Las relaciones entre la Iglesia y el Estado español según los «Diarios de Sesiones de Cortes» entre 1834 y 1843.

Resumen

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado entre 1834 1843 fueron de enfrentamiento permanente. Gregorio XVI adoptó una postura de neutralidad en el pleito sucesorio después de la muerte de Fernando VII y su decisión posterior de resistirse a reconocer a Isabel II. El programa liberal tendía a desarticular las estructuras temporal y humana de la Iglesia para, en último término, acabar sometiéndola al nuevo Estado.

El proceso de laicización del Estado buscó la supremacía sobre la Iglesia, dejando de considerarla como pilar del régimen y decidiendo que su campo de acción debía limitarse a la esfera de lo religioso. La Iglesia se opuso a esta secularización que llevaba a la pérdida del estatus de potestad paralela.

En el presente estudio se afirma que el planteamiento de una situación en la que la Iglesia fuera perseguida por parte de la política demoledora de un liberalismo anticlerical que llevó a la Iglesia al único recurso de la protesta, tiene no poco de maniqueo y resulta demasiado simplificador. La realidad fue más compleja en cuanto a los actores y en cuanto a los móviles de su acción. Intentamos estudiar las relaciones Iglesia-Estado a partir de esas acciones y motivos tal como aparecen en los Diarios de Sesiones de las Cortes. Dos son las etapas objeto de estudio, una primera de enfrentamiento y ruptura (1834-1840) y una posterior en la que se pretende la creación de una Iglesia subordinada al poder civil (1840-1843).

En el discurso de la Corona de las nuevas Cortes de 1835 justificaba el Gobierno los decretos de secularización y desamortización en la necesidad de mejorar la suerte de los acreedores, cumpliendo promesas acogidas por el público con entusiasmo; se reconocían los grandes servicios hechos por el clero al Estado y a la Iglesia, pero se aseguraba que ya no se hallaba en armonía con los progresos de la civilización. Se alegaban motivos económicos, sociales, políticos, que algunos podrían calificar de anticlericales, pero nada aparecía en el texto que pudiera ser atribuido a sentimientos antirreligiosos. Quedaba claro que existía acuerdo en lo sustancial. Pero resultaba igualmente claro el deseo de los legisladores españoles de que la práctica de esos principios no implicara romper con la Iglesia como potestad temporal y mucho menos como poder espiritual.

En la segunda etapa, el gobierno buscaba la creación de una Iglesia nacional subordinada al poder el Estado, como culminación del proyecto liberal de reforma eclesiástica. No era un proceso de descatolización, sino de subordinación al Estado. Entre los grupos cabe distinguir uno que, al tiempo que negaba la legitimidad de la desamortización eclesiástica, la reconocía como inevitable y sugería la necesidad de proceder en adelante de acuerdo con Roma.