conlleva.

Dicho esto, reconocer estas limitaciones no resta valor al estudio. A pesar de los desafíos, la investigación ofrece una mirada empírica valiosa al combinar relatos en primera persona con observación en terreno en un contexto particularmente complejo y difícil de acceder. La diversidad intencional de voces entrevistadas permitió captar una variedad de perspectivas sobre la migración y su vínculo con la violencia en Chiapas. Además, el enfoque cualitativo facilitó una comprensión más cercana y matizada, algo que sería muy difícil lograr con otros métodos. Aunque no pretende ser representativo a nivel estadístico, el estudio logra una profundidad analítica que permite observar las dinámicas de la categoría que se desarrolla con base en la teoría fundamentada, la ECH.

4. La ECH en Chiapas

El corazón de la frontera desterritorializada de Estados Unidos en el límite de México con Guatemala está en Chiapas y los municipios guatemaltecos colindantes, donde la disputa entre diversos cárteles por controlar la migración ha intensificado la violencia a partir de 2018, según diversos entrevistados. La economía criminal chiapaneca gira en torno al trasiego de cocaína y actividades asociadas a una geografía transfronteriza que se caracteriza por el rezago socioeconómico, la ausencia estatal salvo en operativos armados, la riqueza natural y la ECH derivada de la migración internacional que cruza el embudo centroamericano hacia Estados Unidos. Entre los negocios más lucrativos destacan el contrabando, el narcotráfico, la producción de drogas sintéticas, la siembra de coca y amapola, el tráfico de armas, la minería ilegal, la delincuencia común y, sobre todo, la ECH que se da en las rutas migratorias que flanquean las geografías en las que se dan esos negocios.

En Chiapas existen dos tipos de empresarios de la ECH. Los de la “libre movilidad”, encabezados por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), abogados y gestores, que venden documentos y salvoconductos; y los del “escape”, empresas criminales que garantizan transporte y paso seguro mediante pagos a autoridades y cárteles. La obtención de documentos se convirtió en un mercado: sin papeles, los migrantes enfrentan detenciones y extorsión del INM y la Guardia Nacional. La burocracia lenta de la COMAR alentó un mercado clandestino manejado por gestores y exfuncionarios que cobraban por trámites gratuitos. Rito Rambután, activista en Tapachula, asegura que el INM, la Guardia Nacional y los policías locales institucionalizaron las cuotas en retenes. El “negocio de la TVRH” involucraba tanto al crimen organizado como a las autoridades: las visas se cotizaban entre 2500 y 6000 dólares; los paquetes completos alcanzaban los 15 000 dólares; y los amparos de libre tránsito llegaban hasta los 10 000. Los migrantes con mayores recursos, como los chinos, rusos o ucranianos, pagaban para viajar en avión hacia la frontera norte. A la par, proliferaron fraudes en redes sociales con complicidad oficial.

Ilustración 1. Mapa de rutas migratorias y negocios criminales en las que se da la ECH en Chiapas

Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información proporcionada en las entrevistas y el trabajo de campo en el estado

El negocio del escape lo sostienen redes de coyotes que pagan a los cárteles y autoridades para usar las rutas superpuestas al narcotráfico. Hay tres corredores principales: el sur (CS), el central (disputado por CS y CJNG) y el norte (CDG y Zetas). Todos convergen en Ciudad de México antes de distribuir migrantes al norte. Diana Damián, de la organización Formación y Capacitación (FOCA) que trabaja en temas de género y migración en Chiapas, señala que la disputa por el corredor central ha intensificado la violencia y los desplazamientos. El control territorial impone cuotas: los migrantes sin documentos deben contratar polleros o pagar a cárteles para evitar secuestros, rescates o explotación sexual y laboral. El INM y otras instancias también colaboran, vendiendo permisos o liberaciones. En Tapachula, incluso se entregan brazaletes y sellos a quienes pagan, señal de haber cubierto su tramo. Los costos varían según ruta y nacionalidad: entre 1000 y 15 000 dólares por transporte, documentos falsos y protección en retenes. Antes independientes, los coyotes ahora son parte de estructuras criminales y deben pagar el derecho de piso. Harold, migrante nicaragüense, gastó 15 500 dólares en coyotes, rescates y trámites en México y EE. UU.; pero, aunque evitó la violencia física, presenció secuestros y la prostitución forzada de otros migrantes.

En síntesis, la movilidad en México está moldeada por el crimen organizado y la corrupción institucional, amparados por leyes prohibitivas. Las autoridades, cárteles y redes de coyotaje se lucran sistemáticamente con la vulnerabilidad de los migrantes, estructurando un negocio circular que define la ECH. Para extraer la mayor ECH, estos actores operan el negocio de la migración de forma similar a como se opera el turismo: segmentando a los sujetos migrantes de la forma en que se segmentan los usuarios de servicios turísticos, partiendo de la nacionalidad, clase y raza de los migrantes.

Un activista y organizador de caravanas migrantes en Tapachula, sobre quien pende una orden de aprehensión por estas actividades, y quien pidió ser identificado con el nombre de Rito Rambután, sostiene que en la migración forzada “solo hay dos nacionalidades: los ricos y los pobres”. Los ricos llegan en avión a la frontera México-Guatemala, se hospedan en hoteles de cuatro estrellas y viajan en autobuses turísticos seguros. Estos migrantes provienen principalmente de Rusia, Ucrania, Georgia y China. En contraste, “los pobres son los que se ven en las caravanas, los que se ven pidiendo en las calles, los que salen, los que gritan, los que hacen huelgas de hambre, etcétera”, que son en su mayoría centroamericanos: migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como caribeños de Haití, quienes enfrentan mayores niveles de discriminación racial y étnica. Ambos grupos son muy visibles y distinguibles. Rambután afirma que, al mismo tiempo, existen otros tipos de migrantes que se ubican entre estos polos, tanto en lo étnico y racial como en lo social y económico: migrantes de países como Cuba, Venezuela, Colombia y ciertas partes de Asia, como Afganistán, que por lo general no utilizan las mismas redes de tráfico comúnmente asociadas con personas de China o Rusia. Los niveles de ingreso entre estas personas migrantes varían, pues muchos poseen habilidades lingüísticas, conocimientos culturales o conexiones transnacionales que pueden ayudarles a navegar situaciones de violencia y explotación con mayor eficacia. Rambután, Julio Bautista (Entrevista, 2024) y Fernanda Acevedo (Entrevista, 2024) explican además que los migrantes de naciones africanas como Angola o Nigeria suelen enfrentar una discriminación similar a la de los haitianos. Sin embargo, algunos pueden tener mejor acceso a recursos económicos o sociales que influyen en sus trayectorias migratorias.

Según Diana Damián Palencia, fundadora y directora ejecutiva de FOCA, los cubanos suelen llegar bien alimentados, con estudios y conscientes de sus derechos, algo similar a los venezolanos; sin embargo, señala que los venezolanos generalmente tienen niveles educativos más bajos que los cubanos. En contraste, describe a las mujeres hondureñas como personas que llegan con importantes vulnerabilidades: suelen estar muy empobrecidas, enfermas y haber experimentado violencia. Hace observaciones similares sobre las mujeres de El Salvador y Guatemala, señalando que estos países expulsan a muchas personas vulnerables, de manera semejante a lo que ocurre en México (Diana Damián Palencia, Entrevista, 2024). Por su parte, Fernanda Acevedo explica que las tarifas impuestas a los migrantes pueden variar según su nacionalidad. Esta disparidad refleja tanto la capacidad percibida de pago de los migrantes como la demanda que representan dentro de los sistemas de movilidad irregular. En su opinión, los migrantes de Cuba, Venezuela y Afganistán tienden a enfrentar costos más altos, probablemente debido a las situaciones políticas urgentes que enfrentan y a las limitadas vías legales de migración disponibles para ellos (Fernanda Acevedo, Entrevista, 2024).

La comunidad china en Chiapas ilustra un modelo alternativo de inserción migratoria, donde las redes ya consolidadas reducen el riesgo de explotación directa en las rutas de tráfico. A diferencia de los migrantes que dependen de albergues, especialmente los centroamericanos, los chinos han establecido estructuras económicas que les permiten integrarse sin recurrir a la ayuda humanitaria, lo que sugiere un nivel de organización que los excluye de la misma vulnerabilidad que afecta a otros grupos. Migrantes de Afganistán y Uganda representan casos en los que la ausencia de redes de apoyo los hace más dependientes de los albergues, lo que los convierte en un segmento migratorio altamente vulnerable para la ECH. La predominancia de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, refleja la estructura del tráfico en la región, donde el uso de albergues como último recurso evidencia la precariedad de los flujos migratorios.

Al igual que en la industria turística, la migración forzada en Chiapas opera bajo lógicas que segmentan a los migrantes de acuerdo con su nacionalidad, la cual está vinculada a características de clase y raza que predisponen a los proveedores de servicios de coyotaje y de venta de documentos legales. Lógicas diferenciales estructuran las rutas migratorias, asignando abusos, riesgos y condiciones desiguales de acuerdo con la capacidad económica y las características sociales de los individuos. El género, la raza y la nacionalidad determinan las experiencias de los migrantes, quienes enfrentan distintos niveles de violencia y explotación según su posición en este sistema. Las mujeres, los niños y las personas LGBTQ+ son particularmente vulnerables, mientras que los migrantes racializados suelen verse obligados a tomar las rutas más peligrosas debido a sus mayores niveles de exclusión, siendo los migrantes con más recursos los que pagan precios más altos.

Como en la industria turística, donde se ofrecen diferentes niveles de servicio según el poder adquisitivo del consumidor, la ECH se organiza en segmentos que reflejan desigualdades sociales y económicas. Estos segmentos incluyen opciones que van desde rutas peligrosas y precarias hasta servicios relativamente más seguros y exclusivos vinculados al acceso a servicios ofrecidos por emprendedores de la libre movilidad y emprendedores del escape, lo que funciona como una especie de turismo de espera. El primer segmento es similar al turismo mochilero o de bajo costo. Representa las opciones más precarias y riesgosas, dirigidas a migrantes con pocos recursos económicos. En el turismo convencional, este tipo de viaje suele implicar transporte abarrotado, alojamientos de baja calidad y una experiencia altamente estresante. En el contexto migratorio, estas rutas incluyen viajar en trenes de carga, cruzar México en condiciones de extrema precariedad, largas caminatas por zonas selváticas y desérticas sin guía ni protección, y una exposición constante a grupos criminales, autoridades corruptas y riesgos ambientales. Este segmento está dirigido a migrantes centroamericanos que enfrentan altos niveles de violencia, extorsión, secuestro e incluso la muerte. Las mujeres y las personas LGBTQ+ en este grupo suelen ser víctimas de violencia sexual y trata, lo que agrava aún más su vulnerabilidad.

Estos servicios de coyotaje están vinculados a formas de turismo extremo caracterizadas por la búsqueda de experiencias intensas. En el tráfico de personas, este segmento describe a quienes, por falta de opciones seguras, se ven obligados a cruzar rutas peligrosas, como la Selva del Darién, el Desierto de Sonora o el Río Bravo, donde las condiciones climáticas y la falta de recursos ponen en riesgo la vida de los migrantes. Estos son los migrantes que se refugian en caravanas y viajan a pie. En cuanto al alojamiento, son los usuarios más frecuentes de los albergues de la sociedad civil. Este segmento refleja el más alto nivel de vulnerabilidad, donde las personas se enfrentan no solo la violencia criminal, sino también el abandono estatal y las fuerzas de la naturaleza. Un trabajador internacional de ayuda a refugiados (Entrevista, 2024), con amplia experiencia viajando en autobuses nocturnos entre Tapachula y Oaxaca, reportó casos recurrentes en los que agentes de migración aceptaban pagos para permitir que ciertos migrantes continuaran su camino. Estas observaciones, que incluían a agentes revisando pasaportes y permitiendo selectivamente el paso en función de la nacionalidad y los sobornos, fueron citadas como una clara evidencia de la complicidad oficial en la llamada “industria de la migración”.

También describió cómo los migrantes eran tratados de manera diferente dependiendo de su nacionalidad: “Por ejemplo, si en el camión éramos 44 y había 20 hondureños, a los 20 hondureños los bajaban, y si iban 10 rusos o 10 uzbekos, los dejaban ir y llegaban hasta Oaxaca”. También mencionó cambios recientes en las rutas migratorias que había observado en sus viajes hasta 2023: “Hubo incluso una redefinición completa de la ruta porque, en todos los años que viajé a Oaxaca, en los últimos meses de 2023 vi más personas asiáticas en la terminal que nunca antes en mi vida, cuando usualmente no era una terminal a la que llegaban”.

El segundo segmento es el turismo estándar o de masas. En el turismo tradicional, este segmento incluye paquetes que ofrecen una experiencia moderadamente cómoda a un costo accesible para la clase media. En el tráfico de personas, este nivel se traduce en servicios de coyotaje más organizados, pero no exentos de riesgo. Incluye transporte en autobuses o camionetas clandestinas que evitan rutas excesivamente peligrosas, alojamiento temporal en casas de seguridad durante los cruces planificados y una menor exposición a la violencia directa que el segmento de bajo costo, aunque los migrantes siguen siendo víctimas de extorsión. Este segmento comprende a migrantes que disponen de recursos económicos algo más elevados o con acceso a redes familiares que los ayudan a financiar el trayecto, como los cubanos o venezolanos. Sin embargo, según Julio Bautista, la posibilidad de ser detenidos por las autoridades o interceptados por grupos criminales sigue siendo alta, y los servicios de coyotaje, así como la adquisición de documentos y la movilidad, se encarecen.

Entre 2020 y 2021 se identificó un patrón de compra de documentos falsos entre migrantes cubanos. Se descubrieron paquetes de documentación falsificada, incluyendo constancias de la COMAR y documentos de residencia permanente. Una red de corrupción dentro de la COMAR y de las autoridades migratorias, que operaba hasta Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, fue desmantelada tras una investigación. Aunque no hubo consecuencias penales y no se hizo público, sí se registraron múltiples destituciones. A los cubanos se les facilitaba la compra gracias a su capacidad de endeudarse, confiando en pagar al llegar a Estados Unidos o con el apoyo financiero de familiares (Miembro del personal de una organización internacional de asistencia a refugiados, Entrevista 2024).

Los cubanos también tienen acceso a rutas más seguras hacia Guatemala que los venezolanos, centroamericanos y haitianos. El funcionario de la Agencia Internacional de Refugiados explica que los cubanos evitan cruzar la peligrosa Selva del Darién optando por una ruta más directa hacia Nicaragua. La embajada de Nicaragua en La Habana facilita esta migración emitiendo permisos de entrada con el pretexto de “vacaciones”, lo que permite vuelos directos y continuos entre Cuba y Managua. Este patrón se ha convertido en una ruta establecida para los migrantes cubanos. Desde Managua, los migrantes continúan su trayecto por tierra hasta Tapachula, un viaje de aproximadamente tres días en autobús. La conexión terrestre en Centroamérica es eficiente, con rutas frecuentes entre Nicaragua, Honduras, El Salvador y Tapachula, lo que agiliza el tránsito de los migrantes en comparación con el cruce peligroso y prolongado del Darién. Este cambio estratégico refleja cómo las rutas migratorias se adaptan a la disponibilidad de accesos y a las condiciones en los países de origen y tránsito.

El aumento en los tiempos de espera de los migrantes ha provocado un alza en los alquileres de largo plazo para este segmento en Tapachula. Las rentas para extranjeros han subido considerablemente, alcanzando entre 400 y 500 dólares al mes. Además, muchas bodegas y salones de fiestas han sido convertidos en viviendas improvisadas para migrantes. Asimismo, departamentos originalmente destinados a familias ahora albergan hasta seis o siete literas, adecuadas para 12 a 14 personas, con rentas que oscilan entre 75 y 100 dólares por persona, dependiendo de servicios adicionales como aire acondicionado, estufas y refrigeradores. Algunos caseros han desalojado a sus inquilinos para adaptar sus viviendas a este modelo o se han mudado a departamentos más baratos y subarrendan sus casas a migrantes, obteniendo ingresos significativamente mayores. Este fenómeno va en aumento a medida que crece la demanda de alojamiento temporal (Miembro del personal de una organización internacional de asistencia a refugiados, Julio Bautista, Entrevistas 2024).

El tercer segmento de la economía migratoria lo conforma el tránsito de lujo o “VIP”: servicios de alto costo y alta seguridad diseñados para garantizar rapidez y minimizar riesgos. Accesible solo para migrantes con importantes recursos financieros o con estatus geopolítico privilegiado, este modo incluye transporte privado (terrestre o aéreo), documentos falsificados o prestados y logística personalizada para evitar retenes y zonas controladas por el crimen. Aunque más seguras que otras formas de migración irregular, las rutas VIP siguen insertas en sistemas de explotación, especialmente cuando actores criminales pueden monetizar aún más las vulnerabilidades.

Este segmento premium no es marginal, dado que ejemplifica la mercantilización de la protección y la estratificación de la movilidad en el corazón de la Explotación Circular Humana (ECH). Los migrantes en esta categoría, a menudo de países como China, Rusia o Ucrania, navegan por infraestructuras de contrabando transnacional que implican la colaboración entre sindicatos criminales, funcionarios corruptos y redes logísticas controladas por cárteles. Estos actores brindan a los migrantes un paso expedito y discreto por las fronteras, evitando la violencia, extorsión y exposición que enfrentan los grupos de bajos ingresos (Shelley, 2010; Ribando, 2016; UNODOC, 2020; OIM, 2021; BBC, 2021; InSight Crime, 2022; Animal Político, 2022; Proceso, 2023).

Las rutas de migración china hacia EE. UU. son emblemáticas. Los migrantes suelen partir de provincias con largas historias de emigración, como Fujian o Guangdong. Organizaciones criminales chinas —desde tríadas hasta pequeños sindicatos— facilitan viajes aéreos o marítimos hacia países latinoamericanos con regímenes de visas más flexibles, como Ecuador o Honduras. Desde allí, el paso por tierra es coordinado por intermediarios locales y actores vinculados a cárteles, que ofrecen una gama de servicios, incluyendo transporte, documentos falsificados, protección y refugio. En México, grandes cárteles como el CS y el CJNG controlan la etapa final del tránsito, desplegando vehículos clandestinos, túneles o transporte camuflado en cargamentos.

Estas operaciones de contrabando funcionan bajo un modelo de puerta a puerta, facilitado por la sinergia entre la pericia criminal y la complicidad estatal. Las redes chinas se especializan en falsificación de documentos y logística financiera (como lavado de dinero y transferencias de remesas). Al mismo tiempo, los cárteles mexicanos aportan control territorial y logística de nivel militar perfeccionada a lo largo de años de narcotráfico. Intermediarios locales en Guatemala, México y otras regiones actúan como corredores, gestionando sobornos, organizando alojamientos y garantizando el paso discreto por retenes. El costo total de estos servicios “VIP” oscila entre los 30 000 y 70 000 dólares, con documentos falsificados que por sí solos cuestan entre 5000 y 15 000 dólares. Los sobornos a las fuerzas del orden, autoridades migratorias y unidades militares suelen estar incluidos en la tarifa, institucionalizando la corrupción como un costo previsible de la migración de alto nivel.

Dinámicas similares existen en las rutas de contrabando para los migrantes rusos y ucranianos. Estos viajes a menudo comienzan bajo el pretexto del turismo o del trabajo temporal desde ciudades como Moscú, San Petersburgo o Kiev. Los migrantes viajan a países como Brasil o Argentina, donde la entrada con visa es más accesible, y posteriormente son trasladados hacia el norte por intermediarios criminales. Una vez en México, se integran en los mismos sistemas de tránsito operados por cárteles que otros clientes VIP. Aunque ligeramente menos costosos que las rutas chinas —que oscilan entre los 20 000 y 50 000 dólares —siguen representando un nivel premium.

Una característica clave de este segmento es la drástica reducción del tiempo y el riesgo en el tránsito. Mientras que los migrantes centroamericanos pueden tardar entre cinco y ocho días en cruzar el Darién bajo condiciones extremas, los migrantes VIP suelen completarlo en dos o tres días. Esta aceleración no es solo una ventaja logística: reduce significativamente la exposición a la violencia, en particular la violencia de género. Trabajadores humanitarios reportan que las mujeres jóvenes que viajan bajo arreglos VIP enfrentan muchas menos amenazas de agresión sexual o secuestro (Yuriria Salvador, trabajadora internacional de ayuda a refugiados, Entrevistas 2024).

De manera similar, en Tapachula, la representante de la Agencia Internacional de Asistencia a Refugiados señala que las redes de contrabando organizan alojamientos de lujo para migrantes en hoteles de alto nivel, donde el costo por noche oscila entre 75 y 150 dólares. Los migrantes suelen pagar rápidamente estas tarifas y esperar entre 10 y 20 días en estos hoteles antes de continuar su trayecto. A veces, se observan más de cien asiáticos en los vestíbulos de algunos hoteles, lo que sugiere el carácter sistemático de esta dinámica. Migrantes de la ex Unión Soviética y algunos asiáticos también son trasladados de noche en camionetas, un patrón recurrente que refuerza la idea de que los hoteles participan activamente en estas redes. Estos hoteles se han convertido en puntos clave de estas operaciones, donde es común observar dinámicas bien organizadas. Las llegadas nocturnas en vehículos privados y la falta de interacción de estos migrantes con espacios públicos o administrativos sugieren un alto grado de planificación y encubrimiento por parte de las redes.

Mientras los migrantes en este segmento viajan de manera más segura y cómoda, los centroamericanos (hondureños y salvadoreños) suelen encontrarse en las calles o en albergues. Esta disparidad refleja cómo las redes de contrabando priorizan a los migrantes que pueden pagar servicios más costosos y dejan expuestos a condiciones adversas a los más vulnerables. Estos patrones demuestran cómo las redes de contrabando explotan las desigualdades económicas y geopolíticas entre migrantes para ofrecer servicios diferenciados, mientras que los altos costos de alojamiento y transporte se asocian con una infraestructura informal que incluye hoteles y proveedores de transporte local. El contrabando de migrantes en el Darién y en México no solo es una operación lucrativa, sino también una que refleja profundas desigualdades entre los migrantes, con redes bien estructuradas que gestionan cada aspecto de su tránsito, desde el cruce fronterizo hasta el alojamiento temporal.

5. Conclusiones

La ECH evidencia un cambio profundo en las dinámicas migratorias contemporáneas, particularmente en las fronteras externalizadas de Estados Unidos, México y Guatemala. A medida que las rutas se vuelven más peligrosas y las políticas restrictivas empujan a las personas desplazadas hacia trayectos riesgosos, las economías ilícitas se adaptan y prosperan, capitalizando esas vulnerabilidades. La fusión entre tráfico de personas, trata y comercio ilegal da lugar a un mercado altamente estructurado y orientado al lucro, que imita la lógica del turismo al segmentar a los migrantes según nacionalidad, clase, raza y género.

El concepto de la ECH desplaza el análisis de nociones superficiales de daño hacia un enfoque en la extracción recurrente de valor. Los migrantes no son solo maltratados, sino reciclados a través de regímenes legales, laborales y penales que extraen ganancias en múltiples etapas. No es un subproducto de debilidad institucional, sino un mecanismo sistémico en el que confluyen Estados y mercados privados, muchas veces dentro del marco de la ley.

Desde una perspectiva marxista, los migrantes —especialmente los irregulares o temporales— son centrales en la producción de plusvalía: se les paga menos de lo que generan, pero su explotación excede el lugar de trabajo. Su ilegalidad, movilidad, detención y deportabilidad se vuelven productivas. En el ámbito laboral, su ambigüedad legal los confina a empleos inseguros, lo que permite a los empleadores beneficiarse de la supresión salarial y la falta de protecciones. En el ámbito de la detención y deportación, las empresas privadas, proveedores de servicios y compañías de transporte monetizan cada arresto, encierro y traslado. Crucialmente, la deportación no cierra el ciclo: los migrantes suelen reincorporarse a circuitos irregulares o trámites repetitivos, generando ingresos constantes.

El crimen organizado y las infraestructuras semilegales tampoco se oponen a lo formal, sino que se articulan con él. Las personas migrantes en tránsito son canalizadas hacia economías precarias donde enfrentan coerción, trabajo forzado o actividades ilícitas, como el transporte de drogas o el trabajo sexual. Estas formas de explotación a menudo se normalizan o invisibilizan, sobre todo cuando las autoridades fronterizas permiten tácitamente tales prácticas a cambio de sobornos o “cuotas”.

A esto se suma un parasitismo administrativo y comercial. Los Estados extraen rentas mediante sistemas de permisos opacos y prolongados, que obligan a los migrantes a pagar repetidas cuotas a intermediarios sin garantizarles estabilidad. Paralelamente, ciudades fronterizas como Tapachula desarrollan economías enteras en torno a la inmovilidad migrante. Hoteles caros, gestores de documentos, vendedores de comida o transporte convierten la espera forzada en un negocio, haciendo de la presencia migrante un mercado cautivo.

Es esta recurrencia —la explotación repetida en espacios laborales, penales, administrativos y urbanos— la que da fuerza al concepto de la ECH. Los migrantes son sometidos a extracciones múltiples, protagonizadas no solo por tratantes o empleadores, sino también por burócratas, proveedores de servicios y agentes estatales. En conclusión, la explotación circular humana obliga a reconceptualizar la precariedad migrante como productiva. Los Estados y mercados organizan la circulación de forma que reproducen la fuerza de trabajo, extraen plusvalía y generan renta a través de procesos legales y semilegales. La repetición del ciclo —deportación, reingreso, trabajo, espera— asegura que los migrantes funcionen como fuente renovable de valor en la economía política global.

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